miércoles, 1 de febrero de 2017

ANÁLISIS - Decreto de Gobierno argentino permite expulsar a extranjeros por cualquier delito

Con el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, todos los extranjeros vinculados a una investigación criminal pueden ser expulsados del país aunque el delito sea menor, confirmaron el martes a Sputnik Nóvosti un experto y un funcionario del Gobierno.

 

"La cantidad de personas que pueden estar sometidas a una expulsión se amplía enormemente", señaló a esta agencia Diego Morales, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El decreto de necesidad y urgencia, firmado el lunes, señala que "serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional (...) haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la República Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad".

Por "leyes argentinas", el Gobierno abre el abanico no sólo para incluir los delitos contemplados en el Código Penal, sino también de los códigos contravencionales que establece cada jurisdicción.

Es decir, que "delitos vinculados a la vida cotidiana, como la venta en la vía pública o la resistencia a la autoridad, pueden dar lugar al comienzo de un juicio para averiguar si hubo delitos o no", añadió Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS.

La Ley de Migraciones sancionada por el Congreso en 2003, y que ahora ha modificado el presidente Macri, consignaba el retiro de la residencia y la expulsión de los extranjeros que cometieran delitos penados con más de cinco años de cárcel, o que bien hubieran incurrido en el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas o el lavado de dinero.

Por otro lado, prohibía el ingreso al país de los extranjeros que hubieran sido condenados a más de tres años de cárcel.

La anterior normativa "también habilitaba a que se pudiera expulsar a alguien sin una condena, con un autoprocesamiento", observó Morales.

MÁS MODIFICACIONES

Otro de los cambios sustanciales en la política migratoria de Argentina es el que agiliza los trámites para las órdenes de expulsión se prolonguen hasta un máximo de dos meses, señaló a Sputnik Nóvosti el subdirector de Migraciones, Julián Curi.

"El mecanismo administrativo y judicial para expulsar a una persona condenada duraba 400 días hábiles, y ese plazo se puede extender hasta casi cinco, ocho años", indicó el funcionario.

De este modo, se hacía "inmaterial practicar la expulsión de estas personas", agregó Curi, como demuestra el hecho de que sólo 100 extranjeros fueron expulsados en la última década.

Por otro lado, la legislación anterior concedía al Poder Judicial la potestad para expulsar o no a un extranjero de acuerdo a las directrices que aportaba la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior.

Migraciones sí tenía la autoridad de retirar la residencia y expulsar a los inmigrantes con penas privativas de libertad de cinco años o más.

Ahora es el Poder Ejecutivo, en términos generales, el que tiene la última palabra a través de las autoridades migratorias; por eso el Gobierno ha podido acortar los plazos recursivos para expulsar a una persona.

"El problema es que los plazos establecidos por ley eran kafkianos, no logran el objetivo de la ley que es expulsar a las personas", indicó el subdirector de Migraciones.

DISTORSIÓN DE DATOS

Para justificar su decreto, el Gobierno señalaba que los extranjeros representaban el 21,35 por ciento de la población alojada en las prisiones federales, que alberga a 10. 521 personas, mientras que los inmigrantes residiendo en el país constituyen en total el 4,5 por ciento de los habitantes.

El decreto de necesidad y urgencia omite que el porcentaje de personas extranjeras en todas las unidades penitenciarias del país, que alberga a 71.464 presos, es del seis por ciento, según datos del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, sólo el 11,2 por ciento de la población carcelaria está vinculada con la infracción a la Ley de Estupefaciente, de los cuales, un 18 por ciento son extranjeros, frente a un 82 por ciento de argentinos.

"No hay un problema grave de narcotráfico vinculado a los extranjeros, de hecho los números son similares a los de otros países", afirmó el director de Litigio del CELS.

A modo de ejemplo, "de la cantidad de argentinos presos en el extranjero, más del 50 por ciento lo están por el delito de tráfico de estupefacientes", señaló.

