miércoles, 26 de julio de 2017

“Depende de la política española que se avance en la causa del franquismo”

La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde 2010 el único proceso judicial del mundo que investiga los crímenes del franquismo, reconoce presiones en sus intentos por que declare el exministro Rodolfo Martín Villa, uno de los quince imputados en la causa sobre el que pesa una orden de extradición.


La jueza María Servini de Cubría, durante la entrevista (Ana Delicado Palacios).

Desde su despacho en los tribunales federales de Buenos Aires, la jueza María Romilda Servini de Cubría asiente en silencio mientras su secretaria federal, María José Iglesias, enumera la retahíla de exhortos que se han enviado a España para prosperar en un caso que reúne siete años de investigación.

Ya se tratara de imputaciones, pedidos de exhumación, o recolección de testimonios, casi todas las resoluciones de la magistrada han sido resistidas, dejadas sin efecto o esquivadas por la Fiscalía, por la Audiencia Nacional, y por el propio Gobierno de Mariano Rajoy.

Uno de los casos más emblemáticos que ha surgido durante el proceso ha sido el de Ascensión Mendieta, una mujer que con 88 años recién cumplidos aterrizó en Buenos Aires en 2013 para testificar ante la jueza y pedir por los restos de su padre Timoteo, fusilado en 1939 y enterrado en una fosa común del cementerio municipal de Guadalajara.

“Cómo no nos vamos a acordar de ella”, rememora Servini. “Estábamos en otro despacho, y había unos 30 españoles que habían venido a declarar. Ella se paró y se puso a llorar”, cuenta.

La jueza remitió tres exhortos en 2014, 2015 y 2016 a los juzgados de Guadalajara para secundar el pedido de Ascensión Mendieta. En enero de este año, finalmente, comenzaron los trabajos en una de las fosas del cementerio. Timoteo no estaba, pero sí los huesos de otras 22 personas.

Tras retomarse las labores de búsqueda en una segunda fosa del camposanto, la magistrada pidió por correo electrónico el pasado 15 de mayo que las muestras de ADN se realizaran directamente en España “para que no se demorara más el proceso”. Veinticinco días después, Ascensión encontraba a su padre enterrado junto a los restos de otras 27 víctimas.

“No te imaginas la alegría que teníamos todos al enterarnos, fue como una fiesta para nosotros”, relata Servini. “Muy feliz me sentí, muy satisfecha. Me hubiera gustado estar allá para poder abrazar a Ascensión y estar con ella”.
La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 está ahora al tanto de las intenciones del Ayuntamiento de Guadalajara, donde gobierna el PP, de cobrar 2.057 euros por unas tareas de exhumación en las que ni siquiera intervino. “Es una injusticia”, sentencia la magistrada.

Martín Villa

 

Acompañada de su subsecretario administrativo, Alfredo Mangano, la jueza reconoce las dificultades que entraña su determinación por conseguir la declaración indagatoria del exministro franquista Rodolfo Martín Villa, uno de los quince imputados que quedan en la causa, tras la muerte de otros cinco acusados, sobre el que pesa una orden de extradición desde octubre de 2014.
“Hay un problema ahí”, admite Servini. “Nosotros teníamos que viajar, pero España ha rechazado todos los pedidos para que podamos ir”.

La jueza intentó desplazarse a Madrid hasta en tres ocasiones durante 2016 para interrogar a los represores de la dictadura, entre los que se encontraba Martín Villa, el exministro José Utrera Molina (fallecido este año) y el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.

“Hay mucha presión sobre el tema de Martín Villa. Sabemos que hay presión”, dice lentamente. “No sé con quién tiene relación, sé que con el anterior embajador argentino (Carlos Bettini), que se ve es amigo de él”, desliza.
El abogado de Martín Villa, mientras tanto, insiste en que su cliente declare a través de una videoconferencia.

Servini tiene potestad para incorporar al sumario los testimonios de los querellantes que se acerquen a los consulados argentinos, pero no puede realizar una declaración indagatoria a la distancia. Lo prohíbe la legislación argentina y el tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987.

“Estamos viendo si podremos viajar de nuevo, estamos trabajando en eso. Ahora nos hemos centrado en el asunto de Villa. Si insiste en que quiere declarar, podemos ir a tomarle la indagatoria, y de paso, ver si quieren declarar los demás imputados. Pero para eso, tienen que abrirnos las puertas los juzgados españoles”, sostiene.

La Fiscalía, contra Servini

 

Los impedimentos que se ha encontrado la magistrada a lo largo de la causa se han acentuado desde septiembre, cuando la Fiscalía General del Estado, a través de un documento interno, instruyó a sus fiscales para que los juzgados provinciales dejaran de colaborar con la querella argentina.
“Hasta que la Fiscalía se expidió, teníamos cierto margen de acción para ir allá y aunque fuera, tomarle declaración a todos los imputados”, reconoce Servini.

