Entrevista a Garzón: “La situación judicial en España es muy peligrosa”

En una entrevista en exclusiva, el juez Baltasar Garzón se refirió a la causa de investigación abierta en Argentina por los crímenes franquistas, y a los retos de la Justicia ante la crisis en España. El exmagistrado de la Audiencia Nacional encaró también aspectos controvertidos de su trayectoria profesional, y además expuso su visión de lo que significa participar en política.

-        ¿Cómo fue su intervención ante el juzgado que instruye la causa sobre los crímenes del franquismo?

-        Comparecí no sólo porque soy funcionario argentino en ejercicio, sino también por el deber de colaboración con la Justicia. Expuse cómo está la situación en España, y afirmé que no hay ninguna investigación sobre los crímenes franquistas, salvo una de la Audiencia de Barcelona en relación a un ataque de la aviación italiana considerado como crimen de guerra. Hay otra causa sobre niños sustraídos en clínicas pero que no incluye a los 30.000 niños que fueron robados a sus familias republicanas y dados en adopción. Por supuesto, tampoco se está indagando sobre los desaparecidos, que constituyeron el núcleo principal de la investigación que yo mismo inicié en España.

-        ¿Qué trascendencia puede tener este proceso abierto en Argentina?

-        Es de una importancia absoluta porque es el último reducto que le queda a las víctimas del franquismo, una vez que el Tribunal Supremo cerró toda posibilidad de investigar esos crímenes en marzo de 2012. La prueba es que las acciones posteriores en los juzgados no han llegado a ningún término. Me han dicho las víctimas que los jueces ni siquiera se personan en las exhumaciones. 

-        ¿No están obligados a presentarse?

-        Según ellos, en algún caso no. Sé lo que me cuentan las víctimas, que ya no se produce ni siquiera esa presencia.

-        ¿Cómo va evolucionando la causa en Argentina?

-        Tienen dificultades porque la documentación española tarda en llegar. También tienen pendiente la declaración de varias víctimas en España, que ya ha sido intentada en dos ocasiones, pero este lunes me comunicaron que la declaración de las víctimas ha quedado por fin desbloqueada. No le podría decir en qué plazo puede haber una resolución, pero sin lugar a dudas tiene que haberla. Sobre todo después de mi comparecencia, se puso de manifiesto que el juzgado de Argentina tiene que tomar una decisión.

-        ¿Ya se han confirmado las videoconferencias de las víctimas que están en España con la jueza María Servini de Cubría, que instruye el caso?

-        Eso se me dijo tras mi intervención: que había luz verde para practicar esas declaraciones en el consulado argentino en España.

-        He tenido la suerte de estar al frente de importantes investigaciones, y eso me ha permitido contribuir en la defensa de las víctimas de forma universal. Los casos de Argentina y de Chile me cambiaron la vida por un contacto con las víctimas que fue intenso y permanente. Haber tenido la oportunidad de investigar el franquismo, o intentar hacerlo, aun cuando me haya traído tantos quebraderos de cabeza, me ha permitido ayudar a las víctimas. También he estado cerca de ellas al contribuir a la lucha contra el terrorismo de España durante 24 años, a la lucha contra ETA y otras organizaciones terroristas.

-      ¿Cree que las autoridades españolas están intentando obstruir la investigación argentina?

-        Está claro que se suspendieron las comparecencias. Se publicó que había alguna obstaculización pero no está claro que haya sido así. En todo caso, la prueba del algodón llegará cuando tengan que contestar una petición de cooperación judicial internacional o cuando se les pida apoyo para realizar esas diligencias. Si no hay incidencia, podremos decir que no están colaborando. No tendrían que tener ningún inconveniente porque las investigaciones en España están cerradas.

-        Dadas las dificultades que usted tuvo para investigar los crímenes franquistas en España, ¿no considera que las autoridades españolas intentarán impedir la de aquí se lleva a cabo?

-        Espero que no. En todo caso, no tienen vía para hacerlo porque el consulado y la embajada son territorio argentino.

-        Pero el embajador argentino de Madrid llegó a pedir a la jueza que suspendiera las videoconferencias.

-        Desconozco cuál fue la razón de esa suspensión. No me consta que fueran autoridades españolas. Sí me consta esa declaración del embajador con la jueza. Y también me consta que él acaba de informar de que ya no hay obstáculo para realizar esas diligencias.

