Mujica el pragmático*

No sin razón ha sido retratado en al menos una docena de libros. Con su pasado de guerrillero tupamaro, el senador José Mujica se enorgullece de haber deshecho con su figura y su oratoria el muro de incomprensión que por lo general separa a la clase política de la ciudadanía en Uruguay.

Gracias a un lenguaje directo y campechano salpicado de giros coloquiales, el candidato a la presidencia ha privilegiado el contacto con la gente antes que ceder a la prédica presuntuosa o al discurso frívolo. Mujica es el favorito para ganar este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Pero todo tiene un reverso. La peculiaridad de su carácter ha estado de forma continua en boca de la oposición, que ha sabido sacar provecho de algunas de sus declaraciones. En el libro Pepe Coloquios, del periodista uruguayo Alfredo García, José Mujica se refirió a Argentina como un país que tenía "reacciones de histérico", donde la "institucionalidad no vale un carajo" y cuyo Gobierno, el de los Kirchner, era "de izquierda" pero "de patota".

Siglas y armas

La controversia estaba servida. El autor del libro denunció que las frases del ex guerrillero se habían sacado de contexto. Pero la polémica fue sólo el colofón de una contienda que se había vuelto especialmente agresiva.

Poco tiempo antes, el partido en el Gobierno, el Frente Amplio (FA), por el que es candidato Mujica, había denunciado al Partido Nacional por incurrir en una campaña sucia para vincular a la coalición gubernamental, y en especial a Mujica, con un arsenal de 700 armas que había sido hallado en Montevideo.

Críticas de la izquierda

Las críticas más argumentadas contra Mujica, sin embargo, provienen de la propia izquierda, la cual recela de una apuesta política que no cuestiona los monocultivos de soja y caña, que es condescendiente con el funcionamiento de la papelera finlandesa Botnia a orillas del Río Uruguay, y que no parece que vaya a acometer ningún plan para luchar contra la deforestación.

Aún menos popular ha sido la decisión de Mujica de querer incluir en su Gobierno al ex ministro de economía Danilo Astori, que abrió el país a los grandes capitales, puso en marcha una reforma tributaria más indulgente con los ricos que con la clase media y toleró un aumento considerable de la deuda. Según datos del Banco Central de Uruguay, actualmente la deuda pública supera los 19.000 millones de dólares, lo que supone un 55% del PIB.

El Gobierno frenteamplista del presidente saliente Tabaré Vázquez, por otra parte, dejará de legado a su sucesor dos acuerdos de libre comercio con Finlandia e Israel y uno de inversión con EEUU. Para una parte de la izquierda uruguaya, es por eso un mal síntoma el que Mujica quiera continuar con la trayectoria del actual Ejecutivo.

"Una pequeña provincia"

¿Qué pierde la izquierda si tiene que consensuar con la derecha? "Yo no me planteo ese drama. Mi preocupación de subdesarrollado es mucho más primitiva", contestaba el líder frenteamplista hace unas semanas. "Si podemos liquidar la indigencia y reducir la pobreza a la mitad como marca el Congreso, yo no sé si habremos hecho izquierda, derecha o centro, pero saldremos contentos".

"Uruguay es una pequeña provincia para compararla con las que tiene Argentina", comentaba el senador. "En un mundo donde se necesitan inversiones para generar puestos de trabajo, nuestro tamaño no atrae a nadie. Por eso tenemos que tener claridad y cumplir ciertas reglas que digan en el mundo: este es un país muy serio".
Por eso, para el ex tupamaro ceder a ciertas presiones ya no es una cuestión de principios, sino de necesidad. "No nos podemos dar el lujo de andar cambiando las reglas", añadíó Mujica.

* Artículo escrito para el diario español Público

La crisis redobla la pobreza que había remitido en Latinoamérica*

Latinoamérica también sufre con virulencia la crisis financiera global. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), otros nueve millones de personas habrán caído en la pobreza durante 2009. Es decir, los que no pueden cubrir sus necesidades básicas alcanzarán los 189 millones de personas.
Lo mismo ocurre con la indigencia. La CEPAL prevé que habrá cinco millones más de indigentes, de modo que en América Latina un total de 76 millones de personas vivirán en la más absoluta miseria. El Informe Panorama Social de América Latina 2009, que acaba de publicar el organismo, alerta también de que este es el primer aumento de la pobreza desde comienzos del siglo, cuando comenzó a reducirse de forma paulatina.

Protección social

La CEPAL calcula que entre 2002 y 2008 unos 41 millones de personas pudieron salir de la penuria gracias a políticas como la distribución de los recursos o la expansión del gasto social. Pero el avance de los últimos años ha sido revertido en 2009 con el incremento de nueve millones de pobres.
"No podemos decir que hemos echado por la borda los logros alcanzados entre 2002 y 2008. No es un sexenio perdido", dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. "Sin embargo, este aumento de la pobreza nos obliga a actuar: debemos replantear los programas de protección social, con una visión estratégica de largo plazo y medidas que sepan aprovechar el capital humano y resguarden el ingreso de las familias y grupos vulnerables", indicó.