Después llegó la orden del Ministerio Público, y la jueza nunca pudo concretar su viaje a España. “Ahora depende de la política española que se avance en la causa del franquismo”, afirma.

En su juzgado interpretan como una “amenaza encubierta” las afirmaciones de la entonces titular de la Fiscalía, Consuelo Madrigal, que comparó su proceso con el del juez Baltasar Garzón, y que además acusó a la magistrada de seguir un caso “inviable y, ajeno, por tanto, al interés de la Justicia”.
 
“Demasiado dura ha sido esa fiscal, porque a nosotros ya nos dejaron ir a España en 2014 para tomar las declaraciones de los testigos”, acota Servini. “La Fiscalía se da cuenta de que tenemos razón, de que vamos avanzando bien, y por eso quieren parar y cortar”.

La investigación judicial de esta magistrada argentina, basada en el principio de jurisdicción universal, ha tenido un impacto sin precedentes. Gracias al testimonio de centenares de personas, la causa cuenta con pruebas fehacientes de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el franquismo. “No pensaban desde España que íbamos a avanzar tanto”, dicen en el juzgado de Servini.

Hay algo que todavía llama la atención de la jueza: el miedo que desde hace décadas arrastran muchos querellantes al momento de declarar.

“Esas víctimas han estado mucho tiempo amenazadas. Yo he hablado con gente que tuvo que aprender a leer y escribir a través de la madre, o de la tía. No sólo no podían estudiar, sino que no podían ni trabajar. Y al no poder trabajar, no tenían qué comer”, lamenta.

La falta de colaboración de España es hoy absoluta. Tras admitir una querella presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el juzgado ha vuelto a reiterar un pedido de información a la jefatura de Policía de Madrid sobre la detención y posterior asesinato del poeta Federico García Lorca. Hace dos meses de aquello. Todavía esperan una respuesta.

* Entrevista en exclusiva publicada en el diario español Público.

martes, 18 de julio de 2017

La jueza argentina vuelve a denegar la exención de prisión de Martín Villa

Estará de nuevo decepcionado el exministro franquista Rodolfo Martín Villa, quien el pasado viernes dijo sentirse "encantado" con el dictamen de un tribunal de apelaciones de Argentina que cuestionó una resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría, responsable de la única causa abierta en el mundo para juzgar los crímenes de la dictadura española.



La respuesta de Servini llegó 24 horas después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dejara el pasado jueves sin efecto, por "infundado", un auto anterior de la jueza en el que se negaba la posibilidad de que Martín Villa pudiera declarar ante la justicia argentina sin ser encarcelado.

En una nueva resolución de 53 páginas, la magistrada resolvió de nuevo "no conceder" la exención de cárcel del exministro franquista "bajo ningún tipo de caución".

Servini fundamentó su negativa en el hecho de que los delitos de Martín Villa se encuadran "dentro de los crímenes de lesa humanidad denunciados en autos, cometidos en España a partir de 1936 y hasta el año 1977 como consecuencia de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político".

En calidad de ministro de Relaciones Sindicales, el franquista ordenó la represión de una manifestación de trabajadores el 3 de marzo de 1976, en la que resultaron asesinadas cinco personas, recordó la jueza.

Como ministro de Gobernación, Martín Villa también dirigió la represión de la denominada Semana Pro Amnistía que tuvo lugar entre el 8 y el 15 de mayo de 1977 en el País Vasco y en Navarra, a raíz de la cual fallecieron un veterano luchador antifranquista, Rafael Gómez Jáuregui, y el joven José Luis Cano Pérez.

Dado que era el máximo responsable de las fuerzas del Estado, la jueza también achaca al exministro de Gobernación las muertes de José María Zabala Erasun, asesinado por un guardia civil en septiembre de 1976; de María Norma Menchaca, que falleció el 9 de julio del mismo año a manos de un grupo parapolicial; y de Arturo Ruiz García, asesinado por un grupo de ultraderechistas en enero de 1977.

El exministro está acusado del "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un delito que conlleva prisión perpetua en Argentina.

"Resta poner de resalto que el imputado Rodolfo Martín Villa, al día de la fecha, no se ha puesto a derecho a pesar de los reiterados exhortos librados a fin de recibirle declaración indagatoria", sostuvo la magistrada.

Dudas de la Cámara

Con su dictamen, la Cámara Nacional de Apelaciones en ningún momento revocó la primera resolución de Servini, según confirmaron a Público fuentes del despacho de la jueza, pese a que así que se difundió la noticia en los medios españoles.

