No fueron 400, como auguraba la prensa argentina, sino 26.000 las páginas del informe que ha presentado la presidenta Cristina Fernández para acusar a los diarios Clarín y La Nación de cometer en 1976, al comienzo de la dictadura (1976-1983), “ilegalidades” en la compra accionaria de Papel Prensa, el principal proveedor de papel para los periódicos argentinos. Este informe será presentado a la Justicia para denunciar a los dos diarios por haber supuestamente incurrido en delitos de lesa humanidad. “Como titular del Ejecutivo, quiero dar encause a Papel Prensa después de 31 años de manejo oscurantista”, indicó Fernández. “Y voy a enviar al otro poder [legislativo], en el cual tenemos minoría en ambas cámaras, un proyecto de ley cuyos ejes serán declarar de interés publico la producción de pasta papel celulosa y papel de diario, así como su distribución y comercialización”.
Además la presidenta anunció la creación de un “marco regulatorio” que determinará “precio, condiciones y cantidad de venta de papel” para todos los periódicos del país, y la conformación de una comisión investigadora en el Congreso para dar seguimiento a la empresa.
Clarín replicó ayer con las declaraciones en primera página de Isidoro Graiver, hermano de quien fuera dueño hasta 1976 de Papel Prensa, David Graiver. “Realizamos las ventas de bienes de nuestros activos en las mejores condiciones que pudimos obtener, sin amenazas ni extorsiones y en libertad”, aseguró. “No tengo ni he tenido intención alguna de reclamar”.
El Gobierno, por su parte, ha rechazado esta información. “David e Isidoro se habían separado, no eran socios, y eso es una situación histórica, comprobable”, sostuvo el canciller argentino Héctor Timerman.
* Artículo aparecido el 26-08-2010 en el diario español Público.
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