Gobierno argentino endurece la Ley de Migraciones por decreto

El Gobierno de Argentina modificó este lunes a través de un decreto de necesidad y urgencia la Ley de Migraciones para restringir el ingreso y acelerar la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o con antecedentes penales.

"Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional (...) haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la República Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad", señala el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Al margen del tiempo que lleve un inmigrante residiendo en el país, podrá ser expulsado de Argentina si comete cualquier delito contemplado en el Código Penal o en los códigos contravencionales de cada provincia que conlleve pena de prisión.

Por añadidura, cualquier sentencia condenatoria en firme "operará automáticamente cancelando la residencia cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y llevará implícita la expulsión", establece el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri.

Hasta la actual reforma, era el Poder Judicial el que determinaba las expulsiones de extranjeros, mientras que a partir de ahora dependerá del Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

"El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deberán notificar a la Dirección Nacional de Migraciones de todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero en el plazo de cinco (5) días hábiles de producido", subrayó el decreto.

Por razones humanitarias o de reunificación familiar, Migraciones podrá detener la expulsión de los extranjeros cuya pena privativa de la libertad no exceda de los tres años de prisión, de acuerdo al DNU.

El Estado "ha enfrentado severas dificultades" para hacer efectivas las órdenes de expulsión dictadas contra extranjeros como consecuencia de los trámites procesales que "en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación", señalan los considerandos.

CIFRAS

El 21,35 por ciento de la población carcelaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) es extranjera, destacó el Gobierno en su decreto.

En delitos relacionados con el narcotráfico, y siempre dentro del ámbito federal, el 33 por ciento de las personas con privación de libertad provienen de otros países.

Para remarcar el alto índice de criminalidad, el Ejecutivo añadió que el 4,5 por ciento de la población de Argentina es extranjera, según el último censo nacional.

El SPF aloja en todo el país a 10.521 presos, mientras que si se tienen en cuenta todas las unidades penitenciarias, el número de detenidos asciende a 71.464 personas, según estadísticas del Ministerio de Justicia actualizadas al 31 de diciembre de 2015.

La violación de la Ley de Estupefacientes 23.737, que conlleva penas de prisión de entre tres y seis años, constituye la tercera causa de encarcelamiento en el país, por detrás de los delitos de robos y homicidios dolosos.

Los infractores a la ley de drogas representan el 11,2 por ciento de toda la población penitenciaria; el 82 por ciento son argentinos y el resto extranjeros, de acuerdo al informe Infracción a la ley de drogas y problemáticas asociadas del Ministerio elaborado en 2015.

Este estudio añade un dato significativo: el 85 por ciento de los ecuatorianos (11 personas), el 80 por ciento de los sudafricanos (8), y el 55 por ciento de los españoles (18) privados de libertad en Argentina están por vulnerar esta normativa.

La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hace unos días que había que "ordenar" la inmigración de Perú, Paraguay y Bolivia por su vinculación con el narcotráfico.

El Ministerio de Justicia constata que hay 454 paraguayos con penas privativas de libertad por infringir la Ley de Estupefacientes (el 32 por ciento del total), 301 peruanos (39 por ciento) y 295 bolivianos (40 por ciento).

En total, son 1.425 los extranjeros detenidos por este motivo, mientras que si se añaden los argentinos, la cifra asciende a 8.001 de acuerdo al informe de Infracción a la ley de drogas, u 8.193 según el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (Sneep), también del Ministerio de Justicia.

De los detenidos por supuestamente violar la Ley de Estupefacientes, sólo uno de cada tres tiene condena.

 

* Artículo publicado en la agencia Sputnik el 30 de enero de 2017.

Argentina endurecerá requisitos para otorgar residencia a extranjeros

El Gobierno argentino modificará la Ley de Migraciones para retirar la residencia y expulsar del país a los extranjeros que hayan sido condenados a más de tres años de prisión, anunció a Sputnik el subdirector de la Dirección Nacional de Migraciones, Julián Curi.

 

Alguien que cometa un delito con penas privativas de la libertad superiores a tres años no podrá pedir la dispensación (para residir en el país), de acuerdo a lo que estamos planteando", señaló Curi.

La legislación actual establece que un extranjero pierde el derecho de permanecer en Argentina si es condenado a más de cinco años de cárcel.