La sala II del tribunal se limitó a observar que "la calificación jurídica de orden internacional (es decir, de lesa humanidad) así invocada no fue realizada con base en una fundamentación que abordara las circunstancias distintivas que, según se alegó, tiene en los hechos puntuales por los que se querelló a Villa".
Ese análisis era "ineludible" para discernir "el espacio temporal en que ocurrieron (los hechos imputados a Martín Villa) y el contexto que los rodeó".
En concreto, los miembros de la Cámara no entendían que se calificasen como delitos de lesa humanidad hechos que tuvieron lugar entre 1976 y 1977, a lo que la jueza alegó que durante ese período estuvo vigente un período de represión postfranquista que exige incluir esos años dentro de su investigación.
El abogado de Martín Villa, Fernando Goldaracena, ha apelado este lunes la nueva resolución de la magistrada, por lo que la Cámara de Apelaciones deberá expedirse de nuevo.

Sobre el exministro franquista sigue pesando una orden de captura internacional, a raíz de su imputación declarada por Servini el 30 de octubre de 2014.


* Primicia aparecida en Público

lunes, 17 de abril de 2017

Análisis - Argentina está en emergencia ambiental por extensión de soja

La expansión de la soja en Argentina, que se da desde hace tres décadas con el aliento de Gobiernos y grandes conglomerados, ha provocado enormes costos económicos, ambientales y de salud que explican, en parte, las últimas inundaciones que sufre el país, señalaron expertos consultados por Sputnik.

"Estamos en una verdadera emergencia ambiental como consecuencia del modelo sojero implantado", señaló el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale.

"En los últimos 25 años se desmontaron 8 millones de hectáreas de bosques nativos y se destruyeron humedales, cuando son superficies necesarias para soportar los fenómenos extremos que se viven como consecuencia del cambio climático", explicó Viale.

Provincias como Buenos Aires, La Rioja (oeste), La Pampa (centro), Chaco (norte) y Tucumán (noroeste) han sufrido fuertes precipitaciones en las últimas semanas, lo que provocó la evacuación de miles de personas y la pérdida de infraestructura en varias localidades sumergidas por el agua.

El monocultivo de soja absorbe cada año 500.000 nuevas hectáreas, sin que ningún Gobierno haya intentado contener su avance.

El actual Ejecutivo de Mauricio Macri tiene a varios funcionarios vinculados al agronegocio, como el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, también exgerente de Monsanto, y además, "ha bajado las retenciones a la exportación de la soja al tiempo que flexibiliza la legislación ambiental que habíamos logrado, como la Ley de Bosques, hoy desfinanciada", señaló el abogado.

Argentina se ha convertido en "un gran experimento masivo", aseguró Viale, pues es uno de los países con mayor superficie cultivada de soja transgénica y eso que requiere del uso de más agroquímicos, "lo que está provocando una situación desconocida en el mundo".

Existen zonas en el país como la localidad cordobesa de Monte Maíz (centro) donde los casos de cáncer se triplican con respecto a la media nacional, ejemplificó Viale.

FASES DE LA EXPANSIÓN

Por su parte, el ingeniero agrónomo Walter Pengue, doctor en agroecología y profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina, explicó a esta agencia que existen tres fases en el avance de la soja.

La primera es la denominada "cabecera de playa", etapa que transcurre entre 1996 y 2002, cuando la llegada de la soja conlleva el ingreso del glifosato y la siembra directa en la región pampeana, que abarca las provincias de Buenos Aires (este), Entre Ríos (este), Santa Fe (centro-oeste). Córdoba (centro), La Pampa (centro) y San Luis (oeste).

En esos seis años se perdieron 140.000 establecimientos agropecuarios, a razón de tres por día.

"La escala necesaria para mantener en una ecuación económica la producción de soja pasó de necesitar 250 hectáreas a principios de los años 90, a 350 hectáreas a mediados de la década, hasta llegar a 550 hectáreas en 2002", puntualizó Pengue.

Lo más rentable por entonces no era producir por unidades o hectáreas, sino por volumen, de modo que "los grandes establecimientos adoptaron la tecnología, y los pequeños se fundieron", añadió.

La demanda de nuevas tierras precipitó la segunda fase a partir de 2002-2003, cuando se produjo una subida exponencial de los precios de la soja hasta superar los 600 dólares por tonelada.

Se incentivó entonces la demanda de más tierra en la región pampeana "a base de comprar tierra a pequeños y medianos agricultores, y fomentada por una fuerte expansión de los pool de siembra (asociación de inversores), que captaron fondos del mercado internacional y nacional", detalló el experto.

Algunos de los principales promotores fueron el grupo El Tejar, que acumuló 800.000 hectáreas, o el grupo Grobo, "más interesado en el negocio que en la soja, con la venta de fertilizantes, agroquímicos y semillas", señaló Pengue.

