En una entrevista en exclusiva, el juez
Baltasar Garzón se refirió a la causa de investigación abierta en Argentina por
los crímenes franquistas, y a los retos de la Justicia ante la crisis en
España. El exmagistrado de la Audiencia Nacional encaró también aspectos
controvertidos de su trayectoria profesional, y además expuso su visión de lo
que significa participar en política.
-
¿Cómo fue su intervención ante el juzgado que
instruye la causa sobre los crímenes del franquismo?
-
Comparecí no sólo porque soy funcionario
argentino en ejercicio, sino también por el deber de colaboración con la Justicia. Expuse
cómo está la situación en España, y afirmé que no hay ninguna investigación
sobre los crímenes franquistas, salvo una de la Audiencia de Barcelona en
relación a un ataque de la aviación italiana considerado como crimen de guerra.
Hay otra causa sobre niños sustraídos en clínicas pero que no incluye a los
30.000 niños que fueron robados a sus familias republicanas y dados en
adopción. Por supuesto, tampoco se está indagando sobre los desaparecidos, que
constituyeron el núcleo principal de la investigación que yo mismo inicié en
España.
-
¿Qué trascendencia puede tener este proceso
abierto en Argentina?
-
Es de una importancia absoluta porque es el
último reducto que le queda a las víctimas del franquismo, una vez que el
Tribunal Supremo cerró toda posibilidad de investigar esos crímenes en marzo de
2012. La prueba es que las acciones posteriores en los juzgados no han llegado
a ningún término. Me han dicho las víctimas que los jueces ni siquiera se
personan en las exhumaciones.
-
¿No están obligados a presentarse?
-
Según ellos, en algún caso no. Sé lo que me
cuentan las víctimas, que ya no se produce ni siquiera esa presencia.
-
¿Cómo va evolucionando la causa en Argentina?
-
Tienen dificultades porque la documentación
española tarda en llegar. También tienen pendiente la declaración de varias
víctimas en España, que ya ha sido intentada en dos ocasiones, pero este lunes
me comunicaron que la declaración de las víctimas ha quedado por fin
desbloqueada. No le podría decir en qué plazo puede haber una resolución, pero
sin lugar a dudas tiene que haberla. Sobre todo después de mi comparecencia, se
puso de manifiesto que el juzgado de Argentina tiene que tomar una decisión.
-
¿Ya se han confirmado las videoconferencias
de las víctimas que están en España con la jueza María Servini
de Cubría, que instruye el caso?
-
Eso se me dijo tras mi intervención: que había
luz verde para practicar esas declaraciones en el consulado argentino en
España.
-
He tenido la suerte de estar al frente de
importantes investigaciones, y eso me ha permitido contribuir en la defensa de
las víctimas de forma universal. Los casos de Argentina y de Chile me cambiaron
la vida por un contacto con las víctimas que fue intenso y permanente. Haber
tenido la oportunidad de investigar el franquismo, o intentar hacerlo, aun
cuando me haya traído tantos quebraderos de cabeza, me ha permitido ayudar a
las víctimas. También he estado cerca de ellas al contribuir a la lucha contra
el terrorismo de España durante 24 años, a la lucha contra ETA y otras
organizaciones terroristas.
- ¿Cree que las autoridades españolas están
intentando obstruir la investigación argentina?
-
Está claro que se suspendieron las
comparecencias. Se publicó que había alguna obstaculización pero no está claro
que haya sido así. En todo caso, la prueba del algodón llegará cuando tengan
que contestar una petición de cooperación judicial internacional o cuando se
les pida apoyo para realizar esas diligencias. Si no hay incidencia, podremos decir
que no están colaborando. No tendrían que tener ningún inconveniente porque las
investigaciones en España están cerradas.
-
Dadas las dificultades que usted tuvo para
investigar los crímenes franquistas en España, ¿no considera que las
autoridades españolas intentarán impedir la de aquí se lleva a cabo?
-
Espero que no. En todo caso, no tienen vía para
hacerlo porque el consulado y la embajada son territorio argentino.
-
Pero el embajador argentino de Madrid llegó a
pedir a la jueza que suspendiera las videoconferencias.
-
Desconozco cuál fue la razón de esa suspensión.
No me consta que fueran autoridades españolas. Sí me consta esa declaración del
embajador con la jueza. Y
también me consta que él acaba de informar de que ya no hay obstáculo para
realizar esas diligencias.
Investigar en España
-
¿Cree que en España será posible algún día
juzgar el franquismo?
