Abogados argentinos se suman a la causa contra el franquismo

La Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) ha hecho llegar a la jueza que investiga los crímenes del franquismo un escrito en el que pide ser reconocida en la causa como Amicus Curiae, expresión latina que literalmente significa "amigos del tribunal", y que consiste en una presentación de una tercera parte en torno a un proceso a fin de expresar su opinión y realizar aportes de trascendencia.

Matilde Scaletzky escucha al abogado Máximo Castex, con el querellante Darío Rivas en primera fila (A.D)

"Se trata de apoyar la actividad que está desarrollando el juzgado", ha explicado Matilde Scaletzky, una de las dos delegadas nombradas por la AABA para seguir el curso de la causa. "Este proceso es importante porque se debate la violación de derechos humanos durante 40 años en España, el cual no ha tenido ninguna parte de crítica por parte de los sectores que detentan el poder en ese país".

Scaletzky ha recordado cómo las víctimas del franquismo han tenido que querellarse en Argentina para obtener justicia, "del mismo modo que nosotros fuimos a España para que se juzgara la dictadura argentina", resaltó. "Desde su origen en 1934, la AABA nunca ha dejado de defender las libertades públicas, y así seguiremos haciéndolo".

La Asociación ha presentado su escrito este martes ante la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa. "Las políticas del franquismo y su metodología dieron como resultado la desaparición de alrededor de 300.000 personas, la existencia de 140.000 tumbas sin identificación [y] la existencia de alrededor de 30.000 niños robados a sus madres", manifiesta el texto.

Los abogados critican a l Gobierno del PP por seguir "enfrentando a España con los organismos internacionales"La AABA destaca cómo "la conducta del franquismo se mantuvo, con escasas modificaciones durante todo su Gobierno", pero cuyas consecuencias "duelen todavía hoy, porque no ha habido nada que reparara lo acontecido: no se buscó la verdad, por lo tanto no hubo justicia, y en consecuencia no hubo, tampoco, reparación".

Los abogados no dudan en criticar al actual Gobierno español por seguir "enfrentando a España con los organismos internacionales" y "por el incumplimiento de los pactos suscriptos por el país". Recuerdan que las peticiones de extradición por parte de Argentina del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, acusados de torturas, fueron rechazadas por la Audiencia Nacional al considerarse crímenes prescritos por aplicación de la Ley de Amnistía.

Desde el origen de la causa en 2010, "son escasas las manifestaciones de la Judicatura [española] que indiquen algún cambio", subrayan en su escrito. "Para el sector político que detenta el poder no ha pasado nada, 'de eso no se habla', y eso trae como consecuencia que un amplio sector del pueblo español realmente ignore lo acontecido".

Más de 4.500 víctimas en la querella

El abogado Máximo Castex, representante en Argentina de las víctimas del franquismo, celebró el Amicus Curiae de la AABA puesto que es el primero de este tipo que se incorpora a la causa. "Esta presentación llega en el momento más álgido", destacó. "Acabamos de recibir una requisitoria fiscal de más de 300 páginas que además de avalar todo lo que se ha hecho en estos cuatro años, se suma a las peticiones de la querella con respecto a las situaciones procesales de los imputados".

El fiscal federal Ramiro González elevó la semana pasada un dictamen a la jueza Servini de Cubría en el que pedía la indagatoria de quince exfuncionarios franquistas, incluidos cinco exministros. Era la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Argentina se expresaba en relación a la causa.

"Para las víctimas ésta es una gran noticia", sostuvo Castex. Con el dictamen del fiscal, efectivamente, todas las víctimas que hasta ahora habían presentado sus denuncias en los consulados argentinos en España han pasado a ser formalmente parte de la causa. "Gracias a eso, la Fiscalía ha podido individualizar más de 4.500 víctimas".

Esto implica un salto cualitativo y cuantitativo en la investigación que Servini de Cubría tendrá en cuenta. "Hasta ahora, los que presentaban esas denuncias en los consulados engrosaban la causa, pero al no estar como parte querellante con un patrocinio legal [un abogado], no podían formar parte del objeto procesal de investigación", aclaró Castex. "Ahora estas víctimas tienen un representante, que es el fiscal. Al haber sido incluidas ahora en su requerimiento, pasan a formar parte del mismo".

