Los
indicadores económicos y sociales auguran que este
2018 concluirá como uno de los peores años que
afronta el país sudamericano desde 2002, mientras el
Gobierno de Mauricio Macri prepara un nuevo ajuste fiscal para recibir más
ayuda del FMI.
Fiel
a su historia, Argentina se halla una vez más en un período de
incertidumbre económica y política que vuelve a dejarla en una
situación de extrema vulnerabilidad. La continua depreciación de la
moneda local desde hace cuatro meses en una nación que piensa en
dólares y cobra en pesos ha llevado al Gobierno de Mauricio Macri a
huir hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la consecuente
espiral de ajuste y recesión que no hace más que acelerarse.
“Argentina
tenía algunos problemas estructurales con un déficit de cuenta
corriente, es decir, con más necesidades de dólares de los que
ingresaba”, contextualiza en diálogo con Público Mara
Ruiz, economista del Instituto de Trabajo y Economía. “Pero un
pequeño movimiento de capitales en abril generó una estampida y una
corrida hacia el dólar que lleva casi 90 días hábiles, y que ha
llegado a este punto porque el Gobierno lo ha manejado mal al no
mantener una postura firme y no mostrar adónde quería llegar”.
Tras
una actitud errática para contener el tipo de cambio, el Ejecutivo
se escabulló en los brazos del FMI. La entidad crediticia accedió
en junio a otorgarle en tres años 50.000 millones de dólares, el
mayor préstamo que entrega el organismo financiero en toda su
historia, con un desembolso inicial de 15.000 millones. A cambio,
Macri se comprometió a reducir el déficit fiscal y pactó una serie
de metas que a estas alturas han quedado en papel mojado.
“El
Gobierno se ató de manos cuando acudió al FMI, cuya visión es que
el dólar esté donde el mercado quiere, lo que en Argentina tiene
costes sociales y económicos altos”, razona Ruiz. “Las
recomendaciones del Fondo no son lo mejor para países emergentes
como el nuestro, donde el dólar es una moneda importante, dado que
cualquier movimiento se traslada a precios y a los servicios
públicos”.
El
contexto internacional, como la subida de las tasas de interés de
EEUU, repercutió en varios países emergentes, pero ninguna moneda
sufrió un impacto de tal magnitud como la argentina.
“Los
mercados le quitaron el visto bueno a Macri y la ayuda del FMI no
ayuda a restablecer la confianza”, añade la economista. “El
Fondo es un prestamista de ultima instancia, uno va cuando no le
queda otra. Y cuando uno espera que el dólar siga subiendo, es una
profecía autocumplida. Todo el mundo compra dólares, las empresas
retiran dólares y los sacan afuera y los inversores se van”.
Confusión
en el Ejecutivo
Estupefacto
por el fracaso económico que acumula en el tercer año de su
Gobierno, y a uno de las elecciones presidenciales, Macri llegó a
anunciar la semana pasada que el FMI accedía a acelerar el
calendario de pagos, lo que fue desmentido horas después por el
órgano multilateral, dado que todavía están en fase de
negociaciones.
Arrastrado
en ese desconcierto, el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña,
descartó a continuación que el Gobierno afrontara “un fracaso
económico”. La bolsa respondió dejando que el peso argentino se
hundiera el jueves un 24 %, de acuerdo al dólar de referencia del
Banco Central, que a su vez reaccionó elevando la tasa de interés
al 60 %, la más alta de todo el mundo.
El
susto fue tal que algunas distribuidoras de alimentos suspendieron la
reposición de sus productos en los supermercados ante la duda de
cuál sería el precio final del dólar. “Fábricas y proveedores
especulan y han aumentado un 20 % los precios sólo en un día. Si el
dólar baja, en este país nunca va a bajar nada. Si sube el dólar,
sí suben las cosas”, cuenta Manuel Park, dueño de una empresa de
lámparas. “En el rubro alimenticio se notará más porque la
subida del dólar afecta el transporte y el combustible, y la avivada
de la gente hace que suba más todavía. Debería haber un ente que
regule a las grandes empresas y a las pyme”.
Impacto
en la sociedad
Agosto
ha cerrado con una depreciación del peso del 35 %. Si sigue en el
cargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciará este
lunes nuevas medidas en pos de un ajuste fiscal más severo, como la
reducción de ministerios y cambios de nombre en el gabinete. Por la
noche viajará a Washington para presentarle los nuevos objetivos a
la titular del FMI, Christine Lagarde, con la esperanza de que el
organismo apresure sus préstamos y así calmar la turbulencia
financiera.
Esto
puede ser entendido como un acto de fe muy fervoroso ante un mercado
cambiario como el argentino, que está completamente liberalizado de
modo que capitales pueden entrar y salir a voluntad. Macri, que
pensaba que su gestión sería respaldada por los mercados, ha visto
cómo se desmoronaba cada uno de sus dogmas mientras tiene cada vez
menos margen de maniobra ante las fluctuaciones del tipo de cambio,
debido a las restricciones que implica la asistencia del FMI.
La
actividad económica, entre tanto, se desplomó en junio un 6,7 por
ciento interanual, la peor cifra desde 2009, y en el primer semestre
se destruyeron 106.200 empleos registrados, según el Ministerio de
Trabajo. La mayor central obrera del país, la Confederación General
del Trabajo, ha convocado una huelga general para el 25 de
septiembre, la tercera que afrontará el Gobierno de Macri.
Extenderán ese paro la dos ramas de la Central de Trabajadores de
Argentina (CTA).
“Estas
corridas del peso son una maniobra del Gobierno y de las
transnacionales que hace que se derrumbe la capacidad de compra del
peso argentino”, explica a este diario Hugo “Cachorro” Godoy,
secretario general adjunto del sector autónomo de la CTA. “Aumenta
el valor de toda la producción, la inflación se disparará a más
del 40 %, y se forzará un ajuste cada vez mayor que implica el
despido de trabajadores y el cierre de programas del Estado que
atienden a los sectores más necesitados de la población”.
En
total, 3 millones de argentinos trabajan en el Estado, sea a nivel
nacional, provincial o municipal. “Las provincias concentran la
mayor cantidad de trabajadores, con 1,8 millones de empleados.
Sumados a los 800.000 que trabajan en los municipios, estos son los
sectores más ligados a los servicios públicos como salud, educación
y justicia, los cuales se verán aún más deteriorados al reducirse
el presupuesto”, afirma el sindicalista.
En
cuestión de semanas, 15 de los 44 millones de personas que viven en
el país se encontrarán sumidas en la pobreza, agrega Godoy, también
secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE), que tiene 310.000 afiliados.
La
única fórmula que obsesiona al Gobierno como respuesta a la crisis
es reducir el déficit fiscal, según exige el FMI. El déficit
financiero, en cambio, aumentó en julio un 90,6 por ciento, y la
balanza comercial alcanzó un déficit histórico, mientras en
paralelo se dispara el endeudamiento y el pago de intereses, que
engulle cada vez más ingresos.
* ARtículo publicado el 3 de septiembre en el diario español Público.
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