martes, 9 de marzo de 2010

La Ley de Caducidad uruguaya, en el punto de mira

La Ley de Caducidad en Uruguay tiene los días contados. Al menos ése es el espíritu de algunos funcionarios judiciales en el país, que intentan desde hace tiempo declarar su inconstitucionalidad. La última tentativa proviene de una fiscal penal que ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dos solicitudes de excepción a la norma, la cual amnistía a todos los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1973-1985).

La fiscal Ana María Tellechea ha pedido la exclusión de la ley para dos causas en las que se indagan 25 homicidios perpetrados cuando el ex dictador Juan María Bordaberry estaba al mando del régimen militar. En la primera se investiga el fusilamiento de cinco militantes tupamaros que fueron trasladados de forma clandestina de Argentina a Uruguay en 1974, y en la segunda se intenta esclarecer los asesinatos de 20 personas cometidos entre 1973 y 1976.

“La indagatoria que hasta el presente se ha realizado nos lleva a la conclusión de que eventualmente existirían sujetos implicados en los hechos que no se encuentran comprendidos en la ley”, señala la fiscal Tellechea en los documentos presentados.

De acceder a la petición de la fiscal, no sería ésta la primera vez que el máximo órgano del Poder Judicial en Uruguay concede una excepción a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada en 1986. En octubre de 2009 la norma fue declarada inconstitucional para el caso de una joven comunista, Nibia Sabalsagaray, que fue asesinada en 1974.

Tellechea ha recogido algunos de los argumentos que se esgrimieron en esta causa para reforzar su solicitud. En el recurso que ha interpuesto cuestiona además tres artículos de la ley por entender que viola algunas disposiciones de la Constitución de la República, como el principio de la separación de poderes y el derecho de las víctimas a reclamar ante la Justicia por hechos cometidos contra sus familiares.

La fiscal también recuerda que a pesar de que la mayoría de los ciudadanos uruguayos se negaron a derogar la ley a través de dos referendos en 1989 y en 2009, “ninguno” de los pronunciamientos populares puede otorgar valor a la norma.

Uruguay denunciado

Una alternativa que podría adelantar y sancionar definitivamente la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad podría promoverla el mismo Estado uruguayo, que desde el pasado enero tiene abierto un juicio en contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este proceso fue impulsado por el poeta argentino Juan Gelmán, que junto con su nieta denunció a Uruguay en mayo de 2006 por la desaparición de su nuera María Claudia García de Gelman en 1976. No se descarta que el Estado se declare culpable en el juicio y elimine la Ley de Caducidad para evitar una condena de la Corte.


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