"¿Alguien va a decir que los argentinos en general cometen delitos de narcotráfico?", añadió Morales.

Los delitos vinculados al narcotráfico, por último, suelen incidir en el eslabón más débil, "como las denominadas mulas, o en el tráfico transfronterizo donde intervienen personas de paso", y no necesariamente migrantes, concluyó el investigador.

La anterior Ley de Migraciones ya contemplaba la expulsión de los extranjeros asociados a este tipo de delitos.


* Análisis publicado por la agencia de noticias Sputnik.

lunes, 30 de enero de 2017

Gobierno argentino endurece la Ley de Migraciones por decreto

El Gobierno de Argentina modificó este lunes a través de un decreto de necesidad y urgencia la Ley de Migraciones para restringir el ingreso y acelerar la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o con antecedentes penales.



"Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional (...) haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la República Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad", señala el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Al margen del tiempo que lleve un inmigrante residiendo en el país, podrá ser expulsado de Argentina si comete cualquier delito contemplado en el Código Penal o en los códigos contravencionales de cada provincia que conlleve pena de prisión.

Por añadidura, cualquier sentencia condenatoria en firme "operará automáticamente cancelando la residencia cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y llevará implícita la expulsión", establece el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri.

Hasta la actual reforma, era el Poder Judicial el que determinaba las expulsiones de extranjeros, mientras que a partir de ahora dependerá del Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

"El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deberán notificar a la Dirección Nacional de Migraciones de todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero en el plazo de cinco (5) días hábiles de producido", subrayó el decreto.

Por razones humanitarias o de reunificación familiar, Migraciones podrá detener la expulsión de los extranjeros cuya pena privativa de la libertad no exceda de los tres años de prisión, de acuerdo al DNU.

El Estado "ha enfrentado severas dificultades" para hacer efectivas las órdenes de expulsión dictadas contra extranjeros como consecuencia de los trámites procesales que "en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación", señalan los considerandos.

CIFRAS

El 21,35 por ciento de la población carcelaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) es extranjera, destacó el Gobierno en su decreto.

En delitos relacionados con el narcotráfico, y siempre dentro del ámbito federal, el 33 por ciento de las personas con privación de libertad provienen de otros países.

Para remarcar el alto índice de criminalidad, el Ejecutivo añadió que el 4,5 por ciento de la población de Argentina es extranjera, según el último censo nacional.

El SPF aloja en todo el país a 10.521 presos, mientras que si se tienen en cuenta todas las unidades penitenciarias, el número de detenidos asciende a 71.464 personas, según estadísticas del Ministerio de Justicia actualizadas al 31 de diciembre de 2015.

La violación de la Ley de Estupefacientes 23.737, que conlleva penas de prisión de entre tres y seis años, constituye la tercera causa de encarcelamiento en el país, por detrás de los delitos de robos y homicidios dolosos.

Los infractores a la ley de drogas representan el 11,2 por ciento de toda la población penitenciaria; el 82 por ciento son argentinos y el resto extranjeros, de acuerdo al informe Infracción a la ley de drogas y problemáticas asociadas del Ministerio elaborado en 2015.

Este estudio añade un dato significativo: el 85 por ciento de los ecuatorianos (11 personas), el 80 por ciento de los sudafricanos (8), y el 55 por ciento de los españoles (18) privados de libertad en Argentina están por vulnerar esta normativa.

La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hace unos días que había que "ordenar" la inmigración de Perú, Paraguay y Bolivia por su vinculación con el narcotráfico.

El Ministerio de Justicia constata que hay 454 paraguayos con penas privativas de libertad por infringir la Ley de Estupefacientes (el 32 por ciento del total), 301 peruanos (39 por ciento) y 295 bolivianos (40 por ciento).

En total, son 1.425 los extranjeros detenidos por este motivo, mientras que si se añaden los argentinos, la cifra asciende a 8.001 de acuerdo al informe de Infracción a la ley de drogas, u 8.193 según el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (Sneep), también del Ministerio de Justicia.

