La jueza argentina María Servini no viajará a España para tomar la declaración indagatoria del exministro franquista el próximo 20 de marzo, tal y como había pedido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.
La dilación es la invitada
permanente en la causa argentina que investiga los crímenes del
franquismo. La jueza María Servini se ha visto obligada a postergar
la declaración indagatoria del exministro de la transición Rodolfo
Martín Villa que tenía
previsto realizar el 20 de marzo en la Embajada argentina en Madrid,
según confirmaron fuentes de su juzgado a esta periodista.
En esta ocasión, las
trabas han surgido del Ministerio español de Justicia. La cartera
que dirige el ministro Juan Carlos Campo rechazó la pretensión de
la magistrada de interrogar el próximo mes a Martín Villa por no
haber librado un exhorto internacional en el marco del tratado
bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre
España y Argentina en 1987.
La titular del Juzgado Criminal y Correccional nº
1 de la capital argentina había tramitado a través de la
Cancillería argentina una solicitud formal que se canalizó a través
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, quien a su vez
trasladó el pedido al Ministerio de Justicia.
La magistrada intentó desde un comienzo que
fueran los jueces españoles los que tomaran la declaración
indagatoria del exministro franquista. El juzgado de instrucción n.º
5 asignado por sorteo, a cargo del juez José
de La Mata, repitió la cantinela que forma parte de la liturgia
española para bloquear la pesquisa de la justicia argentina: que los
crímenes del franquismo se encuentran caducados, aun cuando el
derecho internacional reconoce la imprescriptibilidad de
los delitos de lesa humanidad.
Pero dado que el
propio
Martín Villa había manifestado su intención de declarar ante la
jueza Servini,
el juzgado de instrucción n.º 5 recomendó que la declaración
indagatoria se realizase en el consulado argentino en Madrid. Cuando
la magistrada avanzó con esa solicitud y fijó la fecha del
interrogatorio para el 20 de marzo, el Ministerio de Justicia exigió
que el pedido se tramite a través de un exhorto internacional.
Dilación permanente
El juzgado de Servini ha perdido la cuenta de
la cantidad de exhortos que han sido rechazados, diferidos o dejados
sin efecto por la justicia o el Gobierno español. Sucedió desde
el nacimiento de la investigación, el 14 de octubre de 2010, cuando
Servini se dirigió por vía diplomática al Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero para averiguar si se estaban investigando en
España los crímenes franquistas.
La Fiscalía
General del Estado tardó casi un año en contestar. En su
respuesta el 28 de junio de 2011, el organismo informaba en un
documento sin firma que se habían tramitado diversos casos. Su
réplica fue objetada por la querella de la causa, por el exjuez
Baltasar Garzón y por organismos como Amnistía Internacional, que
recordaron que en España no se habían investigado jamás los
delitos de la dictadura.
La falta de colaboración de las autoridades
españolas ha sido una constante desde entonces. La Fiscalía y la
Audiencia nacional se opusieron en 2014 a la extradición de cuatro
agentes de seguridad del régimen acusados de torturas, entre ellos
el expolicía Antonio González
Pacheco, conocido como Billy El Niño.
Ese mismo año, el Estado español ignoró la
orden internacional de detención dictada por la jueza contra 20
imputados en el expediente, de los cuales ya fallecieron
cinco.
En 2016, la jueza intentó viajar a España hasta
en tres ocasiones para interrogar a Martín Villa, a Billy el Niño,
y al exministro José Utrera Molina, quien falleció al año
siguiente sin que nunca llegara a rendir cuenta de las acusaciones en
su contra. En su afán dilatorio, el Ministerio de Justicia requirió
el listado de preguntas que tenía previsto hacer la magistrada, lo
que obligó a posponer una vez más las indagatorias. Meses después,
la Fiscalía General del Estado a cargo de Consuelo Madrigal reveló
sus cartas al ordenar a las fiscalías provinciales que suspendieran
la declaración de los querellantes que habían sido citados en
diversos juzgados españoles en virtud de la petición de Servini.
La instrucción de la exfiscal general todavía no
ha sido anulada. Entre tanto, el juzgado de Servini enviará un nuevo
exhorto, tal y como reclama el Ministerio de Justicia, para poder
interrogar a Martín Villa, imputado en Argentina por el
"homicidio con la circunstancia agravante de haber sido
cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un
crimen que puede acarrear prisión perpetua.
En las querellas individuales que se
incorporaron con posterioridad al caso se le imputan además los
delitos de privación ilegítima de la
libertad, torturas y lesiones graves. Todos estos delitos pueden
investigarse por el principio de justicia universal reconocido en el
derecho internacional y en la propia Constitución de Argentina que
permite que cualquier país pueda investigar crímenes de lesa
humanidad con independencia de quiénes sean sus víctimas o dónde
se perpetraron los delitos.
Atenta a esta situación, la Coordinadora Estatal
de Apoyo a la Querrella Argentina (CEAQUA) ofrecerá este jueves una
rueda de prensa en Madrid para denunciar la injerencia del Gobierno
español ante la investigación que intenta esclarecer los crímenes
de lesa humanidad perpetrados entre julio de 1936 y junio de 1977,
fecha de las primeras elecciones democráticas.
* Artículo original publicado en el diario español Público.
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