Castex recalcó, por último, que ahora son dos las partes acusatorias (la privada y la del fiscal) pidiéndole a la jueza la resolución de las indagatorias y otras medidos de prueba. "Espero que a final de año podamos tener novedades en ese sentido", vaticinó.

Exhumaciones en peligro

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes dos de los querellantes originales de la causa, Darío Rivas y Adriana Fernández. Esta última aprovechó la ocasión para alertar del inminente cierre del laboratorio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que se encuentra en el campus de Ponferrada (León). 

"Hay cuatro voluntarios que trabajan con restos exhumados de fosas de la Guerra Civil pero están a punto de agotar sus prestaciones por desempleo y no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo", denunció Fernández. "Gracias a ellos pudimos exhumar los restos de mi abuelo, pero la Asociación lleva tres años sin recibir un subsidio. Si no consiguen ayudas, no les quedará más remedio que cerrar en enero".


* Artículo aparecido el 29-10-2014 en el diario español Público.

Tabaré Vázquez queda a un paso de la presidencia de Uruguay

Con casi el 100 % de los votos escrutados, la Corte Electoral en Uruguay ha confirmado al expresidente Tabaré Vázquez, candidato de la coalición oficialista del Frente Amplio, como el candidato más votado con el 47,9% de los votos, mientras que su contrincante del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ha obtenido el 30,96%. 

Tabaré Vázquez (EFE)

Por primera vez en 60 años, en Uruguay, un partido consigue por tercera vez consecutiva la mayoría parlamentaria. Las dos cámaras del Parlamento se renovaban en su totalidad para elegir a los 99 miembros de la Cámara de Representantes y a los 30 del Senado. El Frente Amplio ha salvado el consenso parlamentario manteniendo sus 50 escaños en la Cámara baja, y si gana el balotaje, se asegurará lo mismo en el Senado.

Un resultado muy similar consiguió el mandatario José "Pepe" Mujica en la primera vuelta de las elecciones de 2009, así que el Frente Amplio no ha sufrido un gran desgaste en estos últimos cinco años.

El presidente saliente, cuya popularidad desde marzo ha ido en aumento hasta llegar al 62%, era consciente del escenario "difícil" que se podía abrir para la coalición gobernante en el Parlamento, y aceptó encabezar la lista al Senado por su sector dentro del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular. Este grupo continúa siendo la primera fuerza del oficialismo con seis senadores. El sector de Danilo Astori, el Frente Líber Seregni, sale debilitado con respecto a 2009 y se conforma con tres bancas.

Quien no ha tenido un mal desempeño ha sido el Partido Independiente, que con el 3,07% de los votos añade un escaño más a los dos que ya tenía en la Cámara baja, y además podría llegar a entrar en el Senado. Este partido, que se define de izquierdas, se tomará una semana para definir su apoyo a Vázquez o a Lacalle, aunque el Frente Amplio ha descartado por ahora buscar alianzas que refuercen su posición de cara a la segunda vuelta.

Otra victoria que pueden adjudicarse el Frente Amplio y el Partido Independiente es el rechazo al proyecto de reforma constitucional para bajar la imputabilidad penal de los 18 a los 16 años que se sometía a consulta popular. 

La segunda vuelta de las elecciones, obligatorias para los 2,6 millones de uruguayos habilitados para votar, se celebrará el último domingo de noviembre.

Del otro lado

 

Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), ha sucedido a su padre en su intento en 2009 de llegar al poder de mano del Partido Nacional. Los blancos, como se los denomina tradicionalmente, han dejado atrás en número de votos al Partido Colorado liderado por Pedro Bordaberry, que consiguió el 14% de los votos.

Bordaberry también es hijo de otro mandatario uruguayo, el fallecido Juan María Bordaberry, con la diferencia de que este último decidió saltarse los mecanismos democráticos que lo habían llevado al poder, y en 1973 dio un autogolpe de Estado que instauró la última dictadura que sufrió Uruguay (1973-1985). 