De los detenidos por supuestamente violar la Ley de Estupefacientes, sólo uno de cada tres tiene condena.

 
* Artículo publicado en la agencia Sputnik el 30 de enero de 2017.

viernes, 20 de enero de 2017

Argentina endurecerá requisitos para otorgar residencia a extranjeros

El Gobierno argentino modificará la Ley de Migraciones para retirar la residencia y expulsar del país a los extranjeros que hayan sido condenados a más de tres años de prisión, anunció a Sputnik el subdirector de la Dirección Nacional de Migraciones, Julián Curi.

 

Alguien que cometa un delito con penas privativas de la libertad superiores a tres años no podrá pedir la dispensación (para residir en el país), de acuerdo a lo que estamos planteando", señaló Curi.

La legislación actual establece que un extranjero pierde el derecho de permanecer en Argentina si es condenado a más de cinco años de cárcel.
En base a la normativa vigente, "no podemos retirar la residencia a un extranjero que comete un delito que conlleva una pena de cuatro años, como un abuso sexual simple", ejemplificó el funcionario.

Al mismo tiempo, la Ley de Migraciones indica en su artículo 29 que no puede ingresar al país un extranjero que tenga antecedentes penales o haya sido condenado por delitos que bajo la legislación argentina conlleven penas privativas de libertad de tres años o más.

"Si supiéramos que ese delito (por ejemplo, abuso sexual simple) se cometió en el país de origen, el extranjero condenado no podría obtener la residencia ni ingresar a Argentina", señaló Curi.

Con la reforma que plantea, el Gobierno de Mauricio Macri pretende equiparar las causales que impedirían el ingreso al país de un extranjero con las que conllevan la retirada de la residencia.

En caso de que un extranjero haya recibido una pena de cárcel menor a tres años, "establecemos que el director nacional de Migraciones puede dispensarlos", informó el subdirector.
Agilizar expulsiones

En los últimos 10 años se otorgaron 2,5 millones de residencias a extranjeros en un país en el que habitan más de 40 millones de personas, según el último censo oficial de 2010, indican las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones.

Consultado sobre el número de solicitudes de residencias rechazadas en ese mismo lapso, el subdirector comentó que ese tipo de datos no se manejan porque "no es relevante para nuestros estudios".

También durante la última década, la administración comenzó a tramitar 15.000 disposiciones de expulsión, pero se ejecutaron aproximadamente 100.

"El mecanismo administrativo y judicial para expulsar a una persona condenada dura 400 días hábiles, y ese plazo se puede extender hasta casi cinco u ocho años", detalló Curi, de modo que "se hace inmaterial practicar la expulsión de estas personas".

Algunos casos de narcotráfico, de hecho, "han corrido por esta vía", agregó.

A través de la condición de "extrañamiento" que estipula la Ley de Migraciones en su artículo 64, un extranjero en prisión puede salir de Argentina a partir de la mitad de su condena si tiene orden de expulsión firme y consiente en ella.
Por la vía administrativa, cualquier persona con una orden de expulsión puede presentar un recurso de consideración en primer lugar, después un recurso de alzada, y por último un recurso extraordinario.

Si el trámite de expulsión continúa, comienza por vía judicial el proceso de prueba que se puede alargar unos dos años; ya con sentencia, la persona puede apelar primero a la Cámara de Apelaciones y después recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

"El problema es que los plazos establecidos por ley son kafkianos, no logran el objetivo de la ley que es expulsar a las personas", insistió el subdirector.
La modificación de la Ley de Migraciones pretende acortar, por ello, los plazos recursivos.

El Gobierno agilizará así los mecanismos para que los trámites de expulsiones se prolonguen por un máximo de dos meses.

"Una persona condenada por cualquier delito que conlleve pena de prisión es plausible de ser expulsada", afirmó Curi.

