domingo, 27 de abril de 2014

Argentina pedirá más extradiciones de franquistas pese al bloqueo de la Audiencia



"Jurídicamente la Audiencia Nacional está en las antípodas del reclamo de la Justicia argentina". El abogado argentino Máximo Castex, que impulsa la causa sobre los delitos del franquismo desde Buenos Aires, ha cuestionado los alegatos  que ha esgrimido la Audiencia Nacional para negarse a la extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas. "Se requirió una cosa y la Justicia española contestó otra", sostuvo.
 
Foto de archivo de Jesús Muñecas. EFE"La Audiencia Nacional entiende que el caso de Muñecas es una denuncia de tortura aislada, sin conexión con el genocidio que se está investigando, y por lo tanto, aplica las reglas de prescripción para esos casos", explica el abogado. "Pero las pautas de prescripción no corren para los casos de delitos de lesa humanidad, que es lo que aquí se está investigando".

Castex denuncia que en la resolución ni siquiera se analiza el contexto histórico de los hechos denunciados, así fuera para descartarlo. "Las torturas por las que se reclama la extradición de Muñecas se realizaron en un contexto histórico determinado en el cual la tortura era sistemática, y eso es lo que le da el carácter de genocidio. No habrían ocurrido esas torturas de no haberse dado ese contexto", resalta.

El abogado hace énfasis en la diferencia de calificación jurídica que hace del caso la Justicia española y la argentina. "No hay conexión aparente, para la Audiencia Nacional, entre las torturas imputadas a Muñecas y el genocidio que llevó a cabo el franquismo", subraya. Castex además destaca que, de las siete carillas de la resolución, los argumentos jurídicos de la Audiencia están resueltos en apenas dos hojas. Las otras cinco se dedican a deambular sobre cómo llegó el pedido y de qué estuvo acompañado.

La querella argentina esperó a tener la resolución de la Audiencia Nacional para valorar  los alegatos presentados en unanimidad por los tres jueces de la sección tercera del tribunal. "Existe la posibilidad de recurrir si lo quiere la Fiscalía española, pero tal y como se ha expedido en la vista pública y en ocasiones anteriores, no lo va a hacer", Tampoco podrían recurrir las víctimas del franquismo, que no han sido parte del proceso, ni el Estado argentino, al no haberse personado como parte jurídica en la causa.
La semana que viene los abogados acudirán al juzgado a explicar la reacción de la Audiencia Nacional, aunque el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa, no emitirá ninguna decisión notificada hasta que no llegue la comunicación formal de la Audiencia Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La querella argentina da por descontado que seguirá con la causa. "Nosotros tendremos que reunirnos y tomar decisiones al respecto, por ejemplo con la resolución de imputaciones pendientes de la jueza, y con respecto a las medidas que dependen del juzgado, como retomar los viajes que se frustraron y ampliar las videoconferencias".

Los abogados también tienen puesta una mínima esperanza en que se realicen nuevos procesos de extradición con otros magistrados de la Audiencia Nacional, lo que abriría la posibilidad de que emitieran votos diferentes. Bastaría con que dos de los tres magistrados que deben decidir sobre una instrucción judicial accedieran a los pedidos de extradición de Argentina.

Nuevo fiscal en Argentina

La querella argentina también destaca el impulso que en Argentina podría tener la causa con la intervención de un nuevo fiscal, Ramiro González. "Nosotros pedimos, atentos a la nula actividad del fiscal Federico Delgado, la incorporación de una procuración especial sobre crímenes de lesa humanidad. Delgado se excusó de actuar, y la causa fue remitida por Servini, de modo que se realizó un nuevo sorteo", aclara Castex.

El nuevo fiscal, que tendrá una vista pública para definirse en el caso, podría acompañar a la querella en la causa contra los crímenes del franquismo. "González es el acusador público, a diferencia de nosotros, que somos el acusador privado. Podría pedir a la jueza medidas probatorias, indagatorias, y hasta extradiciones", añade el abogado.

Todavía quedan por ser resueltos 20 pedidos de extradición que ha elevado la querella argentina a la jueza desde el comienzo de la causa, en abril de 2010: cinco pendientes del el año pasado -de un primer listado de nueve personas  en el que estaban Jesús Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachecho, alias Billy el Niño, además de otros dos fallecidos- y quince que se pidieron en abril.

Larga espera

España ha tardado siete meses en rechazar la orden de detención que pesaba sobre Muñecas, imputado por torturar a Andoni Arrizabalaga Basterrechea cuando estuvo detenido en el cuartel de la Guardia civil de Zarautz, en 1968. El juzgado de Servini de Cubría todavía espera a que la Audiencia Nacional resuelva el pedido de extradición de Billy el Niño, acusado de cometer torturas a 13 personas entre 1971 y 1975.

