Agradecimiento a la migración*

"Si estás pensado en regresar... infórmate". Así es como el Gobierno de España ha lanzado su campaña publicitaria del Plan de Retorno Voluntario. La crisis aprieta, los inmigrantes son los grandes perjudicados ante la falta de empleo en sectores clave como construcción o servicios, y, por eso, la Administración española ha pensado en ellos.

Podrán acogerse a esta medida todos aquellos inmigrantes que se encuentren sin trabajo y con cuyos países España haya establecido un convenio bilateral en materia de Seguridad Social. Entre ellos, y con especial protagonismo, Ecuador. Junto con los marroquíes, los ecuatorianos son uno de los grupos más afectados ante la escalada de las cifras del desempleo, que ya afecta a más de tres millones de personas (unas 380.000 personas son extranjeras).El decreto ley, en vigencia desde hace un mes, dictamina que aquel migrante que se acoja al Plan podrá recibir la prestación de desempleo si previamente renuncia a sus permisos de residencia y trabajo y si se compromete a no volver a España en el plazo de tres años. Pasado ese tiempo, podrá solicitar su reingreso. Que el gobierno español se lo conceda o no, es otra cosa.

A ello se le une el anteproyecto de reforma a la Ley de Extranjería que ha aprobado el Consejo de Ministros la semana pasada. Para que entre en vigor se precisa todavía la aprobación del Senado y del Congreso, pero no se espera ningún contratiempo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el Gobierno, y con las coaliciones ya establecidas, puede conseguir mayoría en ambas cámaras.Lo que hace este proyecto, en resumen, es endurecer las condiciones de los extracomunitarios. Para empezar, se aumenta de 40 a 60 días el plazo de retención de los inmigrantes en situación irregular, prorrogable por 10 más. Eso significa que se incrementa el período en el que una persona extranjera sin los documentos legales necesarios puede pasar detenida. El aumento se debe, según nuestro ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, a que es el tiempo que se “considera necesario para poder cumplir con los trámites administrativos”. Por “administrativos” puede entenderse “de repatriación”.

Las agrupaciones familiares, por otro lado, se dificultan. Antes, los inmigrantes podían traer a su familia si llevaban dos años de residencia legal en España. Ahora deberán ser cinco. En cualquier caso, no podrán acceder a esto los padres que tengan menos de 65 años.No se escapan tampoco los empresarios que empleen sin contrato a inmigrantes que carezcan de papeles. Las infracciones se elevan a multas de hasta 100.000 euros, y los contratos simulados de trabajo o los matrimonios de conveniencia también serán sancionados con dureza.

Eso sí, se reconocen algunos derechos. Derechos que ya recoge la Constitución Española a cualquier persona por el hecho de serlo, y que además están garantizados por el Tribunal Constitucional. Pero ahí están: derecho a la sindicación, asociación, reunión y huelga. Y es que, aunque no se añadiera nada, había que incluir algo amable en un proyecto tan severo y que tan mal encaja en esta época navideña. Es la felicitación especial que ofrece el gobierno socialista de España en estas fiestas, tan especiales para todos.

* Artículo escrito para el diario público El Telégrafo (Ecuador).

La batalla contra la BBC*

En febrero de este 2008, mientras trabajaba en Radio la Luna, recibí una llamada de un tal Fidel Narváez, ecuatoriano residente en Reino Unido. Dado que yo me dedicaba a la crítica de medios de comunicación, me dio a conocer un reportaje de la BBC en el que se afirmaba, entre otras cosas, que Chávez había entregado a Ecuador 250 millones de dólares “y las armas políticas para enfrentarse a George W. Bush”.

Fidel quería comprobar si era cierto lo que luego alegó la cadena para justificar esa cifra, esto es, que esa cantidad era deuda externa que en forma de bonos había comprado Venezuela a Ecuador. Y con la misma minuciosidad, investigó cada una de las afirmaciones que se sostenían en el reportaje realizado por Greg Palast. De este modo se ponía en juego no sólo la credibilidad de la BBC, sino también la de un periodista que gozaba de gran prestigio, entre otras cosas, por haber investigado el fraude electoral de Florida en el año 2000.

Así comenzó una pelea en la que parecía que el ganador sería aquel que fuera capaz de aguantar en medio de una vorágine de cartas e instancias que no acababan de resolver nada. Dado que la BBC garantiza al público un sistema de reclamación como garantía de los principios editoriales que defiende, Fidel Narváez decidió dirigir una carta a la sección de Quejas. Un año después, y tras haberse generado un expediente de más de 90 páginas, ha sido el jurado de última instancia de la cadena el que ha reconocido que la BBC infringió sus líneas de conducta sobre la veracidad.

El camino no fue fácil. Sólo cuando el proceso parecía inclinarse a favor de Fidel pudo éste conseguir el apoyo de algunas instituciones de Ecuador. Entre tanto, el periodista Greg Palast se desentendía de la denuncia del ecuatoriano: “Yo soy un experto. Tengo un título en finanzas internacionales y domino este tema que es a lo que me dedico”, dijo. “Realmente se trata del orgullo de Ecuador (...) Correa está preocupado de que no se lo vea como el gran juguete de Chávez”.

