El exministro Rodolfo Martín Villa,
imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo,
ha consentido finalmente en depositar la fianza dictada por la jueza
argentina María Servini de Cubría para conceder su exención de prisión.
El represor había recurrido el pasado martes la
caución que decretó la magistrada, pero a los dos días, Martín Villa
desistió de su apelación.
En un primer fallo, Servini había establecido en más de un millón de euros
(21.250.000 pesos) el monto que debía pagar el exministro para evitar
su encarcelamiento en caso de que decidiese pisar Buenos Aires.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional, tribunal de segunda instancia, anuló esa resolución
después de que el defensor de Martín Villa, Fernando Goldaracena,
cuestionara la fianza de la jueza por considerarla desproporcionada.
En un nuevo auto fechado el 15 de septiembre, la magistrada redujo la caución del exministro a un millón de pesos
(48.300 euros), pero el exministro franquista volvió a pedir la
revisión de la cifra hasta que, por algún motivo, decidió no objetar más
la decisión.
El desenlace jurídico de no mantener su apelación es
que ha quedado firme la resolución de Servini. Cuando Martín Villa
desembolse la cantidad que pide la jueza, será automática su exención de
cárcel.
Consecuencias
Es de esperar que en algún momento la magistrada
levante también la orden de detención internacional que pidió en su
contra en octubre de 2014, cuando lo imputó por crímenes de lesa
humanidad junto a otros 19 represores franquistas.
En realidad, esa captura internacional no llegó a regir porque la sección de Interpol en España denegó la detención preventiva con
fines de extradición a Argentina de la veintena de imputados originales
reclamados por la jueza, pedido que había sido avalado por la oficina
de la organización policial radicada en Buenos Aires.
La defensa de Martín Villa podría adelantarse y pedir
que quede sin efecto la orden de arresto contra su cliente, o bien
Servini podría concederla de oficio. De este modo, el exministro
franquista se aseguraría de que puede salir de España sin temor a ser
detenido.
Durante todo este tiempo, el represor ha insistido en que quiere declarar ante la magistrada por
los delitos que se le imputan en el expediente “con independencia de lo
que se decidiera en España por el Gobierno o por los tribunales de
Justicia”, de acuerdo a una carta que remitió a la jueza en noviembre
del año pasado.
Ése fue uno de los motivos que valoró la Cámara de
Apelaciones para anular el 22 de agosto un fallo de Servini que denegaba
la exención de prisión solicitada por Martín Villa.
El tribunal de apelaciones considera, por otra
parte, que en la causa no está fundamentado por qué los delitos
atribuidos al exministro durante la transición son de lesa humanidad, y
por tanto, imprescriptibles.
Entre otros crímenes, el represor ha sido acusado de
ordenar en 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, la
represión de una manifestación de trabajadores en Vitoria durante la que
fueron asesinados cinco obreros.
En todo caso, ahora es el turno de Martín Villa, que
desvelará en cuestión de tiempo si realmente dijo la verdad al asegurar
una y otra vez que quiere declarar libremente ante la jueza, y que
incluso está dispuesto a aportar datos históricos sobre el período
investigado.
* Artículo publicado el 23 de septiembre de 2017 en el diario español Público.
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