“Me impacta el miedo a declarar de las víctimas”

La jueza María Romilda Servini de Cubría se ha convertido en la magistrada argentina más conocida en España. Instruye desde Buenos Aires la causa que investiga los crímenes del f

ranquismo, única en el mundo. Suele ser renuente a dar entrevistas, y es también cuidadosa a la hora de extenderse en sus respuestas. Frente a la periodista, habla poco y mira de vez en cuando a quien la observa a su vez sin perder detalle: su secretario Alfredo Mangano, la persona en la que quizás más confía dentro de su juzgado.

 

Servini es una jueza muy singular por su trayectoria, prolífica y compleja. Fue la primera magistrada de su país en restituir a dos menores apropiados durante la dictadura cívico militar (1976-1983), y también dice ser la única magistrada que abrió las puertas de su juzgado a Abuelas de Plaza de Mayo durante aquellos años. En sus 25 años como jueza federal, ha recuperado la identidad de otros doce nietos, incluido el de la titular de Abuelas, Estela de Carlotto. Su juzgado tramita alrededor de 80 procesos referentes a la búsqueda de hijos de desaparecidos.

 Si hay una constante en el juzgado de Servini son las causas sobre delitos de lesa humanidad. Pese al indulto del presidente Carlos Menem que lo protegía, en 1998 detuvo con prisión domiciliaria al comandante Emilio Massera, integrante de la Junta militar que dio el golpe de Estado junto a Jorge Videla. Tres años después, solicitaba a la Justicia de Chile la detención del dictador Augusto Pinochet por su vinculación en el asesinato del general Carlos Prats y de su mujer Sofía Cuthbert, asesinados en 1974 en el marco de la operación Cóndor.

La jueza acostumbra a enlazar su apellido con el de su marido fallecido en 2010, el brigadier Tomás Cubría, que fue retirado en 1977 por decisión del tercer integrante de la Junta que dio el golpe de Estado, Ramón Agosti.

Procedente de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), Servini llegó muy joven a la capital argentina para terminar sus estudios de Escribanía y Derecho. Con 37 años, fue la primera mujer en ingresar a la Justicia penal como defensora pública. Dos años después, en 1976, fue promovida como jueza de instrucción. Y en 1990, ya con Menem en el poder, fue ascendida a jueza federal en el juzgado más político por excelencia, el número 1, que tiene a su cargo la justicia electoral.

Le llegó la fama fuera del ámbito judicial en 1991, por un caso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que involucraba a la cuñada de Menem, Amira Yoma, y que desveló el semanario español Cambio 16.  Aquel escándalo político adquirió públicamente el sobrenombre de Yomagate. Sancionada por la Corte Suprema por haber cometido irregularidades, Servini fue apartada de la causa. El Congreso, de mayoría peronista, la salvó de una docena de juicios políticos. Todo este periodo opacó su prestigio, siendo acusada de ser “menemista” hasta por el propio expresidente Néstor Kirchner en 2003.

La jueza con sus ayudantes y los abogados de la querella Máximo Castex y Carlos Slepoy.

Servini provocó además una de las anécdotas más recordadas de la televisión argentina al interponer un recurso de amparo contra el famoso cómico Tato Bores para no ser nombrada en su programa. El artista sorteó la censura llevando al estudio de televisión a actores, músicos y periodistas que cantaron a coro "la jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay", en socarrona referencia a la magistrada.

Servini es menos reconocida en el imaginario social por haber irrumpido en persona en las sangrientas protestas en la Plaza de Mayo durante la crisis de 2001 y haber ordenado a la policía que terminara con la represión del Gobierno de Fernando de la Rúa.

El 14 de abril de 2010 cayó en su juzgado una querella para que investigara el genocidio y los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. En base a un dictamen del fiscal Federico Delgado, Servini se excusó de intervenir. La contradijo la Cámara Federal en septiembre de ese año, obligándola a mandar un exhorto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para averiguar si en España se estaban investigando los delitos del franquismo.

El corazón de la causa
​
Así comenzó este proceso que en sus cinco años de vida ha conseguido que pese una orden de extradición contra 20 imputados españoles –tres fallecidos–, que ha invitado a denunciar los crímenes franquistas a través de los consulados argentinos, que ha individualizado a más de 4.500 víctimas, y que ha motivado a una jueza a viajar a España para recoger en persona declaraciones testimoniales sobre desapariciones y otros crímenes.