Aunque al final la BBC ha reconocido la desinformación del reportaje, no deja de resultar asombroso que la mayor corporación informativa del mundo haya tardado un año en admitir el fallo. Aún con eso, no habrá ningún mea culpa público y el veredicto quedará sólo reflejado en una edición mensual sobre reclamaciones editoriales que se publicará en la página web.

Y como si la cosa no fuera con ellos, casi ningún medio de comunicación ecuatoriano ha ofrecido ningún tipo de noticia sobre la acción que emprendía un conciudadano en solitario. Fidel se lamentaba, que de la misma manera, las autoridades de turno sólo tuvieran a bien unirse a su causa cuando ya estaba ganada.

Éste podría ser un ejemplo más sobre la autoridad que puede tener cualquier persona a la hora de exigir información de calidad. Otra cosa es que no haya muchos más casos a los que acudir, y que los que existan pasen de puntillas ante la opinión pública. Cabe recordarlo aquí, como tributo a los desafiantes que se atrevan a cuestionar cualquier medio de comunicación. Por muy grande que sea.

*Artículo escrito para El Telégrafo (Ecuador)

Contradictoria celebración*

Aunque ahora se conmemore el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay poco que festejar. Cierto es que, paradójicamente, es el documento que más se ha traducido en el mundo, de modo que puede leerse en más de 300 lenguas diferentes. Ha servido de impulso también para que a lo largo del tiempo hayan proliferado pactos, convenciones, estatutos, y en definitiva, un sinfín de instrumentos que han pretendido asentar y reforzar los 30 artículos que la componen.

Pero a pesar de la profusión de iniciativas que siguieron a la Declaración Universal, ninguna de ellas ha conseguido ser vinculante u obligatoria para los Estados que las han respaldado. La falta de una jurisdicción que garantice de forma real cuantos derechos quedan estipulados incluso en las Constituciones de cada país ha provocado un desinterés general en exigir su efectividad. Ha sido cuestión de tiempo que esto diera paso, en consecuencia, a un simple desconocimiento de los derechos que deben amparar a cada ciudadano. 

Así ocurre que una breve ojeada a las cifras de pobreza, por poner un caso, desvelan que casi la mitad de la población mundial, unos 3.000 millones de personas, viven por debajo del umbral (esto es, que sobreviven con menos de dos dólares al día). La pobreza extrema, o aquellos que no llegan a un dólar diario, son más de 1.400 millones, de acuerdo con la ONU, lo que entra en clara contradicción con no pocos artículos de la Declaración Universal.

Lo mismo ocurre con la esclavitud, que afecta a más de 27 millones de personas en el mundo, aunque el art. 4 de la Declaración establezca que nadie estará sometido a ella. Con especial urgencia debería entonces atenderse a otra parte del escrito en la que se afirma que (art. 3) “todo individuo tiene derecho a la vida” o bien que (art. 25) “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Algo dirían sobre esto, si pudieran, los 26.000 niños menores de 5 años que mueren cada día por falta de acceso a una mínima cobertura sanitaria y nutricional.
Si se acude a la situación actual de ciertos países, se podrá observar que hay quienes sufren con mayor agudeza la violación de algunos derechos. El artículo anterior señalado, por ejemplo, sería uno de los que más rápido reclamarían los 47 millones de estadounidenses que no tienen seguro médico. Si la Declaración Universal no pudiera ser contradecida, millones de migrantes en cualquier parte del mundo pasarían por cualquier frontera con la tranquilidad de que en el art. 13 se afirma que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Si los derechos humanos, en suma, fueran de inevitable cumplimiento, 300.000 saharauis, que viven confinados en la parte occidental del desierto argelino desde 1975, podrían levantarse de inmediato y presentarle a Marruecos esa parte en la que se explicita que (art. 28) “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. Y así podrían seguir los palestinos, iraquíes, afganos, congoleños, nigerianos, somalíes, y originarios de tantas regiones que se encuentran en conflicto.

Dice el escritor Eduardo Galeano, en su libro Espejos, que fue en 1886 cuando las grandes transnacionales lograron hacer suyos los derechos que tenían las personas. Todavía tendría que pasar más de medio siglo para que se ratificara la Declaración Universal de Derechos Humanos, valorada por haber universalizado, al menos en papel, una serie de derechos básicos que hasta entonces habían ido surgiendo de manera aislada.
Todo lo anterior no hace sino ensombrecer el sexagésimo año de vigencia de un tratado que, al menos por un día, será el protagonista a su paso por los medios de comunicación. Más allá de los fastos que se presenten de cara al público, el hecho es que la Declaración Universal ha supuesto un gran avance en cuanto que triunfó su vocación ecuménica y fue acogida como el instrumento al cual podían abrazarse todas las naciones del mundo. Y precisamente porque hoy es la insignia de referencia en cuanto a reconocimiento de derechos humanos se refiere, cabría preguntarse cómo puede ser que casi cualquier Gobierno se apreste a recordarla, a elogiarla, y, con el mismo ánimo, a desentenderse de cuanto en ella está escrito. Sería de esperar que por cautela y pudor, este 10 de diciembre pudiera ser recordada con mayor sobriedad. La mayoría de los habitantes del planeta no tienen nada que celebrar.



* Artículo escrito para la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU).