El sábado apareció una noticia en el periódico Público con el siguiente titular: “Solbes y BBVA abogan por no salvar a todas las entidades”.
Primera sospecha: ¿Desde cuándo un empresario debe ser equiparado a lo que diga un ministro del Gobierno, como si fueran a la par?
Segunda suspicacia: ¿Desde cuándo el Estado español y uno de los bancos más potentes de este país tienen los mismos intereses?
Primera sospecha: ¿Desde cuándo un empresario debe ser equiparado a lo que diga un ministro del Gobierno, como si fueran a la par?
Segunda suspicacia: ¿Desde cuándo el Estado español y uno de los bancos más potentes de este país tienen los mismos intereses?
Es de por sí provocador que Francisco González, como presidente del BBVA, aparezca en palestra a dar consejos sobre cuál debe ser el rumbo que debe seguir España, sobre todo si el gremio que representa se ha embarrado hasta el cuello en esta crisis que ha originado. Es parte de las concesiones que se permite uno de los hombres más poderosos de España, aunque la mayor parte de los ciudadanos no sepa su nombre. Puede aparecer ante una junta de accionistas, convocar a los medios, decir lo que quiera, y conseguir que sus palabras reciban un eco que por lo general está reservado a las personalidades políticas.
Pero no sólo sus actos le desenmascaran. En un arranque de megalomanía, suspiró: “Nosotros [el BBVA] no podemos salvar solos este país”. Y ya satisfecho con los aplausos que le agasajaban, dijo que estaba en desacuerdo con la participación del Estado en el capital de los bancos privados: “Al final crea ineficiencias y ya ha demostrado que no es el mejor gestor del mundo en estos negocios”.
Francisco González, había dicho, por otro lado, que era necesaria una alianza entre los poderes políticos, económicos y sociales: “Si no trabajamos juntos, la crisis será mucho más larga”. De por sí, ya genera desconfianza que haga creer a la audiencia que los intereses de un banco (poder económico) son los mismos que los del Gobierno (poder político). Además ha dado a entender que los objetivos del Gobierno o de la banca (aunados convenientemente) son para el bien de la sociedad.
Un banco, como empresa privada, no busca el beneficio social, sino el suyo propio. La lógica del capitalismo hace que procuren aumentar los beneficios al máximo reduciendo los costes al mínimo. Por tanto, se hace añicos ese poder de regulación atribuido al sistema: la avaricia y el ansia de acumulación no permite una verdadera competencia y un consecuente equilibrio de poderes, sino que el poder imperante procura debilitar tanto a rivales como a mecanismos de control que puedan entorpecer su descomunal afán de riqueza.
Esto es en parte lo que trataron de esconder las palabras del presidente del BBVA, que además eran contradictorias entre sí: quiere pactar con el Estado pero lo descalifica como buen gestor en el mundo de los negocios. Y de paso, da por sentado que los bancos sí son los administradores apropiados, ignorando el berenjenal que sin embargo han causado con la venta indiscriminada de créditos basura, préstamos a mansalva, y una especulación generalizada.
Si el Estado no sirve para meterse dentro de la banca, sí es más útil en cuanto a pacto de poderes se refiere. Dado que el BBVA no puede salvar solo este país, como nos ha recordado su presidente, se requiere la participación estatal. El problema de que el poder económico y político colaboren es que hay que encaminarse hacia un mismo objetivo, mientras que aquí uno de los actores busca sólo el lucro privado, y el otro debe tratar que la crisis cause los mínimos estragos sociales. Comienza a vislumbrarse si entre ambos se darán lo mano, o ese apretón servirá para hacer tambalear a uno de los dos.
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