Un 34% en la pobreza

La pobreza afecta al 34% de la población de América Latina, mientras que las personas en situación de indigencia alcanzan el 14%. La CEPAL advierte de que con estos datos se retrasará el cumplimiento del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU: erradicar el hambre y la pobreza extrema para 2015. México figura como el país con más necesitados (el 34% de su población), mientras que Uruguay es el que menos pobres tiene (14%).
El estudio recoge, no obstante, los progresos que han realizado algunos Gobiernos de la región al aumentar la cobertura social. Entre 1990 y 2007, la inversión social en América Latina pasó, en promedio, de un 43% a un 60% del total del gasto público. Pero de los 21 países analizados, sólo cuatro sobrepasan los 1.000 dólares de gasto público per cápita: Argentina, Uruguay, Cuba y Brasil, por este orden. En el otro extremo se sitúan Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Bolivia, que registran un gasto social inferior a los 200 dólares por persona.
Como solución, la CEPAL señala la necesidad de fortalecer el papel del Estado para distribuir la riqueza y crear programas sociales.

Menores y mujeres sufren más penuria que los hombres

Triple de niños que adultos
Los niños sufren mucho más la penuria que los hombres. Por cada cien adultos varones en la pobreza, hay 170 menores de 15 años en la misma situación. En algunos países la situación de los niños es aún peor, como en Uruguay, donde el número de menores pobres triplica al de adultos.

Un 15% más de mujeres
También las mujeres están afectadas de forma desproporcionada. Por cada cien hombres pobres hay 115 mujeres que malviven sin cubrir las necesidades mínimas.

Ayudas sociales
Aunque muchos gobiernos han aumentado el gasto social en los últimos años, sólo 22 millones de familias en toda América Latina reciben algún tipo de subsidio. La CEPAL reconoce que el gasto social difícilmente podrá expandirse como lo hizo de 1990 a 2008, dada la merma de la capacidad fiscal en los países latinoamericanos.

Medidas propuestas
Entre las propuestas de la CEPAL están una mayor inversión en salud preventiva, extender las jornadas escolares, expandir los seguros de desempleo, legislar contra la discriminación de la mujer en el mercado de trabajo y crear servicios sociales para cuidar a los adultos mayores.

*Artículo aparecido en Público el 23 de noviembre.

La Iglesia de Uruguay pide el voto contra Mujica*

A pocos días de la segunda vuelta electoral en Uruguay el próximo domingo, la Iglesia católica ha irrumpido en la campaña política para alertar contra el voto a José Mujica, candidato del Frente Amplio.

La institución católica ha emitido un documento en el que advierte a sus fieles de la responsabilidad de su elección, como ya hiciera durante la primera vuelta de los comicios que se celebraron el pasado octubre: "La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral", dice el texto.

La Iglesia arremete contra Mujica por su postura a favor de la legalización del aborto. El ex guerrillero tupamaro ha procurado en los últimos días suavizar su posición y se ha comprometido a no enviar ninguna legislación sobre este asunto al Parlamento. En el caso de que las cámaras legislativas propongan y aprueben una norma sobre el aborto, asegura que no se opondría, algo que hizo el actual presidente del Gobierno, Tabaré Vázquez, alegando motivos de conciencia.

* Artículo aparecido en Público el 23 de noviembre.

Las encuestas dan como ganador a Mujica en Uruguay*

A una semana de la segunda vuelta electoral en Uruguay, no hay ninguna encuesta que no de por ganador a Pepe Mujica, el candidato de la coalición gobernante Frente Amplio. Los últimos datos revelan que el ex guerrillero tupamaro puede alcanzar en torno al 50% de los sufragios, mientras que su rival del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, se quedaría entre seis y diez puntos por detrás.

Gran parte de las consultoras, que se dan un margen de error del 2-3%, también señalan que el porcentaje de indecisos ronda el 10%.Según algunas de ellas, lo curioso es que este número, en vez de disminuir, haya crecido últimamente.

Este incremento quizás se explica por la agresividad que ha caracterizado la campaña electoral en los últimos días. Tras ser descubierto un arsenal en Montevideo, tanto Lacalle como el ex presidente uruguayo Jorge Battle (2000-2005) vincularon públicamente al empresario dueño de las armas con el movimiento tupamaro, que integra la coalición oficialista del Frente Amplio.

Desde entonces Mujica acusa al Partido Nacional de recurrir a la “guerra sucia” para tratar de salvar la diferencia de puntos que los separan, y denunció el tipo de propaganda que dirige al electorado uruguayo. “Demuestran un especial desprecio por la gente del interior, a la que le dedican en exclusividad la publicidad 'caza ignorantes'”, aseveró hace poco.

