Argentina, destripada a cielo abierto

Famatina es un pequeño pueblo en la provincia de La Rioja (noroeste de Argentina) que acaba de conseguir la paralización de un proyecto millonario de megaminería a cielo abierto. Hace año y medio que todo el país conoce a este poblado de apenas 7.000 habitantes por su oposición a un convenio de exploración que iba a liderar la transnacional canadiense Osisko Mining Corporation. No es la tendencia en un país que quiere abrirse paso como una de las potencias mineras del mundo.


"El proyecto de Osisko contemplaba para los primeros cinco años 70 puestos de trabajo", explicó a Público el alcalde de Famatina, Ismael Bordagaray. "Al hacer un análisis de cuál era el impacto ambiental del emprendimiento y el beneficio directo, vimos que la ecuación no cerraba. Preferimos preservar el medio ambiente y el agua, que es un recurso muy escaso en la zona".

Los habitantes de esta localidad desértica consideran una aberración los proyectos de minería a cielo abierto, cuyo procedimiento consiste en la demolición del suelo del que luego se extrae el mineral con grandes dosis de cianuro. En ocasiones se vuelan montañas enteras con el fin de crear enormes cráteres de entre cinco y diez kilómetros de radio.

Argentina tiene 614 proyectos mineros en curso, 18 de los cuales están ya en fase de explotación.

Argentina tiene 614 proyectos mineros en curso, 18 de los cuales están ya en fase de explotación. Todos ellos son a cielo abierto. "Hay una gran mentira sobre la supuesta riqueza que deja la megaminería", afirma el alcalde de Famatina. "Las empresas se manejan con proveedores en otras partes, y los subsidios que reciben son muy atractivos. Tienen aeropuertos privados por donde entran y salen sus empleados, y los bienes y servicios los traen de otros lados".

Bordagaray pone de ejemplo a Catamarca (también al noroeste del país), una de las provincias que más se ha volcado en proyectos de esta índole. "Que me digan si han mejorado los indicadores de desarrollo con las mineras de Andalgalá, Santa María  y La Lumbrera, que ya tiene 15 años de funcionamiento".

La megaminería tenía entre sus detractores al actual gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, que antes de ser elegido por votación popular, impulsó leyes contra las explotaciones a cielo abierto y el uso de cianuro. "Había también una comisión revisora de todos los proyectos mineros y  un plebiscito vinculante sobre la megaminería", añade el intendente de Famatina. "Al año de subir al poder, derogó todas las leyes".
Los habitantes de la localidad cortaron en enero de 2012 el acceso al cerro donde se iba a realizar la exploración, y Famatina llegó a las portadas de los periódicos. Siguieron las manifestaciones, la represión policial, y el enjuiciamiento de algunos activistas de la localidad. El diálogo entre el alcalde y Beder Herrera terminó por romperse hace año y medio, y hoy la intendencia  de Bordagaray adeuda 2 millones de pesos por falta de transferencia de fondos de la gobernación.

"Creo que Beder Herrera pensaba utilizar los valores del proyecto minero en la emisión de un título público por 300 millones de dólares, con lo que iba a poder contar con una caja bastante importante durante cuatro años", reflexiona el alcalde.

El mismo gobernador se ha visto ahora obligado a dar marcha atrás con el convenio de Osisko, pero Bordagaray no se fía, en este año electoral, de lo que podría ser sólo una maniobra política. "Hace 421 años que Famatina vive de la agricultura y ganadería en pequeña escala", sentencia, "y aunque no nos declaramos antimineros, no queremos los proyectos a cielo abierto en Famatina, que se encuentra a la vera de un cerro en donde se hallan los glaciares nacientes de agua".

 

Lo mismo subraya la historiadora Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa. "Nos están derritiendo los glaciares", alerta a este diario. "Todos los yacimientos en la cordillera de los Andes están en esta zona, donde nacen los ríos que atraviesan buena parte del país y de los cuales depende la vida de las poblaciones asentadas a lo largo de la cordillera".

Esta politóloga, autora del libro Minería argentina: la encrucijada, cuenta que en Argentina sigue vigente un Código de Minería del siglo XIX que permite a las provincias y al Estado nacional realizar tareas de exploración pero no de explotación, por lo que éstas deben ser otorgadas a las corporaciones. "Los Gobiernos democráticos no dieron importancia a este Código durante el siglo XX y desarrollaron empresas estatales que pasaron a ser desmanteladas a partir de la dictadura (1976-1983). Luego fueron privatizadas durante la década de 1990, que es cuando culmina el proceso de extranjerización y concentración de las riquezas del país por parte de las corporaciones".

Por eso la inmensa mayoría de las compañías del rubro minero son extranjeras, mientras que las pocas empresas argentinas que quedan son subsidiarias de las transnacionales.

Potencia mineral

Argentina es el sexto país con más riquezas minerales del mundo aun cuando sólo se ha explorado el 25 % de su territorio. "Es posible que ascendamos algunos peldaños si se terminan de realizar todos los estudios geológicos", cuenta Bruzzone. Ya lo dijo hace unos días el secretario de Minas, Jorge Mayoral, al vaticinar que el país será en 2020 "el gran jugador de la minería en el mundo".

El funcionario también señaló que la minería pasó de emplear 79.000  personas a necesitar medio millón en sólo una década. Elsa Bruzzone rechaza esta cifra. "Las encuestas nacionales realizadas a las 500 empresas más grandes señalan que en realidad hay 30.000 personas empleadas", indica. "Y además, Jorge Mayoral es empresario minero y socio de la canadiense Barrick Gold. Sus oficinas están en el mismo edificio que las de esta firma. También es socio de José Luis Gioja, el gobernador de San Juan, que es proveedor las mineras", revela.

Hace dos años, Barrick Gold se llevó de esta provincia (noroeste) 1.500 millones de dólares en ganancias, mientras que San Juan sólo recibió 42 millones. "Desde fines de 2012 hay un cambio de paradigma que obliga a las corporaciones a pagar el agua, la luz, el gas y los combustibles, y también tienen que liquidar aquí las divisas y sólo pueden remitir al exterior una cantidad pequeña" detalla la historiadora. "Pero sólo pagan el 3 % de regalía por lo que ellos determinan que sacan de la mina, sin que nadie controle, y no tienen que pagar impuestos nacionales o municipales, así que queda muy poco para las provincias".

Algunos sectores del oficialismo y la oposición están moviendo en el Congreso varios proyectos para derogar toda la legislación. Aunque el Gobierno nacional de Cristina Fernández no pone en discusión la megaminería, desde la reforma de la Constitución de 1994 las provincias son las dueñas de los  recursos naturales, y la Carta Magna sólo obliga a la Nación a velar por un ambiente sano y saludable.

"Las corporaciones mineras son un Estado dentro del Estado", concluye Bruzzone. "Se manejan de manera autónoma violando la Constitución y son favorecidas por poderes políticos y judiciales. Muchos activistas han sido procesados por la Ley Antiterrorista y enfrentan la posibilidad de ir a prisión hasta por 10 años. Es un combo de corrupción. A esto se le une una ignorancia y una desidia muy grande, donde la resistencia social ha logrado parar proyectos como el de Famatina".


* ARtículo publicado el 6 de julio de 2013 en el diario español Público