La querella de Argentina se amplía en 4.500 víctimas*

Los dos familiares de víctimas del franquismo que el 14 de abril presentaron en Argentina una querella para que se investiguen allí los crímenes de la dictadura española ya no están solos frente a la Justicia. Ayer la ampliaron con los nombres de 4.500 gallegos asesinados durante la Guerra Civil y la posguerra.

El abogado español que presentó la ampliación del escrito en los tribunales de Buenos Aires, Gustavo García, reiteró que tiene un propósito claro: "Meterle en la cabeza a la gente que en España, como en Galicia, hubo un genocidio".

Pero el curso de su querella tampoco será fácil en Argentina. Un fiscal federal de este país, Federico Delgado, pidió ayer que se desestime el escrito presentado por los familiares de las víctimas. Y es que si bien reconoció que "los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad", Delgado adujo que "esa inconmovible fuerza moral que contiene aquel reclamo de Justicia tiene grietas jurídicas muy profundas".

En el dictamen enviado a la jueza encargada del caso, María Servini de Cubría, el fiscal añadió que "cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad".

"De ser el país más avanzado, España se convirtió en un horror", comentó en cambio el abogado de la causa en referencia a la Guerra Civil. "No se trata de izquierdas o derechas, sino de víctimas y de criminales de una envergadura muy grande. Por eso hay que depurar responsabilidades", agregó.

Experiencia de la jueza

Gustavo García mostró su satisfacción por el hecho de que la querella presentada en Argentina haya recaído en la magistrada Servini de Cubría. "Tenemos una suerte maravillosa", comentó risueño. "Ella fue quien siguió los juicios por los niños apropiados durante la dictadura argentina antes de que se anularan las leyes de impunidad. Fue, además, quien encarceló y procesó a muchos responsables del genocidio argentino", señaló.

"Nuestro país [por España] es diferente de lo que hubiera podido ser sin el exterminio", sentenció García. "En Vigo, a los pocos días del golpe de Estado", relataba, "los franquistas decidieron fusilar en el cementerio municipal de la ciudad al alcalde, a diputados del PSOE, y a Heraclio Botana, que había sido diputado y era un gran intelectual. Antes de que dispararan, Botana les dijo: Llegará el día en que se sepa el crimen que cometéis contra nosotros'. Han pasado 75 años, y aún no se sabe. Por eso estamos aquí", precisó.

El número de gallegos que murió durante más de 40 años supera la cifra de los 25.000. Por eso, en la documentación que se presentó ayer, los querellantes exigieron que se investigue lo acaecido entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

Entre las más de 4.500 víctimas a las que se hace referencia en el escrito registrado también están incluidas una veintena de argentinos. Aunque las víctimas que ahora figuran en la querella no dejan de ser una pequeña muestra del universo de damnificados que dejó tras de sí la dictadura, la posibilidad de que en Argentina se juzgue lo que en España le ha sido impedido a Baltasar Garzón es ya un motivo de alegría para los participantes en la querella.

"Esto es una consecuencia de no haber roto con el franquismo cuando se dio la Transición", indicó frente al tribunal Francisco Lores, presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas. Junto a él acudieron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, integrantes de las Abuelas de la Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otras organizaciones.

* Aparecido el 1-05-2010 en el diario español Público

Argentina no amnistía los crímenes de su dictadura*

A diferencia de lo que ocurre en España, en Argentina las amnistías no protegen de los delitos de lesa humanidad. Así lo confirmó esta semana la Corte Suprema de Justicia argentina en el fallo que decreta la inconstitucionalidad de los indultos que el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) concedió a tres figuras emblemáticas de la dictadura argentina (1976-1983): el ex dictador Rafael Videla, responsable además del golpe de Estado de 1976; el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de la Hoz, cerebro de la estrategia económica que impulsó el régimen de represión durante aquellos años; y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

En la resolución emitida el pasado miércoles, la Corte hizo alusión a otro proceso, el caso Mazzeo, para recordar que “los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional”. Por eso los Estados están “obligados” a “esclarecer [los delitos] y a identificar a sus culpables” como así establecen además los tratados internacionales.

El máximo tribunal del país también recordó su pronunciamiento en otros dos casos en los que declaraba “la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la inconstitucionalidad de las leyes conocidas como de obediencia debida y de punto final [las leyes de la impunidad decretadas por el ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989)]”.

Poco margen de maniobra pueden tener ahora Videla, Martínez de la Hoz y Harguindeguy, que gracias a la aministía presidencial estuvieron al resguardo durante 20 años de un proceso judicial en el que los tres habían sido imputados. Fue conocido como el caso Gutheim, y en él se investigaba el secuestro extorsivo en 1976 de dos empresarios algodoneros (padre e hijo), que fueron forzados a negociar un contrato de exportación favorable al régimen de represión.

