viernes, 26 de agosto de 2016

Rechazo a un centro de detención para extranjeros creado por Gobierno argentino

Organizaciones de derechos humanos cuestionaron este viernes al Gobierno argentino de Mauricio Macri por habilitar un centro exclusivo para personas extranjeras que tengan antecedentes penales o ingresen al país de manera irregular.

“Amnistía Internacional observa con preocupación la creación de un centro de detención para personas migrantes”, indicó la entidad en un comunicado.
El Ministerio de Seguridad firmó el jueves un convenio con la Dirección Nacional de Migraciones, en el que también interviene el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, por el que este último organismo cede un inmueble de la capital argentina para que funcione como centro de detención.

El Gobierno nacional alojará en este establecimiento a todos los extranjeros que incumplan las leyes migratorias “en calidad de detenidos” y “en carácter de comunicados”.

El convenio, que tendrá una duración de cuatro años, entrará en vigor a partir del 1 de septiembre.

El centro se constituye “al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero, durante el tiempo necesario y razonable para cumplimentar los fines y alcances dispuestos por la autoridad migratoria, estándole prohibido cambiar el destino mencionado”, indicó Migraciones.

La Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”.

“El alojamiento de los extranjeros retenidos deberá hacerse en ámbitos adecuados, separados de los detenidos por causas penales”, añade el comunicado.

Esta medida “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina (...) reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos y por promover la regularidad migratoria por sobre las medidas de control y restricción de la migración”, denunció AI.

Aunque el Ejecutivo alega que este centro servirá “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 [de Migraciones] y su normativa complementaria vigente”, Amnistía objetó que esta medida “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”.

Aprobada en diciembre de 2003, la Ley de Migraciones fue reconocida internacionalmente por incorporar cláusulas en sintonía con la protección de derechos humanos, y por priorizar la regularidad de los extranjeros frente a pautas de restricción en donde la detención interviene como control migratorio.

El Gobierno de Macri “está ampliando los criterios de retención y expulsión”, denunció por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo que supervisa el estado de derechos humanos en Argentina.

En la plataforma Change.org ha surgido una iniciativa que han firmado más de 1.000 personas contra este “paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un 'problema' de seguridad nacional y de orden público”.

Argentina ha sido históricamente un país receptor de inmigrantes. La Dirección Nacional de Migraciones celebraba en 2015 que Argentina se había convertido en el principal receptor de inmigrantes de América Latina con el 4,6 por ciento de su población extranjera, casi 2 millones de personas. 


Artículo publicado este viernes en la agencia internacional de noticias Sputnik.

jueves, 25 de agosto de 2016

Condena histórica en Argentina a represores de la dictadura

La justicia argentina condenó el jueves a cadena perpetua al ex general Luciano Benjamín Menéndez y a otros represores de la última dictadura argentina (1976-1983) que cometieron delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba (centro)

“Pena de prisión perpetua” al genocida Luciano Benjamín Menéndez, sentenció el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de Córdoba durante la lectura del fallo, transmitido en directo por el Centro de Información Judicial.

El exjefe del Tercer Cuerpo del Ejército, que acumula varias condenas de este tipo, fue condenado por ser autor y coautor de crímenes por privación ilegitima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de personas seguida de muerte, entre otros delitos cometidos contra centenares de "perseguidos políticos".
De 89 años, Menéndez fue encontrado culpable de la desaparición de 282 personas, de 52 homicidios, 260 secuestros, y 656 casos de torturas.

La misma pena recibió el ex capitán Héctor Pedro Vergez, jefe del grupo paramilitar Comando Libertadores de América; y el ex mayor Ernesto "Nabo" Barreiro, que recibió su primera sentencia a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad en el marco de la megacausa "La Perla-La Ribera".
Tras cuatro años de juicio oral, obtuvieron la misma sentencia los represores Santiago Martella, Héctor Chilo, Jorge Gorleri, Jorge González Navarro, Luis Gustavo Driedrichs, Jorge Exequiel Acosta, Carlos Enrique Villanueva, y José Hugo Herrera.

La prisión perpetua también fue adjudicada a Oreste Valentín Padován, Juan Eusebio Vega, Ricardo Alberto Lardone, Emilio Morard, Arnoldo José López, José Hugo Herrera, Héctor Romero, Eduardo Grandi, Mirta Graciela Antón y Yamil Jabour, además de Carlos Yanicelli y Juan Molina.