“Aquel viaje fue muy bueno”, recuerda Servini. “Nos dieron mucho apoyo y nos atendieron muy bien, salvo una jueza en Málaga que no nos recibió y no nos dejó ir al lugar donde estaban enterradas las víctimas para después solicitar la exhumación”. La magistrada se refiere al cementerio de San Rafael, la fosa común más grande de España. Allí fueron fusiladas y enterradas 4.471 personas.

Durante su itinerario por el País Vasco, Madrid y Andalucía, la jueza recogió otras pruebas documentales y conversó con dos víctimas de la dictadura junto al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. “Yo pensaba que ni nos iban a recibir, así que no tengo más que palabras de agradecimiento para la Justicia española”, aclara Servini.

Tal vez por eso, contesta con reserva al ser inquirida por la actuación de la Audiencia Nacional cuando en abril de 2014 denegó las extradiciones del exguardia civil Jesús Muñecas y del exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

“Bueno, los jueces responden a su legislación. Son decisiones que toman de acuerdo a las leyes y a la Constitución que tienen”, dice casi a modo de disculpa. “Estas son decisiones jurídicas. A veces estamos en el mismo lugar y un juez concede la extradición y otro no. Está dentro del libre pensamiento de cada juez”.

Servini se pasa la mano por el pelo y entrecierra los ojos. “La causa avanza, sólo que un poco más lenta. Lo que ocurre es que en vez de avanzar más rápidamente, como podría ocurrir con una causa argentina, aquí hay que hacer todo más pausado, porque dependes de exhortos y de viajes”.

En el caso de España, evalúa, están en una etapa más primaria. “Es importante que podamos indagar, porque ahí se impulsa la causa. El exministro Rodolfo Martín Villa [uno de los imputados] ha dicho que quiere declarar”.

Por este motivo, el juzgado está examinando la posibilidad de volver a España. “Ahora estamos con más declaraciones testimoniales [por videoconferencia], pero estoy estudiando viajar de nuevo para indagar a los imputados, si me autoriza la Corte y el Consejo de la Magistratura”, adelanta. “Nosotros tomaremos la declaración de todos los imputados, no podemos hacer diferencia. Aunque alguno se niegue a declarar, tienen que presentarse ante nosotros”.

La duda que puede rondar a todas las víctimas es hasta dónde puede evolucionar la causa ante el rechazo permanente a colaborar de las autoridades españolas. “Eso no se puede adelantar, sería hacer futurología”, admite. “Cuando uno empieza una investigación nunca sabe hasta dónde llega. La causa puede prosperar pese a los obstáculos que nos encontramos”.

La jueza en su despacho, durante la entrevista

El guiño sobre un cambio político en España que permita agilizar el proceso se cuela en la entrevista. “No me puedo adelantar a los acontecimientos, como ustedes tampoco pueden adelantarse a los procesos políticos de su país”, desliza. “Hay que ver. Si yo tuviera que adelantarme y decir que el año que viene va a pasar tal cosa, no podría hacerlo, porque no sé quién será el presidente el año que viene”.

¿Será posible que España investigue alguna vez sus propios crímenes? “Yo creo que al final sí los van a investigar”, asiente. “Con el tiempo lo van a hacer. Quizás es demasiado pronto, hay heridas todavía abiertas”.

Se acuerda entonces de su investigación sobre la muerte del general chileno Prats. “Chile no nos entregó a ningún imputado, pero toda la investigación se hizo acá en Argentina, y luego juzgaron allá, pero con mi investigación. En la resolución final de la Corte me mencionan, incluso, ‘que gracias a la investigación que se hizo en Argentina…’”.

Se interrumpe, y piensa. “Yo viajé en ese momento a Estados Unidos a interrogar al que puso la bomba [el ex agente de la DINA Michael Townley], que estaba con un pacto de impunidad, porque existe eso en Estados Unidos. Y el tipo declaró todo, pero no yo lo podía poner porque al mismo tiempo tuve que firmar un pacto de confidencialidad”.

Trascendencia del proceso
​
La relevancia de una causa que por primera vez afronta los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura puede tener más eco en España que en Buenos Aires. La jueza hace como que no es consciente de las repercusiones de su investigación. “No suelo prestarle atención a eso, no estoy con eso. A veces te critican, a veces te elogian. La Justicia es así. Algunos en España nos criticarán”.

“No sé si la causa es importante para Argentina. Para mí es una causa más de lesa humanidad. Acá a nadie le interesa. Sí, hay gente que incluso me ha felicitado en la calle, pero ¿sabes lo que pasa? Que las causas de lesa humanidad son distintas al resto. Tienen otra trascendencia, hasta uno tiene otro sentimiento, pero siempre estamos en la objetividad. Ahora, no podemos estar pensando en si es española o argentina”, justifica.