Aquel juicio fue paralizado con los indultos de Menem. En 2006 dos organizaciones de derechos humanos solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los decretos que amnistiaban a Martínez de la Hoz y a Harguindeguy, y a este recurso se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que pidió que también se anulara el indulto a Videla.

Consciente de que de un momento a otro puede ser procesado por delitos de lesa humanidad, Martínez de la Hoz publicó ayer un anuncio en dos de los principales diarios de Argentina en el que se definía como víctima de una “persecución interminable”.

“A partir de que el ex presidente Kirchner pidió públicamente mi encarcelamiento el 24 de marzo del 2006, diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo”, decía en la nota. “En Argentina el Estado de Derecho está reducido a una mera apariencia”.

Videla, a juicio por la apropiación de bebés

El subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, Luis Alem, confirmó por teléfono que los indultos de Menem no protegen de los delitos de lesa humanidad. “Así ha caído la última barrera que protegía a los que fueron indultados”.

Aunque Videla ya tiene otros procesos en curso, la resolución de la Corte permitirá que puedan abrirse otros juicios contra él que no abarquen delitos de lesa humanidad, como el que comenzará a partir de septiembre por el robo sistemático de bebés durante la dictadura. “En cambio Martínez de la Hoz no había podido ser juzgado en ninguna causa, y ahora tendrá que responder en primer lugar en el caso de los empresarios Gutheim”, añadió Alem.

* Artículo aparecido el 29-04-2010 en el diario español Público

Los hijos de la dueña de Clarín denuncian una campaña de persecución en su contra.*

“Sólo queremos que nos respeten”. Agarrados de la mano, los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se mostraron por primera vez ante las cámaras de televisión el pasado jueves para defender a su madre ante la atención que ha despertado una investigación judicial en curso que pretende determinar si son hijos de desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983).

“Nuestra madre es la directora de Clarín pero para nosotros fue, es y será nuestra mamá. La persona que hace 34 años nos eligió como hijos, y que siempre nos habló con la verdad”, dijeron al principio del vídeo que emitió Todo Noticias (TN), un canal propiedad del grupo Clarín.

En un mensaje muy parecido al que publicaron el mismo día en los principales diarios del país, Felipe y Marcela Noble Herrera acusaron al Gobierno de Cristina Fernández de querer utilizar su caso políticamente para atacar a su madre. “Nos terminó de convencer un mensaje de la Presidenta que, sin nombrarnos, aludió permanentemente a nosotros. Desde ese momento, nos sentimos con miedo, angustiados, perseguidos”, afirmaron.

Los hijos de la dueña de Clarín se refieren así al discurso que pronunció Cristina Fernández el pasado 24 de marzo, aniversario del golpe militar de 1976, en el que se ofreció para acompañar ante los tribunales internacionales a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que entre otras causas impulsa una batalla judicial para determinar la identidad de Felipe y Marcela.

“¿El gobierno necesita políticamente que nosotros seamos hijos de desaparecidos?”, plantearon en la grabación televisada los hijos de Herrera de Noble. “¿Después qué querrán? ¿Que aparezca nuestra madre como apropiadora?”.

Marcela y Felipe fueron adoptados en 1976 por la dueña de Clarín, y ahora la Justicia intenta que su ADN sea cotejado en un organismo nacional que alberga la información genética de las víctimas de la dictadura.

En un artículo escrito el 11 de enero de 2003, Ernestina Herrera de Noble planteó la posibilidad de que sus hijos adoptivos hubieran sido “víctimas de la represión ilegal”. Un mes antes un juez la había acusado de adulterar los expedientes de adopción de Marcela y Felipe, y por ello había pasado tres días en una dependencia policial hasta que le concedieron el derecho a la prisión domiciliaria por su estado avanzado de edad. Días después aquel magistrado fue destituido por mal desempeño, y ella quedó liberada.

“Me causa tristeza por los chicos [Felipe y Marcela], porque las presiones que reciben les impiden observar que no se trata de una cuestión política lo que está en juego”, respondió por su parte el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, quien recordó además que las familias biológicas también tienen derecho a conocer la identidad de los posibles hijos de desaparecidos.

* Artículo aparecido el 24-04-2010 en el diario español Público.

Lo que dijo Evo Morales

Difícil será olvidar la cobertura mediática de unas declaraciones del presidente boliviano, Evo Morales, que casi todos los medios de comunicación han resumido en una frase: Morales dice que comer pollo causa calvicie y homosexualidad.

No es cierto. No hay más que escuchar lo que realmente dijo, y atender a cuál era el contexto. Hablando de alimentos transgénicos, señaló que “el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre”.

