Interpol reclama la detención de 19 dirigentes franquistas

La sección argentina de la Interpol ha comunicado a su homóloga en Madrid la detención preventiva con fines de extradición de 19 franquistas imputados en la resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría , instructora de la causa que investiga en este país los crímenes del franquismo. 

Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, en imágenes de archivo.EFE

Con fecha del 4 de noviembre, la oficina de la Interpol argentina confirmó al juzgado de Servini de Cubría que ya había cursado "una comunicación muy urgente" a Madrid para avisarles de la orden de detención que pesa sobre siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado.

La Interpol de Argentina también le pide al juzgado argentino que le facilite todos los datos de identificación que conozca de los imputados, para "evitar confusiones de homonimia", según se lee en la notificación. "No obstante a lo indicado precedentemente, y dentro del marco de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, se ha solicitado nos proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean de los nombrados", añade el texto.

La orden de la Interpol procede al auto de la jueza que el pasado 31 de octubre ordenó la detención internacional y consiguiente extradición de 20 funcionarios de la dictadura, entre los que se encuentran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón. En concreto, son siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado. El ex ministro Antonio Barrera de Irimo, uno de los imputados en la resolución de la magistrada, también estaba incluido en la orden de la Interpol, pero ha fallecido  recientemente, con lo que la acción penal contra él se extingue.

En aquella resolución de 286 hojas, Servini de Cubría adjudicó a los franquistas un abanico de crímenes entre los que destacan los delitos de homicidio, secuestro, tortura y hasta la sustracción de un recién nacido. La jueza federal confirmó que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

El septiembre de 2013, la magistrada ya había encomendado a la Interpol el arresto preventivo con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, de los primeros cuatro franquistas imputados en la causa. Dos de ellos, el exescolta Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte González habían fallecido para cuando se emitió la orden, por lo que la imputación se centró en el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y en el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ambos acusados de torturas.

En la eterna espera

"Ahora es de esperar que se proceda a la detención de los imputados lo más rápido posible, porque hay riesgo de fuga y esto podría entorpecer el proceso", comentó a Público el abogado de las víctimas del franquismo, Máximo Castex. "Estamos a día 12, hace más de una semana que la Interpol notificó la detención preventiva de los acusados". El abogado reconoce que habrá que aguardar a que las autoridades españolas tomen la iniciativa. "Primero tiene que pronunciarse el Consejo de Ministros español para ver si da vía libre a que el pedido argentino sea resuelto por el poder judicial español", reflexiona. "Después se sorteará un juzgado central de instrucción que posiblemente citará a los imputados y tomará medidas cautelares, como sucedió con el caso de González Pacheco y Muñecas Aguilar".

Lo más probable que al ser policía internacional, la Interpol sólo actúe contra los imputados en caso de que traten de salir de España. "Por algo la Interpol está solicitando públicamente a las autoridades españolas que faciliten todos los registros filiatorios que posean sobre estas personas", añade Castex. "Por ahora, han procedido como conminaba la jueza en su resolución, cursando las órdenes de detención preventiva". El abogado representante de la querella en Argentina confía en que tenga un final feliz alguno de los 19 procesos que ahora hay en curso. "Lo que ocurre es que no se cumplen los plazos", lamenta.

Procesos estirados en el tiempo

Esto no es ninguna sorpresa, pues no hay más que observar la tranquilidad que se tomó España para contestar a los primeros pedidos de extradición de la Justicia argentina que llegaron en 2013.

La jueza emitió el pedido de detención internacional contra González Pacheco y Muñecas Aguilar el 18 de septiembre. Rápida fue la Fiscalía española, que en menos de una semana dictaminaba que las detenciones no eran necesarias "habida cuenta la antigüedad de los hechos" y cuestionó la orden de detención que había librado la Interpol al asegurar que no se sustentaba en un "relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión".