Su hijo Pedro fue candidato presidencial en 2009, pero se tuvo que conformar, en aquella ocasión, con el 17% de los sufragios. Con el 12,8% de los votos en estas elecciones, Bordaberry ha llevado a su partido al segundo peor descalabro de su historia. A pocos minutos de conocer su derrota, Bordaberry anunció este domingo que trabajaría "cada hora de los próximos 34 días" para que gane el balotaje Lacalle Pou, que con 41 años pretende ser considerado "aire fresco" contraponiendo su juventud a la longevidad que achaca a Tabaré Vázquez, de 74 años, y al presidente uruguayo, de 79.

"Por la positiva" fue el eslogan de la campaña electoral de Lacalle, decidido a no responder a provocaciones, pero sí a realizarlas. Famosa fue su cabriola gimnástica que realizó al colgarse de costado a un poste de la calle, con un llamado a su contrincante: "Díganle a Tabaré que lo espero en esa bandera", o cuando aseguró que de llegar al Gobierno, convocaría un "consejo de ancianos" formado por expresidentes.

Pese a su juventud, Lacalle arrastra su pertenencia a la vieja partidocracia representada por el Partido Nacional, que junto al Partido Colorado, sostuvieron su hegemonía en el poder durante casi dos siglos hasta la victoria del Frente Amplio en 2004. Tampoco puede despegarse demasiado de la imagen de su padre, derrotado por Mujica en las elecciones presidenciales en 2009, que dos décadas atrás desplegó desde el Ejecutivo un programa avasallador de reformas neoliberales.

Lacalle, que se reconoce como liberal y conservador, no ha dicho inspirarse en la trayectoria política de su padre, pero critica la inversión "asistencialista" del Gobierno aunque hoy Uruguay sea el segundo país con menos pobreza de América Latina y el primero con menos indigencia. También asegura que de llegar a presidente, derogará parte de la ley aprobada por el Gobierno de Mujica que ha legalizado la marihuana en Uruguay.

Uruguay quiere abrirse hueco

 

El Frente Amplio, desilusionado con el Mercosur por la dificultad que tienen países pequeños como el suyo en conseguir acuerdos de integración que lo beneficien en su política comercial, comenzó con Tabaré Vázquez en 2006 a coquetear con un posible Tratado de Libre Comercio con EEUU. Aquel intento fue fraguado por el malestar interno del partido y por la oposición popular, pero Mujica, que no quiere renunciar al Mercosur, reconoce que tampoco pueden permanecer en él "vegetativamente", y ya comenzó a otear otros mercados como los de China, Europa y EEUU.

La victoria de la presidenta Dilma Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, no obstante, ha sido una de las grandes noticias de alegría que ha recibido el Gobierno este domingo.  Brasil es uno de los socios políticos y comerciales más importantes para Uruguay,  que últimamente no consigue una relación tan fluida con Argentina.

Con la más alta tasa de empleo que haya registrado la historia del país, Uruguay comienza a despedirse de José Pepe Mujica, que dejará el Gobierno el 1 de marzo de 2015 para que su sucesor gobierne por los siguientes cinco años. 

* Artículo aparecido el 27 de octubre de 2014 en el diario español Público.

Uruguay, sin izquierdas firmes en el horizonte

"Uruguay se juega la vida". Semejante sentencia proviene del presidente uruguayo José "Pepe" Mujica en alusión a las elecciones que se celebran este domingo no en su país, sino en Brasil. El gigante sudamericano fue en 2013 el segundo destino de las exportaciones uruguayas por detrás de China, y es también su segundo mayor proveedor de bienes. Uruguay, en todo caso, no depende sólo de Brasil para determinar la continuidad del proyecto que comenzara hace diez años la coalición oficialista del Frente Amplio.

En coincidencia con la segunda vuelta entre la presidenta brasileña Dilma Rousseff y su contrincante Aécio Neves, más de 2,6 millones de votantes votarán en la República Oriental del Uruguay no sólo para elegir un nuevo presidente entre los siete postulantes presidenciales, sino también para renovar todos los escaños de las dos cámaras del Parlamento. Ninguna encuesta nacional confía en que la coalición gobernante de izquierdas pueda mantener la mayoría parlamentaria que sostenía desde 2004.

