Cerco a los migrantes

El poder de los medios de comunicación, una vez más, hace que se reacomoden los políticos ante la foto, se ajusten la corbata, se atusen la barba, y se observen de reojo por si hay algo fuera de lugar. En este caso se han removido de sus asientos los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, que depende del Ministerio del Interior. Podrían hacerlo cuantas veces quisieran si no estuviera la prensa para tomar nota y difundir la buena nueva. Dado que una nota interna que nunca debía haber visto la luz ha acabado hasta en los telediarios, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reacciona. Pero sólo entonces.

Esta historia no comenzó este luines , cuando una nota interna destinada a la Policía de Villa Vallecas fue filtrada a la prensa. Hace casi un mes --el 23 de enero-- que los sindicatos policiales emitieron una queja a la Comisión del Interior del Congreso. O sea, que la Cámara Baja ya conocía el malestar de la Confederación Española de Policía, por ejemplo, desde la que se declaró: “El cerco sobre la inmigración ilegal se está realizando en virtud de indicaciones de la Administración según les viene mejor o peor llenar los aviones, cuando en 2005 se promovía el papeles para todos”.

Esto queda reflejado en la orden a la comisaría de Villa Vallecas que esta semana ha saltado a las páginas de los periódicos. En ella se indicaba el número de extranjeros en situación irregular que deben ser detenidos cada semana. En el caso de Villa Vallecas, 35. “Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito”, establecen las órdenes, que provienen de una reunión celebrada en la Jefatura Superior de Policía de noviembre de 2008.

La nota también recomendaba detener según nacionalidades. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)”.

A medida que pasaba el tiempo, se caldeaban los ánimos. El portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, denunciaba que no sólo habían percibido un aumento de las redadas, sino que se procedía a identificar y detener a los padres extranjeros que acudían a buscar a sus hijos al colegio.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que venía mordiéndose los labios al menos desde el 23 de enero, se vio obligado a salir en televisión, con beneplácito de TVE y aquiescencia de las privadas: “Nuestra prioridad en relación a los inmigrantes ilegales es detener aquellos vinculados a actividades delictivas”. Además de negar las detenciones en colegios y evitar preguntas incómodas, se atrevió a hablar de este modo. Es una lástima que nadie osara corregir al lenguaraz. Porque el ministro del Interior debería ser más cuidadoso con el lenguaje y no hablar de inmigrantes ilegales, que no es sólo un término peyorativo sino además incorrecto. Una persona no puede ser de por sí ilegal, y un migrante tampoco. En todo caso, su situación será irregular, y esto ni siquiera es un delito, sino una infracción administrativa.

En cualquier caso, tanto alboroto ha tenido sus frutos, al menos en lo que a lavado de imagen se refiere. El mismo día en que todo esto ocurría, el Ministerio del Interior emitió una instrucción para que la Policía detenga no para cumplir con determinado número de detenciones, sino que los arrestos deben limitarse a “objetivos cualitativos, [ojo a la cosificación de quien se habla] atendiendo prioritariamente a la problemática delincuencial”. Queda por saber si los policías podrán explorar otros distritos en busca de nuevos desemparados a los que repatriar.