viernes, 1 de abril de 2016

Senadores kirchneristas justifican disensión en el voto sobre acuerdo con fondos buitre



ANÁLISIS- Buenos Aires - Los senadores Juan Manuel Abal Medina y Dalmacio Mera, de la coalición opositora Frente para la Victoria (FpV), explicaron a esta periodista los motivos que los llevaron a votar en contra y a favor, respectivamente, de la ley sancionada este jueves en el Senado, que permite pagar a los acreedores que no reestructuraron su deuda en los canjes de 2005 y 2010.

“Todos los senadores de la coalición estamos de acuerdo en que se debía terminar con este tema para salir de la suspensión de pagos”, coincidieron Mera y Abal Medina.

El Gobierno de Mauricio Macri consiguió aprobar este proyecto de ley tanto en Diputados como en el Senado, aunque no tenía la mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Quien tiene la hegemonía en la Cámara Alta, con 42 de los 72 legisladores, es el FpV, la coalición peronista liderada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Mientras que en Diputados una parte de la fuerza se escindió del FpV para integrar el Bloque Justicialista, en el Senado permanecen todos unidos bajo las mismas siglas, no así para votar el proyecto que este jueves recibió la sanción definitiva con 54 votos a favor, 16 negativos y 2 ausencias.

El juez estadounidense Thomas Griesa, que reconoció en 2012 la totalidad de la deuda que reclamaban los fondos buitre, condenó al país a la suspensión técnica de pagos en 2014 al imponer una cautelar que impedía que Argentina pudiera pagar el 93 por ciento de la deuda canjeada.

Aunque Abal Medina estaba de acuerdo con “salir de la suspensión de pagos extorsiva”, consideró que la ley aprobada es “peligrosa”.

“Posibilita un nuevo ciclo de sobreendeudamiento para un conjunto de usos que en la historia argentina siempre terminaron teniendo terribles consecuencias para la mayoría de la población”, sostuvo.

Sobre las discrepancias del bloque, Abal Medina esgrimió que en la oposición, “el FpV tiene más margen de libertad que cuando estaba en el Gobierno, cuando teníamos que avalar las medidas que venían del Ejecutivo”.


El eslogan “Patria o Buitres”, que empleó el núcleo más cercano a la ex mandataria Fernández para ilustrar su posición en el litigio, “fue una consigna a la que no debe reducirse la discusión”.

“Aquello sirvió como herramienta política, pero la valoración de si la ley es buena o no es un juicio más racional que valorativo, porque el Gobierno es de otro partido”, afirmó.

Junto al jefe del bloque en el Senado Miguel Pichetto, el senador intentó introducir algunas modificaciones al proyecto “que nos diera mayor garantías de control del proceso de endeudamiento, pero esa posición no tuvo consenso ni de un lado ni del otro”.

VOTO A FAVOR


El senador del FpV por la provincia de Catamarca (noroeste), Dalmacio Mera, votó a favor “porque lo decidió el Ejecutivo y nosotros no somos más Gobierno”, indicó.

Mera valoró que el Gobierno consiguiera una quita del 25 por ciento en el reclamo de pago original de los fondos buitre.

“Nos preocupaba que si no se aprobaba la ley, dejábamos servido en bandeja que quienes reestructuraron su deuda pudieran ejecutar la cláusula de aceleración [del contrato de bonos], dado que no reciben su pago desde hace más de año y medio por el embargo”, observó.

Ese riesgo entrañaba, según economistas, una posible demanda por valor de 30.000 millones de dólares.

La ley aprobada establece que debe levantarse la medida cautelar del magistrado como condición para pagar a los fondos buitre. Así “cumplimos con el deber moral de cuidar a los bonistas que canjearon su deuda”, afirmó Mera.

El legislador recordó que el juicio de los fondos buitre lo ganaron “en un juzgado que elegimos nosotros y en una jurisdicción que elegimos nosotros”, pues Argentina accedió a que el litigio se dirimiera en las Cortes de Nueva York.


TAREA PENDIENTE


La gestión anterior, por otro lado, no tuvo el margen necesario para llevar adelante el acuerdo que sí concretó el Ejecutivo de Macri.

Hasta diciembre de 2014 estuvo vigente la cláusula RUFO, que impedía a Argentina mejorar la oferta que se brindó a los bonistas que reestructuraron sus títulos.

En 2015, “empezamos con elecciones en el mes de marzo en distintos lugares, así que no era un año lógico para hacer un acuerdo de estas características, porque hubiéramos entrado en una enorme discusión electoral”, admitió Mera.

El bloque se conformó entonces con introducir algunas modificaciones al proyecto, “que trabajamos en línea con nuestros diputados,”, destacó Mera.

Al mismo tiempo, la coalición no quería poner en riesgo “la posibilidad de que los bonistas que aceptaron los canjes interpretaran posibles dilaciones como un intento de no destrabar sus embargos”.

Como Abal Medina, el senador restó importancia al desacuerdo de su grupo ante la ley, ya que a veces “los bloques determinan la libertad en sus votos, y es una muestra de fortaleza”.

“La minoría que votó en contra entendían que ésta no era una situación de oportunidad, nada más”, agregó el legislador, que aseguró que el FpV “seguirá trabajando unida porque son más cosas las que nos unen que en las que tenemos diferencias”.

El Gobierno debe pagar antes del 14 de abril 7.500 millones de dólares en base a los 21 acuerdos que negoció en Nueva York, pero emitirá deuda por 12.500 millones de dólares en total.
* Análisis publicado el 1 de abril en la agencia internacional de noticias Sputnik

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