El abogado Carlos Slepoy, que lleva la causa desde España, ya informó en abril de que la magistrada, en cualquier caso, "tiene previsto viajar a España para tomar declaración, directamente en sus propios domicilios, a aquellas personas que, por algún tipo de minusvalía, no puedan trasladarse ni siquiera al consulado argentino".


* Artículo aparecido el 26 de abril en el diario español Público.

sábado, 5 de abril de 2014

La querella argentina pide la imputación de otros 15 franquistas

Fueron ministros de Franco, y ahora encabezan el listado de imputaciones que este viernes presentan los abogados de las víctimas del franquismo ante la Justicia argentina. Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio, son, en realidad, parte de un elenco que incluye también a dos ex miembros de la Judicatura militar y a ocho policías.

Licinio de la Fuente, Alfonso Osorio y Antonio Carro.

Licinio de la Fuente, Alfonso Osorio y Antonio Carro


El abogado de la querella Carlos Slepoy presenta este viernes, junto con Máximo Castex, este elenco de nombres ante el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga los crímenes del franquismo. Lo hace un día después de la vista pública que celebró la Audiencia Nacional para estudiar el reclamo argentino de extradición sobre el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y a seis de la que se celebrará para dilucidar lo mismo con respecto al ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Público ha tenido acceso en exclusiva al escrito, en el que se pide a la jueza que "dicte órdenes internacionales de detención respecto de Antonio Carro Martínez [ex ministro], Licinio de la Fuente de la Fuente [ex ministro], Antonio Barrera de Irimo [ex ministro], José María Sánchez-Ventura Pascual [ex ministro], Alfonso Osorio García [ex ministro], Jesús Quintana Saracíbar [policía], Carlos Rey González [ex miembro de la Judicatura], Antonio Troncoso de Castro [ex miembro de la Judicatura], Jesús González Reglero [policía], Ricardo Algar Barrón [policía], Félix Criado Sanz [policía], Pascual Honrado de la Fuente [policía], Jesús Martínez Torres [policía], Benjamín Solsona Cortés [policía]  y Atilano del Valle Oter [policía], a efectos de que sean detenidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y luego sean extraditados".

En total son cinco ex ministros franquistas, ocho policías, y dos ex miembros de la Judicatura militar de la dictadura: 15 acusados que se suman a los nueve presentados el año pasado. Sobre dos de estos últimos, Muñecas y Billy el Niño (más otros dos que en realidad habían fallecido), la jueza solicitó en septiembre del año pasado la detención internacional y la consecuente extradición.




Los cinco ex ministros, el ex miembro de la Judicatura Carlos Rey y el policía Jesús Quintana Saracíbar podrían enfrentar penas de reclusión perpetua, según los abogados, por "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas".

Troncoso de Castro, por tentativa de homicidio agravado, podría ser condenado a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que a los otros siete policías les correspondería la pena de entre 8 y 25 de cárcel por los delitos de torturas. "A Atilano del Valle Oter le resulta asimismo aplicable la pena de 15 a 20 años de reclusión por tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", sostiene el texto.

Para todos ellos se pide la fijación de audiencias indagatorias, órdenes de detención internacional por medio de Interpol, y la solicitud a España de que curse prisión preventiva contra los acusados como paso previo a la extradición diplomática.

"Los delitos han sido instrumentales para la comisión de un genocidio o, subsidiariamente, constituyen crímenes de lesa humanidad", concluye el escrito, "por lo que, en uno u otro caso, la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de justicia universal". Con la información que se presenta en el nuevo escrito, quedan representados, entre otros, el Proceso de Burgos y el caso Puig Antich, muy significativos en la causa que se impulsa desde Argentina.

Más pedidos de captura internacional

El juzgado de Servini de Cubría, mientras tanto, trabaja todavía en posibles pedidos de extradición, como el de los ex ministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), que fueron los primeros miembros del Ejecutivo franquista en ser denunciados ante la Justicia argentina.

Entre los pedidos de procesamiento hay ocho policías, como ya adelantó este diario, entre los que se encuentra Jesús Martínez Torres, jefe de policía en San Sebastián, y desde 1982 y hasta 1994, comisario General de Información (a cargo del espionaje policial) durante el Gobierno del PSOE. En 2013 le fue concedido el título comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía.