El pasado 25 de octubre se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en donde el Frente Amplio consiguió el 48% de los votos mientras que el Partido Nacional obtuvo el 29%. Al no superar ninguno el 50% necesario para acceder a la presidencia, el próximo domingo 29 tendrá lugar la segunda vuelta, en la que sólo hace falta ganar por mayoría simple. El candidato vencedor reemplazará al actual mandatario, Tabaré Vázquez, al frente del Gobierno.

*Artículo para el diario español Público.

Aniversario de la inconsciencia

Hoy se cumplen tres años del corte de uno de los puentes que une Argentina con Uruguay. La Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú decidió bloquearlo como forma de protesta contra la instalación de la papelera Botnia al otro lado del río, en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

El conflicto, sin embargo, dura ya seis años. Argentina y Uruguay, distantes en sus relaciones diplomáticas desde entonces, enfrentan el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que dará su veredicto en 2010. Argentina enseña los dientes porque está harta de blandir en mano el Estatuto del Río Uruguay, un documento firmado por ambos países en 1975 por el que se comprometían a consultarse ante cualquier decisión que pudiera afectar el que es el límite natural de ambos países.

Son muchos los que hablan del corte del puente, pero no tanto de las razones. Fue una de las resoluciones que adoptó la Asamblea de Gualeguaychú para encarecer la llegada de materias primas a la planta de celulosa. Botnia utiliza la tecnología Kraft, que estará prohibida en Europa a partir de 2018. “Ya se han presentado en la Haya una serie de estudios del estado del Río Uruguay realizados antes de que empezara a funcionar Botnia, lo que ha sido único en el mundo porque en otros lugares donde se han instalado papeleras, como en Valquiria (Chile) o Pontevedra (España), no hubo estudios previos”, comentaba en una entrevista (que aparecerá próximamente) el asambleísta Raúl Subías. “Acá se hizo un estudio del río antes de que empezara a funcionar y luego se ha realizado un monitoreo por la parte argentina”.

¿El resultado? La contaminación salta a la vista. "Botnia produce un millón y medio de toneladas de celulosa, y utiliza 86 millones de litros diarios de agua gratuita que devuelve al río contaminada", explicaba Subías. "Acá prometieron 5.000 puestos de trabajo. Al final sólo trabajan 200 personas, y 30 son de Fray Bentos. No queremos que contaminen nuestra región, es tan sencillo como eso".

En la prensa tampoco se comenta el contrato de recíproca inversión entre Uruguay y Finlandia, injusto porque la capacidad que tiene Finlandia para meter sus industrias en Uruguay no tiene comparación con la que puede poseer Uruguay, cuya economía se basa sobre todo en agricultura y ganadería.

Con la instalación de Botnia Uruguay permite que el mundo desarrollado utilice el Sur como vertedero. Aquí se descubre la doble moral de países como Finlandia (y España, que también pretendió instalarse en Fray Bentos con la papelera ENCE), porque se van a países menos industrializados para hacer las maldades que ya no pueden hacer en los suyos. Y se advierte la docilidad de países como Uruguay, que permiten que su territorio sea utilizado de muladar. Son ganas de no hacerse respetar.

Pero atentos. Algunas empresas esperan ansiosas el resultado de las elecciones uruguayas que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. Hay al menos cuatro proyectos de construcción de pasteras que están preparados para la carrera, calentando motores y esperando a que gane el candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle. Neoliberal donde los haya, Lacalle sueña con un Uruguay convertido en el jolgorio de las industrias papeleras.

Y si resulta elegido el candidato del Frente Amplio, Pepe Mujica, tampoco hay por qué alarmarse. Izquierdista en un antaño, ahora ve con ojos cándidos la papelera Botnia. “Total, si fueran tan malas,” dijo una vez, “la gente dejaría de usar papel”.

Para los que todavía tengan dudas, como Mujica, no hay cómo acudir a la página web de los Asambleístas. No se trata sólo de un puente cortado, ni de las rencillas entre dos países hermanos por el incumplimiento de un tratado. Hablamos del respeto a un Sur que no tiene que ser el basurero del Norte, y de un maltrato continuo a los recursos naturales que va a ser una de las tragedias que tendremos que afrontar en el siglo XXI. A ver de qué sirve, para entonces, tanta codicia miserable.

El Gobierno de Buenos Aires montó su propia "Gestapo"*

*Artículo aparecido sin firma en Público el 19-11-2009, como señal de solidaridad con los 16 periodistas del diario (11 de redacción, 5 de gestión) que fueron despedidos un día antes.

Escuchas telefónicas e informes patrimoniales y financieros sobre opositores, sindicalistas y funcionarios del Gobierno de Buenos Aires. La capital argentina tiene su propia red de espionaje. El juez que la investiga, Norberto Oyarbide, ha resumido con pocas palabras lo que se ha encontrado entre las manos: "Una verdadera Gestapo".

El escándalo, que compromete al Gobierno porteño de Mauricio Macri, no hace más que empeorar.

