María
Servini aplazó dos meses la audiencia indagatoria del exministro
franquista, que en un comienzo estaba prevista para el 20 de marzo en
la Embajada argentina de Madrid.
La
jueza argentina que instruye la causa sobre los crímenes del
franquismo, María Servini, postergó al 26 de mayo la declaración
indagatoria del exministro de la transición Rodolfo Martín Villa en
la Embajada argentina en Madrid. En una resolución a la que accedió
Público
en exclusiva, la magistrada anunció que pretende
viajar a la capital española desde el 23 de ese mes al 4 de junio.
Servini solicitó a la Cancillería argentina que “se instruya a
los representantes de la embajada o consulado argentinos en Madrid,
Reino de España, a efectos que arbitren los medios necesarios para
que
el juzgado se constituya en ese lugar y se reciba declaración
indagatoria a Rodolfo Martín Villa en esa embajada o representación
consular, el día
martes 26 de mayo de 2020,
y días
subsiguientes si fueran necesarios”.
La
jueza difirió la declaración indagatoria de Martín Villa “para
lograr la concesión de las pertinentes autorizaciones
administrativas, habilitación y liquidación de fondos para la
obtención de pasajes, viáticos, alojamiento, etc.; y en atención a
las recientes noticias publicadas en distintos portales de la web
sobre el avance del coronavirus”.
En
otro oficio remitido a la Corte Suprema, la titular
del Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de la capital argentina
solicitó
autorización para trasladarse a Madrid junto con tres funcionarios
de su juzgado desde el “23 de mayo al 4 de junio del presente año
2020”.
Eterna espera
La
magistrada había anunciado en una resolución el pasado 4 de
diciembre que viajaría a España para interrogar al exministro el 20
de marzo, pero la dilación en los trámites para llevar adelante la
audiencia llevaron a Servini a fijar una nueva fecha.
Hace
poco más de una semana, Servini emitía
un oficio en el que recordaba “la proximidad de la fecha dispuesta”
para interrogar a Martín Villa y exhortaba a que hubiera “una
respuesta definitiva y concluyente de las autoridades españolas”
sobre su viaje a Madrid.
Un
galimatías burocrático
en las últimas semanas propició el retraso de la audiencia
indagatoria de Martín Villa, que en un origen Servini había
programado para el 9 de septiembre en Buenos Aires y que después
ella misma aplazó al 11 de diciembre. En un oficio del 4 de
diciembre de ese mes, Servini volvió a posponer la declaración
indagatoria para el 20 de marzo, sólo que esta vez citó al
exministro en la Embajada argentina de Madrid.
El
20 de enero, un confuso documento del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Argentina advertía a la jueza que su último
requerimiento debía haber sido presentado como una “solicitud de
asistencia internacional (exhorto internacional)”, según “habían
adelantado” desde el Ministerio de Justicia de España. Fuentes de
esa cartera aseguraron a Público
que
ellos
no habían emitido ninguna información oficial,
y que sólo transmitían los mensajes que se intercambiaban las
Cancillerías de ambos países.
La
jueza argentina ha visto a lo largo de este proceso cómo en dos
ocasiones el propio Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la
Audiencia Nacional, a cargo de José de la Mata, y el Juzgado de
Instrucción número 28 de Madrid rechazaban los auxilios judiciales
internacionales que ahora sí parecen ser necesarios para su viaje a
Madrid.
La
única
causa que investiga los crímenes de la dictadura franquista en el
mundo se
encuentra con una paradoja: la jueza quiere tomarle declaración a
uno de los imputados y el propio acusado, Martín Villa, asegura que
quiere responder ante ella, pero esa audiencia es aplazada una y otra
vez desde hace más de medio año.
El
exministro franquista, que debe responder por crímenes de lesa
humanidad, es acusado del "homicidio con
la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso
premeditado de dos o más personas", un crimen que puede
conllevar prisión de por vida. En las querellas individuales
que se
incorporaron con posterioridad al caso, se le achacan además los
delitos de privación ilegítima
de la libertad, torturas y lesiones graves.
Carrera
de obstáculos
La
falta de cooperación de las autoridades españolas ocasiona que
hasta el momento no hayan respondido ante la justicia ninguno de
los quince imputados en el expediente, de los 20 originales,
entre los que hay exministros, jueces, policías y hasta un médico
imputado por el posible robo de bebés.
La
Fiscalía y la Audiencia Nacional rechazaron en 2014 la extradición
del expolicía Antonio González
Pacheco, conocido como Billy El Niño,
y del excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas,
ambos acusados de torturas durante el franquismo. En sintonía con
esta postura, el Consejo de Ministros denegó en
marzo de 2015 la entrega a Argentina de siete exministros
franquistas acusados de delitos
imprescriptibles.
En
2016, la jueza intentó viajar a España hasta en tres ocasiones para
interrogar a Martín Villa, a Billy el Niño, y al exministro José
Utrera Molina, que murió al año siguiente sin responder nunca a
las acusaciones. Meses después, la Fiscalía General del Estado a
cargo de Consuelo Madrigal instruyó a las fiscalías provinciales
para que se negaran a tomar declaraciones en el marco de esta causa.
Su instrucción todavía no ha sido anulada.
Todos
estos delitos se investigan en Argentina porque este país reconoce
en su Constitución el principio de justicia universal, avalado
en el derecho internacional, que permite a cualquier país investigar
crímenes de lesa humanidad con independencia de dónde se
perpetraron los delitos o quiénes sean sus víctimas.
* Artículo publicado en el diario español Público el 7 de marzo de 2020.
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