El intento en 2008 de gravar los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol con un esquema de retenciones móviles de acuerdo a su precio internacional conllevó a una revuelta que hizo tambalear el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Esta segunda fase culminó entre 2008 y 2009 para dar paso a la actual: una expansión del cultivo de la soja desde la región pampeana, que se extiende por 55 millones de hectáreas, hasta la región del Chaco, que incluye otros 10 millones de hectáreas (norte-oeste).

Este proceso de "pampeanización" no sólo trasladó el modelo productivo, sino también "su lógica económica, financiera, y su práctica cultural, que es convertir un bosque en algo llano y hacerlo cultivo", indicó el profesor.

"Eso cambia la perspectiva que se tenía del productor rural en la región chaqueña, que tenía la perspectiva de la madera como algo dentro de su lógica hasta visual", agregó.

A eso se suma que el actual Gobierno entrega subsidios a los productores de las regiones marginales extrapampeanas para que puedan bajar la soja a los puertos de salida y así equiparar, con dinero público, sus costos a los del productor pampeano.

Esta última etapa en la que se encuentra el país desvela la consecuencia de las dos anteriores: "problemas económicos porque el precio de la soja no es tan rentable, una expansión irracional de la soja, deforestación, cambio de suelos, catástrofes climáticas, y la inacción del Estado para controlarlo", concluyó el ingeniero.

La población de pueblos fumigados y zonas afectadas, sin embargo, comienzan a reclamar un cambio en la producción que contemple otros granos, la fruticultura, y la horticultura.
El país sudamericano tiene actualmente 23 millones de hectáreas dedicadas al monocultivo de soja transgénica, casi tres veces el territorio de Irlanda.


* Análisis publicado el 13 de abril en la agencia de noticias Sputnik.

viernes, 7 de abril de 2017

Argentina le planta cara al plan económico de Macri con una masiva huelga general

Pocas estampas como las que se observan este jueves en la ciudad de Buenos Aires reflejan la realidad de lo que hoy sucede en Argentina.

La estación de la ciudad de Buenos Aires Constitución, durante el día de la huelga (agencia Télam)
Por un lado, la capital del país acoge por primera vez el Foro Económico Mundial para América Latina, que reúne a 1.100 representantes de Gobiernos y empresas con el presidente Mauricio Macri como virtual anfitrión. "Qué bueno que hoy estemos acá, trabajando", afirmó con sarcasmo el jefe de Estado en la inauguración del evento.

Frente a este escenario de trajes y corbatas ante el que el mandatario reivindicó un "diálogo interno y con el mundo para encontrar las mejores vías de desarrollo", el país parece vivir en otro eje de coordenadas.

Las ciudades se muestran vacías. Los comercios están cerrados, y el transporte está paralizado por completo, incluidos los aeropuertos, los trenes y los autobuses urbanos, de media y larga distancia.

El paro ha tenido una adhesión de más del 90%, han asegurado las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) en una de las primeras evaluaciones de la jornada.

La huelga general responde a "un modelo económico de exclusión y pobreza que lleva a priorizar la especulación financiera por sobre la producción, que endeuda al país sistemáticamente (40.000 millones de dólares sólo en 2016), y que pretende bajar la inflación a base de despidos, de suspensiones y de bajar los salarios de los trabajadores", indicó el secretario general de la CTA Pablo Micheli.

"Eso es precisamente", añadió el sindicalista, "lo que está discutiendo el presidente en este momento en el único lugar en esta ciudad en donde el paro tiene cero acatamiento, que es el mini Davos que ha convocado".

El Gobierno ha hecho gala de entender la situación al enviar a Gendarmería a las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, que habían sido bloqueadas con piquetes por organizaciones sociales y por fuerzas de izquierda para impedir el ingreso a la capital.

Un grupo de maestras fue recibida con gases lacrimógenos en una de las autovías del Sur, según denunció Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

Algunos manifestantes también fueron reprimidos con gas pimienta y camiones de agua por cortar la autopista Panamericana, que enlaza el Norte con la capital argentina. Otros fueron acusados de tirar piedras a los gendarmes. Al menos seis personas han sido detenidas.

Éste ha sido el despliegue del conocido protocolo antipiquetes, un manual de actuación lanzado por el Gobierno en febrero del año pasado que permite desalojar una movilización sin necesidad de una orden judicial que lo avale.

Con una inflación que en 2016 rondó el 40%, el nivel de conflictividad ha ido en aumento en las últimas semanas, espoleado desde los sindicatos de los maestros de la administración pública, que reclaman un aumento salarial del 35% para compensar la pérdida del poder adquisitivo, y que esta semana celebran su octavo paro nacional de 48 horas.

