Antonio Bussi es uno de los nombres
propios de la dictadura argentina (1976-1983) por la extensa estela
de horror que dejó a su paso. Este jueves falleció a los 85 años.
Estaba condenado a cadena perpetua, pero por el deterioro de su salud
tenía concedida la prisión domiciliaria, además de haber sido
eximido en otros procesos. No fueron estos sus únicos privilegios.
Bussi pasará a la historia por ser el
único alto cargo de la dictadura que al mismo tiempo se sirvió de
la democracia para seguir gobernando en la provincia de Tucumán
(noroeste del país). Se le atribuyen más de 1.000 desapariciones de
las 30.000 que dejó el régimen, al crear y dirigir él mismo unos
30 centros clandestinos en la región que gobernaba. Fue detenido
finalmente en 2003, y sentenciado por un solo homicidio cinco años
más tarde.
“Se llevó sus secretos a la tumba”,
ha reconocido la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto. Pero lo que ya se sabe de él hace enmudecer: ordenó
torturas y ejecuciones que luego ultimaba él mismo con sus manos;
ante la llegada del dictador Jorge Videla a Tucumán, expulsó a
mendigos que deambulaban por las calles y los exilió en un desierto
de la vecina provincia de Catamarca. Uno de sus pocos gestos de
humanidad fue delante de la televisión, cuando en el marco de una
investigación del juez Baltasar Garzón, lloró tras ser acusado por
la prensa de tener una cuenta en Suiza.
También pareció conmoverse en el
juicio que lo condenó a perpetua, pero no para arrepentirse.
Convencido de la necesidad de sus crímenes, Bussi no forma parte de
ese 10% de represores (235 en total) que en Argentina ha recibido una
pena acorde a los delitos de lesa humanidad que perpetró.
* Artículo aparecido el 25 de noviembre de 2011 en el diario español Público.
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