Ilegalizaciones a la carta*

Las próximas elecciones europeas que se celebrarán en junio han comenzado a suscitar mucha atención en España. No es que de por sí sus habitantes ansíen la llegada de unos comicios que no les provocan el menor entusiasmo: en las últimas elecciones al Parlamento Europeo en 2004, la abstención alcanzó casi el 55% del electorado. Pero resulta que ha presentado su candidatura Iniciativa Internacionalista. Hasta aquí podría haber pasado como una organización política más, si no fuera por el sobresalto que ha generado en los grandes partidos tradicionales y la torpeza que han evidenciado para intentar erradicarla del mapa.

Iniciativa Internacionalista ha sido contundente desde el manifiesto con el que se han dado a conocer. Abogan por la III República y señalan sin rubor al Rey Juan Carlos I como el peón teatral que quiso ser garante de la falsa transición impuesta por Franco. Rechazan la Europa del capital, la OTAN, la privatización de los derechos y servicios públicos, defienden el derecho a la autodeterminación y exigen una justicia social que sólo puede entenderse desde un repudio al capitalismo vigente.

Es éste un discurso demasiado estridente para el tono apocado que caracteriza la política española, acostumbrada a tibias generalizaciones y veladas referencias a términos vacíos que apelan más a la visceralidad que al raciocinio. Entonces el Gobierno del PSOE lanzó a la Abogacía y a la Fiscalía del Estado contra Iniciativa Internacionalista acusándola de suceder a Batasuna, el partido independentista ilegalizado en 2003 por ser considerado parte de ETA.El Tribunal Supremo no tardó en darle la razón al Ejecutivo. No importaba que la formación política estuviera constituida por partidos legales, y que la izquierda abertzale del País Vasco se desmarcara de ella. Hoy Iniciativa Internacionalista estaría ilegalizada si no fuera por el Tribunal Constitucional, que en los últimos días ha revocado la sentencia del Supremo.

En realidad el Gobierno ya tiene práctica en esto de impugnar candidaturas. Desde 2002 se escuda en la Ley de Partidos, que no tuvieron problema en sacar adelante PP y PSOE por entonces, y que fue creada ad hoc para ilegalizar a Batasuna, empeñado en no condenar de forma explícita a ETA. No es que en España no se pueda condenar a una asociación que promueve acciones delictivas. ETA es ilegal precisamente por eso. Pero dado que el código penal no juzga como ilícita ninguna organización por las ideas que pueda tener –ni el español ni ningún otro–, había que engendrar una ley que cubriera este vacío por la fuerza, así fuera inconstitucional.

Y en eso PP y PSOE estarán siempre de acuerdo, porque al eliminar una opción política se refuerza el bipartidismo del que ambos salen beneficiados. Con razón la ONU ha cuestionado la facilidad con que el Gobierno echa mano de la ley para ilegalizar candidaturas, y con la misma lucidez Amnistía Internacional ha señalado la ambigüedad de una legislación que puede incriminar de forma muy alegre a cualquier partido de connivencia con el terrorismo.

No estaría de más recordarlo, para las próximas noticias difusas que puedan llegar sobre ilegalizaciones en España.

* Artículo escrito para el diario público El Telégrafo (Ecuador).