En ningún momento habla de homosexualidad. ¿O es que ser gay es una desviación? Precisamente lo preocupante es que para los medios, “tener desviaciones en su ser como hombre” sea sinónimo de homosexualidad.

¿Qué hubiera pasado si hubiese hablado de “hombres y mujeres”? ¿Se refería sólo al varón, o con “hombre” entendía al ser humano en general, incluidos por tanto hombres y mujeres?

Sus declaraciones sobre la calvicie son aún más específicas como para dar lugar a malentendidos: “La calvicie es un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy casi seguro de que de aquí a 50 años todo el mundo será calvo”.

Se podrá estar de acuerdo o no con estas opiniones vertidas por el presidente boliviano. No sé en realidad qué base científica tengan, pero lo cierto es que se ha montado todo un operativo de mofa hacia Morales que sólo quiso señalar el peligro de los alimentos transgénicos.

Una cosa es criticarle por afirmar que el pollo transgénico pueda producir “desviaciones en su ser como hombre”, y otra es asumir que se refería a la homosexualidad. Esa última parte ha sido un añadido de los medios, que donde han escuchado “desviación” han interpretado homosexualidad. Nunca me habían dicho hasta ahora que ambos fueran sinónimos.

Pena de 25 años para el último dictador de Argentina*

El último dictador de Argentina pasará el resto de sus días en una cárcel común. La Justicia condenó el pasado martes al ex general Reynaldo Bignone, de 82 años, a 25 años de prisión por secuestrar y torturar entre 1976 y 1978 a 56 personas en el régimen militar Campo de Mayo, donde funcionaba uno de los centros clandestinos de detención más crueles de la dictadura (1976-1983), y por el que pasaron al menos unas 5.000 personas.

Bignone no estuvo presente durante la lectura del fallo, pero sí reconoció ante los jueces, antes de ser condenado, que durante el régimen militar habían desaparecido 8.000 personas. También admitió el robo de bebés durante la dictadura, aunque indicó que no llegaban a 30. Las organizaciones de derechos humanos, en cambio, cifran en 30.000 las personas desaparecidas y en unos 500 los niños apropiados por los militares. Abuelas de Plaza de Mayo ya ha encontrado a 101.

Junto al ex dictador han sido condenados a la misma pena el ex comandante Santiago Omar Riveros y el ex jefe de departamento de inteligencia Fernando Verplaetsen. Otros tres ex militares fueron sentenciados a 17,18 y 20 años de prisión, que también deberán cumplir en una cárcel común. Sólo uno de los imputados durante el juicio fue absuelto.

Éste la primera condena que recibe un ex presidente de facto argentino desde que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003. Hasta ahora más de 600 personas han sido procesadas por delitos de lesa humanidad en Argentina, aunque sólo 59 tienen un juicio abierto en curso.

* Artículo aparecido el 22-04-2010 en el diario español Público.

Insatisfacción tras el fallo sobre la papelera que dividía a Argentina y Uruguay *

La papelera finlandesa que ha mantenido enfrentados a Uruguay y a Argentina desde que en 2005 comenzara su construcción a orillas del río que los separa no será desmantelada. Las dos naciones esperaban ayer con visible agitación el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que no considera probado que la planta de celulosa Botnia contamine, aunque ha reconocido que Uruguay tendría que haber informado al país vecino de la instalación de la fábrica, conforme al Estatuto del Río Uruguay de 1975.

La expectativa que generaba el fallo en la localidad argentina de Gualeguaychú, fronteriza con Uruguay, se transformó con rapidez en sólo furia y decepción.“Ahora sí estamos enojados”, exclamó una mujer tras conocer la resolución. Desde finales de 2006 la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú mantiene bloqueado el puente que la comunica con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, en donde funciona la papelera. “El corte no se levanta”, sentenció uno de sus miembros. "La comunidad internacional se está burlando de nosotros".

Botnia ha sido hasta ahora el principal conflicto entre el Gobierno argentino y uruguayo, pero se esperaba que la resolución inapelable del órgano judicial de la ONU sirviera para dar por cerrada esta disputa y acercar así de nuevo a dos naciones históricamente unidas. Las autoridades de ambos países habían prometido acatar el dictamen de la CIJ, pero el desencanto de Gualeguaychú no lo pondrá fácil. “Se terminó la bondad, la caridad y la educación”, comentaba desde allí un hombre. “Ahora sí comienza la lucha”.

* Artículo aparecido el 21-04-2010 en el diario español Público.

