martes, 24 de octubre de 2017

Macri logra un triunfo contundente en las elecciones legislativas de Argentina

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha reforzado de manera inédita su capital político tras las elecciones parlamentarias que se celebraron este domingo en todo el territorio. El respaldo ha sido contundente en las cinco jurisdicciones más relevantes, y ha superado el número de votos que obtuvo en las elecciones primarias hace apenas dos meses.



Con el 40 % de los sufragios a nivel nacional, el jefe de Estado ha reafirmado como principal fuerza del país a la alianza con la que llegó al Gobierno, Cambiemos. Arrasa en la capital argentina con más de la mitad de los votos y gana cómodo en las principales provincias de la nación: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

La coalición oficialista pierde terreno en dos de las diez jurisdicciones que había conquistado en las elecciones primarias del 13 de agosto, pero extiende su influencia sobre otras cinco. En total, trece de los 24 distritos del país revalidan la gestión del Gobierno. De de los casi 33 millones de argentinos que fueron a votar, 10 lo hicieron por Cambiemos.

Aunque también ha sumado votos con respecto a las elecciones primarias, el desempeño de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, senadora electa en la provincia de Buenos Aires, se ha deslucido ante la victoria por cuatro puntos de diferencia que sacó su rival, el oficialista Esteban Bullrich.

Macri ha conseguido la que probablemente sea una de sus mayores satisfacciones: revertir los 20.000 votos de ventaja con los que la exmandataria aventajó en las elecciones primarias al candidato del Gobierno y asegurarse dos de los tres senadores que ponía en juego este distrito, en el que vive el 38 % del padrón electoral.

“No alcanzó para superar a nuestros adversarios”, reconoció Fernández de Kirchner ante sus simpatizantes tras conocer los resultados. “Pero el resto de la fuerzas opositoras no han podido resistir el avance del oficialismo y nosotros hemos crecido”, afirmó.

Tras gobernar durante dos períodos consecutivos entre 2007 y 2015, la expresidenta aspira a que su nuevo frente, Unidad Ciudadana, aglutine un peronismo disgregado que ahora ha quedado aún más debilitado tras esta jornada electoral.

Dominio sobre el peronismo

En el norte del país, Macri ha conseguido perforar el dominio histórico del peronismo en las provincias de Salta y Chaco, además de asegurarse las jurisdicciones de Corrientes y Jujuy.

Su alianza gobernante también ha triunfado en otros distritos con gobernadores peronistas, como Entre Ríos (este), La Rioja (oeste), y Santa Cruz (sur), cuna del kirchnerismo desde que en 1991 fuera elegido como mandatario provincial el expresidente fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).

Cambiemos se abre paso en otras dos provincias en manos opositoras: Santa Fe (centro), la tercera provincia del país gobernada por el socialismo, y Neuquén, al suroeste, cuya administración local controla el conservador Movimiento Popular Neuquino desde que se fundó hace 56 años.
Pese a estos resultados, el oficialismo no tendrá mayoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso, porque estas elecciones sólo renuevan 24 de los 72 asientos del Senado y 127 de las 257 bancas de Diputados.

Cuando asuman en diciembre los nuevos legisladores, Cambiemos seguirá siendo primera la primera minoría en la Cámara Baja con 21 diputados más, mientras que en la Alta acorta distancias con el peronismo al aumentar de 17 a 26 su número de bancas.

Mención aparte merece el histórico resultado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), la cuarta fuerza más votada a nivel nacional con el 6,7 por ciento de los sufragios, más de 1,6 millones de votos que superan los conseguidos por dos peronistas que se veían presidenciables: el diputado Sergio Massa, líder de la tercera fuerza en Diputados, y el exministro Florencio Randazzo.

Perspectivas de Macri

Tras dos años de gestión, y a punto de alcanzar la mitad de la legislatura, Macri se convertirá muy probablemente en el primer presidente no peronista en completar su mandato en diciembre de 2019.

Sin avances sólidos en materia económica, aunque con una pequeña recuperación en relación a 2016, el Gobierno parece haber convencido a buena parte del electorado de que el país arrastraba con la gestión anterior un desorden que era necesario encauzar.

