"Sólo podrá pararse a Israel con la justicia universal"

La primera denuncia interpuesta en Argentina contra el Estado israelí por los crímenes cometidos en Gaza no será un hito aislado. El abogado argentino Carlos Slepoy, que participa en la causa contra los crímenes del franquismo abierta en este país, prepara una querella para que se condene a Israel por delitos de lesa humanidad.

Slepoy impulsó en España los juicios contra los crímenes de las dictaduras argentina y chilena, y consiguió que se enjuiciara en España al militar argentino Adolfo Scilingo, condenado en 2007 por el Tribunal Supremo a 1.084 años de prisión por ser responsable, entre otros delitos, del asesinato de 30 personas que fueron arrojadas al Río de la Plata en dos vuelos de la muerte.

Pero no hace falta remontarse a dictaduras pasadas para encontrar crímenes imprescriptibles. Un Estado, formalmente democrático, hace pocas semanas bombardeó la Franja durante 50 días y mató a más de 2.100 personas en lo que denominó la operación Margen Protector. De visita en Argentina, Slepoy presentará en los juzgados de Buenos Aires una querella penal, junto con abogados de la Asociación Americana de Juristas entre los que están Beinusz Smuckler y Carlos Tobal, para que Israel sea juzgado "por delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio", tres figuras penales que no prescriben.

"En todo el mundo hay mucho espanto ante la impunidad absoluta con la que cuenta Israel para desobedecer las resoluciones de la ONU y para provocar masacres sistemáticamente, aparte de avances sobre los territorios ocupados y la instalación de colonias", expone Slepoy a Público. "Frente a esta realidad, mucha gente se pregunta cómo se para esto. La Corte Penal Internacional no va a actuar, primero, porque ni EEUU ni Israel son parte de su Estatuto. Por otra parte, Palestina no está reconocida como Estado".

- ¿No habría otra posibilidad?

- La otra alternativa sería crear un tribunal penal internacional ad hoc, como se hizo para Yugoslavia, para Ruanda o para Sierra Leona. Pero esto requeriría o una decisión de la Asamblea General de la ONU o una resolución del Consejo de Seguridad. Vuelve a ser muy remota la posibilidad de que esto suceda.

- Su propuesta es clara, dada su trayectoria profesional: la justicia universal.

- Nuestra pretensión es que se abra un procedimiento aquí, otro en España, que se abran en Chile, en México y en todos los países que pueden ejercer la jurisdicción universal con respecto a estos crímenes, para que puedan ser perseguidos de forma múltiple y concertada. Y en caso de que alguno consiguiera la detención de alguno de los responsables, que se determine cuál es el tribunal en mejores condiciones para juzgar.

- ¿Por qué promueven la querella en Argentina?

- En Argentina hay ahora dos procedimientos abiertos: el del franquismo y otro sobre los crímenes en Paraguay. Antes de la querella por los delitos franquistas no existía nada. Cuando se interpuso, la jueza archivó la causa. Hubo que recurrir y al final la Cámara Federal la abrió de nuevo. ¿Qué va a pasar con esta nueva querella? Vamos a ver. Aquí en Argentina hay ya una primera denuncia presentada en Córdoba que es muy importante. Vamos a colaborar juntos, podrían unirse las causas en un futuro. Lo interesante es que, no siendo ninguno jurista, aquellos demandantes apelaron al principio de justicia universal.

- La diferencia con su iniciativa es que ustedes presentan una querella, que es distinto de una denuncia.

- Sí, lo que implica que participarán víctimas o familiares de víctimas, sin perjuicio de que haya asociaciones palestinas y organismos de derechos humanos.

- La querella va dirigida contra la cúpula política y militar Israelí, como la denuncia de Córdoba.

- En principio nosotros pedimos la captura internacional del primer ministro Benjamín Netanyahu, los ministros Avigdor Lieberman (Asuntos Exteriores) y Moshé Yalon (Defensa), el jefe del Ejército, general Benny Gantz y el vicepresidente del Parlamento e ideólogo del plan de exterminio, Moshe Feiglin, porque son los que aparecen claramente como ejecutores del plan. Pero una vez abierto el procedimiento declaran testigos, expertos, se acumulan pruebas y eventualmente pueden surgir nuevos responsables. 