Investigar en España

-        ¿Cree que en España será posible algún día juzgar el franquismo?

-        ¿Penalmente?

-        Sí.

-        No creo. El Tribunal Supremo ha sido brutalmente claro. La aspiración en este momento debe ser la de formar una comisión de la verdad. Cuanto más pronto mejor, porque las víctimas directas están falleciendo y se nos acaba el tiempo. En el ámbito civil, serían necesarias iniciativas de reclamación, reparación e indemnizaciones, y en el ámbito contencioso administrativo, la aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, que cita la posibilidad de otro tipo de acciones judiciales. Por tanto, si la opción penal está cerrada en España, tenemos que esperar a lo que suceda en Argentina. En el Tribunal Europeo de Derechos humanos han rechazado algunas iniciativas en ese sentido, pero siempre puede haber una decisión política para que se abra esa posibilidad a través de la ley correspondiente.

-        ¿Es probable esa decisión política?

-        No, falta absoluta voluntad. Los responsables y la clase política española no quieren ni oír hablar de eso. El PP no votó a favor de la así llamada Ley de Memoria Histórica. En el ámbito de la comisión de la verdad estamos trabajando para que en su momento esa ley sea posible. Es necesaria. Ahí los ciudadanos pueden conseguir el impulso legislativo a través de la acumulación de 500.000 firmas. Y si no, hay otros mecanismos a través de comisiones en las comunidades autónomas o con fórmulas de justicia transicional y restaurativa, que son las que se están intentando.

-        Pongamos que se reúnen ese medio millón de firmas.

-        La respuesta en este momento del Parlamento sería “no”. Pero como esperamos no sólo 500.000 firmas, sino muchas más, algún partido político tendría que asumir ese compromiso. Y en todo caso, los ciudadanos podemos y tenemos la obligación de que eso se produzca.

-        ¿Cree que en España podría suceder lo que ocurrió aquí en Argentina, en donde se están juzgando los crímenes de su propia dictadura (1976-1983)?

-        Nunca se podría decir que no pueda suceder, pero la situación es diferente. Hay mucho más tiempo de por medio, hay menos fuerzas del movimiento asociativo y de derechos humanos. Pero la voluntad de la Justicia puede ser obtenida como en su momento se obtuvo aquí. Después de que España iniciara esas investigaciones sobre la dictadura argentina, cuando aquí no se podía hacer, es verdad que hubo un impulso político de Néstor Kirchner a través del poder ejecutivo que fue seguido por el legislativo y finalmente por el judicial, declarando la nulidad de las leyes de impunidad. 

-        ¿En España se puede producir esa evolución?

-        Yo espero que sí. Los movimientos de víctimas y organismos de derechos humanos estamos haciendo lo imposible por motivar la voluntad de quienes tienen que tomar esa decisión, y hay fórmulas para conseguirlo, y hay políticos que están comprometidos con eso y tienen que demostrarlo. A partir de ahí, si la opción es proponer una ley, apoyemos a aquellos que desde la política están diciendo que lo van a hacer. 

-        ¿Como quiénes?

-        Hay movimientos sociales, plataformas y algún partidos que están posicionados, como Izquierda Unida, Izquierda Abierta, y Equo. Los grandes partidos, desde luego, no. Pero eso es un problema para todos y sobre todo, un problema de conciencia para ellos, porque el planteamiento sobre la transición se quedó viejo, y se ha demostrado que no ha sido bueno en muchos ámbitos. 

-        ¿En el de la impunidad, por ejemplo?

-        En ese aspecto ha sido nefasta, porque ha demostrado que queda abierta esa herida, un abismo derivado de las acciones delictivas del propio sistema del régimen franquista al que nunca se le ha dado respuesta. Nadie ha pedido perdón en España desde los ámbitos oficiales. Nadie se ha preocupado del amparo de las víctimas hasta la ley de 2006 [de la Memoria Histórica] en la medida en que lo hace. Nadie ha propiciado la acción de la Justicia. La ley de Amnistía ni siquiera se ocupó de este tema. Hay un déficit social e institucional muy importante y las víctimas han tenido máximas dificultades, exceptuando el apoyo de algunas comunidades autónomas y a nivel local. Esto parece inverosímil después de tantos años. Todavía hay gente, más de 70 años después, cuyo comentario más favorable es “están bien muertos, están bien enterrados, y no nos interesa”. Eso es muy duro para las víctimas.