Ex ministros franquistas de los que se pide la imputación


Antonio Carro Martínez (Lugo, 1923)

Firmó la sentencia de muerte que ejecutó por garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974. Doctor en derecho, fue el último ministro de la Presidencia que tuvo el Gobierno de la dictadura (cargo que mantuvo de enero de 1974 a diciembre de 1976). Como tal, firmó también las últimas condenas de muerte que ordenó el régimen, y que ejecutaron por fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria.
También ha sido profesor en la Universidad de Madrid y letrado en el Consejo de Estado. Se mantuvo en política como diputado en la Legislatura Constituyente de España (1977-1979) y a lo largo de cuatro legislaturas más como diputado electo del PP en la provincia de Lugo. Algunas de las víctimas del franquismo que se han querellado contra él son Merçona Puig Antich; María Vitoria Sánchez Bravo Xolla; Flor Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco.


Licinio de la Fuente ( Noez, Toledo, 1923) 

Al igual que Carro Martínez, firmó la sentencia de muerte de Puig Antich mientras era vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro, puesto que tuvo entre 1974 y 1975. De 1969 a 1975 fue también ministro de Trabajo. Después se convertiría en uno de los fundadores de Alianza Popular y del Partido Popular (PP), antes de desembarcar en el ámbito privado y convertirse en consejero de hasta siete empresas (Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc, Ibermutua). Merçona Puig Antich se querella contra él.


Antonio Barrera de Irimo (Ribadeo, Lugo, 1929)

Antes de dimitir como vicepresidente segundo del Gobierno franquista en 1974, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich. Un año antes se desempeñó como ministro de Hacienda, siempre con Carlos Arias Navarro como presidente. Se licenció en Derecho y Economía. Su trabajo en la esfera privada comenzó a desarrollarse antes de llegar al Gobierno. Fue presidente de Telefónica de 1964 a 1973. En la actualidad, es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull S.A, y presidente de Autogrill España. Su nombre figura en la querella presentada por Merçona Puig Antich.


José María Sánchez-Ventura Pascual (Zaragoza, 1922)

A los cuatro meses de ser nombrado ministro de Justicia, en marzo de 1975, firmó la sentencia de muerte de los últimos cinco fusilados del franquismo, ejecutados el 27 de septiembre de 1975 (mencionados arriba). Licenciado en Derecho, ocupó varios puestos de relevancia antes de llegar al Ejecutivo franquista. De 1958 a 1961 dirigió el Colegio Mayor Universitario San Pablo, de Madrid. Entre 1966 y 1970 fue Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II de Madrid. En 1967, además, estuvo al frente del Consejo de Administración del periódico Informaciones. Está inculpado en los testimonios de Flor Baena Alonso. María Victoria Sánchez Bravo, Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, entre otros.


Alfonso Osorio García (Santander, 1923)

Fundador de la UDE y diputado de la UCD, fue Ministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de la monarquía, (diciembre de 1975-julio de 1976, con Arias Navarro). Licenciado en Derecho, y tras ser Subsecretario de comercio en 1965 y presidente de RENFE en 1968, fue vicepresidente de la petrolera British Petroleum en España. Los años que no estuvo en el Gobierno, entre 1965 y 1990, fue presidente de PETROMED. Se lo considera responsable, junto con otros, de la matanza de Vitoria del 3 de septiembre de 1976, que terminó con la vida de cinco personas. Está imputado en las querellas de Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio.


Ex miembros de la Judicatura militar franquista


Antonio Troncoso de Castro (Vitoria, 1941)

Diplomado en Derecho Penal Militar, fue Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Ex fiscal del Tribunal Supremo, Ex vocal del Tribunal Marítimo Central y abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Durante la dictadura, fue vocal ponente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 que se aplicó contra 16 miembros de ETA acusados del asesinato de tres personas, en lo que se conoció como el Proceso de Burgos, en diciembre de 1970. Además participó en varios consejos de guerra y causas militares que enjuiciaron a opositores antifranquistas entre 1963 hasta el fin del régimen.
Como vocal ponente de los consejos de guerra, estaba encargado de asesorar jurídicamente al Tribunal y de redactar la sentencia. Ante el Proceso de Burgos, sentenció con dos condenas de muerte a Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi Artola y Xabier Izko de la Iglesia; Mario Onaindia Natxiondo, Xabier Larena Martínez y Unai Dorronsoro Ceberio fueron sentenciados a una pena de muerte; y Jon Etxabe Garitacelaya y Enrique Guesalaga Larreta, a 50 años cada uno. Estos dos últimos son los que contra él se querellan.

También figura en las querellas de Ignacio García Arramberri y Jon Arrizabalaga Basterretxea, que fueron juzgados en el proceso 28/69 que sentenció a muerte al hermano de este último, Andoni, y de Alberto Gabikagogeaskoa Mentxaka, Josu Naberan Naberan y Javier Amuriza Zarraonoindia, enjuiciados a su vez en el proceso 66/69 (el llamado proceso a los curas vascos).


