Argentina quiere expulsar a una lesbiana española*

Su vida depende de un limbo legal y jurídico que, por ahora, no se ha resuelto a su favor. La española C. P. cuenta sus días en el país después de que la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina decretara su expulsión al no serle reconocido su matrimonio con una ciudadana del país austral.

"Hágase saber a la extranjera" que es "irregular la permanencia en el país", que se ha cancelado "la residencia precaria que se le hubiese otorgado" y que en 30 días hábiles podría "decretarse su expulsión y prohibirse su reingreso" aArgentina, señala el dictamen de Migraciones. C. P. recurrió el pasado lunes esta resolución. "Yo me casé con Diana Cordero hace casi un par de años en Canadá. Estuvimos viviendo en Venezuela, y hace un año que me vine a Argentina. Desde entonces, estoy tramitando la residencia", relataba ayer en entrevista telefónica a Público la mujer, que prefiere guardar su anonimato. "Me han denegado la residencia porque Argentina no reconoce el matrimonio entre homosexuales", lamentaba.

Mientras el dictámen final llega, esta ciudadana española cuenta de nuevo con un permiso de residencia temporal, "un papelito que te dan mientras solucionan tu recurso", dice. En principio, este permiso caduca en dos meses, pero puede serle retirado antes si el Estado se pronuncia otra vez en su contra.

"Seguramente me negarán la residencia otra vez", se resigna. "Desde ese momento tendré un mes para abandonar el país y no podré volver a entrar", denuncia. Si eso ocurriera, le esperarían dos opciones. "Quedarme como ilegal o volver a mi tierra", resume.

Libro de Familia

Aunque el consulado de España en Buenos Aires le ha otorgado el Libro de Familia, por el que se reconoce su matrimonio con Diana, de poco le sirve a la hora de pedir legalizar su residencia en Argentina.

Ante esta situación, la pareja ha presentado un recurso contra el Registro Civil que no reconoció como legal su unión civil. Además, han denunciado su calvario en el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En su lucha por ser reconocidas como cónyuges por las autoridades argentinas, las dos mujeres cuentan con el apoyo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGTB), que reclama para la española la residencia permanente.

"Aquí ya han contraído matrimonio dos parejas del mismo sexo con autorización judicial", señala la presidenta de la FALGTB, María Rachid. Y advierte: "Es probable que la Justicia reconozca el matrimonio de Diana con su pareja, pero se puede demorar más de lo que tarde Migraciones en expulsar a C. P.".

Su caso llegó a los tribunales hace dos meses. "No hay nada escrito explícitamente que prohiba el matrimonio entre personas del mismo sexo", recuerda la española: "Por una parte está el Gobierno, que intentó presentar el proyecto de ley [para autorizar las bodas entre homosexuales] a finales del año pasado y luego se echó atrás. En abril parece que se presentará de nuevo. Entre tanto, hay unanebulosa".

La sociedad argentina ya vivió un caso similar hace algún tiempo, cuando una ciudadana belga quiso que se reconociese su matrimonio con su mujer. Los trámites se prolongaron durante tres años. "Cuando llevas residiendo ese tiempo ya tienes derecho a quedarte", cuenta C. P. La belga pudo permanecer en Argentina, pero no porque su boda fuera aceptada.

La diferencia es que C.P. tiene ya una orden de expulsión que puede volver a reactivarse en cuanto Migraciones decida sobre su apelación. Por eso su situación es tan precaria. Al no tener residencia legal, no puede acceder a un trabajo estable.

"Sabíamos que no iba a ser fácil y que tendríamos que apelar. Pero cuando recibes otra negativa a la residencia, te desmoronas", admite. En cualquier caso, no quiere volver a España y su reivindicación va más allá. "Es una lucha para que me reconozcan mis derechos. Yo soy la esposa de Diana, en cualquier país", sentencia.

* Artículo aparecido el 31 de marzo de 2010 en el diario español Público.
Foto de la argentina Laura Gallo.