Hasta ahora, los inmigrantes con penas menores por delitos de narcotráfico "tampoco están contemplados en la escala penal para ser expulsados, lo que nos parece injusto", añadió.

La modificación de la Ley de Migraciones que impulsa el Ejecutivo se haría por decreto reglamentario y no a través del Congreso, un asunto "que no tratamos nosotros porque es un resorte del Poder Ejecutivo", zanjó el subdirector de Migraciones.

Para profundizar los controles, el Gobierno ha conseguido acceso en tiempo real a las bases de datos de Interpol, ha mejorado los sistemas informáticos y la infraestructura y ha asignado más agentes durante esta temporada de verano austral a la supervisión de las fronteras.Entre 2011 y 2015, el Estado argentino concedió 646.524 radicaciones temporales y 632.440 permanentes, mientras en el primer cuatrimestre de 2016 se aceptaron 50.281 radicaciones temporarias y 35.776 permanentes.

Por nacionalidades, los paraguayos lideran el listado de las radicaciones permanentes y temporarias concedidas, seguidos por los bolivianos y los peruanos.

El cuatro por ciento de la población penitenciaria de Argentina, compuesta por 71.464 personas, es extranjera, según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, publicado en 2015 por el Ministerio de Justicia.

El porcentaje es similar al de la población inmigrante que tiene este país, que representa 4,5% de todos los habitantes, de acuerdo al censo de 2010.


 * Artículo publicado en la agencia Sputnik Nóvosti el 19 de enero de 2017

 

lunes, 12 de diciembre de 2016

Análisis - Gobierno de Macri cambia el rumbo de la economía argentina

El rumbo económico de Argentina dio un giro abrupto en el primer año del Gobierno de Mauricio Macri respecto de las directrices dominantes en la última década, analizaron para Sputnik Nóvosti dos economistas. 

"El actual Ejecutivo vino a replantear el enfoque y la estrategia en materia económica de manera medular", dijo el economista Claudio Lozano, presidente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), en la víspera del primer aniversario de la gestión de Macri.

El nuevo rumbo hace que pierda sentido la discusión sobre la herencia de 12 años de kirchnerismo en el poder, a juicio de Lozano, exdiputado de la izquierdista Unidad Popular.

El Gobierno parte del supuesto de que el problema central es lo elevado que son los costos laborales, lo que deriva en "una batería de medidas dirigidas a reducirlo", dijo Lozano.

DEVALUACIÓN

La liberalización cambiaria, que consistió en equiparar el valor de la tasa de cambio oficial peso-dólar a la del mercado negro, buscaba corregir la distorsión que había dejado el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), según el economista Claudio Zuchovicki, quien sí observa el peso de la herencia.

Se buscó "transparentar el valor del dólar, que ya había variado de precio, aunque el Gobierno anterior no lo reconociera", indicó Zuchovicki, gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

"Pensamos que no iba a ser tan inflacionario, pero como Argentina estaba trabajando con plena capacidad instalada, y dado que seguía sin lograr la confianza suficiente, mucha de esa devaluación se trasladó a los precios", añadió el analista en mercados.

Para Lozano, la devaluación de 50 por ciento de la moneda local y ese traslado a los precios, la quita o rebaja de impuestos a las exportaciones agropecuarias y los aumentos de tarifas hundieron el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

"El problema argentino tiene que ver con la baja cantidad y baja calidad que tiene la inversión", aseguró el investigador.

ECONOMÍA ABIERTA

El Gobierno decidió abrir la economía a las importaciones y los capitales financieros en busca de mejorar la competitividad.

Pero "esa mirada no toma en cuenta las características del mundo en que nos encontramos, en donde hay capitales disponibles para hacer ganancias financieras rápidas y de corto plazo en el lugar que se lo proponga, y donde existen unos niveles de sobreproducción que, a un precio mucho menor, pueden desplazar la producción local", sostuvo Lozano.