Los escrutinios también dan por segura una segunda vuelta electoral el 30 de noviembre. El expresidente Tabaré Vázquez (2004-2009) y candidato oficial por el Frente Amplio no alcanzaría el 50% de los sufragios emitidos, pero se sitúa primero en intención de voto con una diferencia de entre 11 y 15 puntos sobre el representante del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, hijo del ex mandatario Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995).

Tercero en adhesión de sufragios, muy por detrás de Lacalle, quedaría Pedro Bordaberry, candidato presidencial por el Partido Colorado, como lo fue en 2009, e hijo del dictador Juan María Bordaberry (1973-1976), quien lideró el golpe de Estado con el que irrumpió la última dictadura que conoció Uruguay. Su hijo confía hoy en convertirse en el Aécio Neves uruguayo, que sorprendió al desplazar del segundo lugar a Marina Silva en las elecciones brasileñas del 5 de octubre.

En Uruguay no está permitida la reelección consecutiva del presidente. En este contexto, nadie olvida que el oncólogo Tabaré Vázquez, de 74 años, consiguió en 2004 romper con el bipartidismo del Partido Nacional y el Partido Colorado que venían alternándose en el poder durante casi dos siglos. El Frente Amplio, creado tres décadas atrás, llegaba al poder por primera vez en su historia, en la primera vuelta de las elecciones y con mayoría en el Parlamento.

Es difícil ignorar que en esta primera década de Gobiernos de izquierda, encabezados primero por Tabaré y luego por su sucesor Mujica, el país ha conseguido mejorar los principales indicadores de justicia e inclusión social. Uruguay, sin lugar a dudas, es la nación con mejor redistribución del ingreso de toda América Latina, y el que menos población tiene malviviendo en la indigencia (un 1,1 %).
Junto con Venezuela, Uruguay ostenta el índice Gini (que mide la desigualdad) más bajo de toda la región. Sin un crecimiento económico descollante, el país consiguió reducir la pobreza del 39% al 11% en estos diez años, y el desempleo pasó del 22% en 2005 al 6,5% en 2013.

Las divergencias del Frente

 

Pero Vázquez y Mujica se distinguen en varios aspectos que inciden en el tipo de políticas que impulsó cada uno durante su Gobierno. Fue Mujica quien impulsó la despenalización del aborto, el matrimonio homosexual, y la legalización del cannabis, en lo que fue un hito histórico que por ahora no ha repetido ningún otro país del mundo.

Mucho más descontracturado que su antecesor, Mujica ha mostrado su apoyo a Vázquez durante toda la campaña, pero las desavenencias latentes entre ambos los han dejado en evidencia a pocas horas de las elecciones.

Durante una entrevista, Vázquez dio a entender que habían existido dos equipos económicos enfrentados en el Gobierno de Mujica y que en su eventual Gobierno "nadie iba a dudar" de que la política en ese rubro estaría a cargo del actual vicepresidente, Danilo Astori, al que Vázquez apoyaba hace un lustro para sucederlo como presidente. Mujica no se hizo el sordo. Desmintió que hubiera confrontación entre sus responsables económicos, y atribuyó estas opiniones a que Vázquez "no estaba informado".

La comercialización de la marihuana, por otro lado, es un sapo difícil de digerir para el expresidente. Reconoció que consideraba "increíble" su venta en farmacias, y aseguró que seguiría de cerca la aplicación de la ley en caso de que hubiera que hacer posibles correcciones. "Problema de él, que lo discuta con el Parlamento", atajó Mujica, y redondeó: la ley "es hechura del Parlamento, así que tienen que discutirlo, usted [en referencia a un periodista], Vázquez y la mar en coche".

Todo esto sería "chismografía barata", en palabras del presidente saliente, pero la anécdota refleja las contradicciones internas de una coalición de izquierdas tan heterogéneas como las que confluyen en el Frente Amplio.

