678 - Intervención el 26 de mayo de 2014 sobre las elecciones europeas y el partido Podemos

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La Justicia argentina desembarca en España para investigar los crímenes del franquismo

El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires ha corroborado a Público la llegada a España de la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo, mientras que la querella celebra que a última hora se haya dispuesto el viaje del fiscal público Ramiro González.

 

 

La jueza estará en España dos semanas para tomar declaraciones procesales, en principio, a nueve testigos de la dictadura. "Vamos a tomar el testimonio de algunas personas que están impedidas de concurrir a los consulados argentinos, sea porque son de avanzada edad o porque no pueden pagarse un pasaje", adelantó a este diario el secretario de Servini, Alfredo Mangano. "Vamos a ir a la Audiencia Nacional a ver si autoriza la medida, pero no debería tener ningún problema porque son cuestiones probatorias".

El secretario de la magistrada, reacio en general a hablar con los medios de comunicación, explicó que la jueza visitará a los declarantes en sus propios domicilios, lo que implicará varios traslados por el territorio español. "Eso va a impedir que realicemos más visitas que contábamos con hacer. Lamentablemente, no da para todos", admitió.

Harán "inspecciones oculares en algunos lugares" como en un cementerio malagueñoAunque pueden surgir modificaciones en la agenda, el equipo argentino tiene pensado entrevistarse con dos testigos de Madrid, con otros tres en Sevilla, con una persona más en Miranda del Ebro (Burgos) y con tres más en Euskadi, en concreto, en Busturia y Etxebarria (Vizcaya).

Mangano también confirmó que realizarán "inspecciones oculares en algunos lugares", uno de los cuales es el cementerio de San Rafael, en Málaga.

Viaje a la mayor fosa común de España

En el segundo de los cinco exhortos emitidos desde que comenzara la causa el 14 de abril de 2010, la jueza ya adelantaba su interés por este camposanto clausurado en 1987, en donde 4.471 personas fueron fusiladas y enterradas en fosas comunes.

Por eso, el cementerio es considerado la fosa más grande de España: un panteón alberga los restos encontrados de 2.840 fusilados, exhumados entre 2006 y 2009.

Servini de Cubría reclamaba al Juzgado Decano de Málaga, en su notificación del 13 de diciembre de 2011, que informara sobre si se habían abierto "diligencias por las exhumaciones practicadas en el antiguo cementerio de San Rafael, Málaga, solicitando a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Universidad de Málaga informen sobre las mismas".

También pretende acudir al Archivo Histórico Nacional de Madrid La magistrada recuerda este exhorto que quedó sin respuesta, y por ello ha decidido visitar ella misma el cementerio. También pretende acudir al Archivo Histórico Nacional de Madrid, tal y como ha ratificado el abogado argentino Máximo Castex, que impulsa la querella desde Buenos Aires y que acompañará a la jueza en sus trayectos.

"Servini pidió autorización para viajar mediante resolución fundada, y ésta fue autorizada, primero, por la Cámara de Apelaciones Federal de la que depende el juzgado de la magistrada, y en una segunda instancia, por la Corte Suprema", aseveró Castex.

El fiscal público toma parte activa en la causa

Además de la jueza, que estará asistida por dos secretarios de su juzgado, el fiscal público Ramiro González ha sido autorizado por la Procuración Nacional de Argentina a acompañarlos, según revela el representante de las víctimas. "Esto es una suerte de respuesta a las últimas resoluciones de la Audiencia Nacional. Ante su rechazo a las extradiciones, la respuesta de la Justicia argentina ha sido la de tomar más medidas y emprender más investigaciones", elogia Castex.

Ramiro González llegaría a España en los primeros días de la semana entrante. "Tengo conocimiento de que el fiscal presentó además un requerimiento fiscal de instrucción que elevó a la jueza", confía el abogado. En esa presentacion-acusación del fiscal, si bien no han trascendido detalles, se describen los hechos que investiga la causa, se individualiza a los responsables y se hace una mínima calificacion legal. "No ha pedido medidas por ahora, pero eso posiblemente venga con posterioridad al viaje", concluye Castex.

* Artículo aparecido el 29 de mayo de 2014 en el diario Público.

"Se nos están muriendo los querellantes, las víctimas y los victimarios"

"Repudiamos la decisión de la Audiencia Nacional de no conceder la extradición de los torturadores Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño)". Los tres querellantes que dieron origen a la causa en Argentina contra los crímenes franquistas están sentados juntos en una cafetería de Avenida de Mayo, en Buenos Aires. Han comenzado a diseñar algunas estrategias con las que darle un nuevo impulso al proceso, pero algo dejan traslucir durante la conversación: cierto desánimo, quizás, que admiten a regañadientes.

Los querellantes originales de la causa en Buenos Aires (A.D.P)

Ellos aventuran que algún juez de la Audiencia Nacional podría atreverse a conceder nuevos pedidos extradición procedentes de Argentina. Pero son conscientes de que ese mismo tribunal es el que toma los crímenes de lesa humanidad del franquismo como delitos aislados, y por tanto, prescritos.
Los tres desafían, a quien cuestione la naturaleza de los crímenes franquistas, a que acuda a la querella que la jueza María Servini de Cubría investiga en Buenos Aires. "El plan sistemático de genocidio está demostrado en la querella que presentamos. Están reflejados en los dichos de generales como Emilio Mola, o en la existencia de fosas comunes", sostienen Inés y Adriana.


