La Justicia argentina estrecha el cerco al franquismo

Llegan novedades desde Argentina sobre la causa abierta en este país para juzgar los crímenes de la dictadura franquista. Carlos Slepoy, uno de los abogados que impulsa este proceso desde que comenzara el 14 de abril de 2010, viajó desde Madrid a Buenos Aires para reunirse con la jueza María Servini de Cubría, a cargo del caso.

El abogado argentino pudo explicar cuáles son algunas de las iniciativas judiciales que de concretarse pondrían a España en una situación incómoda, al haberse negado a investigar por sí misma los delitos de lesa humanidad cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

Para empezar, la querella argentina espera que Servini de Cubría promueva el procesamiento, con el consiguiente pedido de detención internacional, de nueve españoles (tres ex ministros, dos ex jueces y cuatro ex miembros de seguridad), entre los que se encuentra José Utrera Molina, el suegro del actual ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

“Son las primeras imputaciones que realizamos” cuenta Carlos Slepoy. “Tenemos una expectativa importante de que la jueza lo acuerde así”. En ese caso, Servini de Cubría daría una orden a Interpol para que los nueve acusados sean detenidos allá donde se estén. Las autoridades españolas tendrían entonces que trasladar este requerimiento a la Audiencia Nacional, que sería la responsable de autorizar la extradición.

Pero desde Argentina no se engañan, y saben que es muy improbable que esto ocurra. “Tenemos la experiencia histórica del juicio que llevó adelante el juez Baltasar Garzón” reconoce Slepoy. “Él estuvo durante años pidiendo la detención y extradición de militares argentinos. Más aún, dictó un decreto planteando que no se iba a hacer ningún tipo de colaboración en esta materia. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando”.

Y es aquí donde la reticencia de las autoridades españolas puede ser cada vez más difícil de mantener. En su día, y gracias a la intervención de Garzón, se pudo juzgar al ex militar argentino Adolfo Scilingo, se detuvo al ex dictador chileno Augusto Pinochet, y se obtuvo la extradición de México a España del ex represor argentino Ricardo Cavallo. “Además Garzón lanzó, a lo largo de los años, más de 300 órdenes internacionales de detención, hasta que finalmente un juez argentino detuvo a más de 40 militares, entre ellos los principales responsables de los crímenes de la dictadura argentina”, recuerda el abogado.

La causa contra los delitos franquistas puede tener la misma trascendencia histórica. “Esto lo vemos como un proceso”, reflexiona Slepoy. “Si estos pedidos se producen, va a haber muchos sectores en España que van a pedir que se hagan efectivos, incluso desde el Parlamento”.

Además del respaldo de 60 asociaciones de toda España, existe un listado de mociones realizadas desde diversos ayuntamientos, sobre todo del País Vasco, que se han pronunciado a favor de la querella. “Nos han llegado también cartas de alcaldes que hemos remitido a la jueza, como el de Guernica o el de San Sebastián, que apoyan a la magistrada y que anuncian su disposición a recibirla”, añade el letrado argentino.

Acciones concretas

Esta causa reúne en torno a sí más de 150 querellas particulares, y el propósito es que se multipliquen. Según ha comentado la misma Servini de Cubría, se prevé que a mediados de abril comiencen las primeras videoconferencias entre ella y unos 20 denunciantes, “que son los primeros indicados para dar sus testimonios por abarcar un espectro muy amplio de los sectores de la represión franquista: niños robados, presos políticos, fusilados, desaparecidos, víctimas de trabajo esclavo y asesinados en manifestaciones”, detalla Slepoy.

Estos testimonios entrarán en consonancia con todo el universo de personas reprimidas durante la dictadura. Pero las iniciativas no terminan aquí.

“Planteamos la necesidad de que por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina se den instrucciones a los cónsules argentinos de distintos lugares del mundo para que reciban denuncias, y que las personas que las hagan se beneficien de la exención de tasas judiciales”, revela el abogado.

Son los mismos beneficios que tienen ahora las víctimas de la dictadura argentina. “Los cónsules tienen la directiva de tomarles declaración gratuitamente, y remiten luego sus testimonios”, cuenta Slepoy. “Tengamos en cuenta que hay muchas víctimas no sólo en España sino también en otros países del mundo. Esto universalizaría el procedimiento”.

Una vergüenza para España

Pese a estos avances, la duda vuelve a surgir. ¿Y si España no colabora? Argentina y Chile también se mostraron reacios a juzgar sus dictaduras en un comienzo, pero se abrió un canal internacional por el que las propias víctimas pudieron denunciar los delitos.

“Esto ejerce una enorme presión dentro de la sociedad al crearse la sensación de que el único refugio que tienen es el propio país en el que cometieron el crimen”, observa el letrado. De modo que la causa que ahora se promueve desde Argentina bajo el principio de jurisdicción universal “va a poner aún más en evidencia a las instituciones y a la Justicia española, que no sólo se niega a juzgarlos en el mismo país, sino que impide que se lo juzgue desde otro”.

Ya lo dijo el fiscal Luis Navajas cuando Garzón fue querellado en España por intentar investigar los crímenes del franquismo, y lo repite ahora el abogado argentino. “Esto es una vergüenza muy grande para España, como lo fue para Argentina y Chile en su momento. Lo que está haciendo la Justicia argentina está ajustado al derecho internacional. Si las extradiciones no se producen, no se podrá entrar al país por la fuerza, pero sí se podrá ejercer una gran presión. Por otro lado, si cualquiera de los nueve acusados sale de España, correría el riesgo de ser detenido por Interpol. Por eso esta acción es parte de un proceso que será largo, pero no deja de ser un eslabón muy importante”.

Los nueve imputados franquistas

• El ex ministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria
• El ex ministro Secretario General del Movimiento J osé Utrera Molina (suegro de Alberto Ruiz-Gallardón), que consintió la condena a muerte del anarquista Salvador Puig Antich.

• El ex ministro de Trabajo Fernando Suárez González, por firmar la sentencia de muerte de cinco antifranquistas en 1975, que fueron los últimos fusilados del franquismo.
• El ex juez Rafael Gómez Chaparro Aguado, que desestimaba las denuncias y hasta se mofaba de los torturados que acudían a él.
• El ex juez Jesús Cejas Mohedano, que condenó a muerte a tres personas.
• El ex inspector Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el niño, acusado de torturas.
• El ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, acusado de torturas.
• El ex comisario José Ignacio Giralte González, acusado de torturas.
• El ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, que además participó en el golpe del 23-F, acusado de torturas.
  
  
  * Artículo aparecido en Público