La causa abierta en Argentina contra los crímenes de la dictadura española cuenta con dos nuevos denunciantes. Los españoles Críspulo Nieto Cicuéndez y Eugenio Gómez San Juan se han sumado a la querella, como familiares de víctimas del franquismo, para denunciar los delitos de lesa humanidad perpetrados contra tres republicanos.
Nieto Cicuéndez ha presentado el caso de su padre, Críspulo Nieto Sepúlveda, que fue secretario de la Unión General de Trabajadores (UGT), presidente del Frente Popular y dirigente del PSOE en Puebla de Almoradiel (Toledo) antes de incorporarse al ejército republicano en enero de 1939. En esa fecha también el tío de Nieto Cicuéndez, Gumersindo Cicuéndez Bustos, se unió a las filas republicanas después de haber ejercido como alcalde de Puebla de Almoradiel.
Ambos “fueron interrogados y torturados sin que consiguieran que se autoinculparan de los delitos que les imputaban”, de acuerdo con la demanda presentada a la Justicia argentina. Los dos republicanos fueron finalmente sentenciados a pena de muerte y ejecutados en 1940 por el supuesto delito de rebelión militar. Después fueron enterrados en una fosa común del cementerio de Ocaña (Toledo) sin que hasta ahora se hayan identificado sus restos.
El segundo querellante, Gómez San Juan, denuncia a su vez que su abuelo Juan de San Juan Marcos, originario de Pitiegua (Salamanca), fue condenado a 20 años de reclusión por “adhesión a la rebelión”. En su expediente procesal se indica que San Juan Marcos era “poco recatado en su expresión, la cual exterioriza siempre contra los Nacionales, (…) en las últimas elecciones hizo propaganda en favor del Frente Popular (…) y descaradamente insultaba al Ejército Nacional llamándolo canalla”.
San Juan Marcos no llegó a cumplir toda la condena. En enero de 1938 falleció en la cárcel por una tuberculosis pulmonar, y su cadáver fue entonces enviado al Hospital Provincial de Salamanca.
La causa abierta en Argentina, a la que se han incorporado ahora los familiares de estas víctimas del franquismo, cuenta ya en total con seis querellantes: tres argentinos y tres españoles. Los abogados que llevan adelante la investigación todavía esperan que España conteste al exhorto diplomático enviado en septiembre de 2010 en el que se pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que informe de si en el país se investiga en la actualidad “la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física” entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
Todavía esperan una respuesta.
* Artículo aparecido el 22-02-2010 en el diario español Público.
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