En base a la normativa vigente, "no podemos retirar la residencia a un extranjero que comete un delito que conlleva una pena de cuatro años, como un abuso sexual simple", ejemplificó el funcionario.

Al mismo tiempo, la Ley de Migraciones indica en su artículo 29 que no puede ingresar al país un extranjero que tenga antecedentes penales o haya sido condenado por delitos que bajo la legislación argentina conlleven penas privativas de libertad de tres años o más.

"Si supiéramos que ese delito (por ejemplo, abuso sexual simple) se cometió en el país de origen, el extranjero condenado no podría obtener la residencia ni ingresar a Argentina", señaló Curi.

Con la reforma que plantea, el Gobierno de Mauricio Macri pretende equiparar las causales que impedirían el ingreso al país de un extranjero con las que conllevan la retirada de la residencia.

En caso de que un extranjero haya recibido una pena de cárcel menor a tres años, "establecemos que el director nacional de Migraciones puede dispensarlos", informó el subdirector.
Agilizar expulsiones

En los últimos 10 años se otorgaron 2,5 millones de residencias a extranjeros en un país en el que habitan más de 40 millones de personas, según el último censo oficial de 2010, indican las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones.

Consultado sobre el número de solicitudes de residencias rechazadas en ese mismo lapso, el subdirector comentó que ese tipo de datos no se manejan porque "no es relevante para nuestros estudios".

También durante la última década, la administración comenzó a tramitar 15.000 disposiciones de expulsión, pero se ejecutaron aproximadamente 100.

"El mecanismo administrativo y judicial para expulsar a una persona condenada dura 400 días hábiles, y ese plazo se puede extender hasta casi cinco u ocho años", detalló Curi, de modo que "se hace inmaterial practicar la expulsión de estas personas".

Algunos casos de narcotráfico, de hecho, "han corrido por esta vía", agregó.

A través de la condición de "extrañamiento" que estipula la Ley de Migraciones en su artículo 64, un extranjero en prisión puede salir de Argentina a partir de la mitad de su condena si tiene orden de expulsión firme y consiente en ella.
Por la vía administrativa, cualquier persona con una orden de expulsión puede presentar un recurso de consideración en primer lugar, después un recurso de alzada, y por último un recurso extraordinario.

Si el trámite de expulsión continúa, comienza por vía judicial el proceso de prueba que se puede alargar unos dos años; ya con sentencia, la persona puede apelar primero a la Cámara de Apelaciones y después recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

"El problema es que los plazos establecidos por ley son kafkianos, no logran el objetivo de la ley que es expulsar a las personas", insistió el subdirector.

La modificación de la Ley de Migraciones pretende acortar, por ello, los plazos recursivos.

El Gobierno agilizará así los mecanismos para que los trámites de expulsiones se prolonguen por un máximo de dos meses.

"Una persona condenada por cualquier delito que conlleve pena de prisión es plausible de ser expulsada", afirmó Curi.

Hasta ahora, los inmigrantes con penas menores por delitos de narcotráfico "tampoco están contemplados en la escala penal para ser expulsados, lo que nos parece injusto", añadió.

La modificación de la Ley de Migraciones que impulsa el Ejecutivo se haría por decreto reglamentario y no a través del Congreso, un asunto "que no tratamos nosotros porque es un resorte del Poder Ejecutivo", zanjó el subdirector de Migraciones.

Para profundizar los controles, el Gobierno ha conseguido acceso en tiempo real a las bases de datos de Interpol, ha mejorado los sistemas informáticos y la infraestructura y ha asignado más agentes durante esta temporada de verano austral a la supervisión de las fronteras.Entre 2011 y 2015, el Estado argentino concedió 646.524 radicaciones temporales y 632.440 permanentes, mientras en el primer cuatrimestre de 2016 se aceptaron 50.281 radicaciones temporarias y 35.776 permanentes.

Por nacionalidades, los paraguayos lideran el listado de las radicaciones permanentes y temporarias concedidas, seguidos por los bolivianos y los peruanos.

El cuatro por ciento de la población penitenciaria de Argentina, compuesta por 71.464 personas, es extranjera, según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, publicado en 2015 por el Ministerio de Justicia.

El porcentaje es similar al de la población inmigrante que tiene este país, que representa 4,5% de todos los habitantes, de acuerdo al censo de 2010.


 * Artículo publicado en la agencia Sputnik Nóvosti el 19 de enero de 2017