domingo, 22 de septiembre de 2013

"A estas imputaciones desde Argentina van a seguir otras"

El abogado de los querellantes por la causa del franquismo en Argentina, Carlos Slepoy.
Carlos Slepoy, durante la conferencia de prensa en la que anunciaron
la imputación de cuatro presuntos torturadores del franquismo (A. D)

Una de las personas que más ha luchado por que ese dictamen sea un precedente histórico es el argentino Carlos Slepoy, representante de las víctimas querellantes. El abogado también impulsó, en su día, los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón para procesar a represores argentinos como el dictador Jorge Videla.

La resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría, en la que ordena la captura de cuatro ex miembros de seguridad del franquismo acusados de torturas, ha trascendido fronteras. Portada en los medios de comunicación españoles y argentinos, el dictamen de 209 páginas marca un hito sin precedentes que puede resquebrajar la impunidad que hasta ahora ha tenido la dictadura.


"Por  primera vez en la historia se produce la imputación de responsables de crímenes del franquismo", comenta Slepoy tras dar a conocer la resolución de la jueza que compartió en primicia con este diario. Sobre Jesús Muñecas Aguilar (ex guardia civil de 74 años), Celso Galván Abascal (ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real, de 78 años), José Ignacio Giralte González (ex miembro de la Brigada Político Social de Franco y ex comisario, de 71) y José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño (ex inspector de 67) pesa ya una orden de captura internacional para que sean extraditados a Argentina y así recibir declaración indagatoria.

¿Cuál es la trascendencia de esta resolución judicial?

Estamos en una realidad en España en que ni uno solo de los responsables de uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX ha sido siquiera llamado a prestar declaración. No existe ninguna comisión de la verdad, ni ninguna medida pendiente a hacer justicia y reparar a las víctimas. Por tanto, esta resolución se convierte en un precedente extraordinario de primer orden.

¿Qué precedente establece?

De entrada, consolida la idea de la justicia universal, es decir, que cualquier tribunal del mundo puede investigar crímenes contra la humanidad, cualquiera sea el lugar del mundo donde se cometan y cualquiera sea el tiempo en que se hayan cometido.

¿Qué otros efectos tiene?

La resolución constituye una reparación enorme para las víctimas, que, impedidas de que se haga justicia en España, han tenido que recurrir a una jurisdicción extranjera, en este caso la argentina, del mismo modo que las víctimas del genocidio argentino recurrieron en su día a la jurisdicción española. Hay una consigna que está recorriendo todo esto, que sería la de: "ayer por nosotros, hoy por vosotros". Ésta es una idea muy fuerte, porque establece que la solidaridad de los pueblos también se puede organizar a través de acciones judiciales como ésta.

¿Qué dice, en concreto, la resolución?

Se dicta una orden internacional de detención que determina que los imputados podrán ser detenidos, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren, y extraditados a Argentina. Además, se va a cursar una orden internacional de detención a la propia España a efecto de arrestarlos y, en ese caso, proceder  a su extradición para que sean juzgados aquí.

Ante esto, ¿qué alternativas tiene el Gobierno español?

Tiene dos, conforme a las normas del derecho internacional: o entregarlos, o juzgarlos en España.

Es difícil que eso ocurra.

Sabemos que es previsible que ninguna de las dos suceda en estos momentos en que se está protegiendo a los victimarios. Sin embargo, la presión que va a ejercer esto sobre quienes forjan la impunidad, y el estímulo que va a dar a las víctimas, van a permitir que se produzca una acción envolvente en la que esperamos que se sumen otros tribunales del mundo para poner fin a la impunidad del franquismo. Yo no descarto que jueces y fiscales españoles se hagan cargo de esta investigación judicial. Es una verdadera vergüenza que por parte de la justicia española se dé impunidad a estos crímenes.

¿La INTERPOL puede entrar en España?

No. En principio, la INTERPOL va a detenerlos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Como sucedió cuando Garzón dictó las órdenes de detención respecto de los genocidas argentinos, son las autoridades españolas las que tendrían que proceder al arresto.

España no ha colaborado por ahora.

Sí. Hasta ahora, la jueza había enviado dos comisiones rogatorias que merecieron por parte de la Fiscalía General del Estado español una contestación negativa a sus peticiones, así que es previsible que esto por ahora no funcione. Pero esto va a ir creciendo cada vez más, y no hay que descartar que alguno sea detenido y juzgado en Argentina. Es importante enfatizar que a estas imputaciones van a seguir otras.

Pero la jueza accedió a cuatro imputaciones de las nueve que ustedes solicitaron. 

Sí, están pendientes las de tres ex ministros franquistas (José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez) y dos ex jueces (Rafael Gómez Chaparro Aguado y Jesús Cejas Mohedano).

¿Qué da a entender eso?

La resolución de la jueza nada dice respecto de las otras cinco imputaciones, pero creemos que en cualquier momento puede resolver acerca de ellas. Nosotros vamos a presentar nuevos escritos de procesamientos, porque se han sumado más víctimas y cada vez hay más denuncias y más pruebas.

El dictamen de Servini de Cubría es extenso. ¿Qué abarca?

Por un lado, la resolución es una historia de todo lo que ha venido sucediendo desde el 14 de abril de 2010, cuando comenzó la causa. Por otra parte, se citan los informes de Amnistía Internacional, de la sección española para el derecho internacional de los derechos humanos, de juristas argentinos, y además, sentencias dictadas por tribunales argentinos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por tribunales internacionales, que fundamentan por qué Argentina tiene competencia para juzgar al franquismo. Al reafirmarse la jurisdicción argentina, se deja la puerta abierta a nuevas imputaciones.

¿Qué dice la resolución sobre los querellantes?

Con precisión, destaca quiénes han presentado sus testimonios para que estas órdenes de imputación se hayan producido.

Habrá quien piense que los acusados son ya muy mayores y no podrá hacerse justicia con la mayoría.

El militar alemán Rudolf Hess murió en la cárcel de Spandau con más de 90 años. Varios criminales están siendo perseguidos en este momento y tienen más de 90 años. Billy el Niño tiene 67 años y el resto tiene poco más de 70, por lo tanto, tienen todavía una larga vida para rendir cuentas ante la Justicia.


* Entrevista aparecida el 20 de septiembre de 2013 en el diario español Público.

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