Dos meses después, el 18 de noviembre de 2013, llegaba el pedido de Servini al Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy se tomó once días más para autorizar que el proceso de extradición de Muñecas Aguilar y Billy el Niño fuera dirimido por la Justicia española. A los pocos días, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional citó a los franquistas, les retiró el pasaporte, y los obligó a comparecer semanalmente en el juzgado. Finalmente, en abril de este año, la Audiencia Nacional rechazaba en el curso de cuatro días la extradición de González Pacheco y de Muñecas Aguilar con el argumento de que sus delitos habían prescrito.

Hoy, no son dos, sino 19 imputados sobre los que de nuevo se tiene que pronunciar la Justicia española, con el agravante de cada vez es mayor la atención que se brinda a la única causa abierta en el mundo que juzga a los represores del franquismo.  

* Artículo aparecido el 12 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

Argentina procesa a un periodista por delitos de lesa humanidad

Imagen del artículo que salió publicado
en la revista 'Para ti' con la falsa entrevista.

En un fallo sin precedentes, la Justicia argentina ha procesado por primera vez a un periodista por crímenes de lesa humanidad. Habla la madre de un subversivo muerto fue el título del artículo que publicó la revista Para Ti en 1979, basado en una falsa entrevista a una mujer que estaba en ese momento detenida-desaparecida en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de represión más cruentos de cuantos existían en Argentina.

El juez federal Sergio Torres es quien ha procesado al ex editor jefe de la revista, Agustín Bottinelli, por el delito de coacción. "El objeto del reportaje habría sido poner en duda u ocultar la práctica de detenciones ilegales y desapariciones forzadas, incluida la de la propia entrevistada, y de difundir la idea de que la existencia de las desapariciones era una mentira sembrada por las organizaciones de derechos humanos", señala el auto del magistrado. 

La mujer víctima de aquella entrevista apócrifa se llama Thelma Jara de Cabezas, y era madre de un joven, Gustavo Cabezas, que con 17 años había desaparecido en 1976. Nunca más lo encontraron. Buscando su paradero, Thelma pasó a integrar la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. El 30 de abril de 1979 fue secuestrada. Según el magistrado, "se encuentra probado que Bottinelli, valiéndose de la situación amenazante que atravesaba la mencionada Jara de Cabezas, respecto de su vida y su integridad física, arbitró los medios necesarios para que se le realizara la mencionada entrevista, resultando su acción apta para vulnerar el bien jurídico protegido por la norma, para luego fraguar su contenido y ordenar su publicación en la revista Para Ti".
El semanario tenía en aquel momento una tirada de 80.000 ejemplares. Todavía sigue en circulación. "La revista desempeñó un papel trascendente en la acción psicológica de la dictadura (1976-1983), unida a la revista Gente y a otra que se llamaba Somos, todas pertenecientes al grupo Atlántida, la editorial más poderosa de Argentina en aquel entonces", cuenta a Público Pablo Llonto, abogado de Jara de Cabezas. 

"Para Ti llegó a desembarcar en España , aunque fracasó", añade el letrado. "De hecho, Bottinelli fue enviado a España cuando comenzó la democracia, en 1983-1984, para abrir una oficina que pretendía ser la rama española de la editorial Atlántida. Cuando se inició esta causa, en 1984, él ya estaba allí".

Cómo inventar una entrevista

 

En el momento en el que se realizó el reportaje estaba de visita en Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Era septiembre de 1979. "Esta Comisión había llegado a la Argentina después de haber intentado durante varios meses ingresar al país para comprobar lo que se estaba denunciando en el exterior sobre las violaciones de derechos humanos", apostilló Llonto. "Durante la visita de la CIDH salió este reportaje junto con otras operaciones de prensa que atacaban a la Comisión, con tapas de revistas que pedían que se investigara la violación de derechos humanos en la Unión Soviética".

