La presidenta argentina, Cristina Fernández, emitió ayer un decreto por el que ordena desclasificar los documentos que detallan las acciones de los militares durante la última dictadura (1976-1983). Esta medida responde a una petición de un juez federal, emitida en septiembre de 2009, que estudia los crímenes de lesa humanidad cometidos en aquella época.El dictamen presidencial, publicado ayer en el boletín oficial del Estado, exceptúa cualquier tipo de información "relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur". Es decir, que el decreto no será aplicado a toda la documentación que tenga relación con la guerra de las Malvinas, el enfrentamiento armado de 1982 entre Argentina y el Reino Unido.
La presidenta argentina ha respondido así a una solicitud de un juez federal de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno adoptó esta medida después de que el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz, apodado el ángel de la muerte, y que está siendo procesado junto a 18 ex militares, se amparara en el secreto de Estado para no revelar información sobre la desaparición de dos monjas francesas en 1977.
La resolución de Fernández refuerza otro decreto presidencial, firmado en enero de 2007 por su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, que eximía a militares, policías, agentes de seguridad y de inteligencia, ya estuvieran en activo o retirados, de ampararse en el secreto de Estado cuando tuvieran que declarar ante un tribunal en las causas judiciales relacionadas con la dictadura.
* Artículo aparecido en Público el 07-01-2010 en el diario español Público
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