En las últimas horas se disparó la alarma de que también habían sido objeto de espionaje la presidenta Cristina Fernández y su esposo, Néstor Kirchner, pero fuentes judiciales lo han descartado por ahora. Entre las 400 personas que se han visto afectadas por el rastreo ilegal sí que se encuentran varios políticos y periodistas, entre los que figura el director del diario argentino La Nación, Bartolomé Mitre.

Para calmar los ánimos, el alcalde Macri ordenó esta semana desde Madrid donde se encontraba de visita el despido del comisario y jefe de la Policía metropolitana de Buenos Aires Osvaldo Chamorro, después de que se descubriera en uno de los ordenadores información confidencial sobre varios diputados y opositores del Gobierno de Buenos Aires.

La Justicia federal, entre tanto, ha ordenado el arresto del antecesor de Chamorro en el puesto, Jorge Palacios, que había presentado su renuncia en octubre. El fiscal lo acusa de los delitos de "violación de la intimidad mediante intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad y ser partícipe necesario de los delitos de falsificación de documentos públicos".

La primera alerta sobre las escuchas ilegales la lanzó Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas de un atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 causó 85 muertos y más de 200 heridos. Por entonces, Jorge Palacios era el jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires.

La Asociación de Familiares y Víctimas de la AMIA se opuso a que Palacios estuviera al cargo de la fuerza policial, puesto que el ex jefe había sido procesado por encubrimiento en la causa que investigaba el atentado.

Macri defendió con uñas y dientes el nombramiento de su subordinado hasta que las pesquisas judiciales sobre espionaje en el Gobierno porteño señalaron con el dedo al ex comisario. Palacios se vio obligado a dimitir.

Escuchas ilegales

Pero el ex jefe de la Policía Metropolitana no es el único detenido. A medida que progresaba la investigación saltó un nombre más: el de Ciro James, un ex policía federal que ha sido acusado de realizar escuchas ilegales mientras trabajaba como asesor externo del Departamento de Educación porteño. Un allanamiento a su estudio jurídico descubrió, entre otras pruebas, la existencia de dos aparatos para pinchar teléfonos. Ciro James era considerado la mano derecha de Palacios y se disponía a ingresar en la Policía de Buenos Aires.

Macri, que vuelve hoy a Argentina, se ha encontrado en un atolladero que todavía tiene energías para llevarse por delante a más responsables por los espionajes ilícitos. En poco más de un mes ya se han procesado cuatro personas, dos Jefes de policía han sido destituidos uno detrás del otro y ahora las críticas se dirigen contra los ministros de Seguridad y Educación de Buenos Aires, que trabajan para el alcalde. Éste es un primer balance, pero no el definitivo. Las pesquisas judiciales no han llegado a su fin, y algunos esperan que todavía caigan más cabezas.

Claudicación

No es fácil sobrellevar un derrocamiento y un exilio involuntario, pero el estar encerrado en una embajada de tu país por casi dos meses y sin poder salir, debe ser cuanto menos angustiante. No digamos si a ello se le une un golpe de Estado que, ya sea por omisión o inacción de la comunidad internacional, es legitimado cada día que pasa.

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se ha cansado de que le tomen el pelo con tanto descaro. El sinfín de acuerdos y conversaciones, arreglos y desavenencias acabaron por agotarlo también a él. Renunció a lo más legítimo de su lucha, que era su convicción de no negociar en ningún caso con los golpistas.

El 30 de octubre se resignó a firmar el Acuerdo de Tegucigalpa-San José por el que renunciaba a convocar una Asamblea Constituyente que pudiera reformar la Carta Magna, y accedía a la creación de un Gobierno de Unidad y Reconciliación en el que podían ser incluidos los que hoy detentan el poder en su país.

Se terminó entonces el principio de “no hay trato con golpistas porque ello significaría legitimar la autoridad que han usurpado”. Acabó por ceder, después de una lucha diaria que está por cumplir su quinto mes, en cuanto rubricó con su firma el acuerdo. Y ha tardado una semana en arrepentirse.

Lo primero que hizo fue rechazar el pacto. Su decisión se justificaba en el incumplimiento del acuerdo por parte de la parte contraria (recordemos, el lado golpista que pasa a formar parte de un acuerdo con ínfulas de legalidad). Micheletti había formado el famoso Gobierno de unidad con sus acólitos, pero no con los de Zelaya.

¿Quién puede pretender que los pasaron embravecidos sobre un Gobierno legítimo se cuiden ahora en las formas y se pongan serios con un tratado de pacotilla? No respetaron la Constitución hondureña, ¿y se iban a sujetar a un papelillo, por mucho apoyo de la OEA que tuviera?

Qué ingenuidad. Pero qué derrota, también, la de un Zelaya que parecía dispuesto a todo salvo a la posibilidad de charlar con Micheletti como si de un homólogo se tratara. Al final se ha dado cuenta, pero ha necesitado que el Gobierno de facto transformara el convenio en un escarnio para el presidente legítimo hondureño.