En las elecciones de 2009, era nítida la diferencia que representaba un guerrillero tupamaro de carácter sincero y carismático y el expresidente Lacalle, un claro representante de la oligarquía que gobernó en los 90 con un programa de corte neoliberal. Mujica, no obstante, tuvo que encajar a Danilo Astori como vicepresidente muy a su pesar para mantener cohesionado el Frente Amplio.
En 2014, en cambio, la coalición de izquierdas ha optado por moverse más al centro. Por algo Vázquez se impuso en las elecciones internas del partido frente a la senadora Constancia Moreira, más audaz en sus propuestas de izquierda y por ello apoyada por el escritor Eduardo Galeano y el cantautor Daniel Vigletti.

Cuando Tabaré Vázquez accedió a la presidencia en su primer Gobierno acompañado por su ministro de Economía, Danilo Astori, ninguno de los dos tuvo reparo en confesar que Uruguay debía emular el modelo económico chileno, que confiaba en un planteamiento macroeconómico más ortodoxo. El país, en cualquier caso, sorteó de soslayo la crisis económica global, y Vázquez dejó la presidencia orgulloso de tener la aprobación del 61% de la población.

La Concertación chilena que lideraba por entonces Michelle Bachelet mutó para las elecciones presidenciales de 2013 en la coalición Nueva Mayoría, que esta vez incluía al Partido Comunista. Un Ejecutivo similar podría construir Tabaré Vázquez, quien de nuevo tomará el Frente Amplio bajo su control pero con la diferencia de que la izquierda más enérgica dentro de la coalición uruguaya todavía debe pujar por tener peso propio dentro del eventual Gobierno.

El legado de Mujica

 

El Ejecutivo saliente, y lo reconoce Mujica, hubiera querido contar con un mayor margen de maniobra para profundizar ciertas políticas. Hasta dos impuestos, uno a los grandes terratenientes y otro a los bienes rurales, trataron de revertir la concentración de la tierra que provoca el modelo agroexportador, pero la Justicia uruguaya determinó este año que el primer gravamen era inconstitucional.

Muy criticada ha sido también la implantación que han tenido en el país multinacionales forestales, sojeras y mineras, pero es casi unánime el consenso sobre la inversión que Mujica ha destinado desde el Estado a los sectores más postergados del país, y sobre el avance en la política energética que diseñó Tabaré Vázquez en 2008 para los siguientes 25 años, lo que permitirá que en un año Uruguay se convierta en el primer país del mundo en conseguir que las energías renovables representen más del 50% de la matriz energética del país.

Inseguridad, siempre presente

 

El debate sobre la inseguridad, eterno eje de disputa en todos los procesos electorales de América Latina, ha condensado gran parte de los discursos de campaña. Pese a que Uruguay tiene una de las tasas delictivas más bajas de América Latina, su percepción de la inseguridad es la segunda más alta de la región, por detrás de Venezuela.

Por eso este domingo también se celebra una consulta popular para decidir si bajan la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años. La oficina de Naciones Unidas en Montevideo ya ha advertido que de aprobarse este proyecto de reforma constitucional, Uruguay estaría violando la Convención de los Derechos del Niño que ratificó en 1990. No obstante, no es seguro que esta propuesta del Partido Colorado, que consiguió reunir 100.000 firmas para la realización del plebiscito, vaya a ser aprobada por la mayoría de los uruguayos.

* Artículo publicado el 26 de octubre de 2014 para el diario español Público.

La Fiscalía argentina pide la indagación de quince franquistas

La Fiscalía argentina ha elevado un dictamen en el que solicita a la jueza María Servini de Cubría, instructora de la causa, las declaraciones indagatorias de quince franquistas: cinco ex ministros, dos miembros de la judicatura militar y ocho policías.

El fiscal Ramiro González, en los tribunales de BUenos Aires

El Ministerio Público Fiscal ha pedido además que se libre una orden de detención y extradición contra el médico Abelardo García Balaguer para tomarle declaración indagatoria. El nombre de este ginecólogo, ya jubilado, aparece en varias denuncias de sustracción de bebés, y fue denunciado por una de las víctimas del franquismo, María Flor de Lis Díaz Carrasco, que le acusa de estar implicado en el robo de su hermano".