En una sociedad muy polarizada, el oficialismo ha vuelto a seducir a un sector que aborrece a la expresidenta, y a otro segmento de la población que tiene la expectativa de que Argentina necesita reordenar la economía con varios ajustes antes de comenzar a crecer.

Pero el apoyo en estas elecciones dejan a Macri posicionado para un horizonte más ambicioso: el de su reelección por cuatro años más a partir de 2019, una idea que hasta el momento había sido esbozada muy tímidamente y que ahora cobrará vigor ante un escenario en el que no están previstas nuevas convocatorias electorales.

 * Artículo aparecido en el diario español Público el 23 de octubre de 2017.

domingo, 22 de octubre de 2017

Argentina afronta elecciones conmocionada por la muerte de Santiago Maldonado

Argentina transitaba un preludio de campaña muy tranquilo en la antesala de las elecciones parlamentarias de este domingo. A dos años de llegar al poder, ninguna encuesta oscurecía las perspectivas ganadoras del Gobierno de Mauricio Macri. 


Varios factores han posicionado mejor al oficialismo, según explica a Público el politólogo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría. “Tiene el Gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y una acumulación de poder que le permite utilizar la obra pública como caudal político y anunciar medidas de corte populista como los créditos Argenta”, destinados para los sectores con menos ingresos. Ante un peronismo dividido en diversos partidos, el Ejecutivo de Macri también presume de una mejora en los indicadores económicos y sociales. 

En la provincia de Buenos Aires, “donde se define la elección, no llega este efecto, pero existe la expectativa de que las cosas pueden mejorar”, reflexiona el analista. En el ecuador de su gestión, el oficialismo se mostraba confiado de conquistar este distrito, el más importante del país. Las encuestas, siempre cuestionadas, le otorgaban una ventaja de entre 6 y 2 puntos, pese a que se presenta como principal referente de la oposición la expresidenta y candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). 

Tras dos años alejada de la primera línea política, la exmandataria no parecía ser depositaria de grandes esperanzas. En las elecciones primarias que tuvieron lugar hace dos meses para elegir a los postulantes a estos comicios, ganó por apenas 20.000 votos al candidato del Gobierno, el exministro de Educación Esteban Bullrich.

Aparición de Maldonado


La campaña se trastocó cuando el martes fue hallado un cadáver en el río Chubut, en la zona donde había desaparecido hacía casi tres meses Santiago Maldonado, un joven artesano de la provincia de Buenos Aires. Se lo había visto por última vez durante una protesta indígena. Junto a Maldonado, un grupo de
mapuches de la comunidad Pu Lof se manifestaba en un corte de carretera cuando intervino por orden judicial la Gendarmería para desalojar la protesta.

En un operativo posterior, esta fuerza federal ingresó sin una orden de allanamiento en un predio que reivindica este pueblo originario de Argentina por considerarlo un terreno ancestral, y que fue comprado en la década de los 90 por el empresario italiano Luciano Benetton, el mayor propietario extranjero de tierras argentinas. El diseñador de moda posee casi 900.000 hectáreas en tres provincias de la Patagonia, una superficie más grande que toda la comunidad de Madrid. La accidentada investigación judicial que rastreaba el paradero de Maldonado quedó caratulada como “desaparición forzada”. La resonancia de estapalabra en Argentina tiene un amplio eco en la sociedad porque remite a los horrores de la última dictadura cívico militar (1976-1983), que causó 30.000 desaparecidos. 

Al menos un testigo mapuche aseguró que había visto cómo la Gendarmería se llevaba al joven. Todas las sospechas se centraron en esta fuerza federal, que ha sido respaldada en todo momento por su máxima responsable, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hoy recluida en el silencio. 

Ante el hallazgo del cadáver, Argentina quedó en vilo. Faltaban cinco días para las elecciones parlamentarias. A partir de ese momento, todos los partidos
cancelaron sus campañas electorales. Descolocados, el presidente Macri y la mayoría de sus funcionarios mantuvieron el sigilo.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que no se presenta a las elecciones pero que llevó el peso de la campaña oficialista sobre sus hombros, deslizó tímidamente que el hallazgo en plena semana electoral era “raro”, según opinaba “la gente”. Las principales críticas, sin embargo, se dirigieron contra la candidata del Gobierno a la Cámara de Diputados por la ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió. Envalentonada por un apoyo electoral de casi el 50 % en la capital argentina, según había comprobado en las elecciones primarias del 13 de agosto, la legisladora había asegurado en los últimos días que Maldonado podía estar en Chile, y que le iban a tener que pedir perdón cuando esto se demostrara, entre otros exabruptos que sentaron mal en la sociedad argentina.