El más implacable en su discurso es Darío Rivas, el hombre que inició en los juzgados argentinos la única causa que se tramita en el mundo por los delitos del franquismo. "Franco vive en España. La Justicia española está llena de descendientes de jerarcas del régimen. Los capitalistas españoles son herederos del capital extraído tras la guerra civil", acomete con 93 años quien fue hijo de Severino Rivas, ex alcalde de Castro de Rei (Lugo) fusilado en 1936 por los falangistas. "En España no existe la Justicia, desde el momento en el que vamos contra una dictadura latente.
Franco dijo que dejaba todo atado y bien atado, porque puso las leyes y el Gobierno".

Es frecuente oírle hablar de la monarquía, sobre todo "del nieto del traidor Alfonso XIII, que tenía que haber abdicado antes de huir de España, de acuerdo a la ley, pero que sin embargo se llevó el título y dejó que el pueblo se peleara en una guerra civil". El nonagenario acusa, desde su traje impoluto y su mirada acuosa y recóndita, siempre inquieta: "En España, el Quijote se murió, y quedaron sólo los Sancho Panza. La gente se sigue inclinando hacoa el rey, que es un degenerado y un inmoral, un mal ejemplo para el país", añade.

Darío Rivas juntó en 2013 cinco mil firmas de apoyo a la causa y fue a presentarlas en la embajada de España en Buenos Aires, junto con la fundadora de Madres Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Lo dejaron a las puertas del edificio, sin dejarlo pasar. En una frase, el anciano resume una de las paradojas del país que lo vio nacer. "Franco fue el criminal más grande del siglo XX, y todavía lo seguimos discutiendo".


Una generación callada por el terror

 "Siempre tendremos el ejemplo de los procesos que se dieron aquí por la dictadura argentina" concede Adriana. "Pero en España el proceso es más costoso porque es una dictadura más larga. Lo malo es que se nos están muriendo los querellantes,  las víctimas y los victimarios, y quizás no podamos ver en España un Videla que termine falleciendo en una cárcel común. Estamos ante un genocidio encubierto".

"En España no existe la Justicia, desde que vamos contra una dictadura latenteEsta mujer hizo descubrir a su propio padre, en 2011, que su abuelo Antonio Fernández González había sido asesinado y sepultado en una fosa común. "Mi padre contaba que su padre estaba enterrado en la montaña de manera natural porque creía que era la manera en que se inhumaban los restos de algunos campesinos. Él mismo araba esas tierras, y decía: ‘donde el pasto crece más verde y más alto, ahí está'".

Así viajaron a España para exhumar su cadáver, y cerca del suyo, descubrieron tres cuerpos más. El padre de Adriana murió al poco tiempo de un cáncer repentino. "Su enfermedad fue el último coletazo que yo recibí del franquismo", admite. "Él cerró su historia solo, no pudo exteriorizarla".
Hay documentadas 114.000 fosas comunes en todo el territorio español. "Las víctimas van a estar sepultadas en el olvido, así que es someterlas a una doble muerte. La generación de los hijos, con todo el terror, ha quedado callada completamente", finaliza la querellante. "Pero los nietos somos los que queremos saber qué sucedió con nuestros abuelos, al revés que en Argentina, que son las abuelas quienes buscan a los nietos. El Estado español no se hace cargo ni de sus crímenes ni de sus muertos".


Escrache público

 
"Como la Ley de Memoria Histórica está tan lavada, el Congreso podría tomar medidas como la de anular los sumarios, que están en los archivos militares", intercede Inés, que se incorporó a la causa para pedir justicia por su tío y dos tíos abuelos. "En este momento, personas como el padre de Darío o mis tíos están procesados por traición a la patria o por auxilio a la rebelión. Podrían declarar nulas esas mentiras, pero tienen miedo de que se venga un periodo de indemnizaciones".

Hay documentadas 114.000 fosas comunes en todo el territorio español Los tres querellantes admiten la posibilidad de acudir a alguna instancia internacional para apelar por las extradiciones que ha rechazado la Audiencia Nacional, aunque no anima el antecedente que dejó marcado el tribunal Europeo de DDHH en Estrasburgo en 2012, cuando rechazó una demanda contra el Estado español, al estar presentada "fuera de plazo", por la desaparición durante la Guerra civil de un diputado socialista.

Sí se están moviendo, en cambio, para recibir el apoyo del Corte Suprema de Argentina e incluso del poder Ejecutivo que encabeza la presidenta Cristina Fernández. "Vamos a proponer, además, que se recolecten en España los datos de las personas que firmaron sentencias", remata Inés. "Así que mandaremos un proyecto para que todos aquellos que las tengan remitan los nombres de los que las firmaron y los lugares de los que vienen, a modo de escrache público".


* Artículo aparecido el 12 de mayo de 2014 en el diario español Público