Meses han pasado sin que se tuviera novedad sobre la causa abierta en Argentina por los crímenes de la dictadura franquista. El silencio aparente de la Justicia argentina tenía un motivo: el estudio, por parte del fiscal federal Ramiro González y su equipo, de todos los expedientes del proceso que le había remitido la magistrada. La querella de la causa había pedido en abril la imputación de estos quince acusados. Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio son los cinco ex ministros de Franco acusados de cometer delitos de lesa humanidad, a los que se unen los ex juristas Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey González y ocho policías más.

Más de 1.200 hojas, agrupadas en unos 65 cuerpos, constituyen la causa que ya ha vuelto a pasar de las manos de la Fiscalía al juzgado de Servini de Cubría. Después de examinar todas las denuncias que han llegado también desde los consulados argentinos en España, la Fiscalía ha individualizado más de 4.500 víctimas.

"Aterrorizar a españoles"

 

Sus conclusiones no dejan lugar a dudas: "Los acontecimientos materia de investigación consisten en hechos atroces de lesa humanidad/genocidio entre los que se encuentran torturas, homicidios, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y demás ilícitos que se desprenden de las presentaciones efectuadas", reza el texto de su dictamen.

La Fiscalía acepta como período de investigación el lapso de tiempo comprendido entre el 17 de julio de 1936, fecha del golpe de Estado, y el 15 de junio de 1977, día en que se celebraron las primeras elecciones parlamentarias democráticas.

En base a ello, considera que "hubo un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes en territorio español", de acuerdo al escrito.

Público ha tenido acceso al expediente del fiscal, que insta a pedirle a los arzobispados españoles "toda la documentación que obre en sus registros relativa a la Iglesia Católica y el Estado español, entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, y específicamente, los referentes a los religiosos católicos que fueron objeto, por parte de dicho Estado, de persecución, sanción, cárcel y tortura". González también sugiere que se solicite a la Ciudad del Vaticano "toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia española en la creación de la cárcel de Zamora, País Vasco".

En su dictamen de 309 páginas, la Fiscalía requiere además que las autoridades españolas remitan "toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existente respecto de la detención, tortura y fusilamiento del ex presidente [de la Generalidad de Cataluña durante la II República] Lluís Companys i Jover".

El fiscal exhorta a la jueza a que evalúe también "la posibilidad de concurrir in situ" a Barcelona para visitar la Cárcel Modelo en donde estuvo detenido Companys y el anarquista Salvador Puig Antich, última persona ejecutada por garrote vil durante la dictadura; a Galicia, para visitar las fosas comunes y el campo de concentración de Camposancos; y a Asturias, donde se hallan las fosas de Avilés.
"Nosotros tomamos intervención en la causa poco antes de viajar a España junto con la magistrada Servini de Cubría", refirió a este diario el fiscal Ramiro González. "Necesitamos este tiempo para acomodar los archivos, analizar todos los hechos, y emitir nuestro requerimiento. Sabemos lo importante que es esta causa en España".

A diferencia de la querella, que adopta la representación privada de las víctimas del franquismo, la Fiscalía constituye la acusación pública dentro de un proceso penal. El fiscal sostuvo que como Ministerio Público Fiscal, su trabajo es técnico y objetivo, "velando por la legalidad del proceso, el respeto a los derechos humanos, y las garantías de todas las partes". Al margen de las medidas que demanda, Ramiro González aconseja a Servini de Cubría que determine "la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores que fueran denunciados en los autos".

Como añadidura, la Fiscalía solicita a la jueza exhumaciones de restos, apertura de fosas comunes, y la celebración de nuevas audiencias testimoniales mediante videoconferencias. El Archivo Histórico Nacional, el Centro Documental de la Memoria Histórica, y el Archivo Histórico Provincial de Málaga también deberían entregar, a juicio de González, toda la información que posean sobre las víctimas mencionadas en la causa.


* Artículo aparecido el 23 de octubre de 2014 en el diario español Público.