"Lo hacés si querés. Acá no se obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Pero si no querés, puntos suspensivos". La sugerencia a Jara de Cabezas, apenas disimulada en lo que era una clara amenaza, provino del ex militar Ricardo Cavallo, condenado en 2011 a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Para realizar la entrevista, fue cerrada para la ocasión una confitería de la ciudad de Buenos Aires. "Allí concurrieron un periodista y un fotógrafo que fueron enviados por la revista. Se encontraron con un escenario en el que estaba Thelma, acompañada por otro señor, rodeados por una serie de personajes. Después declararon que ella no estaba tranquila, pero se terminó haciendo el reportaje", cuenta el abogado.

La mujer estaba en situación de cautiverio y tortura cuando fue sacada de la ESMA. Le compraron ropa, la llevaron a la peluquería, y luego la trasladaron a la confitería. Junto a ella estaba otro joven en cautiverio, también en la ESMA, al que hicieron pasar por su sobrino. En las mesas de al lado se apostaban miembros del grupo de tareas que operaba en la ESMA, vestidos de civil. "El reportaje fue concertado por alguien de la Marina [que manejaba la ESMA], algo que Bottinelli niega", denuncia Tollón. 

El hijo de Jara de Cabezas era un militante juvenil de Montoneros. "El periodista que fue a hacer la nota dijo años más tarde que le había llamado la atención que el texto que finalmente publicó la revista no era el que él había enviado, y que eso lo tenía que haber editado Bottinelli. Thelma cuenta que en la medida de lo posible había dejado traslucir que era una madre que estaba buscando a su hijo desaparecido", continúa el abogado.

La revista iba dirigida en general al público femenino con temas que giraban en torno a la moda y con consejos cotidianos a madres y abuelas. Pero en aquella edición donde salió Jara de Cabezas, aparecía en sus páginas interiores la madre de un subversivo que denunciaba cómo la organización guerrillera Montoneros engañaba a los familiares, y cómo los organismos de derechos humanos en realidad se dedicaban a mentir. "Bottinelli terminó tergiversando más la entrevista, poniendo en boca de Thelma que los asuntos de los derechos humanos eran en realidad una cuestión de los comunistas", reseña Llonto.

"El papel que cumplió el periodismo durante la dictadura es uno de los más oscuros del mundo", puntualiza el letrado, que además es periodista. "Salvo pocas excepciones, el resto de la prensa apoyó el golpe de Estado, lo sostuvo, y realizó acciones día a día sobre la población para hacernos creer que en la Argentina no se violaban los derechos humanos y que la dictadura era necesaria y justificada. A los que somos periodistas, nos duele todo ese aparato de prensa que mostró ese lado tan perverso".

Comienza ahora para Bottinelli una etapa de la causa que culminará en un jucio oral el año que viene, siempre que la Cámara Federal a la que probablemente apele confirme el procesamiento. El exeditor ha sido además embargado por un millón de pesos argentinos, casi 100.000 euros al cambio oficial. Entre tanto, el abogado de Jara de Cabezas apelará la decisión del juez para que cambie el delito de coacción por el de participación en la privación ilegal de libertad de su representada.

Desde que comenzaran los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina, 538 personas vinculadas con la dictadura han sido condenadas. La mayoría cumple su condena en las cárceles federales.



* Artículo aparecido el 9 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

Argentina somete a escrutinio la complicidad del FMI con la dictadura

Los crímenes de la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983) son delitos de lesa humanidad. Y el financiamiento del plan represivo que llevó a cabo el terrorismo de Estado es también otro delito imprescriptible. Por eso el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI) está bajo la mira de la Justicia argentina.

Mario Cafiero, en una cafetería de Buenos Aires (A. D)

El fiscal federal Federico Delgado ha elevado un dictamen en el que solicita que se investigue la responsabilidad del FMI con los crímenes del régimen militar y el endeudamiento del país. El funcionario considera "una obviedad" la "complicidad estructural" entre la dictadura y el FMI, y afirma que "entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético".

Delgado solicitó en su informe al juez federal Sebastián Ramos que se reúnan y compulsen, con ayuda del Poder Ejecutivo, todos los archivos que intercambiaron con el FMI el Ministerio de Economía, el Banco Central y la representación argentina del organismo durante el periodo de la última dictadura.

"Mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos hacia adentro, hacia afuera se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial hacia la financiera", sostiene la fiscalía.

Delgado renuncia a imputar responsabilidades penales a funcionarios concretos del organismo, así que determinará primero su culpabilidad institucional a fin de "ubicar las instituciones en el devenir de la historia".

Nueve años después

 

El fundamento de este dictamen inédito es un escrito que hace ya nueve años presentó en el Congreso el entonces diputado Mario Cafiero, hijo del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero -fallecido hace apenas unos días, por lo que se decretó un duelo nacional-, junto a sus pares Patricia Walsh (hija del escritor argentino desaparecido Rodolfo Walsh) y Vilma Ripoll.

"La deuda externa argentina se multiplicó seis veces en seis de los casi ocho años que duró la dictadura", al pasar "de 7.000 mil millones de dólares en 1976 a 42.000 millones de dólares en 1982, sin que nunca se haya esclarecido debidamente en qué fue empleada"."La dictadura en 1976 era un lúmpen recién llegado al poder, y había claramente una reacción internacional en contra, pero logró romper el aislamiento a través de las coaliciones financieras", explica Cafiero a Público. "El ministro de Economía de aquel momento, José Alfredo Martínez de Hoz, era casi un canciller, porque fue el que extendió los vínculos de la dictadura con el mundo financiero. Era socio de Rockefeller".

Cafiero considera que la violación de derechos humanos no era un objetivo en sí mismo. El plan de exterminio que puso práctica la Junta militar era, en realidad, un modo de intentar disciplinar social y políticamente al país y así instalar un modelo financiero dependiente de la banca internacional y de las inversiones extranjeras.

"Durante la dictadura desaparecieron 30.000 personas" recuerda el denunciante. "Pero al mismo tiempo desaparecieron también 30.000 millones de dólares con mecanismos de endeudamiento, fuga y giro de capitales. Una cosa era necesaria para que sucediera la otra. A partir de la represión se explica que se pudieran torcer las políticas económicas del país".

Argentina comenzó entonces a recibir varios préstamos de la banca internacional privada, "pero para que ella fuera acreedora de la Argentina, primero hubo toda una tarea de los organismos financieros multilaterales", en palabras de Cafiero. "La responsabilidad institucional le cabe a estos organismos por apoyar la dictadura".

Un baño de sangre apoyado por el FMI

 

El ex legislador refiere cómo en uno de los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de EEUU se revela la advertencia del subsecretario para América Latina William Roger al secretario de Estado Henry Kissinger sobre el baño de sangre generalizado que estaba por causar la Junta militar. Kissinger ordenó no obstante el apoyo a la dictadura.

En el marco de otra dictadura -que sucedió al Gobierno de Juan Domingo Perón- Argentina ingresó al FMI. Corría el año 1956. "Mi padre fue ministro en 1975 con el Gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, y ahí consiguió un préstamo de 110 millones de dólares del FMI sin condicionamientos", resalta Cafiero. "El FMI no desembolsó el préstamo hasta el golpe de Estado. En el primer mes de su gestión, el Gobierno militar consiguió que el FMI otorgara el dinero".

Los problemas que hoy atraviesa la economía argentina, entonces, tienen su origen en la matriz económica y financiera instalada durante la dictadura que hasta ahora la democracia no ha puesto en jaque. "Tenemos una monumental fuga de capitales", contempla Cafiero. "En los últimos 10 años se fugaron 95.000 millones de dólares y se pagaron 45.000 de deuda externa. Es decir, 140.000 millones salieron porque ese modelo económico nunca fue revisado".

El FMI al descubierto

 

Quien se ha consagrado como una de las mayores autoridades sobre la deuda externa de Argentina ha sido el historiador y político Alejandro Olmos, quien denunció ante la Justicia, por primera vez y todavía en dictadura (1982), el papel que desempeñó el FMI durante la dictadura. Dieciocho años tuvieron que pasar, con Olmos recién fallecido, para que un juez reconociera la ilegitimidad de la deuda, pero la causa fue archivada por prescripción.