Reacciones y desenlace

Tres días se mantuvo en suspenso la incógnita de quién era el cadáver encontrado en el sur. El cuerpo fue trasladado hasta la capital argentina en un operativo sin precedentes, resguardado por fuerzas policiales y filmado en todo momento para evitar sospechas de manipulación. El juez federal a cargo de la investigación, Gustavo Lleral, quiso brindarle las mayores garantías a una familia que el martes había permanecido durante siete horas al lado del cadáver, y que venía atravesando un calvario por la falta de colaboración del Gobierno y por la actitud del primer juez responsable de la pesquisa, Guido Otranto, el mismo que había ordenado actuar contra la comunidad mapuche con la que estaba el joven, y que finalmente fue removido por falta de imparcialidad.
Este viernes, finalmente, la familia del joven confirmó la identidad del cadáver hallado en el río. "Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago”, anunció su hermano, Sergio Maldonado.

La conmoción fue brutal. Una muchedumbre se movilizó de manera espontánea hasta la morgue judicial donde tenía lugar la autopsia, mientras Sergio  Maldonado se cruzaba en los canales de televisión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y acusaba al presidente Macri de “hipócrita” por haber llamado a su madre para darle el pésame a dos días de las elecciones, cuando durante todo ese tiempo el Gobierno había evitado referirse a este asunto, salvo para deslindarse, sobre todo al principio, de cualquier responsabilidad. A última hora del viernes, el juez Lleral anunció que el cuerpo no presentaba lesiones, según todos los peritos que participaban en la autopsia. "Que no haya lesiones desmiente muchos testimonios y abre otras hipótesis", salió a contestar un aliviado ministro de Justicia.

Esas afirmaciones “son prematuras, desinterpretan al juez e intentan un recorte intencionado, oportunista y con objetivos mezquinos” aclaró en un comunicado posterior la familia de Maldonado. “La declaración no descarta que Santiago haya sido víctima de un accionar violento que desencadenó su muerte, por lo que debemos continuar esperando los resultados concluyentes de los peritos”.

Es imponderable cómo este asunto puede influir en el resultado electoral de este domingo, reconoce Rosendo Fraga. “Puede hacerlo, porque cambió el eje de la agenda política", sentencia el analista político. "El Gobierno debe ahora evitar errores, como el que cometió José María Aznar una década atrás, cuando frente al sangriento atentado de Atocha del terrorismo fundamentalista, acusó a ETA por el mismo y ello le costó la elección a su partido”.

Artículo aparecido en el diario español Público el 22 de octubre de 2017.

martes, 26 de septiembre de 2017

Martín Villa acepta finalmente los 48.000 euros de fianza impuestos por la Justicia argentina

El exministro Rodolfo Martín Villa, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, ha consentido finalmente en depositar la fianza dictada por la jueza argentina María Servini de Cubría para conceder su exención de prisión.

El represor había recurrido el pasado martes la caución que decretó la magistrada, pero a los dos días, Martín Villa desistió de su apelación.
En un primer fallo, Servini había establecido en más de un millón de euros (21.250.000 pesos) el monto que debía pagar el exministro para evitar su encarcelamiento en caso de que decidiese pisar Buenos Aires.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, tribunal de segunda instancia, anuló esa resolución después de que el defensor de Martín Villa, Fernando Goldaracena, cuestionara la fianza de la jueza por considerarla desproporcionada.

En un nuevo auto fechado el 15 de septiembre, la magistrada redujo la caución del exministro a un millón de pesos (48.300 euros), pero el exministro franquista volvió a pedir la revisión de la cifra hasta que, por algún motivo, decidió no objetar más la decisión.

El desenlace jurídico de no mantener su apelación es que ha quedado firme la resolución de Servini. Cuando Martín Villa desembolse la cantidad que pide la jueza, será automática su exención de cárcel.