-
¿Penalmente?
-
Sí.
-
No creo. El Tribunal Supremo ha sido brutalmente
claro. La aspiración en este momento debe ser la de formar una comisión de la verdad. Cuanto más
pronto mejor, porque las víctimas directas están falleciendo y se nos acaba el
tiempo. En el ámbito civil, serían necesarias iniciativas de reclamación,
reparación e indemnizaciones, y en el ámbito contencioso administrativo, la
aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, que cita la posibilidad
de otro tipo de acciones judiciales. Por tanto, si la opción penal está cerrada
en España, tenemos que esperar a lo que suceda en Argentina. En el Tribunal
Europeo de Derechos humanos han rechazado algunas iniciativas en ese sentido,
pero siempre puede haber una decisión política para que se abra esa posibilidad
a través de la ley correspondiente.
-
¿Es probable esa decisión política?
-
No, falta absoluta voluntad. Los responsables y
la clase política española no quieren ni oír hablar de eso. El PP no votó a
favor de la así llamada Ley de Memoria Histórica. En el ámbito de la comisión
de la verdad estamos trabajando para que en su momento esa ley sea posible. Es
necesaria. Ahí los ciudadanos pueden conseguir el impulso legislativo a través
de la acumulación de 500.000 firmas. Y si no, hay otros mecanismos a través de
comisiones en las comunidades autónomas o con fórmulas de justicia transicional
y restaurativa, que son las que se están intentando.
-
Pongamos que se reúnen ese medio millón de
firmas.
-
La respuesta en este momento del Parlamento
sería “no”. Pero como esperamos no sólo 500.000 firmas, sino muchas más, algún
partido político tendría que asumir ese compromiso. Y en todo caso, los
ciudadanos podemos y tenemos la obligación de que eso se produzca.
-
¿Cree que en España podría suceder lo que
ocurrió aquí en Argentina, en donde se están juzgando los crímenes de su propia
dictadura (1976-1983)?
-
Nunca se podría decir que no pueda suceder, pero
la situación es diferente. Hay mucho más tiempo de por medio, hay menos fuerzas
del movimiento asociativo y de derechos humanos. Pero la voluntad de la
Justicia puede ser obtenida como en su momento se obtuvo aquí. Después de que
España iniciara esas investigaciones sobre la dictadura argentina, cuando aquí
no se podía hacer, es verdad que hubo un impulso político de Néstor Kirchner a
través del poder ejecutivo que fue seguido por el legislativo y finalmente por
el judicial, declarando la nulidad de las leyes de impunidad.
-
¿En España se puede producir esa evolución?
-
Yo espero que sí. Los movimientos de víctimas y
organismos de derechos humanos estamos haciendo lo imposible por motivar la
voluntad de quienes tienen que tomar esa decisión, y hay fórmulas para
conseguirlo, y hay políticos que están comprometidos con eso y tienen que
demostrarlo. A partir de ahí, si la opción es proponer una ley, apoyemos a
aquellos que desde la política están diciendo que lo van a hacer.
-
¿Como quiénes?
-
Hay movimientos sociales, plataformas y algún
partidos que están posicionados, como Izquierda Unida, Izquierda Abierta, y
Equo. Los grandes partidos, desde luego, no. Pero eso es un problema para todos
y sobre todo, un problema de conciencia para ellos, porque el planteamiento
sobre la transición se quedó viejo, y se ha demostrado que no ha sido bueno en
muchos ámbitos.
-
¿En el de la impunidad, por ejemplo?
-
En ese aspecto ha sido nefasta, porque ha
demostrado que queda abierta esa herida, un abismo derivado de las acciones
delictivas del propio sistema del régimen franquista al que nunca se le ha dado
respuesta. Nadie ha pedido perdón en España desde los ámbitos oficiales. Nadie
se ha preocupado del amparo de las víctimas hasta la ley de 2006 [de la Memoria Histórica]
en la medida en que lo hace. Nadie ha propiciado la acción de la Justicia. La ley de
Amnistía ni siquiera se ocupó de este tema. Hay un déficit social e
institucional muy importante y las víctimas han tenido máximas dificultades,
exceptuando el apoyo de algunas comunidades autónomas y a nivel local. Esto
parece inverosímil después de tantos años. Todavía hay gente, más de 70 años
después, cuyo comentario más favorable es “están bien muertos, están bien
enterrados, y no nos interesa”. Eso es muy duro para las víctimas.