- Ahora, en Argentina es considerable la influencia de grupos de presión judíos.

- Presuponemos que habrá una reacción de la comunidad judía aquí y de la de Israel, que atribuyen los crímenes a los atentados producidos por Hamás. El represor siempre busca justificaciones. La dictadura argentina decía que se veía obligada a desaparecer a la gente porque los subversivos cometían delitos y atentaban contra el ser nacional.

 Pero estos crímenes no tienen justificación alguna. La desproporción de medios entre una y otra parte es tremenda: 64 muertos israelíes frente a más de 2100 palestinos. Y aparte está el tema de los niños.

Parece que se puede matar niños y destruir barrios enteros sin que haya ningún tipo de sanción, como si viviéramos en un lugar donde no existiera el derecho internacional, en donde no hubiera existido un tribunal de Núremberg. En la querella, van a constar los nombres de todos los asesinados que se conozcan, y sobre todo de los niños. Tenemos ya una lista elaborada por Save The Children con el nombre y edad de 373 niños.

Alcance de la justicia universal

 

- En este mundo sin aparente derecho internacional, ¿qué cabida ha tenido la justicia universal?

- Al calor de la detención de Pinochet en 1998, un fiscal apeló la decisión del juez Baltasar Garzón planteando que era incompetente. En octubre arrestaron a Pinochet y en noviembre la Audiencia Nacional se declaró por unanimidad competente para investigar los crímenes en Argentina y Chile y, por tanto, consagrando la idea de la justicia universal que ya estaba en los textos españoles.

- ¿Y hubo un cambio de rumbo?

- Se creó una enorme expectativa. La primera en interponer una querella, tras aquello, fue la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que en 1999 denunció un genocidio en Guatemala. Un juez se declaró competente pero su decisión se recurrió ante la Audiencia Nacional, la cual reconoció que si bien había indicios suficientes para pensar en un genocidio, no estaba acreditado que las víctimas hubieran interpuesto sus demandas en la propia Guatemala, y que siendo subsidiaria la actuación de la jurisdicción española, no procedía la apertura del procedimiento. Es decir, que son los mismos jueces, ante una causa mucho más evidente como era el genocidio en Guatemala, los que deciden archivarla. Recurrimos al Tribunal Supremo, que decidió que España era competente pero sólo sobre las víctimas españolas.

- Acudieron al Tribunal Constitucional, entonces.
- Sí, quien revocó ambas resoluciones planteando que la Justicia española era competente, que esta cuestión de los españoles no se correspondía en absoluto con la idea de la jurisdicción universal que se define por la naturaleza del crimen y no por la nacionalidad de las víctimas, y en este punto, dijo que no se puede hablar de jurisdicción subsidiaria sino competente. La idea es que todos los tribunales de los distintos países del mundo deben concurrir a la persecución del crimen, que es lo que esperamos que ocurra en relación con Palestina.

- ¿Sirvió de algo aquello?

- La causa de Guatemala sigue abierta, el juez incluso viajó hasta allí. Tuvo una influencia muy grande para que el dictador Ríos Montt fuera juzgado después, y no sólo eso, sino que permitió la apertura de hasta quince causas en España basadas en la justicia universal. Pero a raíz de una nueva masacre en Gaza en 2009, hubo presiones del Gobierno israelí y de EEUU con el tema de Guantánamo, y de los chinos con respecto al Tíbet. El PSOE modificó con el apoyo del PP la ley que establecía la justicia universal irrestricta en España y estableció puntos de conexión: que las víctimas tenían que ser españolas, o que tenía que haber vínculos relevantes con España del país en el que se cometieron los crímenes, y planteaba la subsidiariedad de nuevo.


- Y la última reforma del PP terminó de liquidar la jurisdicción universal en España.