Diplomacia israelí

Soldados israelíes arrestaron ayer a varios palestinos, entre ellos a un amigo mío, en una manifestación pacífica que se dirigía de Belén a Jerusalén. En la marcha participaban también israelíes y extranjeros para protestar contra la decisión de las autoridades israelíes de prohibir que los cristianos puedan acudir a Jerusalén para celebrar allí la Semana Santa. Los manifestantes lograron cruzar el check-point por el que hay que pasar para salir de Belén, y se dirigían hacia Jerusalén por la carretera cuando aparecieron los soldados.

Los integrantes de la marcha sólo llegaron a avanzar 300 metros. Las fuerzas israelíes dieron por acabada la manifestación y los obligaron a volver sobre sus pasos. No contentos con eso, a cierto punto atacaron a algunos de ellos, que se tiraron al suelo para protegerse. Los soldados terminaron por arrestar a 11 personas, entre ellos un cámara palestino, fotógrafos israelíes y miembros de la ONG Holy Trust.

Uno de los que trabaja en esta organización se llama Ahmad Alazzeh (con jersey verde). En el siguiente enlace invito a todos a firmar por la liberación de los detenidos. En el vídeo puede comprobarse lo relatado.

http://www.ipetitions.com/petition/free_ahmad_marwan/

Argentina celebra su propio Día de la Memoria*

A 34 años del golpe de Estado que dio comienzo a la última dictadura de Argentina (1976-1983), su presidenta Cristina Fernández se ha comprometido a recurrir ante los tribunales internacionales si la Justicia nacional no avanza en la identificación de los hijos de desaparecidos durante el régimen militar.

“Queremos saber si nuestra Justicia será capaz de atravesar esta prueba para saber si vivimos en democracia”, dijo ayer Fernández en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha declarada feriado nacional bajo la gestión del ex presidente Néstor Kirchner.

La jefa de Estado criticó además a quienes “hicieron alusiones a olvidar el pasado”, en posible referencia al ex presidente Eduardo Duhalde, que ha propuesto un plebiscito para decidir sobre la continuidad de los juicios a represores. “No se juzga el pasado, sino delitos concretos contra hombres concretos”, indicó la mandataria.

El acto oficial de esta jornada se realizó en el predio de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde funcionó uno de los centros clandestinos más crueles de la dictadura. Se estima que allí estuvieron secuestradas unas 5.000 personas, de las cuales apenas sobrevivieron un centenar.

Precisamente uno de los suboficiales que allí trabajaron fue detenido el pasado lunes. Se llama Carlos Galián, y está acusado de 600 delitos de lesa humanidad. Él era el encargado de custodiar a las embarazadas que habían sido detenidas, y de trasladar a los prisioneros a los aviones de la muerte, que luego sobrevolarían el Río de la Plata para hacer desaparecer los cuerpos.

* Artículo aparecido el 25-03-2010 en el diario español Público.

Argentina y Perú ponen fin a 16 años de distanciamiento*

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, concluyó ayer un viaje a Perú de gran trascendencia para ambos países. Como admitió la jefa de Estado argentina, “ésta es una visita de desagravio institucional y de reparación histórica”, en alusión a la venta de armas que realizó su país a Ecuador cuando éste mantenía una guerra abierta con Perú, en 1995. Hacía 16 años que ningún mandatario argentino visitaba de manera oficial el país andino.

Aunque en ningún momento se mencionó de manera directa el desagravio que hasta ahora ha distanciado a las dos naciones, el presidente peruano Alan García se ha mostrado satisfecho por el gesto de su homóloga argentina. “Luego de tanto tiempo de enfriamiento y de distancia, éste es el punto final de un enojoso incidente que jamás debió ocurrir, pero que no mella la larga historia de nuestra amistad”, aseguró García en un acto público de bienvenida.

Superado este escollo, Argentina y Perú han podido comenzar una nueva etapa en sus relaciones bilaterales con la firma de 13 convenios. El Congreso peruano además ha condecorado a la presidenta argentina con una medalla de honor.

El último presidente argentino que visitó Perú de forma oficial fue el ex mandatario Carlos Menem (1989-1999).

Aquel viaje fue en 1994, un año antes de que su Gobierno vendiera material bélico a Ecuador en pleno conflicto con Perú, con el agravante de que Argentina era uno de los garantes de paz –junto con Brasil, Chile y Estados Unidos– del tratado de Río de Janeiro, que pretendía encontrar una salida pacífica a la disputa fronteriza que sostenían los dos países en la zona amazónica.