¿Cómo lidia Servini con este proceso? “Yo estoy en todo, pero tengo mucha gente que me ayuda, equipos que están con los detalles. Me pasan a mí los datos, los reviso y firmo si estoy de acuerdo”, consiente. “Yo tengo que tener objetividad y tranquilidad. Si empiezo a seguir qué dice este diario o el otro, qué dice Twitter, si me insultan o no, me vuelvo loca. Tienes que vivir en una cierta abstracción, por eso aquí [en el edificio donde están los tribunales] los juzgados están separados, los dejan apartados”.

Pero ella, lo quiera o no, pasará a la historia por ser la primera jueza que imputa a represores franquistas. “No lo había pensado”, dice despacio. “Estoy trabajando y no pienso en gloria o premios. Nosotros investigamos los delitos del general Prat como ahora también estamos investigando los delitos de nuestro país, con chicos desaparecidos. En todo caso, me alegro de poder ser útil”.

La magistrada revela que no había imaginado los progresos que iba a tener la causa a lo largo del tiempo. “Estoy muy contenta, porque veo que vamos muy bien”, concede. “En concreto, que ya haya imputados y hayamos podido pedir extradiciones. Estamos a una altura muy importante que para nosotros es la llamada a indagatoria, cuando se pide la extradición”.

Una de las últimas trabas a la investigación no provino de la Audiencia Nacional, sino del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy cuando denegó en marzo las extradiciones que pedía la magistrada. España, en este punto, vulnera el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica ratificado por ambos países en 1990.

Servini reconoce que desde la Justicia argentina no hay mucho margen de maniobra. “Los tratados son vinculantes, pero si no lo cumplís… la Justicia argentina no puede intervenir”. Queda en silencio unos instantes, y añade. “Con las extradiciones que pidió Garzón en su momento, Argentina tampoco cumplió. Garzón sólo pudo detener a los que tenía allá”.

“Los tratados son vinculantes pero si España no los cumple la Justicia argentina no puede intervenir”

Intercede entonces su secretario Mangano. “España no hizo lugar a nuestros pedidos de extradición por la ley de Amnistía que tienen vigente, no porque consideraran que no teníamos razón. No trataron el fondo del asunto, se escudaron en eso. Pero esto es muy importante, porque si hubieran podido voltear nuestros argumentos lo habrían hecho como para que no mandemos más pedidos”, delibera.

Servini interviene decidida. “La causa la trabajamos para terminarla. Esperamos poder hacerlo”. Pero ¿qué significa terminarla? “Que podamos procesar, o sobreseer, y que la causa pase a un tribunal oral, o no”, alega. Es todo un abanico de posibilidades.

Lo que sí sabe es que la investigación no está condenada a eternizarse por las constantes denuncias que se incorporan al proceso. “Puedes ir cerrando la causa por partes mientras las nuevas denuncias se van investigando. A mí me gustaría que esta investigación se pudiera terminar, aquí o en España. No es algo que yo quiero para mí. La querella está queriendo una reparación. Los imputados, una defensa. Esto tiene que tener un final”, sentencia Servini.

Miedo en las víctimas
​
Si hay algo que a la magistrada le ha impresionado durante el transcurso de la causa fue el temor de las víctimas a dar su testimonio. “Me impactó el miedo que tiene la gente a declarar”, recuerda Servini de su viaje. “No estamos acostumbrados a que la gente, en derechos humanos, tenga miedo. La gente acá es espontánea, habla. Nos impresiona el miedo”. Ante la pregunta de a qué cree que obedece ese miedo, se echa para atrás y aprieta los labios. “Investiguen ustedes, los españoles. Pregúntenle a la gente por qué los querellantes tienen miedo de declarar”.


* Artículo aparecido el 24 de mayo de 2015 en el diario español Público.

Trata de personas y trabajo esclavo, el lado oscuro de Buenos Aires

A finales de abril, dos niños de cinco y diez años fallecieron al incendiarse un taller textil clandestino en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Se llamaban Rolando y Rodrigo Menchaca. Eran las 10 de la mañana de un lunes, y los niños no tenían colegio porque el día anterior se habían celebrado elecciones primarias.

Las ventanas del frente de la casona estaban enrejadas y tapiadas por completo. También las aberturas que comunicaban con el subsuelo. Cuando el fuego se alzó desde el sótano, los tíos de los niños intentaron sacarlos por la escalera, pero estaba en llamas. Los adultos terminaron por ser trasladados al hospital, ella, por quemaduras en el rostro, y él, intoxicado de humo.

