Dejó de ser un secreto a voces hace ya tiempo. Las cifras oficiales que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina sobre el estado de su economía ni siquiera se aproximan a las que ofrecen los informes de consultoras independientes. La diferencia entre los números que brindan las dos partes ha generado un espectro tan amplio de datos que, más que dar una idea sobre la situación actual en el país, la ensombrecen.
La desconfianza que despierta el INDEC comenzó en enero de 2007, cuando el Gobierno del ex presidente Néstor Kirchner puso el instituto en manos de su secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. El escepticismo no hizo más que incrementarse cuando Moreno ordenó la destitución de algunos de los funcionarios que allí trabajaban. El caso más conocido es el de Graciela Bevacqua, que era la responsable de calcular el índice de inflación. Hoy es la primera en denunciar que en dos años y medio los precios han aumentado un 64,3%, y no un 19,5%, como señalan las cifras oficiales.
El recelo se extiende, en realidad, sobre todos los cálculos que realiza el organismo estadístico del Gobierno. El Episcopado argentino calcula que el nivel de pobreza roza el 40%, muy por encima del 15% que estima el INDEC. El director de la firma SEL Consultores, Ernesto Kritz, apunta aún más alto: según él, en la provincia de Buenos Aires se alcanzan picos de pobreza que llegan al 49%.
Precisamente la desigualdad en Argentina fue, por un día, portada de todos los medios de comunicación en el país. Una carta del papa Benedicto XVI difundida hace unas semanas, en la que pedía reducir la “escandalosa pobreza e inequidad social”, volvió a enfrentar las discusiones sobre las proyecciones estadísticas que en este caso tocan un asunto muy sensible para la opinión pública.
Las razones que explican la manipulación de los números tienen que ver con los bonos de la deuda, según el periodista económico Esteban Pérez. “El Gobierno tiene títulos públicos por los que se paga un extra de acuerdo con la inflación”, explicaba. “Se calcula que el Estado, falseando estas cifras, ha conseguido ahorrar unos 8.000 millones de euros desde enero de 2008”.
A juicio de este especialista, el daño intangible es difícil de medir porque no hay cifras confiables. “Argentina tiene cerrados los mercados de crédito por el cese de pago de la deuda pública tras la crisis de 2001”, argumentaba Pérez. Si a ello se le suma el recelo internacional por las estadísticas, se entenderá por qué Argentina ha estado excluida del circuito internacional de préstamos.
Por eso los mensajes de alarma no dejan de aparecer de vez en cuando. “Argentina tiene una recesión de 14%, una de las más altas del mundo”, alertaba hace unos días el economista Roberto Frenkel, del centro de investigación económica CEDES. “La economía argentina es la más volátil del mundo después de Nicaragua”, manifestaba a su vez el titular de la consultora Economía y Regiones, Rogelio Frigeiro. En cambio, el nuevo director técnico del INDEC, Norberto Itzcovich, indicaba esta semana que era capaz de poner “las manos en el fuego” en defensa de su organismo. Era lo que muchos sectores críticos esperaban oír. Confían en que pronto, esa frase, será su sentencia.
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