Según cuenta el diario argentino La Nación, el presidente peruano le ha comunicado a su par de Argentina, por otra parte, que está “muy preocupado” por el rearme de Chile, y Fernández le ha prometido llevar ante la UNASUR una moción que exija “un freno a la carrera armamentista” en América Latina.

* Artículo aparecido el 24-03-2010 en el diario español Público

Argentina recobra la memoria para juzgar la dictadura*

Las violaciones a los derechos humanos son imposibles de evitar en una guerra". Con esta frase el capitán Jorge El Tigre Acosta defendió el jueves pasado ante un juez en Buenos Aires su actuación como jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA), el símbolo de la brutal represión durante la dictadura argentina. Acosta se convirtió esta semana en el primer alto cargo militar que admite que la ESMA servía como cárcel clandestina. Sus declaraciones significan un paso importante en los esfuerzos de la justicia argentina para aclarar lo que pasó en aquella época oscura.

"No se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado [soportado] los fusilamientos. ¿Dar a conocer los restos? Pero ¿qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo".

El ex general argentino Jorge Videla admitía así, en el libro El Dictador, publicado por los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro en 1998, la desaparición forzada de miles de personas durante la dictadura que él encabezó entre 1976 y 1983.

Videla fue juzgado junto a sus compañeros de la Junta de Comandantes el almirante Eduardo Massera y el general Orlando Agosti, entre otros por el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Pero las leyes de Punto Final y Obediencia Debida firmadas por Alfonsín en 1987 y la amnistía dictada en 1989 por su sucesor, Carlos Menem, convirtieron en papel mojado las condenas e impidieron cualquier juicio posterior.

La impunidad duró más de 15 años, hasta que un juez, posteriormente el Congreso y finalmente la Corte Suprema, certificaron la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. Desde entonces, las investigaciones judiciales sobre hechos ocurridos durante la dictadura se han multiplicado en Argentina. En 2009, el número de causas judiciales abiertas al respecto creció un 300% en relación a 2008, y el número de condenas en ese mismo periodo aumentó un 70%

El propio Videla tiene en la actualidad tres causas abiertas en Buenos Aires y otra en la provincia de Córdoba, aunque todavía no se ha fijado ninguna fecha de audiencia para los procesos. Él aguarda a que estos se celebren desde la cárcel, donde cumple su condena desde 2008.

Juicios hasta 2024

A pesar de esta elevada actividad judicial, el balance de los juicios abiertos no es del todo satisfactorio para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que participa en muchos de los procesos como parte querellante. "Si bien 2009 terminó con un número elevado de condenas, sigue siendo muy alto el valor de causas que están en etapa de instrucción, que son el 70% de un total de 318. Eso es demasiado", indica Carolina Varsky, abogada del CELS.

De hecho, hasta la fecha 226 personas han muerto antes de ser juzgadas dado su estado avanzado de edad o por problemas de salud, y existe el riesgo de que muchos otros fallezcan sin ser juzgados dada la lentitud de los procesos. "Al paso que vamos, los juicios no terminarán hasta el año 2024", lamenta Varsky.

En diciembre de 2009 había 634 personas procesadas por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar, según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Para los responsables de este organismo, el fiscal general Jorge Auat y el abogado Pablo Panteri, el camino que ha emprendido Argentina es muy valioso "porque fue el primer país del mundo que juzgó el terrorismo de Estado en los años ochenta, aunque fuera de una manera limitada".

"Luego vino un periodo de impunidad, característica general de todos los países, y después el país fue capaz de dar la vuelta a esta situación", opinan Auat y Panteri. Algunos de los que sobrevivieron a la represión militar son hoy testigos clave en los procesos abiertos.

Entre los juicios más destacados de los que se han iniciado figura el que se sigue en la actualidad contra el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz. Conocido como el ángel de la muerte, es juzgado junto a otros 18 militares por los crímenes perpetrados en la ESMA. Astiz está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos contra 87 víctimas, entre ellas las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo.

