jueves, 14 de enero de 2010

Argentina se sumerge en una crisis institucional*

El enfrentamiento del Gobierno argentino con el gobernador del Banco Central de la República Argentina (BCRA, al que cesó el jueves, y con la Justicia, que anuló la destitución horas después, se intensificó ayer, después de que la jueza que lleva el caso convirtió en ordinarios dos recursos interpuestos por el Ejecutivo.

El Gobierno había interpuesto este sábado dos recursos de amparo contra las dos resoluciones de la jueza, pero ayer la magistrada volvía a decir la última palabra convirtiendo en “ordinarias” ambas causas judiciales. De este modo ha liberado a los expedientes de la urgencia que imponen los recursos de amparo.

Nadie calculó que una medida económica del Ejecutivo, como lo era la orden de asegurar el pago de la deuda con las reservas del Banco Central, sería rechazada por el titular de la entidad pública y que la controversia saltaría al terreno de la política.

Argentina debe afrontar una deuda pública cuyos vencimientos en 2010 alcanzarán los 13.000 millones de dólares. El país, aislado de los mercados de crédito internacionales tras la crisis de 2001-2002, se ha visto en la necesidad de crear desde entonces cierta confianza que le permita ingresar de nuevo en los circuitos financieros. Por ello la presidenta Cristina Fernández había ordenado que se utilizaran 6.500 millones de las reservas del Banco Central –de un total que roza los 48.000– para la creación de un fondo que sirviera de garantía ante los compromisos de deuda.

Redrado se opuso, y también rechazó el pedido de renuncia que le hizo llegar Fernández. Ante la negativa, la mandataria emitió un decreto de necesidad y urgencia (similar al decreto ley en España) por el que cesaba en sus funciones al gobernador, y además interpuso una denuncia judicial contra él “por incurrir en mala conducta, en incumplimiento con los deberes de funcionario público”, tal y como consta en la ordenanza .

Horas más tarde, la jueza federal María José Sarmiento asombraba a la opinión pública con dos fallos judiciales: en primer lugar, suspendía el decreto por el que se instauraba la creación del llamado Fondo Bicentenario (que se hubiera alimentado de las reservas del Banco Central). En segundo término, bloqueaba la resolución presidencial que destituía a Redrado.

El Congreso, de mayoría opositora, pugna ahora por hacer un paréntesis en las vacaciones estivales y marcar también el rumbo de este proceso.


* Artículo aparecido el 12-01-2010 en el diario español Público.

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