Macri supera a Kirchner en las intenciones de voto en Buenos Aires*

Todavía falta un año y medio para las elecciones presidenciales de 2011 en Argentina, pero tres candidatos ya han comenzado a despuntar. Según una encuesta realizada en Buenos Aires, el alcalde de la ciudad Mauricio Macri lidera las intenciones de voto junto con el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y el vicepresidente del actual Gobierno, Julio Cobos, que mantiene una crispada relación con la Jefa de Estado Cristina Fernández.

Por ahora Macri se impone frente a los otros dos candidatos, de acuerdo con la consultora Julio Aurelio, con el 24,1% del respaldo. Le sigue el diputado Kirchner, que fue apoyado por el 18,9% de los encuestados, y por último Cobos, que fue elegido por el 17,2% de las 2.000 personas que participaron en el sondeo.

La consultora OPSM también aúpa al alcalde porteño en las encuestas. “El candidato que más viene creciendo en la ciudad y a nivel nacional es Macri”, señaló su presidente, Enrique Zuleta. “A nivel nacional, diría que Néstor Kirchner y Julio Cobos se alternan”.

* Artículo aparecido el 20-04-2010 en el diario español Público

Argentina anula la tercera boda homosexual*

Si esta semana un juez argentino declaraba “inexistente” el primer matrimonio gay de América Latina, ayer hacía lo propio una jueza con el primer casamiento lésbico del país. La argentina Norma Castillo y uruguaya Ramona Arévalo, de 67 años, tienen ahora 72 horas para devolver el Libro de Familia que les fue otorgado.

Las dos mujeres, que llevan más de 30 años juntas, pudieron oficializar su unión el pasado 9 de abril tras haber recibido la autorización de una jueza. Una semana después, la magistrada Martha Gómez Alsina aceptaba la medida cautelar presentada por un abogado católico, Ernesto Ricardo Lamuedra, que fue el mismo que pidió anular el enlace del primer casamiento gay celebrado en el país y en América Latina.

De cuatro bodas homosexuales que se han celebrado en Argentina desde el pasado mes de diciembre, tres ya han sido canceladas. Mientras la Justicia se desdice a sí misma anulando los casamientos que antes había autorizado, dos comisiones de la Cámara de Diputados aprobaban este miércoles un dictamen para modificar el Código Civil, que sólo contempla el matrimonio entre hombre y mujer.

El proyecto, que ahora deberá ser ahora discutido en la Cámara baja, plantea el casamiento de las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones que las heterosexuales, y también les autoriza a adoptar niños.

Entre tanto el abogado de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Gustavo López, indicó que apelará el fallo que anula el enlace de Castillo y Arévalo, y ha planteado denunciar por mal desempeño a la jueza responsable de la medida ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En una situación también incierta se encuentra la española C.P, que ha sido amenazada por la Dirección Nacional de Migraciones con abandonar el país porque no se reconoce su matrimonio con una mujer, Diana Cordero, celebrado en Canadá hace dos años. Tras haber apelado la decisión del organismo migratorio, ahora cuenta con una residencia precaria que podrían retirarle apenas Migraciones se pronuncie otra vez.

* Artículo aparecido el 18-04-2010 en el diario español Público

"En España hubo un genocidio"*

Carlos Slepoy es el abogado que, en nombre de las víctimas, interpuso el miércoles 14 una querella en los juzgados de Buenos Aires, junto con diversas organizaciones de derechos humanos, para que se lleve adelante en Argentina la investigación que a Baltasar Garzón le fue impedido realizar en España.

¿En qué se basa?

En la aplicación del principio de jurisdicción universal, que es el mismo principio conforme al cual el juez Garzón instruyó las diligencias en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura en Chile.

¿Por qué ahora?

Tiene un sentido de devolución al inmenso favor que hizo la Justicia española para que se terminara con la impunidad en Argentina.

¿Qué van a exigir?

Esta es una prueba para el Gobierno español, que deberá informar sobre los ministros, todavía vivos, que participaron en los gobiernos del franquismo. También pediremos una relación de los mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, de la Policía y de los dirigentes de la Falange.

¿Pedirán otras pruebas?

La certificación del número de desaparecidos de los que hay constancia, de las fosas comunes que se han encontrado, de los cuerpos que fueron recuperados, de los niños secuestrados, etcétera.

¿Tienen cifras?

Están en los autos de Garzón. El juez español habla de unos 113.000 desaparecidos y de 30.000 niños apropiados.

¿Qué se va a juzgar?

La acusación principal es el delito de genocidio, pero no excluye el delito de lesa humanidad.

¿Cuál es la diferencia?

En el genocidio, el propósito del represor es excluir a los distintos grupos que componen la sociedad con el objetivo de remodelarla y, por tanto, busca la eliminación de todos los grupos que se oponen a ese propósito. Exterminan a los individuos con el afán de destruir los grupos de los que ellos forman parte. Los crímenes de lesa humanidad, en cambio, implican un ataque indiscriminado a la población civil.

