Ni el despliegue militar ni el número de soldados movilizados pudieron imponerse. El estado de excepción decretado hace un mes en el norte de Paraguay finalizó ayer sin que 1.300 soldados y policías pudieran arrinconar al Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), una pequeña guerrilla que no cuenta con más de una veintena de miembros.
El presidente paraguayo, Fernando Lugo, anunció no obstante que se mantendrá la presencia militar. “Buscaremos la figura legal para que los militares permanezcan de forma permanente en la zona”, dijo este fin de semana.
Lugo presentará hoy un informe elaborado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sobre las acciones adoptadas durante este mes en el marco del operativo “Py’aguapy” (tranquilidad en guaraní). De acuerdo con un comunicado divulgado por el Ejército, 167 personas han sido arrestadas en este tiempo, pero 90 de ellas ya estaban en orden de búsqueda y captura antes de que se decretara el estado de excepción.
Esta medida se adoptó tras la muerte el pasado 21 de abril de un agente y tres civiles a casi 400 kilómetros de Asunción, en una finca situada en los límites de los departamentos de San Pedro y Concepción.
La emboscada fue atribuida al EPP, y el Congreso, por petición previa del Ejecutivo, declaró la suspensión de garantías constitucionales tanto en estos departamentos como en los de Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Los gobernadores de la región apoyaron la iniciativa.
La guerrilla, que dice alinearse al lado de los más desfavorecidos de la sociedad, ha sido también vinculada con el secuestro durante 94 días de un rico ganadero y con una emboscada que hirió a un senador y acabó con la vida de su chófer y de su guardaespaldas
Ésta es la primera vez que se decretaba en Paraguay el estado de excepción desde el regreso de la democracia en 1989, tras la caída del dictador Alfredo Stroessner. La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) no ha dudado en reprochar al Gobierno el uso de esta medida, que la Constitución reconoce pero que se debe limitar a “ los casos de conflicto armado internacional y de grave conmoción interior, que ponga en peligro inminente el imperio de la Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella”.
Según esta organización de derechos humanos, el estado de excepción sólo ha servido como excusa para justificar “detenciones ilegales, apremios físicos, allanamientos ilegales de moradas, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes” que ya ocurrían antes en el norte del país.
* Artículo aparecido el 25-05-2010 en el diario español
Público.
Hay cumbres que no acaparan tanta atención como aquéllas a las que acuden presidentes, que pasan por ser fastuosas y grandilocuentes. Hay reuniones de menor impacto pero que con una mayor base social tratan y encuentran soluciones para problemas mucho más concretos de lo que se desprende de las declaraciones de rúbrica ministerial. Hay, por eso, organizaciones que denuncian a grandes multinacionales acostumbradas a no dar explicaciones, como Endesa, Telefónica, Repsol o Unión Fenosa.
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