Su hijo Alejandro Olmos recogió el legado de su padre y se convirtió además en asesor del presidente ecuatoriano Rafael Correa, un mandatario que revisó y declaró como ilegítima gran parte de la deuda externa de su país. "En la denuncia que inició mi padre quedó en evidencia que todos los fraudes probados contaron con la anuencia del FMI", relata a este diario.

"Por eso el juez de la causa sostuvo en su sentencia que se habían cometido no menos de 477 delitos en relación al endeudamiento externo, y que esto 'no podía pasar desapercibido a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones".

Olmos es escéptico en cuanto al impacto que puede tener el dictamen del fiscal Delgado. "Aun reconociendo la labor del fiscal, todas sus presentaciones anteriores no han sido tomadas en cuenta por el juez interviniente", razona. "Además, él no ha impulsado acciones como pedir la nulidad de los actos ilícitos de la dictadura conforme lo establece la legislación civil".

"Hoy seguimos pagando una deuda que en realidad es la vieja deuda de la dictadura, pero refinanciada"Por eso el problema con el FMI, a su juicio, no se circunscribe al ámbito exclusivo de la Justicia. "Las actuales autoridades, como los anteriores Gobiernos democráticos, no sólo no han cuestionado las deudas de la dictadura, sino que han cumplido escrupulosamente con los compromisos contraídos por ella", sentencia. "Hoy seguimos pagando una deuda que en realidad es la vieja deuda de la dictadura, pero refinanciada".


* Artículo aparecido el 3 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

"La clave es que en este proceso está vinculado el suegro de Gallardón"

Más de un año ha pasado desde que la jueza María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga en Argentina los crímenes del franquismo, emitiera su primera resolución en la que dictaba órdenes de detención internacional contra cuatro exfuncionarios franquistas. Dos de ellos habían fallecido, y la Audiencia Nacional terminó por rechazar el pedido de extradición de los otros dos, el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Máximo Castex, junto al también representante de las víctimasante la Justicia argentina Ricardo Huñis, la abogada Ana Messuti y el querellante Darío Rivas, de fondo (A.D)

Desde el origen de la causa en 2010, la magistrada emitió cuatro exhortos, realizó videoconferencias desde Argentina para dialogar con víctimas del franquismo, e incluso viajó a España para conocer de primera mano los estragos que había hecho la dictadura española. El golpe de gracia llega con este segunda segunda resolución en la que imputa y pide la extradición de ocho exministros franquistas, dos antiguos jueces, ocho expolicías, un ginecólogo y un abogado.

Es la primera vez que la Justicia ordena la detención de altos cargos del Gobierno franquista. "Todas las imputaciones que pedía la Fiscalía y la querella han tenido buena acogida por parte de la jueza", explicó a Público Máximo Castex, abogado de las víctímas que elevó a la Justicia los pedidos de extradición. "Lo que me pone contento es la buena noticia que esto supone para las víctimas. Estoy pensando en Andoni Txasko Díaz [superviviente a la masacre de Vitoria], y Merçóna Puig Antich [hermana de Salvador, último ejecutado a garrote vil por la dictadura]".

La Justicia argentina debe esperar ahora a que su requerimiento tenga correlato en la Justicia española. "Tendremos que aguardar para ver qué ocurre con los jueces que intervengan en la Audiencia Nacional y las resoluciones que tomen al respecto. Pueden ordenar las detenciones de estas 20 personas, de algunas de ellas, o tomar medidas cautelares, que es otra manera que tienen los jueces para su citación", expuso Castex.

Esta última alternativa fue la que escogió el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, en diciembre de 2013, ante el pedido argentino de que se extraditara a Muñecas Aguilar y González Pacheco, acusados de torturas. Ruz los citó en su juzgado y les impuso medidas cautelares como la prohibición de salir del país, la retención de su pasaporte y la concurrencia esporádica al juzgado. Meses después, la Audiencia Nacional terminó por rechazar su extradición.