Estados Unidos

Zelaya se dejó arrastrar por Estados Unidos, que lideró el proceso, y la OEA, que se ofreció como garante del acuerdo. Todos se animaron con la idea de que la crisis terminara. Así fuera a toda costa, así fuera convirtiendo en interlocutor válido a la delegación representante de Micheletti.

El presidente hondureño se dio cuenta de la trampa, pero tarde. Por primera vez desde el golpe de Estado se ha permitido el lujo de enfilar sin miedo al presidente Barack Obama, y él, pequeño dirigente de un país aún más minúsculo, ha proclamado contra el todopoderoso la decepción que sólo ahora le ha estallado entre las manos: “Estados Unidos ha dejado de ser el futuro para ser el pasado nuevamente, el de los golpes de Estado, de las elecciones impuestas, de los fraudes electorales”, dijo.

Porque la virtud de Zelaya, que fue la de resistir en un comienzo, se transformó sutilmente en lo que luego sería su gran fallo: la espera. La espera de que Estados Unidos se decidiese a no encubrir el golpe, que se hubiera desplomado en 24 horas si el coloso norteamericano hubiera congelado las cuentas bancarias del Gobierno de facto o si hubiera bloqueado las remesas de los migrantes hondureños, como bien señaló Atilio Borón. Sin dinero, el Ejecutivo se hubiera caído como un castillo de naipes.

Zelaya lo sabía, pero aguantó. Se creyó los guiños de complicidad que venían del vecino de arriba. Trató de convertir a Estados Unidos en su principal aliado, lo eligió como preferido frente a la OEA o a la ONU, se confió a él más que a los países de América Latina, y perdió.

Todavía hoy, en un gesto instintivo, escribe cartas al presidente Obama para explicarle el por qué de su rechazo al acuerdo. Si en vez de perderse en tácticas dilatorias Zelaya hubiera apuntado bien alto, se hubiera atrevido a volcar el apoyo internacional en una presión constante hacia Estados Unidos. Y ahí podríamos haber visto el resultado de una resistencia que, sin embargo, ha terminado por perder sus ropajes en el camino.

Prioridades

Sí, la noticia cansa de repetitiva. Lo curioso es que no agote del escándalo. El director general de la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Jacques Diouf, ha vuelto a colocar en titulares una nueva cifra: 44.000 millones de dólares es lo que costaría salvar a más de 1.000 millones de personas de la desnutrición, y por tanto, de una muerte segura o una vida miserable, que llegados a este punto, tanto da.

Los 193 países que forman parte del organismo de Naciones Unidas ya han firmado la declaración final de la Cumbre. No importa que ésta acabe el próximo miércoles. Ya saben a lo que han ido. No hace falta ni disimular. Poner firma en el acta antes o después de que acaben las reuniones ya no marca una diferencia, porque saben que su compromiso y el resultado, por ende, es el mismo: ninguno.

Los que han acudido a Roma una vez más para escuchar los mismos discursos de urgencia de un hambre que va in crescendo ni siquiera han sido capaces de establecer una fecha fija o alguna cantidad de dinero que les comprometa, al menos ante el papel, para luchar contra una de las peores plagas de este mundo que podría alimentar a todos sus habitantes con lo que ya produce.

Allá por julio la FAO mandó un documento a todos sus miembros para que, de cara a la Cumbre que se celebra en estos días, se pensaran eso de erradicar el hambre para el año 2025. Diouf trató de aprovechar por entonces el tirón de otro de estos encuentros de altos vuelos, el que reunió al G-8 en L'Aquila (Italia) y que los involucró, al menos de palabra, a invertir 20.000 millones de dólares en seguridad alimentaria en los próximos tres años.

Los Jefes de Estado y de Gobierno, efectivamente, recibieron la carta del director general en sus propios países. Se lo pensaron. Y la respuesta ha sido que no.

La importancia que estos líderes han dado a la Cumbre ha podido verse y palparse a partir de su propia asistencia a este encuentro que ocupará fugazmente la atención mediática por breves instantes. Sólo han asistido 60 de ellos, ninguno del G-8 o de los países más importantes de Europa, salvo el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, que no le quedaba otra porque era el anfitrión. El resto apenas se han molestado en mandar algún ministro de su Gabinete, no pensemos en la figura de la vicepresidente. Todos tenían mejores cosas que hacer.

En América Latina ha pasado algo similar. Ni la presidenta de Argentina ni su par de Venezuela se encuentran allí. Sí han hecho acto de presencia, además de los gobernantes Fernando Lugo de Paraguay y Tabaré Vázquez de Uruguay, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Estos dos últimos se han quejado, al menos, de la indiferencia reinante ante la hambruna. “Los líderes mundiales no han dudado en gastar cientos y cientos de millones de dólares para salvar la caída de los bancos. Con menos de la mitad de esos recursos, sería posible erradicar el hambre del mundo”, dijo Lula. Exactamente, 6 billones de euros es lo que han sacado del erario público tanto Estados Unidos como Europa para rescatar el sistema financiero del colapso.

