La sección argentina de la Interpol ha comunicado a su homóloga en Madrid la detención preventiva con fines de extradición de 19 franquistas imputados en la resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría
, instructora de la causa que investiga en este país los crímenes del
franquismo.
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Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, en imágenes de archivo.EFE |
Con fecha del 4 de noviembre, la oficina de la Interpol
argentina confirmó al juzgado de Servini de Cubría que ya había cursado
"una comunicación muy urgente" a Madrid para avisarles de la orden de
detención que pesa sobre siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho
policías, un ginecólogo y un abogado.
La Interpol de Argentina
también le pide al juzgado argentino que le facilite todos los datos de
identificación que conozca de los imputados, para "evitar confusiones de
homonimia", según se lee en la notificación. "No obstante a lo indicado
precedentemente, y dentro del marco de la cooperación policial
internacional existente con los colegas españoles, se ha solicitado nos
proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean de los
nombrados", añade el texto.
La orden de la Interpol procede al
auto de la jueza que el pasado 31 de octubre ordenó la detención
internacional y consiguiente extradición de 20 funcionarios de la dictadura,
entre los que se encuentran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y
José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón.
En concreto, son siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado.
El ex ministro Antonio Barrera de Irimo, uno de los imputados en la
resolución de la magistrada, también estaba incluido en la orden de la
Interpol, pero ha fallecido recientemente, con lo que la acción penal
contra él se extingue.
En aquella resolución de 286 hojas, Servini
de Cubría adjudicó a los franquistas un abanico de crímenes entre los
que destacan los delitos de homicidio, secuestro, tortura y hasta la sustracción de un recién nacido.
La jueza federal confirmó que los delitos atribuidos a los imputados
"constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso
la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están
sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de
jurisdicción universal".
El septiembre de 2013, la magistrada ya
había encomendado a la Interpol el arresto preventivo con fines de
extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, de los primeros cuatro franquistas imputados en la causa.
Dos de ellos, el exescolta Celso Galván Abascal y el excomisario José
Ignacio Giralte González habían fallecido para cuando se emitió la
orden, por lo que la imputación se centró en el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y en el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ambos acusados de torturas.
En la eterna espera
Lo
más probable que al ser policía internacional, la Interpol sólo actúe
contra los imputados en caso de que traten de salir de España. "Por algo
la Interpol está solicitando públicamente a las autoridades españolas
que faciliten todos los registros filiatorios que posean sobre estas
personas", añade Castex. "Por ahora, han procedido como conminaba la
jueza en su resolución, cursando las órdenes de detención preventiva".
El abogado representante de la querella en Argentina confía en que tenga
un final feliz alguno de los 19 procesos que ahora hay en curso. "Lo
que ocurre es que no se cumplen los plazos", lamenta.
Procesos estirados en el tiempo
Esto
no es ninguna sorpresa, pues no hay más que observar la tranquilidad
que se tomó España para contestar a los primeros pedidos de extradición
de la Justicia argentina que llegaron en 2013.
La jueza emitió el pedido de detención internacional
contra González Pacheco y Muñecas Aguilar el 18 de septiembre. Rápida
fue la Fiscalía española, que en menos de una semana dictaminaba que las
detenciones no eran necesarias "habida cuenta la antigüedad de los
hechos" y cuestionó la orden de detención que había librado la Interpol
al asegurar que no se sustentaba en un "relato de hechos y
circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión".
Dos meses
después, el 18 de noviembre de 2013, llegaba el pedido de Servini al
Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy se tomó
once días más para autorizar que el proceso de extradición de Muñecas
Aguilar y Billy el Niño fuera dirimido por la Justicia española. A los
pocos días, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional citó a los
franquistas, les retiró el pasaporte, y los obligó a comparecer
semanalmente en el juzgado. Finalmente, en abril de este año, la
Audiencia Nacional rechazaba en el curso de cuatro días la extradición
de González Pacheco y de Muñecas Aguilar con el argumento de que sus delitos habían prescrito.
Hoy,
no son dos, sino 19 imputados sobre los que de nuevo se tiene que
pronunciar la Justicia española, con el agravante de cada vez es mayor
la atención que se brinda a la única causa abierta en el mundo que juzga
a los represores del franquismo.
* Artículo aparecido el 12 de noviembre de 2014 en el diario español Público.
* Artículo aparecido el 12 de noviembre de 2014 en el diario español Público.
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