El 'Ángel de la Muerte' pasará el resto de su vida entre rejas

Finalmente pasará el resto de su vida entre rejas. El excapitán de Marina Alfredo Astiz fue sentenciado el miércoles a la pena máxima junto a otros 11 militares en una causa que se ha convertido en uno de los juicios más emblemáticos de cuantos investigan los crímenes de lesa humanidad en Argentina.

El logro histórico de este proceso, de hecho, puede compararse al del Juicio a las Juntas de 1985, cuando por primera vez fueron juzgados los militares entre ellos, el dictador Jorge Videla que perpetraron el golpe de Estado de 1976 para imponer a continuación durante los ocho años siguientes un estado de terror permanente.
En esta ocasión se investigaban, en pa
rticular, los crímenes cometidos contra 86 personas que pasaron por la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de tortura que existió en Argentina durante la dictadura, que duró hasta 1983.

Los magistrados condenaron a 12 de los 18 procesados a cadena perpetua. Además de Astiz, fue sentenciado a cárcel de por vida el excapitán de fragata Jorge el Tigre Acosta, jefe de inteligencia de los grupos de tareas que operaban en la ESMA, que se encargaban de secuestrar, torturar y asesinar a sus víctimas.

El juicio forma parte de otro proceso más grande en el que se investigan los delitos de lesa humanidad

Otros cuatro exmilitares recibieron condenas que oscilaron entre los 18 y los 25 años de prisión. Y dos imputados fueron absueltos, pero no pisarán la calle porque están siendo investigados en otros juicios. Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), parte querellante en este proceso, apelará estos indultos.

Testimonio de los horrores

Las audiencias, que se prolongaron durante 22 meses, han sido las que han transformado este juicio en un testimonio vivo de los horrores del régimen militar, pero sobre todo en la certeza de que la justicia podía llegar. Así lo deseaban centenares de personas que, antes de la resolución judicial, aguardaron a las puertas del tribunal la sentencia que recibirían los 18 procesados.

En este juicio, que forma parte de otro proceso más grande en el que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada, participaron unos 200 testigos, 80 de los cuales fueron víctimas.

Entre otros casos, se investigó la desaparición en 1977 del escritor argentino Rodolfo Walsh y el secuestro, ese mismo año, de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, así como de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.
Han sido muy relevantes en este juicio las sentencias a cadena perpetua, que tienen un componente especial porque se ha hecho justicia con la historia. Sirva de ejemplo la pena máxima con la que ha sido castigado el exvicealmirante Óscar Montes por la muerte de María Cristina Lennie, una joven que en 1977 se apresuró a tomar cianuro cuando iba a ser secuestrada por los comandos militares.

Su fallecimiento, en un principio, se había intentado justificar como un supuesto suicidio, pero después los fiscales del caso consiguieron que se admitieran como hechos la privación ilegal de libertad y las torturas a las que Lennie fue sometida.

Muchos son, en realidad, los delitos que perpetraron los marinos en la ESMA, y esta causa ha servido para ponerlos en evidencia.

Además de las torturas y los asesinatos, existió la apropiación de bebés que nacían en cautiverio. Existieron también los vuelos de la muerte, una práctica de exterminio a la que recurrieron los militares para deshacerse de sus víctimas, las cuales eran drogadas antes de subirlas a un avión y tirarlas al río de la Plata. La "metodología de eliminación" también incluía la quema de los cadáveres para no dejar ninguna pista ni evidencia de las atrocidades cometidas por los militares.

Apenas cien supervivientes

Con la sentencia de este juicio no se cierra la investigación de los crímenes cometidos en torno a la ESMA. Todavía hay 70 procesados que serán investigados en otros ocho procesos, ahora en curso, por la desaparición de casi 800 personas.

Un número elevado, aunque no debe olvidarse que por este centro de tortura atroz por la cantidad y la saña con la que los militares impusieron tormentos a sus víctimas pasaron unas 5.000 personas en total, de las cuales sobrevivieron apenas unas cien.

De este modo se concluye una parte de esta megacausa que, en realidad, es un paso más de cuantos se están dando para que los torturadores del régimen militar argentino no salgan impunes.

Han pasado ya ocho años desde que el Gobierno del expresidente Néstor Kirchner, de cuyo fallecimiento se cumplió ayer el primer aniversario, invalidara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Estas fueron promulgadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1986) y protegían a los militares de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.

Quedan también atrás los indultos del exmandatario Carlos Menem (1989-1999), con los que se trató de sellar la impunidad de represores como Jorge Rafael Videla o como el exalmirante Emilio Massera, que fue precisamente el máximo representante de la ESMA.

Massera murió en noviembre de 2010 tras ser declarado incapaz por padecer demencia. Por lo tanto, no pudo ser imputado en los procesos que afrontaba por delitos de lesa humanidad.

La primera condena a los represores de la ESMA, en cualquier caso, es también motivo de celebración para países como Suecia, que había pedido la extradición de Astiz por el asesinato de su conciudadana Dagmar Hagelin.

También para Francia, que a su vez reclamaba al Ángel de la Muerte por la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.

No tardó en reconocerlo ayer el ministro de Exteriores galo, Alain Juppé, quien sostuvo que el fallo judicial contra los 18 militares "honra a Argentina".

* Artículo aparecido el 28-10'-2011 en el diario español Público.