-
¿Fue buena la Ley de Amnistía de 1977?
-
Fue buena para los casos en los que se pensó.
Pero para los crímenes franquistas no se pensó en ningún momento, ni se
debatió, ni se discutió.
-
¿Fue buena como instrumento de engranaje para
la transición?
-
La Ley de Amnistía fue para las víctimas, no
para los victimarios, salvo para algunos en el ámbito del terrorismo. El resto
eran líderes sindicales y políticos que habían sido condenados por el Tribunal
de Orden Público. ¿A qué general, político o personaje de una organización paramilitar
se le aplicó esa ley? A ninguno. Ni se planteó. No deja de ser un sarcarmo que
se diga que hay una Ley de Amnistía en España.
-
¿Podría llegar a ser declarada
insconstitucional?
-
Creo que no. La Ley de Amnistía no obstaculiza
la investigación de los crímenes franquistas porque ninguna normativa, y la
jurisprudencia nacional e internacional es muy clara al respecto, puede
aplicarse a crímenes de lesa humanidad, de genocidio o de crímenes de guerra.
Una de las últimas sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos referida a las masacres del Mozote en El Salvador, de
diciembre de 2012, es absolutamente clara. Dice: “una ley de amnistía no puede
impedir la investigación efectiva de los hechos”. Es un derecho absoluto de las
víctimas. Por eso la Ley de Amnistía española no es incompatible, porque además
los crímenes se siguieron cometiendo como delitos permanentes. No fue así
interpretado por el Tribunal Supremo, habida cuenta de que me abrieron un
procedimiento penal, me imputaron, me sometieron a juicio oral y luego me
absolvieron, como era evidente. A lo mejor había que preguntarse por qué razón
se inició ese procedimiento, se avanzó con toda clase de irregularidades en la
instrucción con el juez Luciano Varela, hasta que finalmente llegó la absolución.
-
¿Valió para algo?
-
Sí, para algo fundamental. Para que por una vez,
y ante el Tribunal Supremo, las víctimas tuvieran voz y le dijeran a un
tribunal judicial lo que había pasado con sus seres queridos, y así hablaran de
la represión y de los crímenes de los que habían sido objeto. El proceso
también sirvió para escenificar la impunidad.
-
¿Esperaba, entonces, su absolución en la
causa que le abrieron por investigar el franquismo?
-
Era evidente. No había ningún motivo para la
condena, como tampoco la hubo para el caso Gürtel.
-
¿La condena en esa causa no la esperaba?
-
Ésa sí. Por eso se antepusieron los juicios, se
cambiaron, se retrasaron. Todo estaba perfectamente adecuado para lo que tenía
que suceder. Se creó el delito para la condena. En el caso del franquismo, era demasiado
brutal que hubiera una condena para quien había intentado investigarlo.
-
¿Se utilizó el caso Gürtel de tapadera?
-
No. Hubo tres causas sincronizadas, actuando
como una especie de orquesta bien armonizada, con espacios, silencios, avances, adelantos. Creo que la
mejor muestra es lo que aconteció, y ahí está todo dicho. En el momento en el
que me condenaron en la
causa Gürtel, el 9 de febrero de 2012, se archivó la causa
que me abrieron por las conferencias en Estados Unidos, y me absolvieron en la
del franquismo.
-
En el último programa televisivo de Salvados,
el juez Javier Gómez Bermúez dijo que consideraba su condena justa, pero que al
mismo tiempo lo habría indultado. ¿Cuál es su opinión?
-
Es una afirmación que él sabrá por qué la hace,
pero de todo lo que ocurrió en ese caso y a la vista del juicio que se celebró,
no se puede hablar de justicia en una condena cuando se prescindió de todo el
contenido del juicio oral y cuando se creó un delito inexistente en España. No
es que yo quiera que se extienda a otros, pero mis medidas fueron ratificadas
por el juez que me sustituyó, y ampliadas. Sin embargo, nadie le abrió un
procedimiento. Y los fiscales fueron contestes conmigo y pidieron la
continuación del proceso, y tampoco fueron molestados. ¿Por qué a mí? ¿Por qué,
cuando se habían adoptado todas las medidas para proteger, y por qué el
material que se obtuvo ni siquiera se utilizó? Espero que el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos pueda decir algo.
-
¿Y en cuanto a su comentario sobre el
indulto?