Consecuencias

Es de esperar que en algún momento la magistrada levante también la orden de detención internacional que pidió en su contra en octubre de 2014, cuando lo imputó por crímenes de lesa humanidad junto a otros 19 represores franquistas.
En realidad, esa captura internacional no llegó a regir porque la sección de Interpol en España denegó la detención preventiva con fines de extradición a Argentina de la veintena de imputados originales reclamados por la jueza, pedido que había sido avalado por la oficina de la organización policial radicada en Buenos Aires.

La defensa de Martín Villa podría adelantarse y pedir que quede sin efecto la orden de arresto contra su cliente, o bien Servini podría concederla de oficio. De este modo, el exministro franquista se aseguraría de que puede salir de España sin temor a ser detenido.

Durante todo este tiempo, el represor ha insistido en que quiere declarar ante la magistrada por los delitos que se le imputan en el expediente “con independencia de lo que se decidiera en España por el Gobierno o por los tribunales de Justicia”, de acuerdo a una carta que remitió a la jueza en noviembre del año pasado.

Ése fue uno de los motivos que valoró la Cámara de Apelaciones para anular el 22 de agosto un fallo de Servini que denegaba la exención de prisión solicitada por Martín Villa.

El tribunal de apelaciones considera, por otra parte, que en la causa no está fundamentado por qué los delitos atribuidos al exministro durante la transición son de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptibles.

Entre otros crímenes, el represor ha sido acusado de ordenar en 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, la represión de una manifestación de trabajadores en Vitoria durante la que fueron asesinados cinco obreros.
 
En todo caso, ahora es el turno de Martín Villa, que desvelará en cuestión de tiempo si realmente dijo la verdad al asegurar una y otra vez que quiere declarar libremente ante la jueza, y que incluso está dispuesto a aportar datos históricos sobre el período investigado.

* Artículo publicado el 23 de septiembre de 2017 en el diario español Público.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

La Justicia argentina obliga a la jueza Servini a fijar una fianza menor para Martín Villa

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina ha anulado este martes la resolución de la jueza María Servini de Cubría que impuso una fianza de más de un millón de euros (1.250.000 pesos) al exministro franquista Rodolfo Martín Villa para levantar su exención de prisión.

En su resolución de una hoja, la sala II del tribunal recomendó a la magistrada que establezca una suma razonable, la cual deberá ser comunicada en las próximas 24 horas.

Durante una audiencia convocada por la Cámara el pasado lunes, el abogado de Martín Villa, Fernando Goldaracena, alegó que la caución impuesta a su cliente era desproporcionada. Al fijar una cifra tan alta, según el defensor, la jueza Servini volvía a denegar de forma encubierta la exención de cárcel que había rechazado conceder en sus dos últimas resoluciones, y que fueron objetadas por la Cámara de Apelaciones.

La magistrada, por ello, se vio obligada a imponer una fianza a Martín Villa después de que el tribunal de segunda instancia considerase injustificada su negativa a levantar la exención de prisión.

Dado que el exministro de la dictadura ha expresado su intención de colaborar con la justicia argentina, la Cámara de Apelaciones también ha sugerido a Servini que obtenga su declaración a través de una videoconferencia, o que bien se traslade a España.

En una entrevista concedida a este diario, la magistrada explicó que intentó viajar a Madrid hasta en tres ocasiones durante 2016 para interrogar a los quince imputados españoles que quedan vivos en su causa, de los veinte originales. De frente, se encontró con que España rechazaba esa posibilidad.
La jueza también afirmó que no puede realizar declaraciones indagatorias a distancia porque lo prohíbe tanto la legislación argentina como el tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica firmado por España y Argentina en 1987.

"Declaración espontánea"

La declaración indagatoria es un acto de defensa y muestra el avance del proceso coercitivo, indicaron a Público fuentes de la Cámara de Apelaciones.
Existe una solución a medio camino, conocida como "declaración espontánea", que permite a un acusado presentarse de manera voluntaria ante la justicia y ser escuchado sin temor a quedar bajo arresto o a que se le imputen cargos en el momento.

De llevarse a cabo ese procedimiento, Martín Villa no declararía bajo juramento, porque no está obligado a decir la verdad al estar denunciado en el expediente.