- No. España firmó las Convenciones de Ginebra, así que está obligada a cumplir la ley que contrajo internacionalmente al margen de lo que diga su ley interna. Incluso en esa modificación de la ley de la justicia universal por parte del PP, se aclara que será "sin perjuicio de los tratados que internacionales que España ha ratificado". Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rescató el caso del asesinato del periodista José Couso invocando la IV Convención de Ginebra, que determina que son competentes para investigar los crímenes todos los países firmantes de las convenciones aunque no se hayan hecho en su territorio ni hayan participado en el conflicto. Es la única sentencia, junto con la Convención de Apartheid, que establece la jurisdicción universal.

- De ahí a que las autoridades israelíes se pongan nerviosas hay un trecho.

- Este principio de la jurisdicción universal existe desde el siglo XVIII, pero su aplicación efectiva no llega a 20 años. En tiempos históricos es un tiempo muy corto. España, que es un país con un enorme retroceso en relación a la investigación de los crímenes de su propio territorio, es el país del mundo en donde más procedimientos abiertos por justicia universal existen, aun con la abrogación del PP. Así como Argentina es una referencia mundial por juzgar a sus propios criminales, España lo es por juzgar a los criminales de otros países. Con la reforma del PP esto queda ahora limitado, pero hay siempre vericuetos que los jueces que están dispuestos a investigar utilizan. Y como los jueces de la Audiencia Nacional han intervenido prácticamente todos ellos en causas de este tipo, tienen más incorporado que otros jueces en el mundo la idea de la justicia universal.

- Así que España podría tomar el relevo de Argentina con la querella.

- España es la cuna de la justicia universal, de su aplicación efectiva. Y todos los países que firmaron las Convenciones de Ginebra, que son casi todos los países del mundo, deben responder a ese principio, por lo que existe la posibilidad de que se interpongan querellas en varios lugares.

- Ahora, el Comité Especial de Naciones Unidas que visitó los territorios ocupados acusó a Israel en 2011 de violar sistemáticamente los derechos humanos, y durante los últimos ataques israelíes contra Gaza, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nancy Pillay, pidió a Israel que asumiera sus crímenes de guerra, pero todo se queda en palabras.

- Es algo parecido a las resoluciones de las comisiones de la ONU con respecto al franquismo, con la diferencia de que los crímenes en Gaza se están cometiendo en la actualidad. El tema es hacer justicia, quién persigue a los criminales y de este modo evitar crímenes futuros.

- El contexto no parece ayudar.

- Estamos asistiendo a una especie de secuestro de la justicia internacional por parte de las potencias que tienen el poder de decidir a quiénes se juzga, cuándo y de qué modo: el peso el Consejo de Seguridad, las decisiones del Tribunal Penal Internacional, el hecho de que la Corte Penal Internacional no haya tomado ningún tipo de decisión pese a la evidencia de los crímenes, el hecho de que la Asamblea o el Consejo de Seguridad de la ONU no haya tomado ninguna iniciativa para crear un tribunal especial. El desamparo para las víctimas es tremendo. Frente a esto, felizmente, se ha ido fortaleciendo la idea de la justicia universal.

- ¿Cuál es su aspiración?

- Sería magnífico que hubiera 20 ó 30 tribunales del mundo que abrieran diligencias y pidieran la detención de la cúpula israelí, primero como modo de hacer sentir que alguien  pretende hacer algo por los palestinos, también en apoyo a los judíos que se oponen a todo esto, y sobre todo para que esta gente sienta que está perseguida por la comunidad internacional. Que si salen de su territorio pueden ser detenidos, que tienen que parar y buscar otra manera de resolver el conflicto.

- ¿Aunque al final no sean enjuiciados?

- La búsqueda de la justicia universal tiene efectos que van más allá de la justicia misma o del enjuiciamiento. La impunidad en Israel no se va a quebrar. Basta ver que las cárceles israelíes están pobladas de palestinos y no hay un israelí en una cárcel palestina. Esto demuestra que Palestina es un territorio ocupado, que Hamás es un producto de la ocupación. Plantean los túneles como si fuera un tremendo delito, cuando todos los pueblos que han luchado por su liberación han buscado salidas de este tipo, como los vietnamitas. Pareciera que el delito es construir un túnel y no ocupar un territorio.

