Menem ha sido acusado de incurrir en un “un procedimiento licitatorio sumamente irregular” que benefició a la compañía Thales Spectrum Argentina, por entonces llamada Thomson CSF. En la resolución se sostiene que el ex presidente omitió los “resguardos necesarios para proteger el interés público involucrado, siendo perjudicado de este modo el Estado”.
La Cámara Federal de Buenos Aires no ha dictado presión preventiva contra él porque descarta que haya riesgo de fuga. Los jueces ahora investigan la documentación facilitada por Suiza en octubre sobre posibles transferencias que pudieron hacerse a través de las cuentas bancarias de Zurich.
El contrato con la empresa Thales, que tenía una duración de 15 años, fue firmado en 1996 tras una licitación sospechosa en la que no hubo competidores. A cambio de 500 millones de dólares, Menem le otorgó a la multinacional “los servicios de administración, gestión, control y comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico”.
Por el mismo caso ya han sido imputados una docena de ex funcionarios y directivos de la empresa francesa. Ésta fue la primera privatización menemista que revocó el ex presidente Néstor Kirchner cuando asumió el mandato en 2003, pero aún así el Estado tuvo que indemnizar a la compañía con 450 millones de pesos (80 millones de euros).
Menem tiene ahora un cúmulo de causas a las que hacer frente. El ex mandatario también ha sido procesado por corrupción en el pago de sobresueldos a funcionarios, por contrabando en la venta de armas a Ecuador y Croacia, y por encubrimiento en la investigación del atentado contra la Asociación Mutualista Israelita en Argentina (AMIA) en 1994, que causó 85 muertos y más de 300 heridos.
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