"La Justicia está para investigar, independientemente de a quién le guste y a quién no"*

La situación que atraviesa el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no ha pasado desapercibida en Argentina. Distintos magistrados del país se han mostrado sorprendidos de que el Tribunal Supremo de España considere una “prevaricación” la investigación de los crímenes del franquismo, y de que Garzón pueda ser inhabilitado por ello.

“Desde luego, si en algo destaca Garzón es por su actuación pública y por su relevancia internacional”, señala Abel Flaming, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). “Para nosotros, el caso desarrollado en relación a Pinochet y al juzgamiento de crímenes durante la dictadura militar chilena es emblemático porque instala una idea de jurisdicción universal sobre los crímenes de lesa humanidad”.

En Argentina existen en la actualidad 318 causas abiertas que investigan tanto los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983) como los casos de apropiación de recién nacidos por parte de militares. “La idea que nosotros tenemos a rajatabla es que un juez no puede ser enjuiciado por el contenido de sus decisiones judiciales”, explica Fleming.

“Una actitud judicial errónea debe encontrar su solución dentro del curso del propio proceso, salvo que en ese yerro judicial se compruebe que un juez ha actuado con un propósito criminal”.

Pero no es el caso de Garzón. “La justicia como toda actividad humana puede cometer yerros. Pero los mecanismos para corregirlos están previstos dentro de los códigos procesales. No es lo oportuno que se corrijan enjuiciando al juez” añade el presidente de la FAM. “El magistrado tiene que actuar con libertad de conciencia, sin miedo a que pueda ser condenado o sancionado por el modo que entiende y analiza los casos”. Los únicos casos en los que se puede inhabilitar a un juez son “en caso de comisión de delito o mal desempeño reiterado o grave desconocimiento del derecho”, según la Federación.

Lo mismo opina Silvia Cavallo, fiscal y hermana del juez Gabriel Cavallo que en 2001 declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales absolvían de toda responsabilidad a los militares de la dictadura. “La justicia es independiente. No sé por qué debe molestar una investigación. La justicia está para investigar, independientemente de a quién le guste y a quién o no”, indicó Cavallo.

También ha manifestado su parecer la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones de los Derechos Humanos, encargada de evaluar todos los procesos judiciales que investigan los crímenes perpetrados durante la dictadura. “Probablemente, una de las cosas que más molesta a algunos es la propia coherencia de Baltasar Garzón. Es difícil no leer estas cosas en clave ideológica”, señalan el fiscal general Jorge Auat y el abogado Pablo Parenti, responsables de la Unidad. “Él puso el escalpelo en la parte más sensible del conservadurismo”.

La Unidad hace hincapié en el respaldo internacional y el prestigio del juez de la Audiencia Nacional que “no van a ser soslayados”. De acuerdo con Auat, “enfrentar situaciones como ésta es seguramente parte del derrotero en la lucha por los derechos humanos. De todos modos, los hechos históricos terminan como el secreto de las orejas del rey Midas”.

Quien todavía no ha podido pronunciarse en relación a Garzón es Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia y actual embajadora de Suiza en Argentina. “Sólo puedo decir que me contacté con Garzón dado que fui requerida para dar mi testimonio”, comentó del Ponte por teléfono. “Pero como ahora soy embajadora en Buenos Aires, necesito que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España haga la solicitud correspondiente al Gobierno suizo para que yo pueda dar testimonios. Ahora estoy en función ad hoc”.

* Artículo publicado en el diario digital español La República.