Para que se lleve a cabo la declaración indagatoria, son necesarios elementos de sospecha de la comisión del delito, sostuvo la Cámara.

Razones esgrimidas

Martín Villa fue imputado en octubre de 2014 por ordenar en 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, la represión de una manifestación de trabajadores en Vitoria en la que fueron asesinados cinco obreros.

En un fallo anterior, el tribunal de apelaciones evaluó que no había elementos suficientes para afirmar que Martín Villa hubiera cometido delitos de lesa humanidad por hechos que ocurrieron durante la transición, así que rechazó la pretensión de la jueza de interrogarlo como imputado.

En varias de sus resoluciones, la magistrada sostiene que el período de investigación de los crímenes del franquismo abarca desde el comienzo de la Guerra Civil, en 1936, hasta 1977.

Aunque no lo descarta, la Cámara de Apelaciones insiste en que faltan datos para dar por cierto que lo sucedido durante la transición sean delitos imprescriptibles.

Sigue vigente, de momento, la orden de captura internacional contra el exministro franquista. Pero una vez se haga efectiva la exención de cárcel en beneficio de Martín Villa, para lo cual debe concretarse el pago de la fianza que dictamine Servini, también debería quedar sin efecto la solicitud de arresto provisorio con fines de extradición que hasta ahora impide que el represor pueda salir de España.


* Artículo publicado en el diario español Público el 12 de septiembre de 2017.

jueves, 7 de septiembre de 2017

La Justicia argentina impone una fianza a Martín Villa de más de un millón de euros

No terminan las idas y venidas del exministro franquista Rodolfo Martín Villa con la justicia argentina. Imputado desde 2014 por delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, la jueza María Servini de Cubría ha impuesto al represor una fianza de 21.250.000 pesos (más de un millón de euros) a cambio de la exención de prisión. La defensa ha recurrido la decisión de la magistrada.

Servini estableció la fianza en concordancia con una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que revocó el 22 de agosto un fallo de su juzgado en el que denegaba por segunda vez su exención de cárcel.

Por considerarla desorbitada, el exministro recurrió el pasado miércoles la caución dictada por la jueza a través de su abogado Fernando Goldaracena. La Cámara de Apelaciones ha fijado este lunes una audiencia para el 11 de septiembre en la que obliga al defensor de Martín Villa a comparecer para explicar los motivos de su nueva apelación, ya sea de manera oral o escrita.

La exención de prisión del exministro, por lo tanto, sólo será efectiva cuando se cumpla con la fianza, según las condiciones que establezca finalmente la Cámara de Apelaciones una vez haya escuchado al abogado de Martín Villa, que puede pedir una prórroga de la citación.

Fuentes de este tribunal explicaron a Público que si un imputado demuestra su incapacidad para pagar la cantidad fijada por la justicia, ese condicionante puede inclinarse a su favor, aunque las cauciones también se determinan en base a los hechos imputados, que en este caso, son de gran magnitud porque atañen delitos de lesa humanidad que no prescriben. La Cámara de Apelaciones reconoce que es más difícil obtener información en un caso como éste, dado que el acusado reside en un país extranjero.

El caso de Martín Villa presenta la particularidad de que, al menos en el papel, el imputado ha manifestado su deseo de colaborar con la justicia argentina, e incluso asegura que desea aportar datos históricos de los hechos investigados, de acuerdo al tribunal de segunda instancia. En su alegato para conseguir que se anule la orden de detención que pesa sobre él en Argentina, Martín Villa ha reivindicado su voluntad de ser interrogado por Servini en Buenos Aires, aunque también ha sugerido que la declaración indagatoria se realice a través de los consulados argentinos en España.

En una entrevista concedida a esta periodista, la jueza ya explicó que no puede efectuar interrogatorios a distancia, en virtud de la legislación argentina y del tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987. Mientras no se resuelva la fianza que debe pagar para confirmar su exención de prisión, continuará vigente la orden de detención sobre el exministro fraquista, uno de los quince imputados, de los veinte originales, que quedan vivos en la causa.

Martín Villa fue imputado en la causa por ordenar, en calidad de ministro de Relaciones Sindicales, la represión de una manifestación de trabajadores el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinadas cinco personas. Al momento de conceder al represor la exención de cárcel con el condicionante de la fianza, la Cámara de Apelaciones alegó dos premisas.