Obreros y estudiantes

En su informe final de 1984, conocido con el nombre de Nunca Más, la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor argentino Ernesto Sábato, estimó que casi 9.000 personas habían desaparecido de manera forzada. Muchos casos ni siquiera fueron denunciados. Conadep calculó que el 30% de los desaparecidos eran obreros y el 21% estudiantes. Casi el 33% de los detenidos no tenía más de 25 años.

Durante los años de Videla se construyeron 364 centros clandestinos de detención, en donde se torturó y asesinó de forma sistemática a los opositores del régimen. La llamada solución final argentina se aplicó, según organizaciones de derechos humanos, a unas 30.000 personas.

No ha sido fácil tratar de hacer justicia. Lo intentó el primer presidente democrático tras la dictadura, Raúl Alfonsín. "Él tuvo una plan para hacer justicia bastante claro", señalan Auat y Panteri. Alfonsín ordenó el procesamiento de las cúpulas militares en lo que se conocería como el Juicio a las Juntas. Pero después de la condena a cadena perpetua de Videla y Massera cundió el miedo, y algunos oficiales se sublevaron.

El juicio contra el jefe de la Policía de Buenos Aires, Ramón Camps, quien reconoció que había contribuido a la desaparición de 5.000 personas, fue la última causa que se abrió antes de que Alfonsín aplacara el levantamiento militar con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El comienzo de una nueva etapa en la historia de la justicia argentina se inicia el 6 de marzo de 2001, "cuando el juez Gabriel Cavallo dicta por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final", señalan Auat y Panteri. En 2005, la Corte Suprema ratificó el auto de Cavallo.

"Señores jueces: nunca más"

"En esta segunda etapa no hay un plan. No hay un modelo predispuesto por alguien", precisan los jefes de la Unidad Fiscal. "Tiene un mayor grado de espontaneidad. Se trata de juzgar todos los hechos y a todos los autores". A finales de 2009, ya se había condenando a 73 personas por crímenes de terrorismo de Estado.

Pero aún hay muchos obstáculos a la hora de juzgar crímenes que sucedieron en la clandestinidad y hace tantos años. "Las causas se traban, muchos procesos se demoran mucho en la etapa de instrucción, a veces faltan los jueces, y hay incluso problemas logísticos como falta de salas para celebrar los juicios", explica la abogada Varsky.

En la memoria de quienes hoy hacen justicia quedan las frases que pronunció el fiscal Julio César Strassera durante su alegato final en el primer juicio a las Juntas de 1985: "Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más".

"El estrés que sufrimos es de por vida"

Eduardo Grande. Presidente de la Asociación Argentina de Salud

¿Cómo entiende la sociedad los procesos judiciales sobre la dictadura abiertos en los últimos años?
Los juicios son más apoyados por los que somos mayores de 40 años que por los que hoy tienen 35, que no conocieron ese periodo y sólo saben de él por referencia, por comentarios, por escritos. La sensación de temor de esos años no fue conocida por los jóvenes, con excepción de quienes tuvieron algún familiar directo que vivió aquellos momentos, en los que sólo existía la justicia empleada por el Gobierno militar, que era unilateral. Ahora se está intentando otra justicia diferente, a través de civiles, para evaluar lo que pasó.

¿Cómo lo viven los mayores?
Tenemos estrés, un estrés que no se borra nunca en el individuo. El estrés queda de por vida porque es una situación cognitiva o emocional que genera una depresión muy marcada, una ansiedad que es difícil de controlar.

Podría ocurrir que las víctimas de una situación traumática sean las primeras en rechazar la vuelta al pasado que suponen los juicios.
Acá no es así. Hubo un proceso diferente, porque promulgaron una amnistía. Nadie podía tocar nada, y así quedó todo muerto. El tema de los juicios se ha comenzado a revivir con los dos últimos gobiernos. Ahora queremos que las cosas se aclaren a través de la Justicia, que esta actúe protegiendo al ciudadano. Y a medida que la gente se va dando cuenta de las situaciones que se vivieron, apoyan más los juicios.


* Artículo aparecido el 21-03-2010 en el diario español Público.

Néstor Kirchner vuelve a tomar el mando del Partido Justicialista*

El ex mandatario argentino Néstor Kirchner retomó este jueves la presidencia del Partido Justicialista (PJ, peronista), y lo hizo dispuesto a gobernar hasta 2020. Ocho meses después de que renunciara al cargo tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas, el actual diputado ha decidido dar marcha atrás “ante el pedido de los compañeros”, y encabezar de nuevo el PJ de cara a las elecciones presidenciales de 2011.