Se alentó la especulación financiera con tasas de interés "muy significativas en dólares, que permitieron a los principales capitales locales y extranjeros hacer grandes ganancias en pesos y volver a transformarlas en dólares", añadió.

Para frenar la inflación, consideró Zuchovicki, el Gobierno también aumentó inicialmente la tasa de interés en pesos en 25 por ciento, de modo que los inversores también se lucraron vendiendo dólares para comprar en pesos.

Así se originó un atraso bancario porque en vez de invertir se apostaba al mercado financiero.

Sin embargo, "los dólares no se han ido del país", de modo que si la tasa de interés sigue bajando como sucede en este momento, es probable que el inversor apueste por la economía real con la compra de propiedades u otro tipo de inversión, añadió.

ENDEUDAMIENTO

La administración de Macri se abocó a solucionar el litigio judicial abierto con los fondos buitre para conseguir financiamiento externo, iniciando una nueva etapa de endeudamiento.

A los 32.000 millones de dólares de deuda externa que tomó el Ejecutivo nacional, se suman otros 6.000 millones de dólares de las gobernaciones y 10.000 millones de dólares que tomaron las principales empresas privadas.

Argentina adquirió este año el doble de préstamos que el resto de los países latinoamericanos en su conjunto, observó Zuchovicki.

Mientras el presupuesto de 2017 prevé que el Estado tome casi 40.000 millones de dólares más de deuda.

"La deuda está en el 50 por ciento del producto interno bruto, pero no está afectada ni la capacidad de pago ni el costo del dinero, dado que cada vez que sale al mercado, el país consigue una tasa inferior de interés", explicó.

Lozano, por su parte, destacó la regularización de capitales no declarados por casi 21.000 millones de dólares.

INVERSIONES

Pese a que era una de las prioridades del Gobierno, la inversión este año se desplomó tres puntos con respecto al año anterior, y lo mismo sucedió con la producción económica.

"Esto se produce en el marco de un proceso de redistribución injusta de ingresos, donde pierden los sectores populares en favor de los sectores más concentrados con orientación exportadora", dijo Lozano.

Muchas inversiones esperadas no llegaron por la incertidumbre sobre las tarifas o el valor del tipo de cambio, distinguió Zuchovicki.

"El Gobierno se justifica diciendo que por la corrupción del Ejecutivo anterior no podían invertir en obra pública sin ver qué había contratado y qué era lícito", indicó el analista financiero.

Se espera que la tendencia cambie en 2017 y aumenten los proyectos viales en el interior del país, un reclamo de los gobernadores que Macri está dispuesto a atender.

POBREZA E INDIGENCIA

El Gobierno, sin votos en el Congreso para frenar el gasto, aumentó los subsidios y la cobertura de los planes sociales, mientras los ajustes salariales han crecido por encima de la inflación.

Sin embargo, "en los últimos seis meses 300.000 personas han caído en la pobreza, lo que supone la creación de 7.000 pobres por día, 290 por hora, o cinco pobres por minuto", mientras hay medio millón de indigentes más, "dos por minuto", sentenció Lozano.

La recuperación para el año próximo está focalizada en la inversión pública asociada a más endeudamiento, concluyó el presidente de IPPYP.

La esperanza del Gobierno es que el aumento de las obras públicas y la reactivación del consumo favorezcan la llegada de inversiones, pero esto es una expresión de deseos, finalizó Zuchovicki.

* Análisis publicado en la agencia internacional de noticias Sputnik Nóvosti el 9 de diciembre de 2016.

martes, 22 de noviembre de 2016

ANÁLISIS – Gobierno argentino prevé endeudarse un 200% más para 2017

Buenos Aires, 11 nov (Sputnik). - El Gobierno argentino ha recurrido a una fuerte política de endeudamiento en moneda extranjera durante 2016 que aumentará para el próximo año un 200 por ciento, de acuerdo el presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo para su aprobación, señalaron varios especialistas a Sputnik Nóvosti.

