Argentina juzga a ocho ex represores de la dictadura

El juez federal Daniel Rafecas lo comparó con un campo de concentración del nazismo. “El Vesubio” es ahora sólo un terreno abandonado, pero entre abril de 1976 y septiembre de 1978 fue un centro clandestino de detención por donde pasaron, entre desaparecidos y sobrevivientes, más de 2.500 personas. Ayer por fin comenzó el juicio en el que serán juzgados ocho represores por delitos de lesa humanidad cometidos precisamente en aquel predio del Servicio Penitenciario Federal en la provincia de Buenos Aires.

Entre los acusados se encuentran tres coroneles retirados, Héctor Gamen, Hugo Pascarelli y Pedro Durán Sáenz, que fueron los máximos responsables de “El Vesubio”. Los otros cinco que deben rendir cuentas ante la Justicia son ex agentes penitenciarios que estuvieron a cargo de la custodia y los interrogatorios bajo tortura de los detenidos. Todos están imputados por la privación ilegal de libertad y por tormentos a 156 personas, en su mayoría desaparecidas, y por el delito de homicidio agravado de 16 personas.

Entre las víctimas de “El Vesubio” se encuentran el escritor Haroldo Conti, célebre dentro de la literatura argentina por novelas como “Alrededor de la jaula”, “En la vida” o “Mascaró, el cazador americano”; el historietista Héctor Oesterheld, creador del cómic “El Eternauta”; y el director de cine Raymundo Gleyzer, reconocido por sus documentales de denuncia y sobre todo por su único largometraje de ficción, “Los Traidores”.

Este juicio forma parte de una causa más grande que investiga las violaciones de derechos humanos perpetradas en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura (1976-1983). Desfilarán durante el proceso más de 280 testigos, entre ellos 75 sobrevivientes que estuvieron detenidos en “El Vesubio”.

Aquel recinto fue demolido en 1978 tras una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero sus dos años de funcionamiento fueron suficientes para considerarlo uno de los centros clandestinos de detención y tortura más cruentos del país, junto con los que funcionaron en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y en el Campo de Mayo.

En la actualidad hay en curso otros seis juicios que investigan delitos de lesa humanidad. Está previsto que comiencen otros cinco más antes de julio de 2010. Desde que se anularan en 2003 leyes de Obediencia Debida y Punto final, conocidas también como las leyes de la impunidad, 73 personas han sido juzgadas, según la Unidad fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas que investigan crímenes de lesa humanidad. De ellas, 66 han sido condenadas y 7 absueltas.

Considerado como una política de Estado, los procesos abiertos contra ex militares que participaron en el régimen de represión han ido en aumento cada año. Las causas judiciales que se abrieron en 2009, por ejemplo, triplican las que se impulsaron en 2008. No obstante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calcula en 1.422 las personas implicadas en crímenes de lesa humanidad, algunas de las cuales han muerto impunes.

Se estima que durante la dictadura argentina desaparecieron 18.000 personas, aunque organizaciones de derechos humanos consideran que las víctimas fueron al menos 30.000.