Los bomberos tuvieron que romper varias paredes para llegar a las víctimas. Los niños yacían sobre la cama, abrazados. A los pies del lecho estaba la perra de la familia. Algunos vecinos dicen que oyeron gritar al hermano mayor desde el interior, pidiendo ayuda. Personal de criminalística infiere que los niños estaban dormidos cuando murieron. Sus cuerpos terminaron carbonizados.

La casa estaba sellada para ahogar los ruidos de las máquinas, ubicadas en la planta baja. Hacía cuatro días que el taller estaba sin suministro eléctrico. El padre de Rolando y Rodrigo cree que la causa del fuego fueron las velas que utilizaban para alumbrar el lugar.

Los abogados de la familia han confirmado a Público que los trabajadores del taller sobrevivían en condiciones de hacinamiento y explotación laboral. En el local trabajaban entre cinco y siete bolivianos para una sola persona, de nacionalidad coreana. Él les proveía las telas y las máquinas, y luego les compraba la mercadería terminada a razón de entre 6 y 8 pesos por prenda (60-80 céntimos de euro).

La dueña de la casa, que vivía al lado del inmueble incendiado, había firmado el contrato de locación con el coreano, pero el alquiler era pagado cada mes por los propios trabajadores, así como el servicio de luz. Había cinco camastros amontonados para que todos ellos durmieran allí. Trabajaban 14 horas seguidas, de 8 h a 22 h.

Al momento del incendio, los padres de los niños estaban en su hogar de Villa Celina, una localidad muy humilde de la provincia de Buenos Aires. En ocasiones, Rolando y Rodrigo se quedaban a dormir con sus tíos, ya que la escuela estaba a dos manzanas de distancia del taller.

“Hay una responsabilidad política del Gobierno de la ciudad, de Mauricio Macri, que es quien tiene poder de policía de trabajo. Nunca había inspeccionado el lugar aunque tenía información de que podía existir una situación de trata de personas”, contó el abogado de la familia Nahuel Berguier. “La querella intentará que se determine la responsabilidad penal de quienes explotaban el establecimiento, con atención a las posibles ramificaciones que existan en la industria, y también la responsabilidad de los funcionarios a cargo”.

Nuevo incendio
Tras el siniestro, el inmueble quedó clausurado bajo custodia policial, pero diez días después volvió a prenderse en llamas. El inspector de Trabajo del Gobierno porteño, Edgardo Castro, afirmó que el fuego había sido provocado para eliminar etiquetas, máquinas y otras pruebas que pudieran vincular a fabricantes o empleadores con la tragedia.

Pese a todo, se hallaron etiquetas de marcas internacionales como Pierre Cardin y uniformes de al menos una escuela privada. “Estos incendios en Flores desnudaron la batalla interna que existe entre funcionarios del Gobierno porteño por el control de la actividad de los talleres clandestinos, no para regularizarlos sino para permitir que sigan funcionando”, señaló el funcionario.

La organización La Alameda, que investiga y denuncia casos de trata y de explotación labora, había denunciado el 24 de septiembre de 2014 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), del Ministerio Público Fiscal, la existencia de este taller clandestino. Pero la capital argentina es un distrito autónomo, y el Gobierno de la Ciudad es quien tiene el poder de policía, y por tanto la potestad de realizar inspecciones desde diciembre de 2007, en virtud de la Ley del Trabajo a Domicilio.

Los abogados de la familia han confirmado a Público que los trabajadores del taller sobrevivían en condiciones de hacinamiento y explotación laboral.

La Protex notificó sobre la existencia de éste y otros 29 talleres clandestinos al Gobierno de Macri, quien a su vez emitió como respuesta, en noviembre de 2014, dos oficios para confirmar que no había realizado ninguna inspección en esos lugares.

Un vecindario testigo

Basta pasear al atardecer de un sábado por el barrio de Flores para descubrir la sucesión de calles grises por el sinfín de locales cerrados uno junto al otro, tiendas de ropa que se nutren de los talleres que los rodean. Decenas de bolsas con restos de prendas se apilan en cualquier lado. Jirones de tela alfombran la acera.

Omar Ruiz, que vive a dos casas del taller incendiado, fue quien denunció en 2014 la existencia del local clandestino y las condiciones de explotación en las que trabajaban sus vecinos. Sabe de inspecciones, al igual que su mujer Patricia Rodríguez, porque son oficiales de la Justicia federal.