-        ¿Fue buena la Ley de Amnistía de 1977?

-        Fue buena para los casos en los que se pensó. Pero para los crímenes franquistas no se pensó en ningún momento, ni se debatió, ni se discutió.

-        ¿Fue buena como instrumento de engranaje para la transición?

-        La Ley de Amnistía fue para las víctimas, no para los victimarios, salvo para algunos en el ámbito del terrorismo. El resto eran líderes sindicales y políticos que habían sido condenados por el Tribunal de Orden Público. ¿A qué general, político o personaje de una organización paramilitar se le aplicó esa ley? A ninguno. Ni se planteó. No deja de ser un sarcarmo que se diga que hay una Ley de Amnistía en España.

-        ¿Podría llegar a ser declarada insconstitucional?

-        Creo que no. La Ley de Amnistía no obstaculiza la investigación de los crímenes franquistas porque ninguna normativa, y la jurisprudencia nacional e internacional es muy clara al respecto, puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad, de genocidio o de crímenes de guerra. Una de las últimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a las masacres del Mozote en El Salvador, de diciembre de 2012, es absolutamente clara. Dice: “una ley de amnistía no puede impedir la investigación efectiva de los hechos”. Es un derecho absoluto de las víctimas. Por eso la Ley de Amnistía española no es incompatible, porque además los crímenes se siguieron cometiendo como delitos permanentes. No fue así interpretado por el Tribunal Supremo, habida cuenta de que me abrieron un procedimiento penal, me imputaron, me sometieron a juicio oral y luego me absolvieron, como era evidente. A lo mejor había que preguntarse por qué razón se inició ese procedimiento, se avanzó con toda clase de irregularidades en la instrucción con el juez Luciano Varela, hasta que finalmente llegó la absolución.

-        ¿Valió para algo?

-        Sí, para algo fundamental. Para que por una vez, y ante el Tribunal Supremo, las víctimas tuvieran voz y le dijeran a un tribunal judicial lo que había pasado con sus seres queridos, y así hablaran de la represión y de los crímenes de los que habían sido objeto. El proceso también sirvió para escenificar la impunidad.

-        ¿Esperaba, entonces, su absolución en la causa que le abrieron por investigar el franquismo?

-        Era evidente. No había ningún motivo para la condena, como tampoco la hubo para el caso Gürtel.

-        ¿La condena en esa causa no la esperaba?

-        Ésa sí. Por eso se antepusieron los juicios, se cambiaron, se retrasaron. Todo estaba perfectamente adecuado para lo que tenía que suceder. Se creó el delito para la condena. En el caso del franquismo, era demasiado brutal que hubiera una condena para quien había intentado investigarlo.

-        ¿Se utilizó el caso Gürtel de tapadera?

-        No. Hubo tres causas sincronizadas, actuando como una especie de orquesta bien armonizada, con espacios,  silencios, avances, adelantos. Creo que la mejor muestra es lo que aconteció, y ahí está todo dicho. En el momento en el que me condenaron en la causa Gürtel, el 9 de febrero de 2012, se archivó la causa que me abrieron por las conferencias en Estados Unidos, y me absolvieron en la del franquismo. 

-        En el último programa televisivo de Salvados, el juez Javier Gómez Bermúez dijo que consideraba su condena justa, pero que al mismo tiempo lo habría indultado. ¿Cuál es su opinión?

-        Es una afirmación que él sabrá por qué la hace, pero de todo lo que ocurrió en ese caso y a la vista del juicio que se celebró, no se puede hablar de justicia en una condena cuando se prescindió de todo el contenido del juicio oral y cuando se creó un delito inexistente en España. No es que yo quiera que se extienda a otros, pero mis medidas fueron ratificadas por el juez que me sustituyó, y ampliadas. Sin embargo, nadie le abrió un procedimiento. Y los fiscales fueron contestes conmigo y pidieron la continuación del proceso, y tampoco fueron molestados. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, cuando se habían adoptado todas las medidas para proteger, y por qué el material que se obtuvo ni siquiera se utilizó? Espero que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda decir algo. 

-        ¿Y en cuanto a su comentario sobre el indulto?