El tribunal consideró que Servini no había fundamentado las razones por las que el exministro franquista fue involucrado en el expediente por hechos ocurridos durante la transición, aunque la magistrada alegó en una de sus resoluciones que su período de investigación abarca desde 1936, cuando comenzó la Guerra Civil, hasta 1977.

La Cámara también observó que Martín Villa no tuvo por qué haber tenido noticias de la causa hasta que fue notificado de su orden de captura con fines de extradición. Su actitud de mostrarse proclive a declarar por los medios que fuere también fue otro de los argumentos que aceptó el tribunal para revocar la negativa de Servini de concederle la exención de prisión. Durante 2016, la magistrada intentó desplazarse hasta en tres ocasiones a Madrid para interrogar a los represores de la dictadura imputados en su causa, pero tanto la justicia española como el Gobierno de Mariano Rajoy impiden hasta ahora esa posibilidad.


Artículo publicado el 5 de septiembre de 2017 en el diario Público

sábado, 2 de septiembre de 2017

Argentina clama por su último desaparecido

Centenares de miles de argentinos se movilizaron este viernes en distintos lugares del país al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, un joven del que no se tienen noticias desde que Gendarmería reprimiera el 1 de agosto a una comunidad mapuche en la provincia sureña de Chubut.



El grito fue unánime a lo largo de todo el territorio argentino: aparición con vida de Santiago Maldonado. Se sintió durante las protestas convocadas en la inmensa mayoría de las provincias del país, y se oyó claramente desde la ciudad de Buenos Aires, donde la histórica Plaza de Mayo, situada frente a la sede del Gobierno, apareció colmada de manifestantes con una sola exigencia: que se averigüe el paradero del joven, cuya desaparición forzada investiga actualmente la justicia.

El principal orador del acto celebrado en la capital argentina fue Sergio Maldonado, hermano de Santiago. “A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje a alguien realmente capacitado”, exigió.
Santiago Maldonado, un artesano de 28 años nacido en la provincia de Buenos Aires, desapareció el 1 de agosto cuando acompañaba a la comunidad mapuche Lof en Resistencia, que reclama tierras ancestrales entregadas a la multinacional Benetton, en una protesta que fue reprimida por Gendarmería. 
 Testigos aseguran que Santiago estaba con ellos.

Gendarmería es una fuerza federal que depende del Ministerio de Seguridad, cuya máxima responsable es Patricia Bullrich. La ministra ha puesto en duda que el joven haya sido víctima de una desaparición forzada, ha señalado que no hay pruebas que incriminen a sus agentes, ha criminalizado a los mapuches, y hasta ha acusado a la familia de Maldonado de no cooperar con la investigación judicial.

Mi familia colaboró desde el primer día con todos los requerimientos, como son las muestras de ADN, tanto mías como de mis padres”, desmintió Sergio, de 44 años. El argentino apuntó contra la ministra por tratar de calumniar a su familia, y criticó al Gobierno de Mauricio Macri por tener “funcionarios que lo único que hacen es aportar dudas”.

En su requerimiento de que se realice una investigación seria e imparcial, el hermano del joven desaparecido ha pedido que sean indagados los 140 uniformados que dispararon balas de plomo y de goma contra la comunidad mapuche durante el procedimiento que condujo el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.

Su reclamo se ha extendido durante las últimas horas en todo el país, con trabajadores de organismos oficiales y de medios de comunicación que han exigido públicamente que Maldonado aparezca con vida. Empleados del aeropuerto internacional de Ezeiza, y hasta del metro de la capital argentina, repitieron desde los altavoces una misma pregunta: ¿Dónde está Santiago?

Tensión política y social

Durante la desconcentración de la marcha, oficiales de la policía local y agentes motorizados ingresaron en la zona y utilizaron balas de goma, gas pimienta y hasta un camión hidrante contra algunos manifestantes que les arrojaron objetos y provocaron varios destrozos. El operativo policial se extendió durante unas horas, y más de veinte personas fueron detenidas.