-
La organización Medel, que aglutina a 15.000 jueces
y fiscales en toda Europa, pidió mi indulto hace ya casi un año, pero el
trámite está paralizado en el Ministerio de Justicia. Tampoco me preocupa
demasiado, porque mi trabajo lo sigo haciendo en el área de los derechos
humanos. Si Gómez Bermúdez opina que se tiene que conceder el indulto, es su
opinión. Yo no me siento necesitado de él porque no tengo conciencia de haber
cometido un hecho delictivo.
-
¿Qué opina de este juez?
-
Me merece el máximo respeto. Que tengamos
posiciones discrepantes en algún punto no quiere decir que no le reconozca como
profesional de la
Justicia. La labor que hizo en el juicio de los atentados
terroristas del 11-M fue muy meritorio.
-
¿Y cuál es su parecer sobre Fernando Grande-Marlaska,
actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional?
-
Lo mismo, es un buen profesional. Mi relación
con él es correcta.
Los desafíos de la Justicia española
-
¿Cree que la judicatura en España es una de
las instituciones más limpias del país?
-
Creo que es una institución en la que la
independencia está bien arraigada, pero que debe de cambiar en muchas de sus
estructuras. Debemos avanzar hacia un sistema en el que el fiscal sea el que
dirija la investigación en el ámbito penal. Debe cambiarse el modelo del
Consejo del Poder Judicial. Debe haber más participación de los ciudadanos en
el mismo y en el control y dirección de la Justicia. Más
transparencia, más gestión desde fuera de la gestión judicial, rendición de
cuentas, consejos de participación ciudadanos, implicación de estos en la lucha
contra la corrupción, y todo ello en un poder judicial cuya independencia e
imparcialidad esté garantizada.
-
¿Cuál es el mayor problema de la Justicia en
España en este contexto de crisis?
-
Que no se dispone de los medios necesarios y de
la voluntad para combatir la criminalidad económica y la corrupción. Y que
algunas formaciones políticas ejercen demasiada presión contra algunos jueces
que están investigando la
corrupción. Es muy peligrosa la situación en España, porque
los jueces tienen que tener garantizada su independencia, y los fiscales, la
posibilidad de actuar. Cuando desde el Gobierno o desde una formación política
se incide permanentemente en escrachar a los jueces o fiscales que investigan
la corrupción, se hace muy difícil.
-
¿Su caso es un ejemplo?
-
Cuando se inició la investigación de Gürtel,
todo el PP y los círculos mediáticos de su entorno salieron en tromba contra
mí. Luego ha habido declaraciones que demuestran que se intentó hacer lo mismo
con el juez siguiente, y el fiscal del caso Arena dijo públicamente ante el
tribunal que juzgaba ese caso que el PP estaba presionando a los fiscales que
investigaban los casos de corrupción. Lo grave es que no se proteja la
independencia de los jueces para investigar esos temas, porque ello impide la
regeneración del propio sistema democrático, sobre todo cuando se refiere a
casos de corrupción política. A eso se suma la investigación en el ámbito
económico y financiero que afecta a entidades bancarias, y a temas específicos
como las acciones preferentes. La respuesta de los ciudadanos tiene que ser
inmediata y eficaz, porque el perjuicio es irreparable.
-
¿La Justicia tiene ahora más frentes abiertos
de los que puede cubrir?
-
Cuando la crisis económica aflora, y se ven
actividades que exceden lo que es legal, y productos financieros que son
posibles estafas o delitos societarios, la Justicia tiene que responder. Y si
no lo hiciera, sería muy grave. Más cuando el mecanismo diseñado ante las hipotecas
no establece ningún sistema de protección de los afectados, cuando ves que los
desahucios injustos, aunque pueden ser formalmente legales, no reciben ningún
tratamiento por parte de la clase política y tiene que haber varios suicidios
para que se pongan en marcha esos mecanismos. La gente empieza a preguntarse
entonces qué hacen las instituciones que, atentas a la formalidad y a sus
propios problemas, no protegen a los ciudadanos. Se presentan muchos recursos
ante la Justicia porque están fallando otros ámbitos en ese equilibrio de
poderes. Al acudir a los jueces de forma masiva, se pueden bloquear los
procedimientos. Si a ello le añades la presión mediática, institucional y de
corporaciones que pueden verse afectadas, la situación es bastante peligrosa.
-
¿Cómo se ejerce esa presión?