-        La organización Medel, que aglutina a 15.000 jueces y fiscales en toda Europa, pidió mi indulto hace ya casi un año, pero el trámite está paralizado en el Ministerio de Justicia. Tampoco me preocupa demasiado, porque mi trabajo lo sigo haciendo en el área de los derechos humanos. Si Gómez Bermúdez opina que se tiene que conceder el indulto, es su opinión. Yo no me siento necesitado de él porque no tengo conciencia de haber cometido un hecho delictivo.

-        ¿Qué opina de este juez?

-        Me merece el máximo respeto. Que tengamos posiciones discrepantes en algún punto no quiere decir que no le reconozca como profesional de la Justicia. La labor que hizo en el juicio de los atentados terroristas del 11-M fue muy meritorio.

-        ¿Y cuál es su parecer sobre Fernando Grande-Marlaska, actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional?

-        Lo mismo, es un buen profesional. Mi relación con él es correcta.

Los desafíos de la Justicia española

-        ¿Cree que la judicatura en España es una de las instituciones más limpias del país?

-        Creo que es una institución en la que la independencia está bien arraigada, pero que debe de cambiar en muchas de sus estructuras. Debemos avanzar hacia un sistema en el que el fiscal sea el que dirija la investigación en el ámbito penal. Debe cambiarse el modelo del Consejo del Poder Judicial. Debe haber más participación de los ciudadanos en el mismo y en el control y dirección de la Justicia. Más transparencia, más gestión desde fuera de la gestión judicial, rendición de cuentas, consejos de participación ciudadanos, implicación de estos en la lucha contra la corrupción, y todo ello en un poder judicial cuya independencia e imparcialidad esté garantizada.

-        ¿Cuál es el mayor problema de la Justicia en España en este contexto de crisis?

-        Que no se dispone de los medios necesarios y de la voluntad para combatir la criminalidad económica y la corrupción. Y que algunas formaciones políticas ejercen demasiada presión contra algunos jueces que están investigando la corrupción. Es muy peligrosa la situación en España, porque los jueces tienen que tener garantizada su independencia, y los fiscales, la posibilidad de actuar. Cuando desde el Gobierno o desde una formación política se incide permanentemente en escrachar a los jueces o fiscales que investigan la corrupción, se hace muy difícil. 

-        ¿Su caso es un ejemplo?

-        Cuando se inició la investigación de Gürtel, todo el PP y los círculos mediáticos de su entorno salieron en tromba contra mí. Luego ha habido declaraciones que demuestran que se intentó hacer lo mismo con el juez siguiente, y el fiscal del caso Arena dijo públicamente ante el tribunal que juzgaba ese caso que el PP estaba presionando a los fiscales que investigaban los casos de corrupción. Lo grave es que no se proteja la independencia de los jueces para investigar esos temas, porque ello impide la regeneración del propio sistema democrático, sobre todo cuando se refiere a casos de corrupción política. A eso se suma la investigación en el ámbito económico y financiero que afecta a entidades bancarias, y a temas específicos como las acciones preferentes. La respuesta de los ciudadanos tiene que ser inmediata y eficaz, porque el perjuicio es irreparable.

-        ¿La Justicia tiene ahora más frentes abiertos de los que puede cubrir?

-        Cuando la crisis económica aflora, y se ven actividades que exceden lo que es legal, y productos financieros que son posibles estafas o delitos societarios, la Justicia tiene que responder. Y si no lo hiciera, sería muy grave. Más cuando el mecanismo diseñado ante las hipotecas no establece ningún sistema de protección de los afectados, cuando ves que los desahucios injustos, aunque pueden ser formalmente legales, no reciben ningún tratamiento por parte de la clase política y tiene que haber varios suicidios para que se pongan en marcha esos mecanismos. La gente empieza a preguntarse entonces qué hacen las instituciones que, atentas a la formalidad y a sus propios problemas, no protegen a los ciudadanos. Se presentan muchos recursos ante la Justicia porque están fallando otros ámbitos en ese equilibrio de poderes. Al acudir a los jueces de forma masiva, se pueden bloquear los procedimientos. Si a ello le añades la presión mediática, institucional y de corporaciones que pueden verse afectadas, la situación es bastante peligrosa.

-        ¿Cómo se ejerce esa presión?