Otros incidentes tuvieron lugar en la localidad rionegrina de El Bolsón, donde residía Maldonado desde hacía unos meses, cuando unos pocos encapuchados arrojaron bombas molotov contra un escuadrón de Gendarmería.

El ambiente de crispación que se vio en las calles desvela uno de los asuntos más preocupantes que afronta el Gobierno de Mauricio Macri, a menos de dos meses de las elecciones parlamentarias que renovarán parte del Congreso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió hace unos días una medida cautelar para que se protejan los derechos de Santiago Maldonado, mientras once entidades de derechos humanos, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, acusaron de mentir al Ejecutivo tras una reunión con Bullrich y con el ministro de Justicia, Germán Garavano, que terminó en un fracaso absoluto.

Mientras en los últimos días el Gobierno de Macri evaluaba presentarse como "particular damnificado" en la causa para tener acceso al expediente, la Comisión Provincial por la Memoria ha solicitado al juez a cargo del caso, Guido Otranto, que impida el acceso de Gendarmería a parte de la investigación como “autoridad denunciada”.

Por pedido de la familia de Maldonado, la fiscalía federal de la localidad chubutense de Esquel, que instruye la pesquisa judicial, cambió la semana pasada la carátula del caso de "averiguación de paradero" a "desaparición forzada de personas".

Los allegados del joven desaparecido también han demandado la intervención de Naciones Unidas como veedora en la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario hasta el próximo domingo. 
 
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y el Instituto Sampay han denunciado penalmente al presidente Macri, a Bullrich, y a Garavano por la desaparición forzada de Maldonado. La querella también abarca a Noceti, al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y a cinco jefes de Gendarmería.


* Articulo publicado en el diario español Público.

miércoles, 26 de julio de 2017

“Depende de la política española que se avance en la causa del franquismo”

La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde 2010 el único proceso judicial del mundo que investiga los crímenes del franquismo, reconoce presiones en sus intentos por que declare el exministro Rodolfo Martín Villa, uno de los quince imputados en la causa sobre el que pesa una orden de extradición.


La jueza María Servini de Cubría, durante la entrevista (Ana Delicado Palacios).

Desde su despacho en los tribunales federales de Buenos Aires, la jueza María Romilda Servini de Cubría asiente en silencio mientras su secretaria federal, María José Iglesias, enumera la retahíla de exhortos que se han enviado a España para prosperar en un caso que reúne siete años de investigación.

Ya se tratara de imputaciones, pedidos de exhumación, o recolección de testimonios, casi todas las resoluciones de la magistrada han sido resistidas, dejadas sin efecto o esquivadas por la Fiscalía, por la Audiencia Nacional, y por el propio Gobierno de Mariano Rajoy.

Uno de los casos más emblemáticos que ha surgido durante el proceso ha sido el de Ascensión Mendieta, una mujer que con 88 años recién cumplidos aterrizó en Buenos Aires en 2013 para testificar ante la jueza y pedir por los restos de su padre Timoteo, fusilado en 1939 y enterrado en una fosa común del cementerio municipal de Guadalajara.

“Cómo no nos vamos a acordar de ella”, rememora Servini. “Estábamos en otro despacho, y había unos 30 españoles que habían venido a declarar. Ella se paró y se puso a llorar”, cuenta.

La jueza remitió tres exhortos en 2014, 2015 y 2016 a los juzgados de Guadalajara para secundar el pedido de Ascensión Mendieta. En enero de este año, finalmente, comenzaron los trabajos en una de las fosas del cementerio. Timoteo no estaba, pero sí los huesos de otras 22 personas.

Tras retomarse las labores de búsqueda en una segunda fosa del camposanto, la magistrada pidió por correo electrónico el pasado 15 de mayo que las muestras de ADN se realizaran directamente en España “para que no se demorara más el proceso”. Veinticinco días después, Ascensión encontraba a su padre enterrado junto a los restos de otras 27 víctimas.

“No te imaginas la alegría que teníamos todos al enterarnos, fue como una fiesta para nosotros”, relata Servini. “Muy feliz me sentí, muy satisfecha. Me hubiera gustado estar allá para poder abrazar a Ascensión y estar con ella”.
La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 está ahora al tanto de las intenciones del Ayuntamiento de Guadalajara, donde gobierna el PP, de cobrar 2.057 euros por unas tareas de exhumación en las que ni siquiera intervino. “Es una injusticia”, sentencia la magistrada.