La Perla fue el mayor centro clandestino de detención que funcionó en el interior del país entre marzo de 1975, durante los últimos meses del gobierno constitucional de Isabel Perón, y 1979.

Miles de personas, que algunos medios calcularon en más de 10.000, aguardaban a las afueras del tribunal el histórico fallo. Por primera vez se juzgó en Córdoba la apropiación de bebés por parte de militares, que sustraían los recién nacidos a las embarazadas detenidas para después colocarlos en una nueva familia, con una nueva identidad.

En el último tramo del juicio, también recibieron cárcel de por vida Carlixto Flores, Marcelo Luna, Herminio Jesús Antón, Albert Luis Lucero, Miguel Ángel Gómez.

En total, hubo 28 condenas a prisión perpetua, de las 35 que pedía la fiscalía.
Además fueron condenadas otras siete personas a entre 5 y 21 años de cárcel.
Cinco de los acusados, en cambio, fueron absueltos.

En total fueron juzgadas 45 personas por los delitos cometidos contra 716 víctimas, 279 de las cuales todavía permanecen desaparecidas.Algunos acusados murieron durante el proceso.

El juicio investigó en total 22 expedientes judiciales, a lo que se suma el testimonio de unas 600 personas, que en total aportaron más de mil horas de audiencias.

Se estima que por La Perla pasaron unas 3.000 personas.

* Artículo publicado en la agencia internacional Sputnik.

lunes, 15 de agosto de 2016

Malcorra admite que su candidatura a la ONU tendría impacto sobre la cuestión de Malvinas


Buenos Aires, 14 ago - La canciller argentina Susana Malcorra admitió durante una entrevista con Sputnik Nóvosti y otros cinco medios extranjeros, que si fuera elegida como próxima secretaria general de la ONU, Reino Unido podría esquivar en ese organismo el reclamo soberano de Argentina sobre las islas Malvinas.

"El hecho de tener una secretaria general argentina, que sería el caso si yo fuera, pondría el Reino Unido eventualmente en la situación de no llevar el caso a las Naciones Unidas", reconoció la canciller.

Tras aclarar que manifestaba su visión personal y no la de Gobierno argentino, Malcorra reparó en que Reino Unido podría alegar una "visión parcializada por parte de la secretaria general" para evitar el diálogo en el ámbito de las Naciones Unidas sobre el conflicto de soberanía en torno al archipiélago.

"De última, eso da al Reino Unido una excusa para no plantear el tema de Malvinas", señaló.

La canciller recordó, en todo caso, que "el tema de Malvinas está pendiente de discutirse en las Naciones Unidas hace muchísimos años sin que hubiera una secretaria argentina".

Argentina ofrece a Reino Unido diálogo sobre vuelos e hidrocarburos en Islas Malvinas Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, añadió Malcorra, "el que Reino Unido me vetara como candidata es fundamental porque me dejaría afuera".

Por ello, dedujo la ministra, "el de Malvinas no es un tema que para Reino Unido tenga un peso en su elección de próximo jefe de la ONU". "Creo sinceramente que Reino Unido va a analizar esto en función de mérito y de otras cosas", de acuerdo a cómo el país conduce su política de relaciones exteriores, concluyó la canciller.

Susana Malcorra figura actualmente en el puesto número tres de una lista del Consejo de Seguridad de la ONU que sirve para designar al próximo secretario, proceso que todavía está pendiente de una nueva votación y que deberá de pasar después por la Asamblea General.


* Artículo publicado en la agencia internacional de noticias Sputnik

viernes, 15 de julio de 2016

El primer cacerolazo contra el presidente argentino Macri se hizo sentir en todo el país

Al menos once asociaciones de consumidores se adherieron al cacerolazo que tiene lugar el jueves de noche en la ciudad de Buenos Aires y que podría replicarse en el resto del país pese al tope del 400 por ciento en el total de la factura que implementó esta semana Gobierno de Mauricio Macri, anunció a esta periodista uno de sus principales organizadores.

Al cacerolazo también se han sumado “organismos gremiales, empresas recuperadas, pymes y usuarios autoconvocados”, indicó el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano.