Un segundo varapalo ha recibido el Gobierno este jueves, mientras se recluye en el hotel de lujo que alberga el Foro Económico Mundial. Una jueza del ámbito laboral, Dora Temis, acaba de ordenar al Ejecutivo que convoque una discusión nacional sobre las subidas de sueldo que reclaman los sindicatos docentes.

Dado que las competencias de educación están transferidas a las provincias, el Gobierno se escudaba en que cada jurisdicción negociara con los gremios. Pero el Poder Ejecutivo está obligado por ley, desde 2006, a convocar a nivel nacional las denominadas paritarias (negociaciones) salariales.

El Gobierno, que pide paciencia, considera injustificable la huelga general. El índice de pobreza supera el 30%, sí, pero la economía ha subido por primera vez en nueve meses un 1,1% tras arrastrar una contracción del 2,3% durante 2016. Una amnistía fiscal impulsada por Macri ha conseguido regularizar 116.800 millones de dólares, todo un hito que reafirma la senda de recuperación.

Son los "brotes verdes" que ve el Gobierno argentino, aunque las calles opinen otra cosa.


 * Artículo publicado el jueves 6 en el diario español Público.

jueves, 23 de marzo de 2017

Los maestros de Argentina, en pie de guerra contra Macri

El comienzo del ciclo lectivo en Argentina tras el verano austral suele ser un dolor de cabeza para el presidente de turno, pues los sindicatos docentes son uno de los primeros colectivos en negociar los aumentos salariales que regirán durante el resto del año para compensar la inflación, que en 2016 superó el 40 %.
Vista de la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, durante la manifestación del miércoles

Lejos de llegar a un consenso, el presidente Mauricio Macri avanza sin freno hacia una colisión con los maestros de la educación pública al atrincherarse en su negativa de abrir, como cada año, una discusión nacional que defina el salario mínimo docente en todo el territorio.
Los sindicatos advirtieron que iban en serio cuando convocaron una huelga de 48 horas el pasado 6 de marzo, día en que estaba previsto el comienzo del curso escolar. El paro repercutió en todo el país, con una vistosa demostración de fuerza en las calles de Buenos Aires durante una manifestación que convocó a decenas de miles de personas.
A esta medida de fuerza siguieron cuatro días más de huelga nacional, dos la semana pasada, y otras dos este martes y miércoles.
El conflicto se agrava en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40 por ciento de la población. La mayoría de los colegios de primaria y secundaria en la jurisdicción más importante del país acumulan once días de huelga, lo que repercute en las clases de más de cuatro millones de alumnos.
Como parte del pulso que el Gobierno sostiene contra los sindicatos docentes, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una paga extra para los profesores que no se sumaran a la huelga, y convocó a voluntarios para brindar apoyo escolar, lo que hizo hervir de ira a los sindicatos.
En línea con la postura adoptada por el presidente, Vidal también ha comenzado a descontar del sueldo de los maestros los días de clase perdidos. El castigo afecta a unos 100.000 profesores, uno de cada tres docentes de la provincia.
Este intento de quebrar el apoyo a la huelga se mantiene en un claro desafío a la justicia, que hace unos días intimó a la provincia a que devuelva las retenciones salariales que aplicó contra docentes por participar en una huelga en agosto del año pasado.
El Ejecutivo nacional, mientras tanto, se escuda en el carácter federal del país para rechazar una discusión nacional de los aumentos, y recuerda que son las provincias las que pagan los sueldos de los profesores, aunque por la Ley de Financiamiento Educativo, promulgada en 2006, está obligado a convocar a nivel nacional las llamadas paritarias (negociaciones) salariales.
Los gremios reclaman una mejora en su sueldo del 25 % para este año, más un 10 % que compense la caída del poder adquisitivo en 2016, mientras que la jurisdicción de Buenos Aires, que marca la pauta de las negociaciones que seguirán en el resto de los distritos, dejó en claro su predisposición al diálogo al ceder y aumentar su oferta salarial del 18 % al 19 %, en tres cuotas y ajustable según la inflación.
El colmo para los sindicatos llegó este martes. En coincidencia con la huelga de 48 horas que comenzaban los maestros, Macri presentó los “dolorosos” resultados de un informe sobre el nivel educativo de los alumnos argentinos.
“Cuatro de cada diez chicos de sexto grado de la escuela pública no comprende textos, pero en la privada son dos de cada diez”, informó el presidente. “Eso marca la inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada contra aquel que tiene que caer en la escuela pública”.
En un Gobierno donde banqueros y gerentes empresariales encontraron su vocación política, la frase que deja en evidencia la estima de Macri por la educación que brinda el Estado encontró su respuesta en las calles de la capital argentina.
Cuatro columnas provenientes de Cuyo (oeste), Patagonia (sur) el Nordeste, el Noroeste argentino confluyeron en la ciudad de Buenos Aires para demostrar al Gobierno que están muy lejos de conformarse con la precariedad general que afecta al sistema educativo de Argentina, uno de los más prestigiosos del continente hace décadas.
Según sus organizadores, unas 400.000 personas asistieron a la marcha que desbordó el centro de la capital argentina.
La manifestación amenaza con agravar una de las peores crisis políticas que ha tenido el Ejecutivo durante sus quince meses de gestión. Sumado a las movilizaciones que en los últimos días han sacado a la calle a miles de personas, sea de la mano de los maestros, o de la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno tiene pocos días para contrarrestar el caldo de cultivo que se está generando de cara al próximo 6 de abril, cuando se celebre la primera huelga general contra Macri.

