El mismo vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la ha definido como la “Ley Guillotina”. Desde el 1 de abril una nueva normativa en este país declara imprescriptible el delito de corrupción, y no reconoce ningún tipo de inmunidad o fuero a la hora de juzgar delitos de enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario público, incluidos “ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros”.
“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas”, afirmó el presidente Evo Morales al promulgar la Ley Anticorrupción, con la que espera recuperar casi 10.000 millones de dólares robados al Estado en los últimos 40 años.
Según el mandatario, ex autoridades del país han empezado estos días a traspasar sus bienes a otras personas. Organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han pedido el arresto de los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-02), Carlos Mesa (2003-05) y Eduardo Rodríguez (2005), y del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97), todos ellos acusados de corrupción. También estarán en la mira de la Justicia el cardenal Julio Terrazas y Guillermo Fortún, aspirante opositor a la alcaldía de La Paz en las elecciones de ayer.
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