-        Habría que preguntarle a ellos. Otra cosa es que tú te dejes presionar. Pero no es algo difícil de comprobar: sistemáticos ataques sin ningún fundamento a jueces y fiscales que están investigando; permanentes acusaciones contra los mismos. Las descalificaciones de las investigaciones hace que los jueces y fiscales se sientan presionados como personas humanas que son. Hay una obligación proteger esa esfera, y las instituciones tienen la obligación de respetar y de propiciar esas investigaciones. No pueden partir de decir: “esto no tiene nada que ver con nosotros, esto es muy liviano” o “estos papeles no valen porque son fotocopias”. Tiene que haber una actitud proactiva. Si hay una acusación muy fuerte, como es en el caso Gürtel, lo que hay que hacer es colaborar al máximo.

-        ¿Debemos esperar la ayuda de la UE?

 

-        El Tribunal de Justicia de Luxemburgo emitió una resolución en la que hacía referencia, tras un recurso interpuesto por un juez de Barcelona, a que no estaba garantizado el derecho de defensa ante los desahucios, y exigía que fuera así. También ayuda la posición de los jueces de El País Vasco y de otros lugares. Esa actitud más abierta y masiva de los jueces ha conseguido que se defienda lo que es un clarísimo atropello a las personas y a la dignidad humana mediante unas escrituras de hipotecas que son leoninas y unos interesas abusivos que se concretan en la pérdida del bien y en la persecución de la persona incluso después de la pérdida de ese bien. Ahí la Justicia ha intervenido, como también en las preferentes. Son muchos miles de millones de euros los que se han volatilizado.

Intervención política

-        Una de las soluciones que ha mencionado es la de incidir en la política.

-        Los partidos políticos tienen que tener claro que aunque les afecte, como estructura tienen que estar a favor de las investigaciones y no de su obstaculización. Son personas jurídicas especiales que tienen un plus de transmisión ética hacia los ciudadanos porque los representan. No pueden ser oscuros, tienen que ser abiertos aunque alguno de sus representantes pueda estar implicado. Si eso no se hace así, todo se desnaturaliza.

-        ¿Hay algún partido político con el que se sienta más afín?

-        No, yo siempre he sido independiente. Mi ideología se enmarca en el marco de la izquierda progresista que aboga por un Estado de bienestar, por un nuevo enfoque en la distribución de la riqueza, por la desaparición de tantas diferencias sociales, por una mayor participación directa de los ciudadanos en la política, por el control de las instituciones, por su transparencia, por un contrato electoral claro de los políticos con los ciudadanos, y por una verticalidad mucho más directa del ciudadano con los partidos.

-        ¿Qué partido se acercaría más a eso?

-        Hay más iniciativas en el área de la plataforma de la izquierda que en el centro derecha. Se puede conseguir una posición muy abierta en la que se integren ideologías progresistas. Hay que prestar mucha atención a la propia estructuración social de los movimientos que se están produciendo, sobre todo después del 15-M, en España y en el mundo. Hay formas diferentes de hacer política pero es necesario que se produzcan y que la gente se comprometa.

-        ¿Usted se presentaría en la lista de algún partido?

-        No, la participación política no implica ir las listas. Ése es uno de los paradigmas que hay que quebrantar. En España se dice “participo en política” y la pregunta a continuación es: “¿y con qué partido vas, en qué posición, en qué lista?” No voy en ninguna, sólo quiero que las cosas cambien. Hay mucha gente que como yo piensa que ya es el momento, y que ya está bien.

-        Así que no se metería en una lista.

-        No. Puedo apoyar algunas opciones. Quien haga ese contrato electoral con los ciudadanos, tenga un decálogo y unas posiciones establecidas, y se comprometa de forma activa firmándolo con los ciudadanos, sí, contará con mi ayuda y con la de muchos otros. Se sorprendería de cuánta gente hay.

-        ¿Por qué llegó a incorporarse al PSOE entre 1993 y 1994?

-        Me incorporé como independiente a las listas del PSOE. Nunca tuve el carnet de ningún partido, ni lo voy a tener. Mi compromiso fue claro con el ex presidente Felipe González y con los ciudadanos. Yo me creo los programas electorales y las promesas que se hacen durante la campaña electoral. Eso es lo que procuré cumplir cuando estuve. Cuando no fue posible, presenté mi dimisión expresando por qué razón no podía continuar. Se me pidió seguir porque ya mejoraría la situación, pero dije que no, porque si no se puede o no se quiere cumplir con los ciudadanos hay que reconocerlo, y que sea otro el que tome el testigo y siga adelante. Ya sabe que después se contaron muchas historias, pero la prueba es que hoy no estoy en ningún partido ni tengo aspiración a ningún cargo. Lo que hay que defender son las ideas y transmitir a quienes quieran seguirlas esa posición. Además, las luchas internas y cuchilladas que se pegan unos a otros no me interesan. Eso no es política, aunque sea la que muchos practican porque creen que es la única que se puede practicar.