“Estamos absolutamente decididos a gobernar la patria hasta el 2011, y del 2011 al 2015, y del 2015 al 2020, tenemos toda la fuerza”, dijo ayer en un acto en la provincia del Chaco (norte del país).

El ex presidente no especificó si se postulará como candidato presidencial. "Esto es un proyecto político que no está basado en individualidades. Cuando llegue el momento decidiremos entre todos quién será el que nos represente. No es momento de hablar de candidaturas", dijo.

Kirchner, que gobernó entre 2003 y 2007, manifestó su deseo de que volvieran al partido todos los peronistas disidentes que han marcado distancias con el PJ y llamó a la oposición, que tiene mayoría en ambas cámaras legislativas, "una máquina de impedir".

* Aparecido en el diario español Público el 12-03-2010

Un juez anula la primera boda gay en Buenos Aires*

El primer casamiento homosexual celebrado en Buenos Aires ha durado seis días. Un juez nacional de Argentina ha ordenado anular el matrimonio de Damián Bernath y Jorge Salazar después de que ambos consiguieran formalizar su unión el pasado miércoles. Según el magistrado, Félix Igarzábal, el enlace es contrario al Código Civil dado que en su artículo 172 contempla como necesario el consentimiento de “hombre y mujer” para poder casarse.

Bernath y Salazar se habían convertido, hasta ayer, en el segundo matrimonio homosexual del país y de América Latina. La boda había sido autorizada por una jueza porteña, Elena Liberatori, quien entendió que “no ofenden al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero”. Su casamiento sigue el ejemplo de Alex Freyre y José María Di Bello, que contrajeron matrimonio el pasado 28 de diciembre en la provincia de Tierra de Fuego (sur del país) tras verse impedidos en Buenos Aires.

Ahora el juez Igarzábal ha ordenado la suspensión del acta matrimonial de Bernath y Salazar y la devolución de la libreta de casamiento entregada a la pareja. La Federación de Lesbianas, Gays y Transexuales (FALGBT) anunció que apelará la resolución. “Es una barbaridad que un juez de otra instancia haga lugar a la presentación de un particular”, afirmó la presidenta de la institución, María Rachid.

Convencida de que la decisión del juez “tiene que ver con intereses políticos de un sector muy reducido”, la Federación pedirá además un juicio político contra el magistrado.

* Aparecido el 10-03-2010 en el diario español Público.

La Ley de Caducidad uruguaya, en el punto de mira

La Ley de Caducidad en Uruguay tiene los días contados. Al menos ése es el espíritu de algunos funcionarios judiciales en el país, que intentan desde hace tiempo declarar su inconstitucionalidad. La última tentativa proviene de una fiscal penal que ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dos solicitudes de excepción a la norma, la cual amnistía a todos los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1973-1985).

La fiscal Ana María Tellechea ha pedido la exclusión de la ley para dos causas en las que se indagan 25 homicidios perpetrados cuando el ex dictador Juan María Bordaberry estaba al mando del régimen militar. En la primera se investiga el fusilamiento de cinco militantes tupamaros que fueron trasladados de forma clandestina de Argentina a Uruguay en 1974, y en la segunda se intenta esclarecer los asesinatos de 20 personas cometidos entre 1973 y 1976.

“La indagatoria que hasta el presente se ha realizado nos lleva a la conclusión de que eventualmente existirían sujetos implicados en los hechos que no se encuentran comprendidos en la ley”, señala la fiscal Tellechea en los documentos presentados.

De acceder a la petición de la fiscal, no sería ésta la primera vez que el máximo órgano del Poder Judicial en Uruguay concede una excepción a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada en 1986. En octubre de 2009 la norma fue declarada inconstitucional para el caso de una joven comunista, Nibia Sabalsagaray, que fue asesinada en 1974.

Tellechea ha recogido algunos de los argumentos que se esgrimieron en esta causa para reforzar su solicitud. En el recurso que ha interpuesto cuestiona además tres artículos de la ley por entender que viola algunas disposiciones de la Constitución de la República, como el principio de la separación de poderes y el derecho de las víctimas a reclamar ante la Justicia por hechos cometidos contra sus familiares.