Y nada de que habría que entregar “menos de la mitad”. Si España ha otorgado a los bancos 160.000 millones de euros en el último año, bastaría con la mitad de la mitad para cumplir con la cantidad propuesta por la FAO para ocuparse de la inanición de tantos millones, estos sí, de personas.

Todo sea dicho. Comparando todas estas cifras da la sensación de que estos 30.000 millones de euros (o 44.000 millones de dólares) que pide Diouf se quedan en una propuesta más bien discreta. Hasta podría encargarse un país de desprenderse él solito de esa suma. Sería un gesto hermoso, que quizá no pondría a sus habitantes tan en contra, dada la impasibilidad con la que la opinión pública ha tragado con el rescate a la banca.

Sería una manera, además, de comprobar la utilidad de la FAO. A ver qué hacía con ese dinero, por no pedirle que explicara cómo ha llegado a la necia conclusión de que con la pasta por delante el hambre desaparecía en cosa de pocos años.

Es más. Si esto es una emergencia que la FAO siente en carne propia, en vez de la huelga de hambre que hizo su director general antes de la reunión (por 24 horas, tampoco hace falta exagerar), podrían directamente reclamar a la madre matriz (la ONU), que achique presupuesto para el año que viene y otorgue de golpe y porrazo esos 44.000 millones de dólares (que igualmente salen de los países que la integran). Algo tendrán en la hucha.

Ahí empezaríamos a ver resultados. Y a descubrirnos las caretas más allá de tanta Cumbre que, al final, sólo acaba anestesiando.

Derribo del muro de Israel

Esto ocurrió el pasado 6 de noviembre. Un grupo de palestinos, con algunos periodistas extranjeros, conmemoraron de una manera mucho más que gráfica la caída del muro de Berlín en las poblaciones de Bilin, Masara y Nilin, en Cisjordania (Palestina).

Un senador planea destituir a Lugo en Paraguay*

"En un plazo no mayor de seis meses". Según Alfredo Jaeggli, un influyente senador de Paraguay, este es el tiempo límite que se puede esperar para deponer al presidente Fernando Lugo. Este legislador, que pertenece a la misma coalición que ha llevado al ex obispo al poder, ha expuesto que los motivos para querer sustituirlo pasan por su forma "bolivariana de gobernar", de la que los dirigentes de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua son un claro ejemplo.

Jaeggli tiene la intención de abrir un juicio político contra el presidente. Este proceso, reconocido por la Constitución, permite que los parlamentarios expulsen del poder al Jefe de Estado. El senador cuenta con el respaldo de algunos miembros del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la principal fuerza política de la que depende el Gobierno, dentro de un Congreso controlado por la oposición.

Alarma en el Ejecutivo

Las palabras del senador han causado cierta alarma dentro del Ejecutivo. Entre los altos cargos del Gobierno que han manifestado su rechazo se encuentra el ministro del Interior Rafael Filizzola, que aseguró que "no hay ningún motivo constitucional para enjuiciar al presidente".

Quien a su vez ha calificado de "graves" las pretensiones de Jaeggli ha sido el vicepresidente, Federico Franco, cuyas relaciones con el jefe de Gobierno no pasan por un buen momento. El mismo Lugo admitía, hace unos días, la posibilidad de que Franco pudiera conspirar contra él.

A pesar de la tensión que se ha originado, el mandatario ha decidido no anular su viaje a Italia para participar en la cumbre sobre Seguridad Alimentaria que organiza la FAO. El vicepresidente quedará al mando del país hasta que Lugo regrese el próximo jueves.

*Artículo publicado en el diario español Público.

Juicio inédito en Uruguay

A diferencia de Argentina, Uruguay prohíbe los juicios a militares acusados de cometer crímenes durante la dictadura (1973-1985). Pero por primera vez en su historia, la Justicia ha reconocido la existencia de grupos parapoliciales y militares que funcionaron en los años previos a aquella época. Lo ha hecho procesando al ex fotógrafo policial Nelson Bardesio, que ha sido acusado de integrar el “Escuadrón de la Muerte”, una organización que operó a finales de los 60 y comienzos de los 70.

Bardesio, ya enviado a prisión, puede pasar entre 20 y 30 años en la cárcel si le declaran culpable. El ex policía se enfrenta al delito de “homicidio muy especialmente agravado” por el secuestro y la desaparición en 1971 de Héctor Castagnetto, estudiante y militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro. Junto a Bardesio, también ha sido procesado el ex policía Pedro Freitas.

La desaparición de Castagnetto se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la represión que precedió a la dictadura, durante el Gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco. Por eso este caso es especialmente importante, dado que permite investigar sobre los crímenes cometidos por las organizaciones paramilitares. No hay que olvidar que esto sucede en un país que hace menos de un mes rechazó en plebiscito la anulación de la Ley de Caducidad, que protege en la impunidad a los militares que por 12 años gobernaron con mano de hierro.