-        Al respecto, el ex vicepresidente Alfonso Guerra acaba de publicar el tercer tomo de sus memorias y le ha acusado de pedir en aquella época su sueldo en negro.

-        Recuerdo que cuando nos incorporarnos el juez Ventura Pérez Mariño y yo por fuera de las estructuras del PSOE, el partido nos facilitó una oficina electoral que estaba cerca de la calle Ávila en Madrid, y nos dio una cantidad para gastos electorales que creo recordar eran unas 300.000-400.000 pesetas. Con eso estuvimos trabajando en la campaña electoral. En 1995 salió alguna información contra mí, al hilo de la investigación de los GAL, sobre que se habían cobrado fondos reservados. Lo que hice en ese momento fue denunciar esos hechos ante el Fiscal General del Estado para que los investigara, por si eran hechos delictivos, para que procediera contra quienes hubieran usado esos fondos o cualesquiera otros. Me temo que esa parte no va a aparecer en el libro del señor Guerra, lo que deja mucho que desear. Yo hablo con documentos y no con diarrea mental, como algunos hacen.

Retrospectiva de una trayectoria

-        ¿De qué aspecto de su carrera se siente más orgulloso?

-        De haber sido coherente con mis posiciones y mis convicciones. Siempre he entendido la profesión judicial como una entrega y de servicio público a los ciudadanos, y también como una defensa clara a las víctimas. He procurado aplicar la Justicia por y para el pueblo. Puede parecer una afirmación muy elemental, pero a veces lo más elemental es lo real. Yo me he creído que el juez tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y dar todo lo que tiene de sí. Por tanto, sí me considero satisfecho de mi profesión en todos los ámbitos.

-        ¿En alguno en particular?

-        Sobre las críticas que recibió desde algunos ámbitos vascos por su actuación en ese sentido, ¿cómo lo juzga ahora?

-        Lo tengo muy claro y lo dejé expresado en mis resoluciones, las cuales pueden ser acertadas o no. En todo caso, están los tribunales para confirmarlas o revocarlas. Siempre busqué la investigación de un delito, no de un entorno que no tuviera nada que ver ni con una ideología ni con una tendencia. 

-        ¿Por qué ordenó el cierre del diario Egin?

-        Fue con base a unos indicios sólidos desde mi punto de vista, como después se comprobó. La extensión que se dice al ataque de la cultura vasca yo no la veo, porque se investigó el entorno en tanto formaba parte integrante de la misma estructura de ETA. No se me ocurrió indagar a Bildu o a otras estructuras que después el Tribunal Constitucional dijo que no tenían nada que ver. Cuando tuve que investigar a Batasuna, lo hice porque había elementos claramente establecidos que la vinculaban como parte integrante de ETA, y lo mismo con Acción Nacionalista Vasca (ANV). Así ha sido reconocido por el Tribunal Superior y por el Tribunal de Estrasburgo. Hubo prudencia, aunque si lo sometes a consideración de los afectados, muchos de ellos discreparán.

-        ¿Hay algún aspecto de su trayectoria del que se sienta menos orgulloso?

-        De las veces que me haya podido equivocar, produciendo perjuicio a las personas. 

-        ¿Algo en concreto?

-        No, lo digo en carácter general, porque las medidas que he tomado siempre he procurado que fueran prudentes y racionalmente defendibles y condenadas. Ha habido ocasiones en que después mi decisión no ha sido confirmada por un tribunal superior y ese perjuicio que se ha podido producir a mí me afecta, porque es un tiempo y son unas condiciones que han podido causar daños. De eso no me puedo sentir contento.

-        ¿Querría volver a ejercer como juez en España tras los 11 años de inhabilitación a los que fue condenado?

-        Yo sigo siendo juez, siempre he querido serlo. Cuando llegue ese momento, tomaré posesión. Otra cosa es que siga ejerciendo.

* Entrevista publicada el 30 de mayo en tres partes en el diario español Público.