Aquí están las cartas de los cuatro expresidentes españoles que intentan presionar a la jueza argentina María Servini ante la indagatoria que realizará este jueves la magistrada al exministro franquista Rodolfo Martín Villa en el marco de la única causa del mundo que investiga los delitos del franquismo.
Martín Villa está imputado como responsable de doce asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad en un contexto de crímenes de lesa humanidad durante el período de la Transición, entre otros delitos.
La primera carta la envió el expresidente Mariano Rajoy (2011-2018) el 2 de marzo de este año.
En ella desprecia las “múltiples inexactitudes y falsedades en la que se sustenta la acusación” y defiende la Transición como “un proceso ejemplar de generosidad y afán de concordia” que “fue sólo posible a la indeterminación incuestionable de una generación de personas comprometidas con la plena democratización de España, entre las que se encontraba Martín Villa”.
Rajoy también destaca al exministro por “la reorganización de las antiguas fuerzas de seguridad del régimen franquista”, y observa que “los hechos que se le imputan son falsos, contrarios a toda verdad y abiertamente contradictorios con su ejemplar ejecutoria durante ese tiempo”.
Se permite además la sugerencia de invitar a la jueza “a proceder contra quienes de forma torticera han vertido acusaciones infundadas contra la persona del Sr. Martín Villa y han intentado menoscabar la imagen de España poniendo en duda su carácter plenamente democrático”.
La carta del
expresidente José María Aznar (1996-2004) fue escrita el 29 de junio.
El expresidente del PP anticipa en el inicio que debe superar “el asombro de que un procedimiento judicial considere que pudo haber genocidio y crímenes de lesa humanidad en la Transición española”, y a continuación se indigna por las “falsedades” achacadas al exministro.
Aznar no se priva de comentar que uno de los factores del “fracaso del proceso democratizador de la Segunda República había sido el desorden en las calles y la creciente violencia”.
Le comenta su deseo a Servini de que “tuviera la misma posición” que los tribunales españoles al rechazar las comisiones rogatorias, y aunque admite que “hasta junio de 1977 en España no hubo democracia plena”, afirma que los gobernantes bajo la presidencia de Suárez “actuaron como políticos demócratas”, entre los cuales incluye al rey emérito Juan Carlos I.
La siguiente misiva fue la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que la firmó el 1 de julio, dos días después que la de Aznar.
En ella asegura que España escogió con la Transición “su propia forma de acabar con episodios dictatoriales o autoritarios y dar paso a la democracia” y le recuerda la Ley de Amnistía como “elemento central del Pacto de la Transición (sic)”.
En su definición de Martín Villa, Zapatero lo describe como “uno de los jóvenes políticos que (…) con más convicción y eficacia contribuyeron (…) a afianzar el nacimiento de la democracia” y como una “persona comprometida con la consolidación de la democracia y el Estado de derecho”.
La carta de Felipe
González (1982-1996), fechada en un vago julio, observa que ha conocido “con
asombro e incredulidad” la causa judicial que instruye Servini, y
sugiere que no sólo el caso debería ser archivado, sino que “se
deberían depurar responsabilidades de los que (…) de mala fe lo
instalaron sobre bases falsas y sin sentido” con una frase que no debió releer.
De Martín Villa dice que fue “impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de Derecho” y le recomienda de nuevo que “depure las responsabilidades que correspondan de los responsables de estas denuncias temerarias y la campaña de acoso contra Rodolfo Martín Villa”.
El exministro franquista es uno de los quince españoles de los 20 originales que imputó Servini en octubre de 2014 en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad y de genocidio perpetrados durante el franquismo, período que abarca desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.
El caso se asienta en el principio de justicia universal, del que España era referencia hasta que lo
eliminó con la reforma de la Ley Orgánica el 15 de marzo de 2014. Esta figura reconocida en el derecho internacional permite a cualquier país investigar crímenes imprescriptibles
con independencia de dónde o cuándo se hayan cometido.
Desde
el inicio de la causa España se ha negado a colaborar con la
justicia argentina y ha dificultado cualquier posibilidad de que
Servini tome declaración a los acusados bajo la justificación de
que los delitos han prescrito y que a los acusados les ampara la Ley
de Amnistía de 1977.
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