La fiscal también recuerda que a pesar de que la mayoría de los ciudadanos uruguayos se negaron a derogar la ley a través de dos referendos en 1989 y en 2009, “ninguno” de los pronunciamientos populares puede otorgar valor a la norma.

Uruguay denunciado

Una alternativa que podría adelantar y sancionar definitivamente la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad podría promoverla el mismo Estado uruguayo, que desde el pasado enero tiene abierto un juicio en contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este proceso fue impulsado por el poeta argentino Juan Gelmán, que junto con su nieta denunció a Uruguay en mayo de 2006 por la desaparición de su nuera María Claudia García de Gelman en 1976. No se descarta que el Estado se declare culpable en el juicio y elimine la Ley de Caducidad para evitar una condena de la Corte.

"La Justicia está para investigar, independientemente de a quién le guste y a quién no"*

La situación que atraviesa el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no ha pasado desapercibida en Argentina. Distintos magistrados del país se han mostrado sorprendidos de que el Tribunal Supremo de España considere una “prevaricación” la investigación de los crímenes del franquismo, y de que Garzón pueda ser inhabilitado por ello.

“Desde luego, si en algo destaca Garzón es por su actuación pública y por su relevancia internacional”, señala Abel Flaming, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). “Para nosotros, el caso desarrollado en relación a Pinochet y al juzgamiento de crímenes durante la dictadura militar chilena es emblemático porque instala una idea de jurisdicción universal sobre los crímenes de lesa humanidad”.

En Argentina existen en la actualidad 318 causas abiertas que investigan tanto los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983) como los casos de apropiación de recién nacidos por parte de militares. “La idea que nosotros tenemos a rajatabla es que un juez no puede ser enjuiciado por el contenido de sus decisiones judiciales”, explica Fleming.

“Una actitud judicial errónea debe encontrar su solución dentro del curso del propio proceso, salvo que en ese yerro judicial se compruebe que un juez ha actuado con un propósito criminal”.

Pero no es el caso de Garzón. “La justicia como toda actividad humana puede cometer yerros. Pero los mecanismos para corregirlos están previstos dentro de los códigos procesales. No es lo oportuno que se corrijan enjuiciando al juez” añade el presidente de la FAM. “El magistrado tiene que actuar con libertad de conciencia, sin miedo a que pueda ser condenado o sancionado por el modo que entiende y analiza los casos”. Los únicos casos en los que se puede inhabilitar a un juez son “en caso de comisión de delito o mal desempeño reiterado o grave desconocimiento del derecho”, según la Federación.

Lo mismo opina Silvia Cavallo, fiscal y hermana del juez Gabriel Cavallo que en 2001 declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales absolvían de toda responsabilidad a los militares de la dictadura. “La justicia es independiente. No sé por qué debe molestar una investigación. La justicia está para investigar, independientemente de a quién le guste y a quién o no”, indicó Cavallo.

También ha manifestado su parecer la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones de los Derechos Humanos, encargada de evaluar todos los procesos judiciales que investigan los crímenes perpetrados durante la dictadura. “Probablemente, una de las cosas que más molesta a algunos es la propia coherencia de Baltasar Garzón. Es difícil no leer estas cosas en clave ideológica”, señalan el fiscal general Jorge Auat y el abogado Pablo Parenti, responsables de la Unidad. “Él puso el escalpelo en la parte más sensible del conservadurismo”.

La Unidad hace hincapié en el respaldo internacional y el prestigio del juez de la Audiencia Nacional que “no van a ser soslayados”. De acuerdo con Auat, “enfrentar situaciones como ésta es seguramente parte del derrotero en la lucha por los derechos humanos. De todos modos, los hechos históricos terminan como el secreto de las orejas del rey Midas”.

Quien todavía no ha podido pronunciarse en relación a Garzón es Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia y actual embajadora de Suiza en Argentina. “Sólo puedo decir que me contacté con Garzón dado que fui requerida para dar mi testimonio”, comentó del Ponte por teléfono. “Pero como ahora soy embajadora en Buenos Aires, necesito que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España haga la solicitud correspondiente al Gobierno suizo para que yo pueda dar testimonios. Ahora estoy en función ad hoc”.