* Artículo aparecido en el diario español Público el 22 de marzo de 2017.

viernes, 10 de marzo de 2017

Violinista Nicolás Chumachenco asegura que ésta es “la era de la mujeres”


El prestigioso violinista de origen polaco Nicolás Chumachenco, de visita en Argentina, aseguró en una primicia exclusiva con este medio que las mujeres están destacando en la música a fuerza de interés y tenacidad en el mundo artístico.

“Estamos en la era de la mujer”, afirmó Chumachenco.

Las mujeres, “esa palabra tan simple y sin embargo tan misteriosa”, acotó el músico, comienzan a abrirse camino con una gran tenacidad.

“Cuando doy un curso, el 95 por ciento de los alumnos son mujeres, al punto que de vez en cuando aparece un varón como perdido, y uno se pregunta si se equivocó”, comentó divertido.
Todas las alumnas famosas de su hermana, la violinista Ana Chumachenco, son mujeres, al igual que la mayoría de sus estudiantes.

“Son las que más estudian, las más preparadas, las que más se interesan en crecer como músicos; es algo común que sucede también con mis colegas”, indicó.

Porque para crecer como artistas “uno tiene que crecer como persona, y formarse a sí mismo significa decir poner interés en todas las manifestaciones del ser humano”, reflexionó el intérprete.

Ésa fue la única sugerencia que recibió con tan sólo doce años el pianista Vladimir Horowitz cuando el legendario compositor ruso Alexander Scriabin accedió a escucharlo.

“Scriabin sólo le recomendó fue que aprendiera todo lo que pudiese, y Horowitz lo hizo, así como (el violinista Jascha) Heifetz, que tenía en su estudio toda una estantería llena de libros hasta el techo”, recordó Chumachenco al rememorar sus clases magistrales con el artista lituano en Estados Unidos.

VÍNCULO CON ARGENTINA

Nacido en Polonia el marzo de 1944, Chumachenco llegó a los 4 años a la provincia de Tucumán (oeste), donde tras la II Guerra Mundial, sus dos progenitores encontraron refugio como músicos en la recién creada Orquesta Sinfónica de Tucumán.

Su madre era violista, y su padre, además de ser violinista, fue primer profesor con el que se instruyó el por entonces joven artista.

La de Tucumán “era la mejor orquesta de Argentina en aquellos tiempos, porque allí se refugiaron concertistas alemanes, húngaros, italianos, polacos y rusos”, aseguró Chumachenco.

De carácter humilde, el músico admitió que le incomoda ser catalogado del mismo modo: como uno de los violinistas más sobresalientes del siglo XX.
“Es una exageración que no me gusta”, manifestó.


RELACIÓN CON RUSIA

La relación del músico con Rusia se ha dado principalmente a través del idioma, dado que el ruso es su lengua materna, la que hablaba con sus padres, ucranianos de la región de Zarinsky.

Cuando la URSS colapsó en 1989, “todos los maestros que podían salían de Rusia, lo que conllevó que la juventud emigrara también, especialmente a las universidades alemanas de música, que eran muy deseadas”, detalló.

Además de conservar su primer idioma con algunos alumnos que estudian con él en Friburgo, Chumachenco ha visitado Rusia en dos ocasiones: una tras ganar el afamado concurso internacional de Tchaikovsky en Moscú, y otra como solista, años más tarde, con la Orquesta de Cámara de Zurich.

El músico tiene hoy la nacionalidad suiza, país en el que vivió 25 años, y también la alemana, donde se desempaña como catedrático de violín en la Escuela Superior de Música de Friburgo.

No es casual la elección de este último país, según explicó.

Alemania es un sueño para la cultura, afirmó el artista, por ser “el ejemplo más perfecto y más antiguo de lo que quiere decir la música clásica arraigada en la cultura del pueblo”.

“Para los alemanes no es resulta extraño que el Estado financie las orquestas con el dinero de los contribuyentes, a diferencia de en Estados Unidos, donde la financiación es sólo privada, y si una fuente de ingresos deja de fluir, la orquesta desaparece”, expresó.

