A diferencia de lo que ocurre en España, en Argentina las amnistías no protegen de los delitos de lesa humanidad. Así lo confirmó esta semana la Corte Suprema de Justicia argentina en el fallo que decreta la inconstitucionalidad de los indultos que el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) concedió a tres figuras emblemáticas de la dictadura argentina (1976-1983): el ex dictador Rafael Videla, responsable además del golpe de Estado de 1976; el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de la Hoz, cerebro de la estrategia económica que impulsó el régimen de represión durante aquellos años; y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy. En la resolución emitida el pasado miércoles, la Corte hizo alusión a otro proceso, el caso Mazzeo, para recordar que “los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional”. Por eso los Estados están “obligados” a “esclarecer [los delitos] y a identificar a sus culpables” como así establecen además los tratados internacionales.
El máximo tribunal del país también recordó su pronunciamiento en otros dos casos en los que declaraba “la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la inconstitucionalidad de las leyes conocidas como de obediencia debida y de punto final [las leyes de la impunidad decretadas por el ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989)]”.
Poco margen de maniobra pueden tener ahora Videla, Martínez de la Hoz y Harguindeguy, que gracias a la aministía presidencial estuvieron al resguardo durante 20 años de un proceso judicial en el que los tres habían sido imputados. Fue conocido como el caso Gutheim, y en él se investigaba el secuestro extorsivo en 1976 de dos empresarios algodoneros (padre e hijo), que fueron forzados a negociar un contrato de exportación favorable al régimen de represión.
Aquel juicio fue paralizado con los indultos de Menem. En 2006 dos organizaciones de derechos humanos solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los decretos que amnistiaban a Martínez de la Hoz y a Harguindeguy, y a este recurso se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que pidió que también se anulara el indulto a Videla.
Consciente de que de un momento a otro puede ser procesado por delitos de lesa humanidad, Martínez de la Hoz publicó ayer un anuncio en dos de los principales diarios de Argentina en el que se definía como víctima de una “persecución interminable”.
“A partir de que el ex presidente Kirchner pidió públicamente mi encarcelamiento el 24 de marzo del 2006, diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo”, decía en la nota. “En Argentina el Estado de Derecho está reducido a una mera apariencia”.
Videla, a juicio por la apropiación de bebés
El subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, Luis Alem, confirmó por teléfono que los indultos de Menem no protegen de los delitos de lesa humanidad. “Así ha caído la última barrera que protegía a los que fueron indultados”.
Aunque Videla ya tiene otros procesos en curso, la resolución de la Corte permitirá que puedan abrirse otros juicios contra él que no abarquen delitos de lesa humanidad, como el que comenzará a partir de septiembre por el robo sistemático de bebés durante la dictadura. “En cambio Martínez de la Hoz no había podido ser juzgado en ninguna causa, y ahora tendrá que responder en primer lugar en el caso de los empresarios Gutheim”, añadió Alem.
* Artículo aparecido el 29-04-2010 en el diario español Público
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