lunes, 30 de enero de 2017

Gobierno argentino endurece la Ley de Migraciones por decreto

El Gobierno de Argentina modificó este lunes a través de un decreto de necesidad y urgencia la Ley de Migraciones para restringir el ingreso y acelerar la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o con antecedentes penales.



"Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional (...) haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la República Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad", señala el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Al margen del tiempo que lleve un inmigrante residiendo en el país, podrá ser expulsado de Argentina si comete cualquier delito contemplado en el Código Penal o en los códigos contravencionales de cada provincia que conlleve pena de prisión.

Por añadidura, cualquier sentencia condenatoria en firme "operará automáticamente cancelando la residencia cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y llevará implícita la expulsión", establece el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri.

Hasta la actual reforma, era el Poder Judicial el que determinaba las expulsiones de extranjeros, mientras que a partir de ahora dependerá del Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

"El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deberán notificar a la Dirección Nacional de Migraciones de todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero en el plazo de cinco (5) días hábiles de producido", subrayó el decreto.

Por razones humanitarias o de reunificación familiar, Migraciones podrá detener la expulsión de los extranjeros cuya pena privativa de la libertad no exceda de los tres años de prisión, de acuerdo al DNU.

El Estado "ha enfrentado severas dificultades" para hacer efectivas las órdenes de expulsión dictadas contra extranjeros como consecuencia de los trámites procesales que "en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación", señalan los considerandos.

CIFRAS

El 21,35 por ciento de la población carcelaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) es extranjera, destacó el Gobierno en su decreto.

En delitos relacionados con el narcotráfico, y siempre dentro del ámbito federal, el 33 por ciento de las personas con privación de libertad provienen de otros países.

Para remarcar el alto índice de criminalidad, el Ejecutivo añadió que el 4,5 por ciento de la población de Argentina es extranjera, según el último censo nacional.

El SPF aloja en todo el país a 10.521 presos, mientras que si se tienen en cuenta todas las unidades penitenciarias, el número de detenidos asciende a 71.464 personas, según estadísticas del Ministerio de Justicia actualizadas al 31 de diciembre de 2015.

La violación de la Ley de Estupefacientes 23.737, que conlleva penas de prisión de entre tres y seis años, constituye la tercera causa de encarcelamiento en el país, por detrás de los delitos de robos y homicidios dolosos.

Los infractores a la ley de drogas representan el 11,2 por ciento de toda la población penitenciaria; el 82 por ciento son argentinos y el resto extranjeros, de acuerdo al informe Infracción a la ley de drogas y problemáticas asociadas del Ministerio elaborado en 2015.

Este estudio añade un dato significativo: el 85 por ciento de los ecuatorianos (11 personas), el 80 por ciento de los sudafricanos (8), y el 55 por ciento de los españoles (18) privados de libertad en Argentina están por vulnerar esta normativa.

La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hace unos días que había que "ordenar" la inmigración de Perú, Paraguay y Bolivia por su vinculación con el narcotráfico.

El Ministerio de Justicia constata que hay 454 paraguayos con penas privativas de libertad por infringir la Ley de Estupefacientes (el 32 por ciento del total), 301 peruanos (39 por ciento) y 295 bolivianos (40 por ciento).

En total, son 1.425 los extranjeros detenidos por este motivo, mientras que si se añaden los argentinos, la cifra asciende a 8.001 de acuerdo al informe de Infracción a la ley de drogas, u 8.193 según el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (Sneep), también del Ministerio de Justicia.

De los detenidos por supuestamente violar la Ley de Estupefacientes, sólo uno de cada tres tiene condena.

 
* Artículo publicado en la agencia Sputnik el 30 de enero de 2017.

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