Los asistentes reclaman la derogación del llamado tarifazo, un precio justo, equitativo, y razonable y la llamada a un procedimiento de audiencia pública para aclarar si hay una transferencia de capital a empresas que en los últimos años no realizaron ninguna inversión en los sistemas públicas del agua, la luz y la electricidad.

“La mayor parte de la gente que habló con el Gobierno se ha encontrado con respuestas que no tienen en cuenta los derechos constitucionales del consumidores, porque en el formato que se había establecido en un principio, había tarifas que alcanzan casi el 100 por ciento del salario del usuario”, denunció Bassano.

Adduc tiene elementos para deducir que el brusco incremento de las tarifas en un principio ideado por el Gobierno, con subidas que llegaban hasta el 1000 por ciento, se debe a un entramado de negocios entre las empresas de energía y los funcionarios del Ejecutivo.

Muchos funcionarios de Gobierno “han sido dueños, accionistas o incluso presidentes de las empresas, de las generadoras y las distribuidoras", evidenció Bassano.

David José Tezanos González, actual interventor del órgano regulador del gas, Enargas, era dueño y presidente de Metrogas, y director de gas de YPF, hasta que asumió su nuevo cargo en enero de este año.

Como presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fue elegido Juan Garade, exdirector de planificación de una de las principales empresas distribuidoras de energía eléctrica, Edesur, a su vez en manos de la empresa española Endesa.

“Hay jueces que ya están interviniendo ante las denuncias que han recibido, porque funcionarios de este Gobierno eran accionistas o dueños o presidentes de estas entidades”, indicó el representante de los consumidores.

Una de esas denuncias es contra el ministro de Energía Juan José Aranguren, expresidente de la filial de Argentina en Shel, que reconoció tener 16 millones de dólares en acciones de esta empresa, y que además ha sido acusado de favorecer a la multinacional petrolera con la importación de 5,5 millones de metros cúbicos diarios de gas que por primera vez Argentina le ha comprado a Chile para el invierno.

Las empresas petroleras “taparon los pozos cuando eran directores de la empresa española Repsol Ypf”, añadió Bassano, una compañía que era socia de una de las empresas privadas a cargo de la distribución del gas, Metrogas, hasta que YPF fue nacionalizada en 2012.

Desmontando alegatos

No se justifica el aumento de las tarifas para motivar las inversiones, paralizadas desde hace años, porque “las empresas percibieron subsidios durante todos estos años y en la Bolsa de Comercio daban balances positivos”, observó el titular de Adduc.

En su defensa del aumento de tarifas, el Gobierno recalcó que el país importa el 40 por ciento de la energía que consume, pero Bassano contradijo esta información.

“Argentina importa el 20 por ciento. Eso demuestra que hay una mentira oculta, y que intentan cambiar la discusión, faltando el respeto del consumo responsable”, señaló.

El Gobierno limitó este año, sin embargo, la importación de gas de Bolivia que iba a alimentar las provincias del norte del país.

La emisión del millón de BTU de gas pasó de dos a siete-ocho dólares, explicó Bassano, “lo que llevó a que el bolsillo del consumidor se encuentre una tarifa muy grande sin ningún fundamento, olvidándose el Gobierno que ofrece un servicio público monopólico y que por tanto debe justificar sus precios”.

Tampoco es verdad que los consumidores argentinos paguen el gas a un precio menor que sus vecinos de la región, alegó Bassano, “porque no se ha tenido en cuenta ni el ingreso del usuario ni el verdadero monto del pago”.

“No negamos que haya un conveniente, pero tenían que haber cambiado la ley de energía y gas, y principalmente, tenían que haber blanqueado la situación de las empresas privadas de generación, transporte y distribución que son muy oscuros, más cuando son o fueron accionistas o dueños funcionarios de Gobierno”, sostuvo.

Cuando el Gobierno justifica los incrementos, añadió el presidente de la Asociación, “se basan en informes que los usuarios no conocen, por eso pedimos una audiencia pública”.

“Nunca hemos tenido una estructura de costo, y tenemos información paralela de que encarecen a propósito la producción de energía para cobrarla más cara, en una actitud de avaricia y saqueo al consumidor, algo gravísimo”, sentenció.
Éste es el primer cacerolazo que se convoca en Argentina contra el Gobierno de Mauricio Macri.