Aunque en Alemania también hay problemas económicos que ha desencadenado una paulatina fusión de distintas orquestas, “estamos hablando de una capital, Berlín, en la que todavía hoy hay cuatro compañías óperas y siete orquestas de primer nivel”.

En el resto de los países de Europa, ya sea Francia, Italia o España, donde Chumachenco ejerce como director y solista de la Orquesta de Cámara Reina Sofia, “es salir de las capitales y darse cuenta de que lo que ganan los músicos en las orquestas es ridículo”, lamentó.


MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y HUMANÍSTICA

“Hace 60 años aparecían artículos en los diarios especializados de música que se preocupaban porque parecía que las orquestas iban a desaparecer a falta de gente, mientras que hoy para un puesto vienen 2.000 jóvenes fantásticamente bien preparados, y luego se las tienen que rebuscar”, reflexionó.

En ese sentido, “la vida es mucho más dura para la juventud que hace 50 años”, sostuvo.

En todas las manifestaciones del espíritu del ser humano, “ya sea cultura, pintura, o música, uno ve que conlleva un esfuerzo el tener que descubrir”, añadió Chumachenco.

Por eso tienen una especial relevancia los proyectos artísticos que se llevan a cabo en países como Venezuela, Argentina y Uruguay para acercar la música clásica a jóvenes de pocos recursos que en muchos casos viven en barrios carenciados.

El gran exponente de estos programas de educación es el venezolano José Antonio Abreu, fundador en 1975 de la Orquesta Nacional Juvenil y del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Venezuela que integran en la actualidad más de medio millón de niños y adolescentes de todo el país.

“Este hombre revolucionó muchas cosas con una gran virtud, así que es algo que podrá llevarse con mucho orgullo a la otra vida, porque su trabajo mereció la pena”, alabó el polaco.

También su amigo Rolando Prusak, a quien debe en gran parte su visita a Argentina, desarrolla un proyecto similar en asentamientos precarios de Buenos Aires.

Este violinista trasladó a su país natal una idea que desarrolló durante doce años como director artístico del Conservatorio Superior de Aragón (noreste de España) para perfeccionar el aprendizaje de jóvenes formaciones orquestales, un “proyecto increíble”, en palabras de Chumachenco.

“Yo lo viví, porque iba todo el tiempo a dar clases maestras, así como otros solistas de las Orquesta de Berlín, de París o de Viena, y vi cómo consiguió transformar el conservatorio hasta que hubo un cambio de Gobierno y despareció todo como si nunca hubiera existido”, lamentó.

En definitiva, concluyó el artista, este tipo de experiencias enseñan “qué fácil es destruir, y qué difícil es crear”, también en la música.


CONCIERTOS EN ARGENTINA

Chumachenco, que llegó al país el pasado jueves, ofrecerá tres conciertos durante su estadía.

El primero será el próximo viernes en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, donde la Orquesta Sinfónica acompañará al artista, en una función especial en homenaje a su trayectoria, con el concierto para violín de Ludwig van Beethoven.

“Uno se siente honrado, con mucho placer de que eso ocurra, dado que es un hermoso destino poder hacer en esta vida lo que a uno le gusta a hacer, y dado que somos pocos los que tenemos esa suerte”, reconoció.

De este modo vuelve a tocar con esta orquesta con la que a los 14 o 15 años debutó en Buenos Aires junto a su hermana, un año menor que él, tocando el doble concierto de Bach bajo la batuta del director Juan José Castro.

El próximo 16 de marzo en el centro cultural Usina del Arte, Chumachenco se unirá al Buenos Aires piano Quartet, integrado por Fernando Pérez (piano), Stanimir Todorov (cello), Pablo Sangiorgio (violín), y Rolando Prusak (viola) para tocar los dos quintetos para piano de Johannes Brahms y Robert Schumann.

“Son las dos quintetos más grandes que hay, las dos obras clave para esa formación”, evaluó el violinista.

Dos días después, el artista ofrecerá un recital en la provincia de Tucumán, donde transcurrió su infancia y parte de su adolescencia, para conmemorar los 60 años de su primer concierto con la Orquesta Sinfónica de Tucumán, cuando el violinista, con apenas doce años y becado por el Mozarteaum argentino, tocó el segundo concierto de Henryk Wieniawski.

Para esta ocasión, el músico eligió la sonata Primavera de Beethoven, la primera sonata de Brahms, y la tercera de Edward Grieg, todas “de mucho virtuosismo, elegidas por ser las más representativas e interesantes para el público”, manifestó.

