No terminan las idas y venidas del exministro franquista Rodolfo Martín Villa
con la justicia argentina. Imputado desde 2014 por delitos de lesa
humanidad cometidos durante el franquismo, la jueza María Servini de
Cubría ha impuesto al represor una fianza de 21.250.000 pesos (más de un millón de euros) a cambio de la exención de prisión. La defensa ha recurrido la decisión de la magistrada.
Servini estableció la fianza en concordancia con una
resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional que revocó el 22 de agosto un fallo de su juzgado en el que denegaba por segunda vez su exención de cárcel.
Por considerarla desorbitada, el exministro recurrió el pasado miércoles la caución dictada por la jueza a través de su abogado Fernando Goldaracena. La Cámara de Apelaciones ha fijado este lunes una audiencia para el 11 de septiembre en la que obliga al defensor de Martín Villa a comparecer para explicar los motivos de su nueva apelación, ya sea de manera oral o escrita.
La exención de prisión del exministro, por lo tanto, sólo será efectiva cuando se cumpla con la fianza, según
las condiciones que establezca finalmente la Cámara de Apelaciones una
vez haya escuchado al abogado de Martín Villa, que puede pedir una
prórroga de la citación.
Fuentes de este tribunal explicaron a Público que
si un imputado demuestra su incapacidad para pagar la cantidad fijada
por la justicia, ese condicionante puede inclinarse a su favor, aunque
las cauciones también se determinan en base a los hechos imputados, que
en este caso, son de gran magnitud porque atañen delitos de lesa
humanidad que no prescriben. La Cámara de Apelaciones reconoce
que es más difícil obtener información en un caso como éste, dado que el
acusado reside en un país extranjero.
El caso de Martín Villa presenta la particularidad de
que, al menos en el papel, el imputado ha manifestado su deseo de
colaborar con la justicia argentina, e incluso asegura que desea aportar
datos históricos de los hechos investigados, de acuerdo al tribunal de
segunda instancia. En su alegato para conseguir que se anule la orden de
detención que pesa sobre él en Argentina, Martín Villa ha reivindicado
su voluntad de ser interrogado por Servini en Buenos Aires, aunque
también ha sugerido que la declaración indagatoria se realice a través
de los consulados argentinos en España.
En una entrevista concedida a esta periodista,
la jueza ya explicó que no puede efectuar interrogatorios a distancia,
en virtud de la legislación argentina y del tratado bilateral de
extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en
1987. Mientras no se resuelva la fianza que debe pagar para confirmar su
exención de prisión, continuará vigente la orden de detención sobre el exministro fraquista, uno de los quince imputados, de los veinte originales, que quedan vivos en la causa.
Martín Villa fue imputado en la causa por ordenar, en
calidad de ministro de Relaciones Sindicales, la represión de una
manifestación de trabajadores el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinadas cinco personas. Al
momento de conceder al represor la exención de cárcel con el
condicionante de la fianza, la Cámara de Apelaciones alegó dos premisas.
El tribunal consideró que Servini no había
fundamentado las razones por las que el exministro franquista fue
involucrado en el expediente por hechos ocurridos durante la transición,
aunque la magistrada alegó en una de sus resoluciones que su período de
investigación abarca desde 1936, cuando comenzó la Guerra Civil, hasta 1977.
La Cámara también observó que Martín Villa no tuvo
por qué haber tenido noticias de la causa hasta que fue notificado de su
orden de captura con fines de extradición. Su actitud de mostrarse
proclive a declarar por los medios que fuere también fue otro de los
argumentos que aceptó el tribunal para revocar la negativa de Servini de
concederle la exención de prisión. Durante 2016, la magistrada intentó
desplazarse hasta en tres ocasiones a Madrid para interrogar a los
represores de la dictadura imputados en su causa, pero tanto la justicia española como el Gobierno de Mariano Rajoy impiden hasta ahora esa posibilidad.
Artículo publicado el 5 de septiembre de 2017 en el diario Público
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