El Alto Tribunal considera que la ley sobre estupefacientes atenta contra la Constitución al no respetar la libertad personal que se garantiza en la Carta Magna. El fallo, eso sí, no despenaliza el consumo general o el tráfico de drogas.
Aunque el proceso sobre el que se ha emitido el dictamen se refiere sólo a la marihuana, la ley declarada inconstitucional hace referencia a los estupefacientes en general. Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, recuerda que no ha existido "ningún Gobierno que haya decomisado tantos niveles de droga" como el actual. Y augura que la resolución "pondrá fin" a la "política represiva" que consistía en "castigar al usuario como si fuese un narco". El fallo, además, da cierto oxígeno al Gabinete de Cristina Fernández para reformar la legislación vigente que regula la posesión y el tráfico de estupefacientes.
Por su parte, la Iglesia católica lamentó el "mensaje contradictorio y perjudicial" de la sentencia. "La Iglesia promueve todo lo que dignifique la vida: no podemos auspiciar lo que favorece el consumo", señaló la Comisión Nacional para la Pastoral de Adicciones. Lo mismo opinaron en la Asociación Madres del Coraje, un colectivo de mujeres con hijos con problemas de drogadicción.
*Público, 26 de agosto de 2009
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