“Estamos en este barrio desde que nacimos. En esta misma cuadra [manzana] hay otros cinco talleres clandestinos, que hemos denunciado, sin que vinieran siquiera a llamar a la puerta”, indican ambos. “Ahora están sacando las máquinas de esos locales, se están llevando a la gente, y ni siquiera los detiene el Gobierno de Macri para preguntarles,'pero ¿qué estáis haciendo?'”.

“Desde el año pasado tenían que haber venido a comprobar la denuncia sobre el taller que les había pasado la Fiscalía. Y tras el incendio, como organismo de contralor, el Gobierno de la ciudad tenía que haber realizado pericias inmediatas”, sintetizan.

Responsabilidades

“El Gobierno porteño no puede ingresar por la fuerza en este tipo de inmuebles, que desde afuera parecen casas particulares. El inspector golpea y, si nadie le abre, nada puede hacer. Es un tema de difícil solución", dijo a modo de disculpa el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, tras enterarse de la muerte de los dos niños.

La fundación La Alameda ha acusado de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público a cuatro funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, entre los que se encuentra Larreta, aspirante a suceder a Macri en el Gobierno en las próximas elecciones del próximo 5 de julio.

El inspector de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, también ha demandado al director general de Protección del Trabajo del Gobierno porteño, Fernando Macchi, por connivencia con la red de talleres clandestinos.

A lo largo de estos años, La Alameda ha denunciado a un total de 117 marcas por utilizar mano de obra esclava y trabajo infantil en talleres clandestinos. Entre ellas se encuentra Zara, Soho (hoy recuperada por sus trabajadores), Adidas, Lacoste y Puma.

“Una de las pocas firmas que se vio envuelta judicialmente en el escándalo del trabajo esclavo fue Awada, empresa que pertenece al cuñado de Macri, Daniel Awada, y que llegó a estar imputado por basar su producción en talleres clandestinos”, explica Facundo Lugo, integrante de la fundación. “Al final fue sobreseído, y la causa sigue hoy en curso con la imputación de la intermediaria”.

Mientras Mauricio Macri almorzaba con los jugadores Lionel Messi y Javier Mascherano en España tras haber visto el partido Barcelona-Bayern de Munich, la Alameda se manifestaba frente a la sede de su Gobierno para presentar un mapa con la localización de 170 nuevos talleres clandestinos, realizado en apenas cuatro días con las denuncias que llegaron a la organización.

En realidad, se estima que existen en toda la ciudad 3.000 talleres de este tipo. En toda Argentina, trabajan de manera informal para el sector textil unas 300.000 personas. Son, en su gran mayoría, inmigrantes de Bolivia. Muchas veces, los talleristas o intermediarios también son bolivianos, o coreanos.

“Montones de alumnos viven en talleres clandestinos, en cuartos de dos por dos, en condiciones inhumanas. Porque en la transparencia de los chicos se puede ver quién come bien y quién no, quién duerme bien y quién no, quién tiene la cabeza para estar tranquilo y quién no puede cerrar los ojos ni aun dormidos”, relató en una carta uno de los profesores de la escuela a la que asistían Rolando y Rodrigo. “Claramente hay responsables y todos sabemos quiénes son: el Gobierno de la ciudad es cómplice de esto y el Gobierno nacional es parte también”.

Sentencias por explotación laboral

En Argentina sólo hay cinco sentencias condenatorias por trata de personas con fines de explotación laboral en talleres textiles: tres casos procedentes de San Martín (provincia de Buenos Aires), uno de la capital argentina, y otro más de Salta.

El delito de trata en Argentina fue tipificado en 2008. A finales de 2012 se aprobó una modificación de la normativa, y sólo se reglamentó a comienzos de este años. Según La Alameda, no hay un poder Ejecutivo vinculado con los poderes locales que la empujen y le den el presupuesto necesario para funcionar.

La mayoría de las denuncias por talleres clandestinos se presenta ante el juzgado federal para que se juzgue la posible violación de la Ley de Trata de Personas, la cual es vulnerada cuando hay un mecanismo de captación y traslado de personas, y la Ley de Migraciones, cuando alguien contrata a una persona no documentada.

Si estas premisas no suceden o no pueden probarse, las causas pasan a tramitarse a través de la justicia correccional para comprobar si la persona puede ser considerada víctima de trabajo forzoso, cuando trabaja más de 12 horas, o de reducción a la servidumbre, si trabaja y vive en el mismo lugar.

La Alameda sólo registra una sentencia por reducción a la servidumbre en la ciudad de Buenos Aires, con fecha de 2014.


* Diario aparecido el 17 de mayo de 2015 en el diario español Público.