-
Habría que preguntarle a ellos. Otra cosa es que
tú te dejes presionar. Pero no es algo difícil de comprobar: sistemáticos
ataques sin ningún fundamento a jueces y fiscales que están investigando;
permanentes acusaciones contra los mismos. Las descalificaciones de las
investigaciones hace que los jueces y fiscales se sientan presionados como
personas humanas que son. Hay una obligación proteger esa esfera, y las
instituciones tienen la obligación de respetar y de propiciar esas investigaciones.
No pueden partir de decir: “esto no tiene nada que ver con nosotros, esto es
muy liviano” o “estos papeles no valen porque son fotocopias”. Tiene que haber
una actitud proactiva. Si hay una acusación muy fuerte, como es en el caso
Gürtel, lo que hay que hacer es colaborar al máximo.
-
¿Debemos esperar la ayuda de la UE?
-
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo emitió una
resolución en la que hacía referencia, tras un recurso interpuesto por un juez
de Barcelona, a que no estaba garantizado el derecho de defensa ante los
desahucios, y exigía que fuera así. También ayuda la posición de los jueces de
El País Vasco y de otros lugares. Esa actitud más abierta y masiva de los
jueces ha conseguido que se defienda lo que es un clarísimo atropello a las personas
y a la dignidad humana mediante unas escrituras de hipotecas que son leoninas y
unos interesas abusivos que se concretan en la pérdida del bien y en la
persecución de la persona incluso después de la pérdida de ese bien. Ahí la
Justicia ha intervenido, como también en las preferentes. Son muchos miles de
millones de euros los que se han volatilizado.
Intervención política
-
Una de las soluciones que ha mencionado es la
de incidir en la política.
-
Los partidos políticos tienen que tener claro
que aunque les afecte, como estructura tienen que estar a favor de las
investigaciones y no de su obstaculización. Son personas jurídicas especiales
que tienen un plus de transmisión ética hacia los ciudadanos porque los
representan. No pueden ser oscuros, tienen que ser abiertos aunque alguno de
sus representantes pueda estar implicado. Si eso no se hace así, todo se
desnaturaliza.
-
¿Hay algún partido político con el que se
sienta más afín?
-
No, yo siempre he sido independiente. Mi
ideología se enmarca en el marco de la izquierda progresista que aboga por un
Estado de bienestar, por un nuevo enfoque en la distribución de la riqueza, por
la desaparición de tantas diferencias sociales, por una mayor participación
directa de los ciudadanos en la política, por el control de las instituciones,
por su transparencia, por un contrato electoral claro de los políticos con los
ciudadanos, y por una verticalidad mucho más directa del ciudadano con los
partidos.
-
¿Qué partido se acercaría más a eso?
-
Hay más iniciativas en el área de la plataforma
de la izquierda que en el centro derecha. Se puede conseguir una posición muy
abierta en la que se integren ideologías progresistas. Hay que prestar mucha
atención a la propia estructuración social de los movimientos que se están
produciendo, sobre todo después del 15-M, en España y en el mundo. Hay formas
diferentes de hacer política pero es necesario que se produzcan y que la gente
se comprometa.
-
¿Usted se presentaría en la lista de algún
partido?
-
No, la participación política no implica ir las
listas. Ése es uno de los paradigmas que hay que quebrantar. En España se dice
“participo en política” y la pregunta a continuación es: “¿y con qué partido
vas, en qué posición, en qué lista?” No voy en ninguna, sólo quiero que las
cosas cambien. Hay mucha gente que como yo piensa que ya es el momento, y que
ya está bien.
-
Así que no se metería en una lista.
-
No. Puedo apoyar algunas opciones. Quien haga
ese contrato electoral con los ciudadanos, tenga un decálogo y unas posiciones
establecidas, y se comprometa de forma activa firmándolo con los ciudadanos,
sí, contará con mi ayuda y con la de muchos otros. Se sorprendería de cuánta
gente hay.
-
¿Por qué llegó a incorporarse al PSOE entre
1993 y 1994?
-
Me incorporé como independiente a las listas del
PSOE. Nunca tuve el carnet de ningún partido, ni lo voy a tener. Mi compromiso
fue claro con el ex presidente Felipe González y con los ciudadanos. Yo me creo
los programas electorales y las promesas que se hacen durante la campaña
electoral. Eso es lo que procuré cumplir cuando estuve. Cuando no fue posible,
presenté mi dimisión expresando por qué razón no podía continuar. Se me pidió
seguir porque ya mejoraría la situación, pero dije que no, porque si no se
puede o no se quiere cumplir con los ciudadanos hay que reconocerlo, y que sea
otro el que tome el testigo y siga adelante. Ya sabe que después se contaron
muchas historias, pero la prueba es que hoy no estoy en ningún partido ni tengo
aspiración a ningún cargo. Lo que hay que defender son las ideas y transmitir a
quienes quieran seguirlas esa posición. Además, las luchas internas y
cuchilladas que se pegan unos a otros no me interesan. Eso no es política,
aunque sea la que muchos practican porque creen que es la única que se puede
practicar.
