El Gobierno apelará la decisión judicial de suspender dos artículos
La Ley de Medios de Comunicación Audiovisual vuelve a ser un asunto de controversia en Argentina después de que un juez haya frenado la aplicación de dos de sus artículos. Esta disposición responde a una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático del país.
Uno de los artículos que ha sido declarado inconstitucional por el juez federal Edmundo Carbone es el 41, que sólo autoriza la transferencia de licencias con la supervisión de la Autoridad de Aplicación (el ente regulador).
El otro artículo dejado sin efecto es el 161, que otorga a las empresas el plazo de un año para desprenderse de las licencias que excedan la cantidad permitida por la ley. “Vencido dicho plazo improrrogable, serán aplicables las medidas que al incumplimiento en cada caso correspondiesen”, dice el texto.
Para el juez eso significa vulnerar la libertad de prensa. Carbone, en realidad, señala en el auto que los dos artículos contravienen lo dispuesto en el Código Civil, ya que “las leyes no tienen efecto retroactivo y “en ningún caso puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”. El juez, que ya ha enviado la resolución a la jefatura de Gabinete argentina, argumenta que los artículos “conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita”.
Reducción
de licencias
La nueva ley de medios, aprobada por el Senado el pasado 10 de octubre, reduce de 34 a 10 las licencias que pueden tener las compañías. El Grupo Clarín es uno de los más afectados al ser dueño de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales.
La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. Para el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, “la resolución dictada por el juez es sorprendentemente extraña y seguramente será revocada por una instancia judicial superior”.
El ministro considera “llamativo” que el juez, antes de intervenir en el recurso presentado por Clarín, haya propuesto la renuncia a su cargo fechada para el 31 de diciembre de este año. “Nadie en sus cabales [hace esto] faltando 15 días para retirarse”, añadió.
Alak ha señalado que la medida de Carbone no es una declaración de inconstitucionalidad, sino una medida “provisoria, un examen superficial de la cuestión” que además, “no está firme porque no ha sido confirmada en una instancia superior”. El Gobierno ya ha comunicado que apelará la resolución.
El jefe de Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, también ha levantado sospechas en torno al juez. Ayer declaraba que “la gente cercana” a Carbone “dice que la presión por parte del monopolio fue muy fuerte”.
*Artículo aparecido el 17-12-2009 en el diario español Público
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