El Gobierno argentino modificará la Ley de Migraciones para retirar la residencia y expulsar del país a los extranjeros que hayan sido condenados a más de tres años de prisión, anunció a Sputnik el subdirector de la Dirección Nacional de Migraciones, Julián Curi.
Alguien que cometa un delito con penas privativas de la libertad
superiores a tres años no podrá pedir la dispensación (para residir en
el país), de acuerdo a lo que estamos planteando", señaló Curi.
La legislación actual establece que un extranjero pierde el derecho de
permanecer en Argentina si es condenado a más de cinco años de cárcel.
En base a la normativa vigente, "no podemos retirar la residencia a
un extranjero que comete un delito que conlleva una pena de cuatro años,
como un abuso sexual simple", ejemplificó el funcionario.Al mismo tiempo, la Ley de Migraciones indica en su artículo 29 que no puede ingresar al país un extranjero que tenga antecedentes penales o haya sido condenado por delitos que bajo la legislación argentina conlleven penas privativas de libertad de tres años o más.
"Si supiéramos que ese delito (por ejemplo,
abuso sexual simple) se cometió en el país de origen, el extranjero
condenado no podría obtener la residencia ni ingresar a Argentina",
señaló Curi.
En caso de que un extranjero haya recibido una pena de cárcel menor a tres años, "establecemos que el director nacional de Migraciones puede dispensarlos", informó el subdirector.
Agilizar expulsiones
En los últimos 10 años se otorgaron 2,5 millones de residencias a extranjeros en un país en el que habitan más de 40 millones de personas, según el último censo oficial de 2010, indican las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones.
Consultado sobre el número de solicitudes de residencias rechazadas en ese mismo lapso, el subdirector comentó que ese tipo de datos no se manejan porque "no es relevante para nuestros estudios".
También durante la última década, la administración comenzó a tramitar 15.000 disposiciones de expulsión, pero se ejecutaron aproximadamente 100.
"El mecanismo administrativo y judicial para
expulsar a una persona condenada dura 400 días hábiles, y ese plazo se
puede extender hasta casi cinco u ocho años", detalló Curi, de modo que
"se hace inmaterial practicar la expulsión de estas personas".
A través de la condición de "extrañamiento" que estipula la Ley de Migraciones en su artículo 64, un extranjero en prisión puede salir de Argentina a partir de la mitad de su condena si tiene orden de expulsión firme y consiente en ella.
Por la vía administrativa, cualquier persona con una orden de expulsión puede presentar un recurso de consideración en primer lugar, después un recurso de alzada, y por último un recurso extraordinario.
Si el trámite de expulsión continúa, comienza por vía judicial el proceso de prueba que se puede alargar unos dos años; ya con sentencia, la persona puede apelar primero a la Cámara de Apelaciones y después recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
"El problema es que los plazos establecidos por
ley son kafkianos, no logran el objetivo de la ley que es expulsar a
las personas", insistió el subdirector.
La modificación de la Ley de Migraciones pretende acortar, por ello, los plazos recursivos.El Gobierno agilizará así los mecanismos para que los trámites de expulsiones se prolonguen por un máximo de dos meses.
"Una persona condenada por cualquier delito que conlleve pena de prisión es plausible de ser expulsada", afirmó Curi.
Hasta ahora, los inmigrantes con penas menores por delitos de narcotráfico "tampoco están contemplados en la escala penal para ser expulsados, lo que nos parece injusto", añadió.
La modificación de la Ley de Migraciones que impulsa el Ejecutivo se haría por decreto reglamentario y no a través del Congreso, un asunto "que no tratamos nosotros porque es un resorte del Poder Ejecutivo", zanjó el subdirector de Migraciones.
Para profundizar los controles, el Gobierno ha conseguido acceso en tiempo real a las bases de datos de Interpol, ha mejorado los sistemas informáticos y la infraestructura y ha asignado más agentes durante esta temporada de verano austral a la supervisión de las fronteras.Entre 2011 y 2015, el Estado argentino concedió 646.524 radicaciones temporales y 632.440 permanentes, mientras en el primer cuatrimestre de 2016 se aceptaron 50.281 radicaciones temporarias y 35.776 permanentes.
Por nacionalidades, los paraguayos lideran el listado de las radicaciones permanentes y temporarias concedidas, seguidos por los bolivianos y los peruanos.
El cuatro por ciento de la población penitenciaria de Argentina, compuesta por 71.464 personas, es extranjera, según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, publicado en 2015 por el Ministerio de Justicia.
El porcentaje es similar al de la población inmigrante que tiene este país, que representa 4,5% de todos los habitantes, de acuerdo al censo de 2010.
* Artículo publicado en la agencia Sputnik Nóvosti el 19 de enero de 2017
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