"Ahora es distinto, porque hay que ver la repercusión que en el poder judicial español tendrán estas 20 imputaciones. Primero se verá qué dice el Consejo de Ministros y si gira los pedidos de extradición a la Audiencia Nacional, con la gran diferencia de que en este proceso está vinculado también José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón", reflexionó el abogado. "Aquí si habrá un cambio radical con respecto a los casos anteriores".

Si el Consejo de Ministros autoriza a que el caso sea resuelto por el poder judicial, habrá una primera etapa de instrucción que tramitará la Audiencia Nacional. Después de que el organismo tome contacto con los imputados y ordene posibles medidas o pruebas cautelares, se realizará una audiencia pública que estará a cargo de la Sala de lo Penal de la Audiencia, integrada por tres jueces.
"Eso es independiente de las medidas de detención a través de la Interpol que ya ha cursado la jueza para estos 20 imputados", recordó el abogado argentino. "Y aunque España rechazara la extradición de Billy el Niño y Muñecas Aguilar, para la Justicia argentina siguen siendo imputados y sujetos a ser extraditados".

Diferencias de fondo

 

Los pedidos de detención contra los 20 franquistas establecen una nueva pauta en la trayectoria de la causa. "Es la primera vez que se imputa a ex ministros, además por hechos de conocimiento internacional. Personajes como Rodolfo Martín Villa y Utrera Molina, que son los más notorios entre esta veintena de imputados, van a potenciar la atención que se le dé al desenlace del pedido argentino. A diferencia de la vez pasada, que fueron dos imputados, ahora tenemos 20 procesos en futuro curso", resaltó Castex.

La querella pidió las primeras nueve imputaciones en marzo de 2013, de las que la jueza apoyó cuatro. En 2014, llegó la segunda solicitud para que Servini de Cubría extraditara a 15 franquistas más. "Después de que el fiscal presentara su dictamen a finales de octubre pidiendo la indagatoria de estos últimos, volvimos a reiterar nuestro pedido de que en la resolución de la jueza se incluyeran a los cinco exministros cuya imputación había quedado pendiente", añadió el abogado.

La otra diferencia con la primera resolución de la jueza es que en esta ocasión aparece mencionada la actuación de la Fiscalía. "Al dejar constancia de los pedidos de indagatoria del Ministerio Público Fiscal, lo que hizo Servini de Cubría fue reforzar y respaldar los reclamos de la querella. En su primera orden de extradición contra Muñecas Aguilar y González Pachecho, la jueza sólo mencionaba los aportes y las acusaciones de la querella, pero ahora nombra la actuación  y solicitud de la acusación pública, encabezada por el fiscal".

Para que los 20 imputados pasen a ser procesados, tienen que ser extraditados a Argentina a fin de realizarles la declaración indagatoria, pues la legislación argentina no permite el juzgamiento en ausencia. Entre tanto, la jueza podría pedir otras medidas ya solicitadas por la Fiscalía, como la exhumación de restos o la apertura de fosas comunes.

Pero lo más importante, a juicio de Castex, es ver cómo repercute esta noticia en la sociedad. "La clave es ver cómo reaccionan no sólo las víctimas, sino España entera. Se está poniendo en el banquillo de los acusados a 20 personas, entre ellos, a ocho exministros", resaltó el abogado.
"Creo que por un real convencimiento, llegará un momento en que la Justicia española, fiscales y jueces, dirán basta y tomarán intervención. Si para una Justicia extranjera esto queda claro, qué mejor que tome cartas la Justicia española para que haya una investigación real", razonó Castex. "Por eso es importante ver cómo reaccionará el conjunto del país, y qué postura adopta una dirigencia política que podría estar representada por Podemos. Éste es el objetivo general, y en este sentido, la resolución de la jueza va encaminada a lograrlo".


* Artículo aparecido el 03 de noviembre de 2014 en el diario español Público.