¿Puede citar un ejemplo?

Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron crímenes contra la humanidad, pero no pretendían reorganizar esa sociedad ni eliminar a determinados grupos, cosa que sí hicieron el franquismo o la dictadura argentina. Es muy importante esta diferenciación porque echa luz acerca de las causas, los beneficiarios y sus responsabilidades.

¿Quiénes son los querellantes?

Darío Rivas, cuyo padre, Severino Rivas, fue fusilado, e Inés García Holgado, que tiene tres familiares asesinados, un tío y dos tíos abuelos: el primero desaparecido y los otros dos fusilados.

¿Habrá más en el futuro?

Sí, es innumerable la cantidad de personas que quieren presentar sus denuncias tanto en Argentina como en España. Pero a este llamado ya se han unido organizaciones sociales de derechos humanos que se presentan en este procedimiento, incluidas algunas de España, como la Federación de Sociedades Gallegas y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España.

¿La Justicia argentina podrá aplicar el principio de jurisdicción universal?

Sería la primera vez, pero está obligada a hacerlo porque lo ordena la Constitución argentina, que establece la figura de la jurisdicción universal. También hay leyes internas que otorgan a los tribunales federales la competencia para investigar los crímenes de genocidios, los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra. La aplicación de la jurisdicción universal es además recomendada en múltiples instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

¿Por qué la Justicia española no quiere investigar?

Lo que pasa en España sucede en todos los países en donde se cometen crímenes masivos de esta naturaleza. Al crimen le sucede la impunidad, pactada incluso con quienes fueron víctimas. En España, se firmó la Ley de Amnistía, que fue apoyada por distintos partidos políticos, incluso por aquellos que son herederos de los que fueron víctimas en Argentina. Así ha sucedido en países como Argentina y Chile. No es esto de exclusividad española.

¿Qué se pretende en España con la posible inhabilitación del juez Garzón?

Quienes cometieron estos crímenes en España, que tienen el control de sus sociedades precisamente porque lo lograron a través de sus procesos genocidas, intentan que no se investiguen estos hechos. Echar silencio, olvido e impunidad sobre ellos. En consecuencia, lo que sucede con Garzón es eso. Tuvo la osadía de cumplir con lo que la ley interna española e internacional demandan, que es investigar estos crímenes. Inmediatamente todas las fuerzas de la vieja España se volvieron contra él, llegando no sólo a paralizar el procedimiento, sino además a abrir un inaudito proceso para inhabilitarlo, lo que desacredita la Justicia española internacionalmente de un modo increíble.

¿Qué esperan al respecto?

Esperamos que se revierta este proceso y que lleguen a ser juzgados los jueces que están tratando de inhabilitarlo. Ellos son los verdaderos prevaricadores, dado que están dictando a sabiendas una resolución contraria al derecho.

* Artículo aparecido el 15-04-2010 en el diario español Público.

Los crímenes franquistas llegan a la Justicia argentina*

La querella que se presentó ayer en Argentina para que se juzguen los crímenes del franquismo parece haber caído en buenas manos. La jueza que ha recibido la causa se llama María Servini de Cubría y fue la primera magistrada del país en permitir la restitución de niños apropiados durante la dictadura argentina. Una razón más para que los familiares de las víctimas del franquismo recuerden el día de ayer como una jornada histórica.

El 79º aniversario de la proclamación de la II República se celebró así en Argentina: con la presentación de esta denuncia en los tribunales de Buenos Aires que por primera vez permitiría la investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo aplicando al principio de jurisdicción universal.

Los querellantes particulares de esta causa se llaman Darío Rivas, de 91 años, hijo de un alcalde de la localidad Castro Rei (provincia de Lugo) que fue asesinado en 1936; e Inés García Salgado, que defiende en esta causa a tres familiares: un tío desaparecido y dos tíos abuelos fusilados. Los dos han sido arropados por diversas asociaciones que los acompañan en esta causa.

“Esto ha despertado una enorme expectativa. Es posible quebrar la impunidad”, comentó Carlos Slepoy, abogado argentino residente en España que representará ante la Justicia española a los familiares de las víctimas del franquismo. “Hay que terminar con el mito de que hubo una lucha fratricida en España en España en donde se enfrentaron dos bandos que cometieron aberraciones. Lo importante es determinar quién provocó esto y por qué. Lo que hicieron los republicanos fue defenderse, tratar de evitar el genocidio”, señaló.

