Agradecimiento a la migración*

"Si estás pensado en regresar... infórmate". Así es como el Gobierno de España ha lanzado su campaña publicitaria del Plan de Retorno Voluntario. La crisis aprieta, los inmigrantes son los grandes perjudicados ante la falta de empleo en sectores clave como construcción o servicios, y, por eso, la Administración española ha pensado en ellos.

Podrán acogerse a esta medida todos aquellos inmigrantes que se encuentren sin trabajo y con cuyos países España haya establecido un convenio bilateral en materia de Seguridad Social. Entre ellos, y con especial protagonismo, Ecuador. Junto con los marroquíes, los ecuatorianos son uno de los grupos más afectados ante la escalada de las cifras del desempleo, que ya afecta a más de tres millones de personas (unas 380.000 personas son extranjeras).El decreto ley, en vigencia desde hace un mes, dictamina que aquel migrante que se acoja al Plan podrá recibir la prestación de desempleo si previamente renuncia a sus permisos de residencia y trabajo y si se compromete a no volver a España en el plazo de tres años. Pasado ese tiempo, podrá solicitar su reingreso. Que el gobierno español se lo conceda o no, es otra cosa.

A ello se le une el anteproyecto de reforma a la Ley de Extranjería que ha aprobado el Consejo de Ministros la semana pasada. Para que entre en vigor se precisa todavía la aprobación del Senado y del Congreso, pero no se espera ningún contratiempo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el Gobierno, y con las coaliciones ya establecidas, puede conseguir mayoría en ambas cámaras.Lo que hace este proyecto, en resumen, es endurecer las condiciones de los extracomunitarios. Para empezar, se aumenta de 40 a 60 días el plazo de retención de los inmigrantes en situación irregular, prorrogable por 10 más. Eso significa que se incrementa el período en el que una persona extranjera sin los documentos legales necesarios puede pasar detenida. El aumento se debe, según nuestro ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, a que es el tiempo que se “considera necesario para poder cumplir con los trámites administrativos”. Por “administrativos” puede entenderse “de repatriación”.

Las agrupaciones familiares, por otro lado, se dificultan. Antes, los inmigrantes podían traer a su familia si llevaban dos años de residencia legal en España. Ahora deberán ser cinco. En cualquier caso, no podrán acceder a esto los padres que tengan menos de 65 años.No se escapan tampoco los empresarios que empleen sin contrato a inmigrantes que carezcan de papeles. Las infracciones se elevan a multas de hasta 100.000 euros, y los contratos simulados de trabajo o los matrimonios de conveniencia también serán sancionados con dureza.

Eso sí, se reconocen algunos derechos. Derechos que ya recoge la Constitución Española a cualquier persona por el hecho de serlo, y que además están garantizados por el Tribunal Constitucional. Pero ahí están: derecho a la sindicación, asociación, reunión y huelga. Y es que, aunque no se añadiera nada, había que incluir algo amable en un proyecto tan severo y que tan mal encaja en esta época navideña. Es la felicitación especial que ofrece el gobierno socialista de España en estas fiestas, tan especiales para todos.

* Artículo escrito para el diario público El Telégrafo (Ecuador).