Bardesio, ex agente de la CIA

Aunque ya tiene 70 años, Bardesio podría pasar lo que le queda de vida en la cárcel. Ahora él niega por completo lo que al parecer explicó hace casi 30 años: cómo se desenvolvía el Escuadrón de la Muerte y quiénes formaban parte de él.
En 1972 Bardesio saltó a la fama cuando fue secuestrado por el movimiento guerrillero tupamaro y liberado dos meses después. Durante su cautiverio confesó su vinculación con los escuadrones parapoliciales, pero una vez fue liberado se rectificó de sus confesiones alegando que había sido torturado.

En tiempos de la dictadura, el ex policía trabajó para la CIA en servicios de espionaje. Su trabajo consistía en tomar fotografías en el aeropuerto internacional de Montevideo a todas las personas que resultaran sospechosas de ser de izquierdas. Esa información era entregada después en las oficinas de la Agencia en la capital uruguaya.

Bardesio fue detenido en Buenos Aires en julio de 2008, y extraditado el pasado jueves a petición de la justicia uruguaya. Ahora su caso podría levantar dudas en un sistema que hasta ahora ha garantizado la tranquilidad a los representantes de la dictadura. Ha comenzado con buen pie.

Argentina juzga su último dictador*

“Sí, acá estoy, hijo de puta”. Después de tres días de juicio, sólo uno de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad en el juicio del regimiento Campo de Mayo se dignó a abrir la boca. El ex general Fernando Verplaetsen, que según su defensor “no comprende preguntas y no recuerda nada de la época”, reaccionó de esta manera cuando la acusación se refirió a él y dijo que podía prestar perfectemente la atención a lo que pasaba en la sala. “Hijo de puta”, le repitió el militar de 84 años a un abogado de la querella. “La puta que te parió”.

No están tan sueltos de palabra el resto de los inculpados en un proceso que por primera vez sienta en el banquillo a un ex presidente de facto desde que se anularan en 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Su nombre es Reynaldo Benito Bignone, y está acusado de secuestrar, torturar y asesinar a 56 personas entre 1976 y 1978 en el cuartel militar Campo de Mayo, el mayor lugar de torturas y exterminio que funcionó por aquellos años. Se calcula que por allí pasaron unas 5.000 personas. Los que sobrevivieron no pasan de 50.

Por eso el proceso judicial que comenzó el pasado lunes (día 2) tiene especial importancia. “Se trata de uno de los juicios mas esperados por la comunidad y por los organismos de derechos humanos, por la magnitud de lo crímenes allí cometidos”, ha señalado el ministro de Justicia, Julio Alak. Junto a Bignone, y además de Verplaetsen, que además fue el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, son imputados a su vez otros cinco militares retirados y un ex comisario.

Pabellones del horror

La escasez de testigos que pudieran dar cuenta de lo que sucedió en la jurisdicción de Campo de Mayo fue uno de los principales obstáculos que se encontraron para comenzar con el pleito. Aunque esta instalación no se ha hecho tan famosa como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un campamento de torturas ubicado en plena ciudad de Buenos Aires, no le queda atrás en lo que a brutalidad y ensañamiento se refiere.

Aquel predio que trató de pasar desapercibido en las afueras de la capital emprendió uno de los más cruentos planes de aniquilación de toda la dictadura. Funcionó de 1976 a 1980, y quien estuvo al mando gran parte de ese tiempo fue el ex general Santiago Omar Riveros. Él es uno de los procesados en esta causa y ya ha sido condenado a cadena perpetua, en agosto pasado, por el homicidio en 1976 del militante político Floreal Avellaneda en lo que fue el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo.

Allí funcionaron, de 1976 a 1980, al menos cuatro centros de tortura y muerte. También existía un hospital que sirvió como maternidad clandestina destinada a las prisioneras embarazadas. Una vez daban a luz (muchas veces tras un parto provocado) les quitaban a los recién nacidos, que eran entregados a aquellos militares que no podían tener hijos con sus parejas.

Bignone ante la Justicia

El ex general Bignone fue colocado en el poder por los militares después de que perdieran ante Reino Unido en su lucha por las Islas Malvinas. Durante su periodo como presidente de facto (1982-1983), y antes de que los últimos coletazos de la dictadura cedieran a la transición democrática, Bignone ordenó la destrucción de archivos que comprometían al régimen que él por entonces personificaba.

Al poco de ceder el poder a Raúl Alfonsín (1983-1989), que fue el primer presidente elegido democráticamente en las urnas, Bignone fue declarado culpable de los crímenes de Campo de Mayo. Se salvó porque su sucesor implantó las leyes del perdón para proteger a los representantes de la represión. Ahora el ex dictador, de 81 años, se enfrenta de nuevo a los tribunales por terrorismo de Estado.

Se han identificado 98 nietos que la dictadura arrebató a detenidas

En la parte querellante del proceso judicial contra Bignone y los otros represores se encuentran representadas las Abuelas de Plaza de Mayo, que durante 32 años han persistido en la búsqueda de hijos de personas desaparecidas y que están presentes en este juicio dado que entre las víctimas se encuentran seis mujeres embarazadas y sus parejas. En estos días, además de celebrar el comienzo del juicio de Campo de Mayo, festejan también la identificación del nieto número 98, llamado Martín Amarilla Morfino.

Su caso es peculiar porque sus familiares biológicos ni siquiera sabían hasta hace unos días que la madre, Marcela Morfino, estaba embarazada antes de ser secuestrada. “Es una alegría, una fiesta”, declaró a Público la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Es como el nacimiento de un chico robado durante la dictadura”, manifestó.

Pero el camino, como ella mismo confiesa, es largo. “Todavía estamos buscando a 400 chicos”, reconocía a este periódico. “Algunos procesos están estancados porque no hay datos para aportar, pero hay otros que están moviéndose”. El final que se espera, en cualquier caso, siempre es el mismo: rescatar la identidad de aquellos que nacieron en una de las épocas más sombrías de la historia argentina. Así hacen honor a las palabras que una vez pronunció el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, las mismas que las Abuelas se encargan de recordar todavía hoy: “Creían que nos mataban, y nos estaban sembrando”.

"En Campo de Mayo no dejaron casi testigos"

Entrevista al abogado Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio

¿Cuál es la relevancia de este proceso?

Es altísima. Por primera vez Mignone, que fue el ultimo presidente de la dictadura, está ahora imputado por crímenes de lesa humanidad, y junto a él, toda la cúpula responsable del lugar clandestino de detención más grande del país.

Entonces ¿están satisfechos?

Nos hubiera gustado que fueran procesados también los que ejecutaron las órdenes. La Justicia no fue eficaz en identificar y llevar a juicio a quienes estaban en las salas de torturas. Con la cantidad tan grande de víctimas que hubo no pueden ser responsables sólo unos cuantos militares.

¿Tendrán lugar otros juicios?

Sí, pero no existe todavía una identificación de los autores directos de los crímenes. Se prevén otros juicios con los mismos imputados.

¿Por qué es tan famoso como campo de concentración la ESMA (La Escuela de Mecánica de la Armada) y no tanto el Campo de Mayo?

La ESMA es mas conocida porque simbólicamente es el centro en el cual hay más sobrevivientes. Por otra parte, impacta mucho que este campo militar estuviera ubicado en la ciudad de Buenos Aires, tan cerca de por donde la gente pasaba todos los días. En cambio el Campo de Mayo está situado en la provincia, a bastantes kilómetros de la capital.

¿Cuántos gente salió viva del Campo de Mayo?

No se sabe exactamente. Por allí pasaron muchos detenidos en distintas circunstancias. Pero lo que se conoce de El Campito, el principal centro clandestino dentro del predio de Campo de Mayo, es que los supervivientes no llegaron a 15.

¿Por qué la imputación de Bignone ha causado tanto revuelo?

Fue el hombre que seleccionaron los militares para ser el personaje de transición, y se lo eligió porque parecía desvinculado de lo más sanguinario de la dictadura. Ya se está viendo que no es así.

* Artículo para el diario español Público (domingo 8 de noviembre de 2009)

Lugo cambia a los generales por miedo a un golpe*

Los temores a un golpe de Estado se ciernen de nuevo sobre América Latina, pero esta vez envuelven a Paraguay. Por eso el presidente del país, Fernando Lugo, que además es Jefe de las Fuerzas Armadas, ha sustituido sin previo aviso a los comandantes del Ejército, de la Aviación y de la Armada. Ésta es la cuarta vez que Lugo cambia la cúpula militar desde que llegara a la presidencia, en agosto de 2008.

El relevo se produce tras surgir la sospecha, el pasado fin de semana, de que policías y militares se estaban acuartelando. Lugo no admite abiertamente que el cuadro castrense esté involucrado en intentonas golpistas, pero sí ha reconocido que existen “pequeños bolsones” en la milicia que “pueden tener cierta debilidad y que podrían ser utilizados por la clase política”. Así hace alusión a la oposición, que domina tanto el Congreso como el Senado.

Lugo también tiene bajo la mira a su vicepresidente, Federico Franco, que ha sido acusado de pactar con el principal partido opositor para abrirle un juicio político al ex obispo y así sustituirlo. “No quiero creer, pero no descarto”, ha señalado Lugo. “No quisiera creer que alguien que forma parte del Gobierno pueda conspirar contra sí mismo”.

A ello se suma una guerra no declarada entre facciones de la Policía Nacional que han creado un clima de inseguridad permanente. Tanto frente abierto ha colocado al Gobierno en una posición muy débil que no parece tocar fondo. En definitiva, una crisis política sin precedentes en los 15 meses que lleva Lugo en el poder.

*Escrito para el diario español Público