Cuatro son los abogados que comenzaron a trabajar en la querella a finales del año pasado: los argentinos David Baigud, Ricardo Huñís, Beinusz Szmukler y Máximo Castells. “Hemos promovido la querella por la comisión de delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos”, indicó este último letrado. “Estamos solicitando que la investigación abarque desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones libres y parlamentarias”.

Castells expresó su esperanza de que esta primera denuncia sirviera de “puntapié” para la aparición de nuevas querellas. “Hagamos una suerte de ola que alcance a otras naciones, para que se presenten también en esta querella ciudadanos españoles que viajen a Argentina y expliquen así la pérdida de sus seres queridos”, pidió el abogado. “La bandera que se lleva en este caso es conocido por todos: la idea de justicia universal”.

Los abogados querellantes han solicitado también la creación de una comité especial que investigue todas las pruebas que hayan sido destruidas en España.

Una de las intervenciones más esperadas durante la presentación de la querella fue la de Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que habló de cuál era para él la verdadera prevaricación de la Justicia española: “Nosotros hemos abierto 150 fosas comunes en 10 años, hemos recuperado unas 1.300 personas, a la inmensa mayoría les hemos puesto nombre y apellido, y sólo en tres exhumaciones tuvimos presencia judicial, aunque la Ley de Enjuiciamiento Judicial obliga a los jueces a estar presentes”, denunció. “Posiblemente muchos de los que presionan a Garzón aplauden la falta de jueces en las exhumaciones”.

La contradicción española

Macías agradeció a Argentina la acogida que tuvo hacia los republicanos exiliados, a los que definió “embajadores de la dignidad”, y recordó que España ha firmado numerosos acuerdos internacionales que instan a investigar los crímenes de lesa humanidad. “Nos hemos ido a otros países a dar lecciones, y ahora que nos toca a nosotros estamos dando una imagen que dice muy poco de la democracia española” precisó.

El vicepresidente de la Asociación manifestó su deseo de que se derogue la Ley de Amnistía de 1977 con el fin de que se pueda “hablar abiertamente de los niños robados durante la dictadura al igual que Argentina, para que hablemos de la transición española que ha convertido a Manuel Fraga en un héroe de la democracia y a un preso político como “Marcos Ana”, que es el Mandela español, en un tremendo desconocido para mucha gente”. Así recordaba Macías al poeta republicano Fernando Macarro Castillo, que estuvo 23 años preso en las cárceles franquistas.

“Éste es un día que ninguna persona de bien puede dejar de acompañar”, indicó la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El aplauso cerrado de los asistentes terminó con un grito unánime: “olé, olé, olé, olá, adonde vayan, los vamos a buscar”.

* Aparecido el 15-04-2010 en el diario español Público

"¿Qué se quiere ocultar en España?"*

Entrevista al Premio Nóbel argentino Adolfo Pérez Esquivel.

Mañana, cuando se cumple el 79º aniversario de la proclamación de la II República española, asociaciones de derechos humanos de España y Argentina presentarán una querella en los juzgados de Buenos Aires para investigar los crímenes del franquismo. Una de ellas es Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización presidida por el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel. En una conversación telefónica, afirmó que luchará por que se aplique el principio de jurisdicción universal para juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura española (1936-1975).

¿Por qué van a presentar esta querella?

Nos llama la atención que la Justicia española trate de impedir la investigación de los crímenes del franquismo. Además de argentino soy ciudadano español, así que tenemos derecho a reclamar qué pasó durante la dictadura. Después de la muerte de Franco trataron de ocultarse los crímenes y por eso hicieron la Ley de Amnistía de 1977, como si nada hubiera pasado.

¿Hasta dónde podría llegar a prosperar su denuncia?

"En España no se quiere investigar por intereses políticos"

Si de verdad se aplica el derecho internacional, es posible que nuestra querella salga adelante. Hay que llamar a la conciencia, a la responsabilidad del Estado español y de la Justicia española. Hay que buscar la verdad, la justicia y la reparación.

Pero en España tenemos todavía vigente la Ley de Amnistía.

En Argentina también tuvimos las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que garantizaban la impunidad de los militares durante la dictadura argentina (1976-1983), pero siempre nos opusimos. Y es bueno que el pueblo español resista frente a los que tratan de ocultar los delitos cometidos durante el franquismo. Se necesita voluntad política.

"Si Garzón investigó en Chile, ¿por qué no lo va a hacer en su país?"

¿Por qué Argentina es capaz de llevar a los responsables de su dictadura ante lostribunales y España no?

El interrogante es ese, qué se quiere ocultar en España. Los delitos de lesa humanidad en Argentina también están siendo juzgados en países como Francia o Alemania. Pero en España no se quiere investigar por intereses políticos, y para así ocultar lo que sucedió durante la dictadura.