-
Al respecto, el ex vicepresidente Alfonso
Guerra acaba de publicar el tercer tomo de sus memorias y le ha acusado de
pedir en aquella época su sueldo en negro.
-
Recuerdo que cuando nos incorporarnos el juez
Ventura Pérez Mariño y yo por fuera de las estructuras del PSOE, el partido nos
facilitó una oficina electoral que estaba cerca de la calle Ávila en Madrid, y
nos dio una cantidad para gastos electorales que creo recordar eran unas
300.000-400.000 pesetas. Con eso estuvimos trabajando en la campaña electoral.
En 1995 salió alguna información contra mí, al hilo de la investigación de los
GAL, sobre que se habían cobrado fondos reservados. Lo que hice en ese momento
fue denunciar esos hechos ante el Fiscal General del Estado para que los
investigara, por si eran hechos delictivos, para que procediera contra quienes
hubieran usado esos fondos o cualesquiera otros. Me temo que esa parte no va a
aparecer en el libro del señor Guerra, lo que deja mucho que desear. Yo hablo
con documentos y no con diarrea mental, como algunos hacen.
Retrospectiva de una trayectoria
-
¿De qué aspecto de su carrera se siente más
orgulloso?
-
De haber sido coherente con mis posiciones y mis
convicciones. Siempre he entendido la profesión judicial como una entrega y de
servicio público a los ciudadanos, y también como una defensa clara a las
víctimas. He procurado aplicar la Justicia por y para el pueblo. Puede parecer
una afirmación muy elemental, pero a veces lo más elemental es lo real. Yo me
he creído que el juez tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y dar
todo lo que tiene de sí. Por tanto, sí me considero satisfecho de mi profesión
en todos los ámbitos.
-
¿En alguno en particular?
-
Sobre las críticas que recibió desde algunos
ámbitos vascos por su actuación en ese sentido, ¿cómo lo juzga ahora?
-
Lo tengo muy claro y lo dejé expresado en mis
resoluciones, las cuales pueden ser acertadas o no. En todo caso, están los
tribunales para confirmarlas o revocarlas. Siempre busqué la investigación de
un delito, no de un entorno que no tuviera nada que ver ni con una ideología ni
con una tendencia.
-
¿Por qué ordenó el cierre del diario Egin?
-
Fue con base a unos indicios sólidos desde mi
punto de vista, como después se comprobó. La extensión que se dice al ataque de
la cultura vasca yo no la veo, porque se investigó el entorno en tanto formaba
parte integrante de la misma estructura de ETA. No se me ocurrió indagar a
Bildu o a otras estructuras que después el Tribunal Constitucional dijo que no
tenían nada que ver. Cuando tuve que investigar a Batasuna, lo hice porque
había elementos claramente establecidos que la vinculaban como parte integrante
de ETA, y lo mismo con Acción Nacionalista Vasca (ANV). Así ha sido reconocido
por el Tribunal Superior y por el Tribunal de Estrasburgo. Hubo prudencia,
aunque si lo sometes a consideración de los afectados, muchos de ellos
discreparán.
-
¿Hay algún aspecto de su trayectoria del que
se sienta menos orgulloso?
-
De las veces que me haya podido equivocar,
produciendo perjuicio a las personas.
-
¿Algo en concreto?
-
No, lo digo en carácter general, porque las
medidas que he tomado siempre he procurado que fueran prudentes y racionalmente
defendibles y condenadas. Ha habido ocasiones en que después mi decisión no ha
sido confirmada por un tribunal superior y ese perjuicio que se ha podido
producir a mí me afecta, porque es un tiempo y son unas condiciones que han
podido causar daños. De eso no me puedo sentir contento.
-
¿Querría volver a ejercer como juez en España
tras los 11 años de inhabilitación a los que fue condenado?
-
Yo sigo siendo juez, siempre he querido serlo.
Cuando llegue ese momento, tomaré posesión. Otra cosa es que siga ejerciendo.
* Entrevista publicada el 30 de mayo en tres partes en el diario español Público.
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