Carlos Rey González

Como vocal del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich, fue el único redactor de la sentencia a muerte por garrote vil que sentenció al antifranquista. Hoy es abogado en Barcelona, y ha representado a la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, ya archivado. Contra él ha testimoniado Merçona Puig Antich.


* Artículo publicado el 5 de abril de 2014en el diario español Público

viernes, 4 de abril de 2014

La jueza Servini viajará a España para escuchar a las víctimas del franquismo


La jueza argentina, María Servini, "tiene previsto viajar a España para tomar declaración, directamente, en sus propios domicilios, a aquellas personas que, por algún tipo de minusvalía, no puedan trasladarse ni siquiera al consulado argentino", confirmó el jueves el abogado Carlos Slepoy, impulsor de la causa abierta en Argentina que investiga los crímenes del franquismo.

Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Slepoy y Darío Rivas durante la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados de Argentina.
Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Slepoy, Remo Carlotto y Darío Rivas, durante la conferencia de prensa, en Buenos Aires, el día de la vista pública de Jesús Muñecas (A.D)


Ésta es una de las noticias que se dieron a conocer durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, una de las más concurridas de cuantas se han celebrado desde el comienzo de la causa en abril de 2010, con la presencia del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, varios congresistas, entre los que destacaba el dirigente gremial Víctor de Gennaro, y los querellantes que dieron origen a la causa, Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández.

La convocatoria corrió a cargo de la plataforma argentina de apoyo a la querella a raíz de la primera comparecencia de Jesús Muñecas, acusado de torturas durante el régimen franquista, ante la Audiencia Nacional, en Madrid. "Hubo en España 40 años de dictadura, llevamos casi 37 de democracia, y hasta ahora no ha habido un solo represor que haya comparecido a prestar declaración siquiera. Por tanto, comprenderán la trascendencia de que, a pedido de la Justicia argentina, comparezca un acusado de torturas en el marco de un proceso de extradición", concedió Slepoy.

El abogado adelantó que habrá nuevas videoconferencias entre la magistrada que investiga la querella y las víctimas del franquismo, y valoró como "audaz" la intervención de la jueza para pedir la exhumación de once cuerpos de una fosa común en Guadalajara. "Esta jueza argentina está haciendo lo que deberían hacer los jueces españoles, y está influyendo en muchos jueces y fiscales españoles que se plantean que no puede ser que se estén investigando estos crímenes fuera del país", lanzó.

El letrado confirmó que pronto podría resolverse la imputación de nuevos responsables franquistas por los que ya se pidió la extradición el año pasado. "Confiamos que esto se produzca en el transcurso de la semana que viene, de modo que ya no sólo se juzgaría a responsables de torturas, sino también a exministros que firmaron sentencias de muerte", adelantó.

Personación del Estado argentino

"Esta jueza argentina está haciendo lo que deberían hacer los jueces españoles" Slepoy también se refirió a la personación de Argentina en la vista pública de Muñecas y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. "Insistimos en que el Estado estuviera presente interviniendo a efecto de que hiciera lo mismo que los diputados hoy presentes, que compareciera y defendiera la posición de la Justicia argentina", explicó Slepoy.

"Esto es un avance del Gobierno argentino, el estar presente, aunque no en un modo activo como proponíamos", valoró el abogado. "Lo que esperamos es que el 10 de abril [ante la vista pública de Billy el Niño] no sólo estén presentes, sino que intervengan para defender la extradición".

Slepoy confirmó que junto Máximo Castex, abogado que lleva la causa desde Buenos Aires, presentará este viernes en el juzgado un escrito solicitando la imputación de varios franquistas, incluidos algunos exministros.

Respaldo del Congreso argentino

"Sobre la impunidad no es posible construir una democracia" Remo Carlotto, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, intervino también para mostrar el apoyo del Congreso.

 "Cuenten con el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para seguir recibiendo nuestro acompañamiento y para realizar estrategias con el fin de que esto se sepa en Argentina y en España", se comprometió el funcionario. "Tiene que existir el conocimiento de estas causas en los países de origen para que una justicia independiente con la voluntad de investigar y sancionar se concreten en cada uno de estos países".

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó que los crímenes de lesa humanidad permanecen en el tiempo al ser imprescriptibles, y puso de ejemplo a los criminales nazis a los que todavía se están buscando. "Sobre la impunidad no es posible construir una democracia. Sería una fachada de democracia", sostuvo. "Nosotros lo vivimos. Esperamos que otros pueblos también lo puedan alcanzar".

* Artículo publicado el 4 de abril de 2014

Despidos indiscriminados y a voleo: la nueva política que impulsa el Gobierno de Argentina*

 No hubo una evaluación de su desempeño, ni un aviso de advertencia. Carolina Salvatore, una empleada de la Secretaría de Educación de Arge...