Garzón iba a limitar el tiempo de su investigación a 1952. Ustedes deciden abarcar hasta 1977. ¿Cuál es la diferencia?

Hay que ver cuáles son las pautas para avanzar en la búsqueda de Justicia, y luego ver cómo se puede seguir para continuar en este proceso. Toda persona tiene derecho a saber la verdad. No puede ser que para unos sí y para otros no.

¿Por qué cree que Garzón ha sido procesado en su intento de juzgar los delitos del franquismo?

No es sólo un asunto de Garzón. Hay muchas demandas de familiares y de víctimas de la dictadura. El juez por sí solo no puede hacer nada. Por eso es esencial el pedido que los argentinos van a realizar, entre los cuales me incluyo. El juez no va a investigar nada si no tiene hechos concretos.

¿Existe en Argentina un caso de jueces que hayan sido removidos por investigar crímenes de lesa humanidad?

No. Hubo jueces que fueron removidos de sus cargos, pero por hechos graves de incompetencia o por mal funcionamiento de las causas judiciales. Este no es el caso de Garzón. Él sólo quiere abrir una instancia judicial de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, . Si el juez investigó los crímenes en Chile, ¿por qué no lo va a hacer en su propio país?

¿Qué significa para Argentina abrir un proceso de investigación sobreel franquismo?

Va a ser una experiencia. Nosotros siempre hemos buscado la justicia internacional, ya fuera con otros países, con la Corte Internacional de Derechos Humanos o con la Corte de San José de Costa Rica.

¿Qué van a pedira España?

Se va a recurrir a la Justicia y a todos los medios que puedan intervenir, incluido el Gobierno.

* Artículo aparecido el 13 de abril de 2010 en el diario español Público.

Ordenadores para los estudiantes argentinos de secundaria

Como ya hiciera el ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez a través del plan Ceibal, el Gobierno argentino ha presentado el programa Conectarigualdad.com.ar por el que entregará mini-ordenadores portátiles a los estudiantes de secundaria de unas 4.800 escuelas públicas en todo el país.

Con la iniciativa del Gobierno de uruguayo, que comenzó en 2007, se han entregado hasta ahora 420.000 portátiles, pero el Ejecutivo argentino planea distribuir tres millones de ordenadores que irán a parar tanto a los estudiantes como a sus maestros.

Este proyecto comenzará con la entrega de 350.000 portátiles entre abril y octubre, y para 2012 se espera que todos los alumnos de secundaria cuenten con su propio ordenador.

Propuesto para superar "la brecha digital", en palabras de la presidenta Cristina Fernández, el programa trata de estimular a los estudiantes en su aprendizaje. Todos ellos podrán quedarse con sus portátiles si aprueban la secundaria. El plan también contempla la adecuación de las instalaciones de los colegios para que haya acceso a Internet.

Cada portátil le costará al Estado unos 200 euros, que serán vendidos por Telefónica Móviles Argentina tras haber ganado una licitación pública. Conectarigualdad.com.ar estará financiado por un fondo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que gestiona el sistema de jubilaciones en el país.

Evo Morales también gana en las regiones*

Los resultados de las elecciones regionales celebradas el pasado domingo en Bolivia parecen ser un motivo de alegría para su presidente, Evo Morales, si bien la oposición ha celebrado el apoyo recibido en las regiones que hasta ahora han estado bajo su control.

Aunque la victoria de Morales no será en principio tan contundente como en las pasadas elecciones de diciembre, en las que salió reelegido como presidente del país con un 64,2% de los votos, los sondeos a pie de urna auguran que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ha ganado en la mayor parte de los departamentos del país: Oruro, Potosí y Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.

Morales se proclamó vencedor también en Pando, una de las regiones de la denominada “media luna” que tradicionalmente ha sido considerada un bastión de sus oponentes autonomistas.
La oposición en cambio ha reafirmado su poder en el resto de los departamentos que la configuran: Santa Cruz, Beni y Tarija.

Las encuestas además confirman el triunfo del MAS sólo en tres de las diez principales alcaldías del país. Una de las mayores decepciones para el oficialismo ha sido su derrota en La Paz, sede del poder ejecutivo y legislativo, que permanecerá en las manos del Movimiento sin Miedo (MSM), una fuerza política unida al MAS hasta diciembre del año pasado pero que en estas elecciones ha presentado sus propios candidatos.

Según las estimaciones preliminares, la capital constitucional del país, Sucre, tendrá también alcalde opositor. Según Morales, en cualquier caso el MAS ha pasado de tener 100 alcaldías a controlar unas 200.

Entre tanto la Corte Nacional Electoral (CNE) ha destacado la masiva participación ciudadana durante la jornada electoral, en la que fueron convocados a votar más de cinco millones de bolivianos. La Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) subrayó también la tranquilidad del proceso.