"El Gobierno pasará de endeudarse de 17.832 millones de dólares en 2016 a 44.902 millones de dólares en 2017, un 200,8 por ciento más", señaló el sociólogo y analista económico Javier Elizondo, consultor privado y asesor del diputado nacional Guillermo Carmona.

El presupuesto del año que viene está previsto en 2,3 billones de pesos, según el proyecto presentado por el Gobierno (131.898 mil millones de dólares, de acuerdo al cambio previsto por el Gobierno para 2017 de 17,92 pesos por dólar).

Un tercio del presupuesto, 804.647 millones de pesos (44.902 millones de dólares,) será deuda emitida en moneda extranjera.

"Gran parte de esa emisión es deuda llamada rollover, que se renueva con la emisión de nuevos títulos", aclaró Elizondo.

El Gobierno admite una diferencia entre ingresos totales y gastos devengados en moneda extranjera de 293.542 millones de pesos (16.380 millones de dólares), lo que implicará "una emisión de deuda completamente nueva", añadió el consultor.

La principal fuente de financiamiento del Gobierno será el endeudamiento público.


DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA

Las entidades financieras que facilitarán créditos a Argentina son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que integra el Banco Mundial, y el banco de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El Gobierno también multiplicará por tres los recursos destinados a la amortización de la deuda, que en 2016 exigió un desembolso de 86.565,9 millones de pesos (5774 millones de dólares) a 254.988,9 millones de pesos en 2017 (14.229 millones de dólares)-.

"El gran problema de tomar deuda en moneda extranjera es que debe transformarse en pesos, lo que genera una emisión muy grande", señaló el especialista.

"La base monetaria del país es de 669.905 millones de pesos (43.800 millones de dólares), así que si todos los bancos quisieran cobrar sus Lebac mañana, el Tesoro debería retirar todos los billetes en circulación, por eso necesita este endeudamiento externo", añadió Elizondo.

DEUDA Y EVASIÓN

La deuda en grandes cantidades se toma principalmente para sostener una economía desequilibrada, sostuvo a esta agencia el presidente Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IpYPP), Tomás Raffo.

"Tenemos un sector industrial muy demandante de divisas, porque productos que antes se fabricaban acá ahora se importan, y al mismo tiempo tenemos un comportamiento rentístico de los capitales, que hace que la ganancia que tienen en moneda local la transformen en dólares para fugarla al exterior", afirmó.

Sólo en intereses, el Gobierno se ha comprometido a pagar 247.328 millones de pesos (16.488 millones de dólares al cambio actual), casi el doble del presupuesto previsto para el Ministerio de Educación o para el de Desarrollo Social (cada uno recibirá unos 131.000 millones de pesos, 8.700 millones de dólares).

En servicios de deuda, el Ejecutivo destinará en total el 10,5 por ciento del presupuesto, más de lo que recibe cualquier otro ministerio, salvo el de Empleo, Trabajo y Seguridad Social.

"Se estima que el 50 por ciento de los servicios de deuda para ese año estarán constituidos por obligaciones con organismos públicos nacionales que, en su gran mayoría, se asume tendrán los recursos necesarios y la autorización correspondiente para refinanciarlos", señala el proyecto del presupuesto.

Desde 1970, los crecimientos de deuda precedían a una crisis cambiaria que venía acompañada de una devaluación "con la pulverización de los salarios y el consecuente deterioro social", apuntó Raffo.

La ley de Sinceramiento Fiscal, o blanqueo de capitales no declarados que ha impulsado el Gobierno, junto con la deuda que tome de organismos internacionales, permitirá la entrada de dólares que pueden calmar la relación entre peso y dólar.

"Pero ese momento es puntual, y ya hemos recorrido estos episodios", aseguró el director de IpYPP.

Aprobado por Diputados, el presupuesto 2017 comenzó a ser discutido la semana pasada en el Senado.


* Artículo publicado en la agencia internacional Sputnik.