- La aplicación de la justicia universal pretende lanzar el mensaje de que estos crímenes no pueden quedar impunes y que hay jueces tan dispuestos a detenerlos físicamente como de detener la posibilidad de futuras masacres.

- ¿Cómo imagina que puede llegar a funcionar la justicia universal?

- En todos los países existen estructuras judiciales asentadas. Abogamos porque en todos los países existan juzgados específicamente dedicados a investigar crímenes de lesa humanidad, y  específicamente dedicados, esos u otros, a ejercer la jurisdicción universal. Si esto es así, las víctimas podrán interponer su denuncia en esos tribunales, que tendrían que comprobar que se están cometiendo esos crímenes y lanzar órdenes internacionales de detención. Qué diferente hubiera sido la historia si España hubiera actuado contra el franquismo no 20 años después como lo hizo, sino en el mismo momento en el que se cometían los crímenes.

La idea es que en el futuro haya un órgano, como podría serlo la Corte Penal Internacional si fuera imparcial, que ordenara todo esto. O sea, que los tribunales comenzaran a actuar, que acogieran las denuncias de las víctimas y que consultaran con ese organismo si el juzgado de un país u otro o él mismo se encarga de investigar eso mismo. Hay que hacer algo para combatir el secuestro que tienen las grandes potencias de la justicia internacional.

 La solución es resignarse a la impunidad o actuar todos de común acuerdo tal de manera que sea ineficaz presionar en un país porque la denuncia se interpondría en otro, y que por tanto, se interponga la idea de la justicia por encima de los intereses. 


* Artículo aparecido el 24 de septiembre de 2014 en el diario español Público

Ciudadanos argentinos presentan la primera querella contra Israel por "genocidio" en Gaza

En una iniciativa sin precedentes en Argentina, 12 ciudadanos de este país han presentado en la ciudad de Córdoba (centro del país) una querella por "genocidio" contra las cinco máximas autoridades de Israel tras la última ofensiva militar israelí contra Gaza, denominado por Tel Aviv como Barrera Protectora o Margen Protector, que ha devastado la Franja y matado a centenares de civiles.

Una familia gazatí, entre los escombros de su casa destruida por bombas israelíes. REUTERS/Suhaib Salem

Los denunciantes piden que se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad por parte del primer ministro, Benjamin Netanyahu; de su ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman; del ministro de Defensa, Moshe Yaalon; del jefe del Ejército, el general Benny Gantz, y también del vicepresidente del Parlamento israelí, Moshe Feiglin.

"Hacía tres días que se había firmado el último alto el fuego cuando interpusimos la denuncia", explica a Público quien encabeza esta demanda, Sergio Ortiz, presidente de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos, y dirigente del Partido de la Liberación. "Pero eso no exime a Israel por los 2.140 palestinos asesinados, incluidos 570 niños, por las más de 11.000 personas que dejó heridas, más la destrucción material que causó en los 50 días de este genocidio".

A diferencia de España, y gracias a un artículo consagrado en su Constitución, Argentina puede instruir causas basadas en el principio de Justicia Universal por el que puede juzgar cualquier delito de lesa humanidad con independencia de dónde o cuándo haya sido cometido, al ser imprescriptible.

 "La denuncia no es contra todos los israelíes, ni contra los judíos", aclara Torres. "Aunque sabemos que hay más responsables, nos enfocamos en cinco cabecillas. Reaccionamos contra el Estado de Israel en general".

Los argentinos se centran en quienes concentran el poder político y militar de Israel. "Netanyahu tomó las decisiones políticas fundamentales. Como es veterano, no es ésta la primera agresión que realiza. Es un sucesor de Ariel Sharón, uno de los halcones", explica el querellante. "El canciller Lieberman es un neonazi que propuso tirar la bomba atómica sobre Gaza. Su homólogo en Defensa, Yaalon, es responsable porque desde su cartera se llevó a cabo la invasión. Por las mismas razones está incluido el jefe del Ejército, Gantz. Y el vicepresidente del Parlamento, Feiglin, es el ideólogo del plan de exterminio. Es el que alentó lo que hizo Israel, y el que propone destruir todo, ocupar todo, y echar a los palestinos al desierto del Sinaí".