Aunque reconoció que esperaba poder hacerse con más alcaldías, el jefe de Estado boliviano se ha mostrado satisfecho con los resultados de estas elecciones que configurarán por primera vez un Estado plurinacional autonómico tal y como establece la nueva Constitución, aprobada en enero de 2009.

Por primera vez en la historia del país, tendrán potestad para legislar tanto los municipios como las asambleas departamentales, entre las cuales hay 23 indígenas cuyas leyes y costumbres ancestrales serán respetadas. Además las gobernaciones tendrán sus propias administraciones autonómicas.

* Artículo aparecido el 06-04-2010 en el diario español Público.

La corrupción es un delito imprescriptible en Bolivia

El mismo vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la ha definido como la “Ley Guillotina”. Desde el 1 de abril una nueva normativa en este país declara imprescriptible el delito de corrupción, y no reconoce ningún tipo de inmunidad o fuero a la hora de juzgar delitos de enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario público, incluidos “ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros”.

“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas”, afirmó el presidente Evo Morales al promulgar la Ley Anticorrupción, con la que espera recuperar casi 10.000 millones de dólares robados al Estado en los últimos 40 años.

Según el mandatario, ex autoridades del país han empezado estos días a traspasar sus bienes a otras personas. Organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han pedido el arresto de los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-02), Carlos Mesa (2003-05) y Eduardo Rodríguez (2005), y del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97), todos ellos acusados de corrupción. También estarán en la mira de la Justicia el cardenal Julio Terrazas y Guillermo Fortún, aspirante opositor a la alcaldía de La Paz en las elecciones de ayer.

La corrupción es un delito imprescriptible en Bolivia

El mismo vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la ha definido como la “Ley Guillotina”. Desde el 1 de abril una nueva normativa en este país declara imprescriptible el delito de corrupción, y no reconoce ningún tipo de inmunidad o fuero a la hora de juzgar delitos de enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario público, incluidos “ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros”.

“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas”, afirmó el presidente Evo Morales al promulgar la Ley Anticorrupción, con la que espera recuperar casi 10.000 millones de dólares robados al Estado en los últimos 40 años.

Según el mandatario, ex autoridades del país han empezado estos días a traspasar sus bienes a otras personas. Organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han pedido el arresto de los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-02), Carlos Mesa (2003-05) y Eduardo Rodríguez (2005), y del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97), todos ellos acusados de corrupción. También estarán en la mira de la Justicia el cardenal Julio Terrazas y Guillermo Fortún, aspirante opositor a la alcaldía de La Paz en las elecciones de ayer.

Evo aspira a convertir Bolivia en un Estado plurinacional*

Más de cinco millones de bolivianos fueron convocados ayer a las urnas en unas elecciones regionales históricas que permitirán la creación de un Estado plurinacional autonómico. Ésta es la primera vez que los votantes eligen de forma directa a sus autoridades departamentales, municipales y regionales en unos comicios en los que el presidente Evo Morales espera consolidar su poder.

En total se elegirán a 2.502 autoridades, entre las que se encuentran nueve gobernadores, 337 alcaldes y 1.855 concejales. Además serán designados 267 miembros de las asambleas legislativas provinciales que tendrán la facultad de legislar a nivel regional, algo que antes no sucedía.

Aunque no se conocerán los resultados hasta dentro de 15 días, los periódicos del país se hacen eco de varias encuestadoras que no dudan de la victoria del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Pando. La oposición retendría Santa Cruz (bastión de la defensa autonomista en el país ) y Beni, mientras que en disputa quedarían Chuquisaca y Tarija.

Ante una oposición desmembrada, el MAS es el único partido que presenta candidatos para todos los puestos de todo el país. Como segunda fuerza política a nivel nacional puede surgir el Movimiento Sin Miedo (MSM), que hasta diciembre fue aliado del Gobierno pero que ahora presenta candidatos propios para cuatro de las gobernaciones y para 176 municipios.

Morales, que ha descartado que pueda trabajar durante los próximos cinco años junto a la oposición, confía en reducir la abstención que en las últimas elecciones rondó el 10%.

Ésta es la sexta vez que el presidente boliviano se somete al voto popular desde que ganara los primeros comicios en 2005 con el 53,7% de los votos. En 2006 el MAS volvió a triunfar en la elección de constituyentes (50,7%). Dos años después Morales se impuso en el referéndum revocatorio de mandatos (67,4%) y también en 2009 cuando se votó la nueva Constitución (61,4%). El pasado diciembre fue elegido con más del 60% de los votos en las elecciones que lo consagraron de nuevo como presidente.

* ARtículo aparecido el 05-03-2010 en el diario español Público.