* Artículo publicado en el diario digital español La República.

Clinton accede a mediar sobre las Malvinas*

Estados Unidos está dispuesto a interceder en el conflicto entre Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas, cuya soberanía se disputan ambos países. Así lo reconoció la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton durante su casi improvisada visita a Buenos Aires, anunciada apenas unas horas antes de que que la enviada de Obama emprendiera su gira por América Latina.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, recibió a Clinton a última hora de la tarde del lunes después de que ambas asistieran a la investidura del nuevo presidente de Uruguay, José Mujica, en Montevideo.

“Solicitamos la intermediación de Estados Unidos entre el Reino Unido y la Argentina para lograr sentarnos a discutir la soberanía de las Malvinas”, dijo Fernández en una conferencia de prensa tras la reunión que sostuvieron ambas. “Coincidimos. Nos gustaría ver a la Argentina y el Reino Unido sentados, hablando y discutiendo el tema”, replicó por su parte la secretaria de Estado.

Reino Unido se ha sentido aludido y ayer portavoces el Gobierno británico aseguraron que “no era necesaria” la intervención de Estados Unidos para resolver el problema.

En cualquier caso un encuentro “fructífero”, según Fernández, consiguió alejar el clima de tensión vivido días antes, cuando la presidenta argentina señaló que el presidente de Estados Unidos Barack Obama “no cumplió con las expectativas”, y cuando en principio Argentina estaba excluida de la agenda de Clinton.

Fernández además aprovechó la presencia de la secretaria de Estado para agradecer “la desclasificación de documentos de la última dictadura militar por parte de Estados Unidos”, realizada hace unos días.

Hillary Clinton llegó ayer en Chile en el marco de un viaje que servirá para “escuchar” y no para “dictar doctrina”, según sus palabras. Allí ofreció ayuda tecnológica para los damnificados del terremoto antes de continuar con la gira, que también incluye Brasil, Costa Rica y Guatemala.

* Artículo aparecido el 03-03-2010 en el diario español Público.

Mujica, nuevo presidente de Uruguay*

Hace 25 años, mientras Julio María Sanguinetti asumía como el primer presidente democrático de Uruguay después de casi 12 años de dictadura (1973-1985), el tupamaro José Mujica esperaba en prisión la ley de Amnistía que lo dejaría en libertad dos semanas después. Un cuarto de siglo después, el ex guerrillero se ha convertido en el nuevo dirigente del país al frente del segundo Gobierno consecutivo de la coalición de izquierdas Frente Amplio.

Atrás queda la hegemonía política que marcó por casi dos siglos el Partido Colorado junto con el Partido Nacional, ahora en minoría tanto en la Cámara de Representantes (el Congreso de los Diputados) como en la de Senadores. No por ello quedarán al margen. “Ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un Gobierno que no es dueño de la verdad, que nos precisa a todos”, dijo Mujica al ganar el pasado 29 de noviembre en la segunda vuelta de las elecciones.

Durante su investidura estuvieron presentes gran parte de los presidentes de América Latina, además del príncipe Felipe de Borbón y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, quien aseguró tras una reunión con Mujica que Uruguay “es un modelo para muchos otros, no sólo en nuestro hemisferio, sino en todo el mundo”.

El nuevo presidente uruguayo, de 74 años, anunció que piensa proseguir con las políticas de su antecesor Tabaré Vázquez, que se retira con un 61% de aprobación. “Nuestro programa se resume en dos palabras: más de lo mismo”, indicó durante la toma de posesión. La educación, la energía y la seguridad serán prioridades dentro de su Gobierno, y también apostará por el Mercosur como instrumento de integración.

Mujica quiere ser además el primero en someterse a la austeridad prometida que caracterizará su gestión, y por ello anunció hace unos días que donará casi el 90% de su sueldo (9.400 euros) a programas sociales. Por el mismo motivo seguirá viviendo junto a su mujer, la senadora y también ex guerrillera Lucía Topolansky, en una chacra que posee en un barrio popular de Montevideo.

* Artículo escrito aparecido el 02-03-2010 en el diario español Público.