* Artículo publicado en la agencia internacional Sputnik Nóvosti.

viernes, 27 de mayo de 2016

Argentina condena en un histórico juicio a los responsables del Plan Cóndor

Argentina se ha convertido en el primer país en juzgar y condenar a los responsables del Plan Cóndor, el operativo coordinado de represión entre los años 70 y 80 que ejecutaron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con la ayuda de Estados Unidos.

Foto durante la lectura de la sentencia, del CIJ.

Este viernes culminó en Buenos Aires el emblemático juicio que investigó durante más de 16 años los crímenes de lesa humanidad y entre cuyos primeros responsables se encuentra un dictador argentino y un exespía uruguayo.

Los tres jueces del tribunal federal que instruyó la causa resolvieron, en total, 15 condenas y dos absoluciones.

Tres de los 17 imputados en el juicio fueron condenados a 25 años de prisión: el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exespía de inteligencia Miguel Angel Furci y el uruguayo Manuel Cordero, un exagente de inteligencia que sirvió como enlace entre las dictaduras de Argentina (1976-1983) y la de Uruguay (1973-1985).

A 20 años de reclusión fue sentenciado el último representante de la Junta Militar argentina, el dictador Reynaldo Bignone (1982-1983), y el excoronel Rodolfo Feroglio.

Uno de los responsables de coordinar el sistema represivo, el exjefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza, fue condenado a 18 años de cárcel.

Los exgenerales Eugenio Guañabens Perelló y Enrique Olea, y el exvicealmirante Antonio Vañek, recibieron cada uno 13 años de pena.

Fueron sentenciados a 12 años de cárcel los exmilitares Luis Sadí Pepa, Néstor Falcón, Eduardo Delío, Felipe Alespieiti, y Carlos Caggiano Tedesco.

Ocho años obtuvo de cárcel el exmilitar Federico Minicucci por su actuación en el centro clandestino de detención El Vesubio, en la provincia de Buenos Aires

Las dos absoluciones fueron para el exdirector del Liceo Militar General Juan Avelino Rodríguez y el excoronel Carlos Horacio Tragant.

La megacausa llegó a tener a 32 personas sentadas en el baquillo, pero cuando empezó el juicio oral, en marzo de 2013, quedaban 25 imputados. Uno de ellos fue el exdictador Jorge Videla, ya condenado a cadena perpetua, que falleció tres días después de presentarse ante el tribunal.

La justicia consideró probada la desaparición forzada de 105 víctimas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a las que se suman otras 69 que pasaron por el principal centro clandestino de detención que utilizó el Plan Cóndor como base operativa, un taller mecánico de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.

Los tres años que duraron las audiencias dejaron al descubierto cómo los regímenes militares del Cono Sur de América Latina aniquilaron de manera sistemática a los opositores políticos de sus respectivos países.

El Plan Cóndor tuvo hasta un acta de fundación “para el intercambio de información subversiva”. El documento fue firmado en 1975, durante el Chile de Augusto Pinochet, por los responsables de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y forma parte de los llamados Archivos del Terror, hallados en Paraguay en 1992.

La documentación revela cómo se crearon tres instancias para coordinar la represión. Primero se constituyó una base centralizada con información sobre grupos guerrilleros, partidos de izquierda, y activistas políticos o sindicales que se opusieran a los regímenes. Después se identificó y aniquiló a los llamados “enemigos” a nivel local. El último paso extendía la persecución al resto de los países de Ameŕica Latina, e incluso de Europa.

Los archivos desclasificados por el Departamento de Estado estadounidense revelaron que este país no sólo tuvo conocimiento del Plan Cóndor desde sus orígenes, sino que además ayudaron a los regímenes dictatoriales con logística y recursos para llevar a cabo el exterminio.

La documentación estadounidense identificaba a Chile como el centro del Plan Cóndor, y a Argentina, Chile y Uruguay como los miembros del operativo que mostraban “más entusiasmo”. Brasil también colaboró con la provisión de inteligencia.

Durante más de una década, el Plan Cóndor organizó el asesinato de unas 50.000 personas, la desaparición de otras 30.000, y encarceló a unos 400.000 opositores. Se estima entre los desaparecidos o asesinados también hubo 3.000 niños.


* Artículo publicado el 27 de mayo en el diario español Público.