Normas claras*

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), la ONU, la UE y el Grupo de Río han condenado el golpe de Estado en Honduras y exhortan a que se restablezca la legalidad constitucional. Otras instituciones como la OEA, el Movimiento de Países No Alineados, el Sistema de la Integración de Centroamérica (SICA), el ALBA, el Mercosur, la Unasur y países con iniciativa propia como EE.UU., Brasil y España, ya han anunciado que sólo reconocerán a Manuel Zelaya como presidente legítimo. Así las cosas, el presidente de facto nombrado por el Congreso, Roberto Micheletti, se ha chocado de bruces con un rechazo internacional que sólo va en aumento.

El golpe perpetrado por el Ejército y avalado por el Parlamento y el Poder Judicial hondureño tampoco ha recibido ningún respeto dentro de las fronteras del país. Todos los sindicatos, unidos al mayor partido de izquierdas, Unificación Democrática, han decretado un paro permanente que sólo terminará cuando Zelaya vuelva a ocupar su cargo. El pueblo ha desafiado el toque de queda decretado por Micheletti, y los militares, ante semejante afrenta, están reprimiendo a la ciudadanía. Todavía se están cuidando de que haya un muerto. Sería adelantar el suicidio político al que ya están abocados.

No dudan, sin embargo, en silenciar a toda la prensa en su contra. Antes de que Radio Globo Honduras fuera sacada del aire durante 36 horas, sus periodistas tuvieron tiempo de denunciar que el 95% de los medios de comunicación que seguían abiertos no transmitían información sobre el golpe. A cambio nos hemos encontrados otros de repercusión mundial, como la CNN o al diario español El País, que parecían resignarse y que ya daban por hecho que el “nuevo presidente” o que el “nuevo Gobierno” de Honduras “debían” estar en el poder hasta que terminara el mandato de Zelaya en enero de 2010. La CNN tenía incluso el descaro de catalogar el golpe de Estado como “sucesión forzada”.

El Congreso hondureño pensaba que para deponer a Zelaya y recibir el aplauso mundial bastaba con tildarlo de trastornado, declararlo incompetente para gobernar, inventarse una carta de dimisión del presidente y sacarlo a la fuerza del país para que quedaran todos satisfechos y así colocar como nuevo dirigente a uno que no decidiera por su cuenta y riesgo pasar del discurso de derecha a los programas de izquierda. El pecado de Zelaya ha sido llegar a la presidencia por el Partido Liberal pero abrazarse después al ALBA porque, según sus palabras, “yo pensé hacer los cambios desde dentro del esquema neoliberal (…) pero los ricos todo lo quieren para ellos. Entonces, lógicamente, para hacer cambios hay que incorporar al pueblo”.

Si Honduras es aislada política y diplomáticamente, como apoyó ayer la OEA, América Latina no tendrá todavía en este siglo XXI un gobierno que haya triunfado manu militari. Los únicos que tienen derecho a decidir quién debe estar en el poder son los ciudadanos. Que un principio así de sencillo haya sido despreciado por Micheletti y sus acólitos constituye la mejor prueba que podían ofrecer para certificar que no merecen representar, bajo ningún concepto, a la nación hondureña.

*Artículo escrito para el diario público El Telégrafo (Ecuador)