A lo largo de su carrera, Chumachenco ha tocado como solista con célebres directores como Zubin Mehta, Ferdinand Leitner, Vaclav Smetacek, Peter Maag, Rudolf Kempe y Wolfgang Sawallisch, además de colaborar a menudo en el Festival Gstaad, fundado por el violinista estadounidense Yehudi Menuhin.(Sputnik)


* Artículo publicado en la agencia Sputnik de noticias.

miércoles, 1 de febrero de 2017

ANÁLISIS - Decreto de Gobierno argentino permite expulsar a extranjeros por cualquier delito

Con el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, todos los extranjeros vinculados a una investigación criminal pueden ser expulsados del país aunque el delito sea menor, confirmaron el martes a Sputnik Nóvosti un experto y un funcionario del Gobierno.

 

"La cantidad de personas que pueden estar sometidas a una expulsión se amplía enormemente", señaló a esta agencia Diego Morales, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El decreto de necesidad y urgencia, firmado el lunes, señala que "serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional (...) haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la República Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad".

Por "leyes argentinas", el Gobierno abre el abanico no sólo para incluir los delitos contemplados en el Código Penal, sino también de los códigos contravencionales que establece cada jurisdicción.

Es decir, que "delitos vinculados a la vida cotidiana, como la venta en la vía pública o la resistencia a la autoridad, pueden dar lugar al comienzo de un juicio para averiguar si hubo delitos o no", añadió Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS.

La Ley de Migraciones sancionada por el Congreso en 2003, y que ahora ha modificado el presidente Macri, consignaba el retiro de la residencia y la expulsión de los extranjeros que cometieran delitos penados con más de cinco años de cárcel, o que bien hubieran incurrido en el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas o el lavado de dinero.

Por otro lado, prohibía el ingreso al país de los extranjeros que hubieran sido condenados a más de tres años de cárcel.

La anterior normativa "también habilitaba a que se pudiera expulsar a alguien sin una condena, con un autoprocesamiento", observó Morales.

MÁS MODIFICACIONES

Otro de los cambios sustanciales en la política migratoria de Argentina es el que agiliza los trámites para las órdenes de expulsión se prolonguen hasta un máximo de dos meses, señaló a Sputnik Nóvosti el subdirector de Migraciones, Julián Curi.

"El mecanismo administrativo y judicial para expulsar a una persona condenada duraba 400 días hábiles, y ese plazo se puede extender hasta casi cinco, ocho años", indicó el funcionario.

De este modo, se hacía "inmaterial practicar la expulsión de estas personas", agregó Curi, como demuestra el hecho de que sólo 100 extranjeros fueron expulsados en la última década.

Por otro lado, la legislación anterior concedía al Poder Judicial la potestad para expulsar o no a un extranjero de acuerdo a las directrices que aportaba la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior.

Migraciones sí tenía la autoridad de retirar la residencia y expulsar a los inmigrantes con penas privativas de libertad de cinco años o más.

Ahora es el Poder Ejecutivo, en términos generales, el que tiene la última palabra a través de las autoridades migratorias; por eso el Gobierno ha podido acortar los plazos recursivos para expulsar a una persona.

"El problema es que los plazos establecidos por ley eran kafkianos, no logran el objetivo de la ley que es expulsar a las personas", indicó el subdirector de Migraciones.

DISTORSIÓN DE DATOS

Para justificar su decreto, el Gobierno señalaba que los extranjeros representaban el 21,35 por ciento de la población alojada en las prisiones federales, que alberga a 10. 521 personas, mientras que los inmigrantes residiendo en el país constituyen en total el 4,5 por ciento de los habitantes.

El decreto de necesidad y urgencia omite que el porcentaje de personas extranjeras en todas las unidades penitenciarias del país, que alberga a 71.464 presos, es del seis por ciento, según datos del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, sólo el 11,2 por ciento de la población carcelaria está vinculada con la infracción a la Ley de Estupefaciente, de los cuales, un 18 por ciento son extranjeros, frente a un 82 por ciento de argentinos.

"No hay un problema grave de narcotráfico vinculado a los extranjeros, de hecho los números son similares a los de otros países", afirmó el director de Litigio del CELS.

A modo de ejemplo, "de la cantidad de argentinos presos en el extranjero, más del 50 por ciento lo están por el delito de tráfico de estupefacientes", señaló.

"¿Alguien va a decir que los argentinos en general cometen delitos de narcotráfico?", añadió Morales.

Los delitos vinculados al narcotráfico, por último, suelen incidir en el eslabón más débil, "como las denominadas mulas, o en el tráfico transfronterizo donde intervienen personas de paso", y no necesariamente migrantes, concluyó el investigador.

La anterior Ley de Migraciones ya contemplaba la expulsión de los extranjeros asociados a este tipo de delitos.


* Análisis publicado por la agencia de noticias Sputnik.

“Depende de la política española que se avance en la causa del franquismo”

La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde 2010 el único proceso judicial del mundo que investiga los crímenes del f...