Detrás de la noticia de Eluana*

El mundo ha quedado conmocionado con el caso de la italiana Eluana Englaro, la mujer de 38 años que después de 17 en coma pudo ser desconectada de la sonda que la mantenía con vida. El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, se ha encargado de que así fuera, de que causara sensación. Peor aún: ciertos cambios de envergadura que pretende introducir en la política de su país han quedado ensombrecidos por este improvisado revuelo que hoy se presenta más conveniente que nunca.

Berlusconi aguantó hasta el pasado miércoles las palabras altisonantes del Estado del Vaticano y de algunos grupos católicos que calificaban de asesinato el simple acatamiento de la Constitución italiana. Ésta garantiza a cualquier persona el derecho a no someterse a determinado tratamiento médico, aunque su falta de aplicación conlleve la muerte.

No le pareció a il Cavaliere que fuera muy contundente lo que viene a ordenar la Carta Magna, que es per se la máxima garantía de un Estado de Derecho. Tuvo que acudir en su ayuda el Tribunal Supremo italiano a decir que sí, que podía ser suspendida la alimentación y la hidratación artificial de Eluana. Pero Berlusconi, por entonces, no decía nada. Hasta el miércoles.

En la noche de aquella jornada decidió poner a todos sobre aviso: su Gobierno estaba trabajando para intervenir. Este repentino interés tuvo su resultado dos días después, cuando el Consejo de Ministros aprobaba el decreto ley que pretendía impedir la muerte de Eluana. Pero ese dictamen precisaba la firma del presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien ya había avisado previamente, por carta, que lo rechazaría.

¿Y por qué advirtió al Consejo con antelación, en vez de esperar a que le presentaran el decreto? Ese aparente enfrentamiento entre el primer ministro y el presidente de Italia acaparó el interés de toda la prensa. Eluana pasó a ser la noticia más relevante de esos días, la novedad en boca de todos, la garantía de una polémica asegurada que adquiría trances de tensión con la presentación de un proyecto de ley al Senado –que esta vez sí obtuvo la autorización de Napolitano para que lo tramitara el Parlamento–, o con la amenaza de Berlusconi de cambiar la Constitución italiana, a su juicio muy soviética.

Finalmente, Eluana murió. Todavía hoy resuenan los coletazos de una semana vertiginosa. Y gracias a esta controversia globalizada que Berlusconi no hizo otra cosa que alentar, se está gestando sin mucho alboroto una reforma judicial en Italia de grave calado: entre otras cosas, las sentencias no valdrán como prueba en todos los procesos, las escuchas se restringirán en los procesos judiciales, y los ministerios públicos se convertirán en “abogados de la acusación”, que como muy bien ha revelado el periodista italiano Marco Travaglio, dejarán de investigar sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado para comenzar a instruir de forma acusatoria. Cuantas más condenas, mejor.

Dado que el ministro que promueve esta enmienda ya consiguió el año pasado la inmunidad para los cuatro cargos más altos del Estado –entre ellos el de Berlusconi–, era conveniente levantar una cortina de humo que en esta ocasión distraiga por un tiempo. Y a fe que lo han conseguido.


*Artículo escrito para el diario público El Telégrafo (Ecuador)