La denuncia ya está en manos de Enrique Senestrari, de la Fiscalía Federal nº1 de Córdoba, quien se negó por el momento a dar declaraciones. "El fiscal recibió la documentación y cuatro de nosotros tuvimos una reunión con él", añadió el querellante. "Nos escuchó atentamente y afirmó que estudiaría la denuncia desde el punto de vista procesal para ver si había razones para su intervención. Pero admitió que políticamente coincidía en que eran crímenes alevosos de lesa humanidad y que no había manera de justificar eso. Salimos conformes". 

Bombardeo masivo de región superpoblada

La demanda tiene por carátula "Fórmula Denuncia por crímenes de lesa humanidad y genocidio contra autoridades del Estado de Israel por crímenes contra la población palestina en la Franja de Gaza". Los argumentos para pedir la incriminación de Israel se exponen a lo largo de 10 páginas, a las que se incorpora un anexo de documentación e informes que ocupan otras 20 páginas.

En la denuncia a la que accedió este diario, los argentinos recuerdan cómo las autoridades israelíes comenzaron desde el 8 de julio a bombardear por aire y mar la Franja de Gaza, un pequeño territorio de 362 kilómetros cuadrados que tiene una de las densidades demográficas más altas del mundo al albergar 1,8 millones de habitantes. El 17 de julio, 86.000 reservistas invadieron el territorio mientras toneladas de bombas seguían cayendo.

"Según las autoridades de Gaza, las ONG y fuentes de la ONU, que también ha sido atacada en el lugar, casi el 80 % de los muertos y víctimas son civiles; muchas mujeres, niños y ancianos", expusieron los denunciantes. " Entre los agresores, fueron abatidos 64 de sus soldados en Gaza y sólo 4 civiles en Israel".

El texto prosigue: "A esa contabilidad del horror hay que agregar que 17.200 viviendas y edificios han sido derribados por las bombas y misiles, más otras 38.000 viviendas severamente dañadas. Ni siquiera han respetado los edificios pertenecientes a las Naciones Unidas y su agencia para la protección de los palestinos (Unrwa). Seis de sus escuelas y refugios fueron atacados, pese a estar bajo ese pabellón internacional que se respeta en los más encarnizados combates alrededor del mundo".

Las conclusiones son determinantes: "Claro que lo de Gaza es un genocidio", afirman. "Ni la ONU tiene protección. Entre 250.000 y hasta 450.000 personas, según los distintos momentos de la barbarie, han debido irse de sus casas. Si no fueron asesinados o heridos en el camino, en el regreso a sus domicilios habrán contemplado espantados que ya no existen. Sólo son un montón de escombros, debajo de los cuales aún buscan familiares y vecinos asesinados por las bombas. Más de 100.000 personas se quedaron sin hogar".

Los denunciantes provienen del mundo de la cultura, de organismos de derechos humanos y del Comité de Solidaridad con Palestina. En la demanda recuerdan la investigación en curso contra los crímenes del franquismo a cargo de la jueza argentina María Servini de Cubría. También citan al fiscal español Carlos Castresana, al abogado Carlos Slepoy y al juez Baltasar Garzón por promover en España la causa contra los crímenes de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), gracias a la cual sigue preso el marino Adolfo Scilingo por participar en la práctica de exterminio conocida como "vuelos de la muerte".

El 4 de agosto, el presidente uruguayo José Mujica se atrevió a denunciar públicamente el "genocidio" que estaba cometiendo Israel. Desde Argentina, este grupo de querellantes reclama ahora las consecuencias judiciales de ese crimen: la imputación de la cúpula israelí con la consiguiente captura internacional correspondiente de Interpol, y que el Estado de Israel sea sancionado, obligado a resarcir a las familias afectadas, y pague los 4.500 millones de euros que según la ONU se necesitan para reconstruir Gaza, hoy destruida.

* Artículo aparecido el 6 de septiembre de 2014 en el diario español Público.