sábado, 29 de octubre de 2011

Uruguay engrasa la ley contra los represores

El Gobierno uruguayo comienza a salir de la empantanada situación en la que se había sumergido por intentar, simplemente, juzgar los delitos de la última dictadura (1973-1985). El presidente, José Mujica, promulgó anteayer una ley, sancionada por el Parlamento el pasado miércoles, que evita que estos crímenes prescriban. Casualidad o no, ese mismo día un juez procesó a cinco exmilitares y a un policía retirado por el asesinato de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

Este caso ha tenido gran trascendencia por ser ejemplo de la represión que ejerció el Plan Cóndor en el Cono Sur bajo los Gobiernos dictatoriales de los setenta. La nuera del poeta, secuestrada en Buenos Aires cuando estaba embarazada y trasladada a Uruguay en 1976, dio a luz de manera clandestina antes de desaparecer. Su hija, Macarena Gelman, con ayuda de su abuelo, consiguió este año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiera una investigación y condenara al Estado uruguayo por la desaparición de su madre.

Si bien los represores imputados ya cumplían prisión por otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ahora también serán investigados por este crimen.

El viernes también fue testigo de otra iniciativa, esta vez popular, que protagonizaron 24 ex presas políticas al presentar una querella contra decenas de militares en la que denuncian haber sido vejadas con violaciones y torturas.

Sin embargo, estos procesos no siempre tuvieron una dinámica tan fluida. Hasta ahora, todos los crímenes de lesa humanidad corrían el riesgo de prescribir el próximo martes debido a una resolución de la Suprema Corte de Justicia que en mayo estableció como "delitos comunes" las transgresiones del régimen militar.
Ex presas políticas se querellan contra militares por haber sido torturadas

Un camino lleno de trampas

El Frente Amplio, desde el Gobierno y con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, pudo reaccionar a tiempo con la ley promulgada por Mujica, pero el sendero para llegar hasta aquí se hizo hostil y lleno de trampas. Y dentro de la coalición se abrieron muchas heridas.

La pauta de todo este conflicto parte de la ley de caducidad todavía vigente, una normativa promulgada en 1986 que amnistía a los militares de cuantos crímenes hayan cometido durante la dictadura. Esta norma podía haberse revertido con más facilidad si no hubiera estado refrendada no ya por uno, sino por dos plebiscitos aprobados por la ciudadanía en 1989 y en 2009.

La ley de caducidad, no obstante, incluye una cláusula que permite al Ejecutivo apartar de su aplicación los casos que considere convenientes. Desde que el Frente Amplio llegara al Gobierno con el presidente que antecedió a Mujica, Tabaré Vázquez, la coalición se ha apoyado en esta prerrogativa para excluir 16 casos en total. En junio, Mujica reactivó 88 juicios que habían sido bloqueados por administraciones anteriores.

La legislación que ahora entra en vigor no elimina la ley de caducidad, pero sí la modifica. Y permite de alguna manera sortear los plebiscitos populares, sin enfrentarlos directamente, para comenzar a hacer justicia. Un camino que no ha sido fácil ni concluye aquí.


* Artículo aparecido el 29-10-2011 en el diario español Público.

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