Martín Villa

 

Acompañada de su subsecretario administrativo, Alfredo Mangano, la jueza reconoce las dificultades que entraña su determinación por conseguir la declaración indagatoria del exministro franquista Rodolfo Martín Villa, uno de los quince imputados que quedan en la causa, tras la muerte de otros cinco acusados, sobre el que pesa una orden de extradición desde octubre de 2014.
“Hay un problema ahí”, admite Servini. “Nosotros teníamos que viajar, pero España ha rechazado todos los pedidos para que podamos ir”.

La jueza intentó desplazarse a Madrid hasta en tres ocasiones durante 2016 para interrogar a los represores de la dictadura, entre los que se encontraba Martín Villa, el exministro José Utrera Molina (fallecido este año) y el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.

“Hay mucha presión sobre el tema de Martín Villa. Sabemos que hay presión”, dice lentamente. “No sé con quién tiene relación, sé que con el anterior embajador argentino (Carlos Bettini), que se ve es amigo de él”, desliza.
El abogado de Martín Villa, mientras tanto, insiste en que su cliente declare a través de una videoconferencia.

Servini tiene potestad para incorporar al sumario los testimonios de los querellantes que se acerquen a los consulados argentinos, pero no puede realizar una declaración indagatoria a la distancia. Lo prohíbe la legislación argentina y el tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987.

“Estamos viendo si podremos viajar de nuevo, estamos trabajando en eso. Ahora nos hemos centrado en el asunto de Villa. Si insiste en que quiere declarar, podemos ir a tomarle la indagatoria, y de paso, ver si quieren declarar los demás imputados. Pero para eso, tienen que abrirnos las puertas los juzgados españoles”, sostiene.

La Fiscalía, contra Servini

 

Los impedimentos que se ha encontrado la magistrada a lo largo de la causa se han acentuado desde septiembre, cuando la Fiscalía General del Estado, a través de un documento interno, instruyó a sus fiscales para que los juzgados provinciales dejaran de colaborar con la querella argentina.
“Hasta que la Fiscalía se expidió, teníamos cierto margen de acción para ir allá y aunque fuera, tomarle declaración a todos los imputados”, reconoce Servini.

Después llegó la orden del Ministerio Público, y la jueza nunca pudo concretar su viaje a España. “Ahora depende de la política española que se avance en la causa del franquismo”, afirma.

En su juzgado interpretan como una “amenaza encubierta” las afirmaciones de la entonces titular de la Fiscalía, Consuelo Madrigal, que comparó su proceso con el del juez Baltasar Garzón, y que además acusó a la magistrada de seguir un caso “inviable y, ajeno, por tanto, al interés de la Justicia”.
 
“Demasiado dura ha sido esa fiscal, porque a nosotros ya nos dejaron ir a España en 2014 para tomar las declaraciones de los testigos”, acota Servini. “La Fiscalía se da cuenta de que tenemos razón, de que vamos avanzando bien, y por eso quieren parar y cortar”.

La investigación judicial de esta magistrada argentina, basada en el principio de jurisdicción universal, ha tenido un impacto sin precedentes. Gracias al testimonio de centenares de personas, la causa cuenta con pruebas fehacientes de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el franquismo. “No pensaban desde España que íbamos a avanzar tanto”, dicen en el juzgado de Servini.

Hay algo que todavía llama la atención de la jueza: el miedo que desde hace décadas arrastran muchos querellantes al momento de declarar.

“Esas víctimas han estado mucho tiempo amenazadas. Yo he hablado con gente que tuvo que aprender a leer y escribir a través de la madre, o de la tía. No sólo no podían estudiar, sino que no podían ni trabajar. Y al no poder trabajar, no tenían qué comer”, lamenta.

La falta de colaboración de España es hoy absoluta. Tras admitir una querella presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el juzgado ha vuelto a reiterar un pedido de información a la jefatura de Policía de Madrid sobre la detención y posterior asesinato del poeta Federico García Lorca. Hace dos meses de aquello. Todavía esperan una respuesta.

* Entrevista en exclusiva publicada en el diario español Público.

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